viernes, 20 de noviembre de 2009

¿Por qué es importante hacer justicia en los casos de lesa humanidad? ó bien "La belleza NO salvará al mundo"


REDACCIÓN TEHUACÁN


En estos días se ha abierto de nuevo el debate sobre la ley de amnistía, es decir, si se mantiene o se deroga para investigar los casos de lesa humanidad.

Ex-militares y Ex-guerrilleros tocan con pinsas este tema, porque saben que saldrían a flote muchos "cuerpos extraños".

Los puntos de vista al respecto son principalmente dos:



  1. Algunos dicen que la democracia salvadoreña es muy joven y que no está en condiciones de enjuiciar equilibradamente a todos los autores de los crimenes cometidos. Que se generaría un desorden social sin precedentes. Y que, por tanto, es mejor dejar las cosas así como están, sin "abrir heridas" y, en todo caso, es mejor esperar.


  2. En cambio otros consideran que investigando y enjuiciando a los autores intelectuales de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil salvadoreña sea la única manera de saber si este país es verdaderamente democrático. Que, además, el hacer justicia no es sólo una decisión que compete a los políticos, sino principalmente a las víctimas y a sus familiares.

Más o menos así están planteadas las dos posiciones.

De nuestra parte preguntamos, en el caso n. 1: ¿Qué es lo que hay que esperar?¿Cuánto tiempo hay que esperar?¿Por qué hay que esperar? Si hubo un tiempo propicio para matar ¿por qué no puede haber otro tiempo propicio para hacer justicia?

Supongamos que no se hace justicia en los casos de lesa humanidad, eso consolidaría la impunidad en El Salvador, es decir, se pueden dar otros casos de crímenes iguales y la solución no sería un proceso jurídico adecuado, sino otra amnistía y así sucesivamente. Así se explica que en este país se mate a las personas como moscas y casi nunca se sepa quién es el asesino, ni cómo se están resolviendo los casos presentes.

Notamos "prudencia política y calculada" en el FMLN y en ARENA en el modo de tratar este tema. Las cuestiones esenciales para la estabilidad de los pueblos no admiten prórrogas.

Dostoievski solía decir que "la belleza salvará al mundo". Se trata de una visión estética de la realidad. Es verdad, las pirámides de Egipto son de una belleza deslumbradora, pero fueron construídas por esclavos. Las catedrales barrocas de toda Latinoamérica son un maravilla, pero fueron construidas por indígenas a los que nunca se les reconoció su esfuerzo y a los cuales se despojó de sus metales preciosos.

No, "la belleza no salvará" a El Salvador. Primero démosle la palabra a las víctimas, luego hablamos de "metrosexualismo político y jurídico".
Como diría Roque Dalton: "los muertos están cada vez más inquietos".

lunes, 16 de noviembre de 2009

La CIA sabía que los militares de El Salvador iban a matar a Ellacuría


DIARIO EL MUNDO (ESPAÑA)
El Departamento de Estado norteamericano, la CIA y los servicios de inteligencia españoles, el antiguo Cesid, tenían información de que el padre Ignacio Ellacuría, jesuita, rector de la Universidad Centroamericana (UCA) y defensor de la Teología de la Liberación, estaba en peligro y de que el Ejército salvadoreño iba a atentar contra su persona.
Esta nueva revelación sobre el asesinato del padre Ellacuría y cinco jesuitas más, que tuvo lugar el 16 de noviembre de 1989 en El Salvador y del que mañana se cumplen 20 años, se refleja en una serie de documentos de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que han sido desclasificados recientemente y que serán aportados en las próximas fechas en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, donde fue admitida una querella contra "los responsables de aquella matanza".
Los documentos de la CIA que han sido desclasificados, los del Departamento de Estado y de otros organismos de EEUU, serán entregados al magistrado Eloy Velasco, instructor del caso, por Kate Doyle, analista del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington, y Terry Karl, profesora de la Universidad de Stanford y especialista en temas suramericanos, que ya fue una figura importante en el esclarecimiento del asesinato del arzobispo salvadoreño Óscar Romero en marzo de 1980. Ambas declararán ante el magistrado español en calidad de testigos.
La querella fue presentada hace un año ante la Audiencia Nacional por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Center For Justice and Accountability (CJA) norteamericano, e iba dirigida contra "todos los responsables intelectuales de aquella matanza, por delitos de crímenes de lesa humanidad, terrorismo de Estado, asesinato y torturas". Entre ellos, según APDHE y CJA, se encuentra Alfredo Cristiani, presidente de El Salvador en el momento del asesinato de Ellacuría.
EL MUNDO ha podido saber que entre los papeles que serán aportados a la Audiencia Nacional hay información donde se documenta, de manera directa, que el jefe militar de la embajada de Estados Unidos en El Salvador, el coronel Milton Menjívar, y una alto cargo del Departamento de Estado de EEUU sabían lo que estaba preparando el Estado Mayor salvadoreño contra el rector de la UCA.
Del estudio de esos documentos declasificados se deduce, según los analistas consultados por este periódico, que el Cesid también tenía conocimiento o barajaba la misma información que los norteamericanos.
Este periódico se ha puesto en contacto con el ex representante o antena del Cesid en El Salvador en aquella época, quien ha reconocido que tenía buenas relaciones con los servicios norteamericanos, los generales salvadoreños y el ex presidente Alfredo Cristiani.

