Editorial Periódico El Faro
Los diputados salvadoreños deben encarar en los próximos días la elección de un funcionario determinante para nuestro sistema de seguridad pública. Al Fiscal General de la República le corresponde por mandato constitucional la defensa de los intereses del Estado y de la sociedad, así como dirigir la investigación del delito y promover la acción penal.
Durante los últimos años el fiscal ha sido nombrado por intereses partidarios más que por intereses de Estado, y las actuaciones del fiscal saliente confirman la urgente necesidad de nombrar para el cargo a una persona idónea, comprometida con el Estado de Derecho y con independencia.
Durante la administración del fiscal Safie, la impunidad se instaló debido a la negligencia de la fiscalía y al manejo interesado de casos relevantes. La insignificante cifra de casos de homicidio llevados hasta condena y los traspiés en los casos de grupos armados, Secretaría de la Juventud, cuentas de Funes, el caso Nayor, el Tórrez-Silva y el de Katya Miranda deben ser suficientes para que los diputados y todo el sistema político nacional se percaten de que el país se expone a riesgos enormes si no se cuenta con un fiscal idóneo.
Ahora, que todas las fuerzas políticas han expresado su voluntad de concertar y de trabajar juntas por el país, es un momento crucial para elegir a un fiscal por consenso, que cumpla con el perfil que se necesita en estos momentos en que El Salvador se encuentra agobiado por la alta tasa de homicidios, la amenaza del narcotráfico y la corrupción.
Algunos signos en el ambiente político nos dan esperanzas de que esto es posible, sobre todo porque ahora muchos se han percatado por fin de que la desinstitucionalización nos afecta a todos, inclusive a aquellos que la propiciaron para mantener algunos privilegios o atacar a los rivales políticos.
Los partidos políticos tienen derecho y obligación de aportar al debate público desde sus propios puntos de vista, ideologías y principios. Pero ello deben hacerlo en un país funcional, en el que la justicia es administrada igual para todos, sin privilegios y sin abusos. Dadas las particulares circunstancias abiertas por la elección del 15 de marzo, El Salvador tiene una oportunidad privilegiada para corregir muchos errores de los años anteriores. Eso no depende del nuevo gobierno, sino de todos. Porque es una necesidad y una urgencia de todos.
Ahora son los diputados los que tienen a corto plazo esta oportunidad con la elección del fiscal. Ojalá se impongan las voces sensatas, que vayan dejando fuera a aquellas que aún quieren perpetuar los privilegios y la impunidad que creen tener por su cargo público. La elección del fiscal es clave, como lo es también la de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia. El país puede comenzar a canalizar las energías desatadas en las últimas semanas de manera sana y seguir creyendo en que otro El Salvador es posible. En manos de los legisladores está hoy dar un paso importantísimo, que comience a encauzar al Estado hacia una institucionalización plena y con ello comience también a dar signos de que podemos contar con una Asamblea seria, responsable y comprometida con el país.
Durante los últimos años el fiscal ha sido nombrado por intereses partidarios más que por intereses de Estado, y las actuaciones del fiscal saliente confirman la urgente necesidad de nombrar para el cargo a una persona idónea, comprometida con el Estado de Derecho y con independencia.
Durante la administración del fiscal Safie, la impunidad se instaló debido a la negligencia de la fiscalía y al manejo interesado de casos relevantes. La insignificante cifra de casos de homicidio llevados hasta condena y los traspiés en los casos de grupos armados, Secretaría de la Juventud, cuentas de Funes, el caso Nayor, el Tórrez-Silva y el de Katya Miranda deben ser suficientes para que los diputados y todo el sistema político nacional se percaten de que el país se expone a riesgos enormes si no se cuenta con un fiscal idóneo.
Ahora, que todas las fuerzas políticas han expresado su voluntad de concertar y de trabajar juntas por el país, es un momento crucial para elegir a un fiscal por consenso, que cumpla con el perfil que se necesita en estos momentos en que El Salvador se encuentra agobiado por la alta tasa de homicidios, la amenaza del narcotráfico y la corrupción.
Algunos signos en el ambiente político nos dan esperanzas de que esto es posible, sobre todo porque ahora muchos se han percatado por fin de que la desinstitucionalización nos afecta a todos, inclusive a aquellos que la propiciaron para mantener algunos privilegios o atacar a los rivales políticos.
Los partidos políticos tienen derecho y obligación de aportar al debate público desde sus propios puntos de vista, ideologías y principios. Pero ello deben hacerlo en un país funcional, en el que la justicia es administrada igual para todos, sin privilegios y sin abusos. Dadas las particulares circunstancias abiertas por la elección del 15 de marzo, El Salvador tiene una oportunidad privilegiada para corregir muchos errores de los años anteriores. Eso no depende del nuevo gobierno, sino de todos. Porque es una necesidad y una urgencia de todos.
Ahora son los diputados los que tienen a corto plazo esta oportunidad con la elección del fiscal. Ojalá se impongan las voces sensatas, que vayan dejando fuera a aquellas que aún quieren perpetuar los privilegios y la impunidad que creen tener por su cargo público. La elección del fiscal es clave, como lo es también la de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia. El país puede comenzar a canalizar las energías desatadas en las últimas semanas de manera sana y seguir creyendo en que otro El Salvador es posible. En manos de los legisladores está hoy dar un paso importantísimo, que comience a encauzar al Estado hacia una institucionalización plena y con ello comience también a dar signos de que podemos contar con una Asamblea seria, responsable y comprometida con el país.
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