Implicados de 'muy alto rango'
Sin embargo, el ex dirigente de los servicios secretos españoles ha negado cualquier vinculación o conocimiento del atentado contra el padre Ellacuría y los otros jesuitas. También ha negado que el 16 de noviembre de 1989 estuviera en El Salvador, aunque otros informes y ex diplomáticos españoles lo sitúan en dicho país durante aquellos días.
Con los nuevos documentos que aportarán la analista en seguridad Kate Doyle y la profesora universitaria y experta en temas de Sudamérica Terry Karl, los querellantes, APDHE y CJU, confían en que el magistrado Eloy Velasco tenga la documentación necesaria para citar a declarar al representante de la antena del Cesid en El Salvador en 1989, así como a altos cargos salvadoreños de aquella convulsa época.
Se da la circunstancia de que el representante de los servicios de inteligencia españoles en El Salvador no fue sustituido en su cargo, de manera oficial, hasta cinco meses después del asesinato del padre Ellacuría. De hecho, el Cesid, según ha sabido EL MUNDO a través de fuentes del actual CNI, no elaboró ningún informe interno sobre el atentado contra los seis sacerdotes jesuitas. Cinco de ellos (Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín, Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno) eran españoles de nacimiento y nacionalizados salvadoreños. El sexto, el padre Joaquín López, nació en El Salvador.
Hay que recordar que, durante la investigación del asesinato del arzobispo Óscar Romero en marzo de 1980, la documentación que la CIA desclasificó en 2001 fue trascendental para saber que uno de los autores materiales del atentado fue un oficial del ejército argentino, Emilio Antonio Mendoza, que tenía contactos con la Guardia Nacional y el GII, la sección de inteligencia salvadoreña.
A las declaraciones de Kate Doyle y Terry Karl en la Audiencia Nacional habrá que unir en los próximos días las de dos altos cargos de la Justicia salvadoreña, cuyos nombres se mantienen de momento en secreto, pero que según las fuentes consultadas por este periódico en el país centroamericano son "de muy alto rango".

Un proceso muy largo
Veinte años después del asesinato de los seis jesuitas y de Elba Julia Ramos, que prestaba sus servicios en la residencia de los sacerdotes, y su hija Celina, de 15 años, los autores intelectuales de aquella matanza siguen libres gracias a que la Justicia salvadoreña ha ido frenando todos los procesos abiertos contra ellos. Los supuestos autores materiales de la masacre, que fueron condenados en enero de 1992 a 30 años de cárcel, fueron amnistiados y puestos en libertad 14 meses después, en abril de 1993.
Entre los testigos solicitados por los querellantes figuran el ex fiscal general de El Salvador Amadeo Artigas; el coronel Sigifredo Ochoa, actual embajador en Honduras, y el mayor Erick Buckland, del Ejército de EEUU.
Todo ocurrió, según se narra en la querella de la Asociación Pro Derechos Humanos de España y el Center For Justice and Accountability, en las primeras horas del 16 de noviembre de 1989: "Miembros del batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl, en ejecución de un plan concebido en la sede del Estado Mayor del Ejército y en cumplimiento de las órdenes dadas por su superiores, se introdujeron en las dependencias de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en San Salvador".
Después, comenzó la masacre: "Una vez allí, se dirigieron a la residencia de los religiosos jesuitas y asesinaron a tiros a los sacerdotes, a su empleada Julia Elba Ramos y a su hija Celina Mariceth...".
Con anterioridad a todos estos hechos, el padre Ellacuría, que en aquella época ya era uno de los principales y más conocidos defensores de la Teología de la Liberación, había tenido que abandonar El Salvador en 1980 porque fue avisado por un militar de aquel país de que su vida corría peligro.
Durante un tiempo residió en México y España, y no regresó a El Salvador hasta 1982. En junio de 1986, la Asamblea Legislativa intentó quitarle su nacionalidad salvadoreña alegando que, como extranjero y sacerdote, había violado los preceptos constitucionales y se había involucrado en política.

Las irregularidades del juicio
Lo más llamativo de todo el proceso judicial sobre su asesinato se produjo, tal como refleja la querella presentada ante la Audiencia Nacional, a finales de enero de 1991: "Los fiscales asignados al caso, Henry Campos y Sidney Blanco, renunciaron a su cargo por haber recibido órdenes del fiscal general de la República de minimizar el interrogatorio de los militares llamados a declarar". Los fiscales recibieron, incluso, instrucciones concretas: "Les prohibieron expresamente que presentaran cargos contra los militares que habían incurrido en perjurio".
En septiembre de 1991, comenzó la vista oral con un jurado "formado por cinco miembros, cuya identidad fue siempre protegida por cuestiones de seguridad [...]. Se negaron a desplazarse al lugar de los crímenes [...] y no realizaron ninguna pregunta", según se refleja en la querella.
Los fiscales Campos y Blanco, tras renunciar a su cargo, se convirtieron en abogados de los familiares de las víctimas y alegaron que "el crimen fue una acción concebida y orquestada por el alto mando de las Fuerzas Armadas de El Salvador". Los letrados fueron aún más lejos y plantearon la existencia de otros autores intelectuales.
Finalmente, el jurado encontró culpable del asesinato de los jesuitas al coronel Benavides y, como responsable de la muerte de Elba Julia Ramos y de su hija Celina, al teniente Yussi Mendoza. Los demás imputados fueron absueltos.
El 23 de enero de 1992, el juez Zamora condenó al coronel Benavides y al teniente Mendoza a 30 años de cárcel, pero 14 meses después, el 1 de abril de 1993, los dos militares fueron amnistiados y puestos en libertad.
Tras la escandalosa actuación judicial, la UCA y el Instituto de Derechos Humanos presentaron una querella criminal contra el ex presidente de El Salvador Alfredo Cristiani y altos militares de aquel país. La querella, sin embargo, fue torpedeada de forma sistemática por la Justicia salvadoreña y, tras agotarse todos los recursos ante la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, los querellantes recurrieron, ya en noviembre de 2003, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que todavía no se ha pronunciado sobre su admisión.
Como último recurso, y para saber qué pasó y quiénes fueron los autores materiales e intelectuales del asesinato de los jesuitas, la APDHE y el CJA presentaron en noviembre de 2008 ante la Audiencia Nacional, y a través de los letrados Manuel Ollé, Carmen Lamarca y Almudena Bernabéu, la correspondiente querella por "delitos de crímenes de lesa humanidad, terrorismo de Estado, asesinato y torturas".

miércoles, 11 de noviembre de 2009

SAN VICENTE: LAS IMÁGENES DEL DESASTRE (VII)

Uno de los carriles del tramo de carretera panamericana, que va del desvío de San Vicente hasta el Kl. 51 fue cubierto totalmente por enormes deslaves. Los vehículos transitan en el carril paralelo, que está más o menos libre de escombros.
Este tramo constantemente sufre desprendimientos de rocas y fango, no es algo nuevo,
pero esta vez superó por completo los casos anteriores de deslave.






SAN VICENTE: LAS IMÁGENES DEL DESASTRE (VI)

La "Verdadera Paz" (Verapaz), a la cual alude el nombre del municipio de San Vicente
sucumbe por enésima vez ante la furia de la naturaleza.






lunes, 9 de noviembre de 2009

SAN VICENTE: LAS IMÁGENES DEL DESASTRE (V)

Destrucción y desconcierto.
El puente que conduce de San Vicente a San Cayetano, Verapaz, Tepetitán, Guadalupe y otros poblados, resistió a la furia de la mezcla mortal de piedra, agua y lodo, pero sus pasamanos desaparecieron, las casas de la parte derecha fueron borradas del mapa. La carretera que conduce de San Vicente al desvío del mismo nombre fue casi cubierta en su totalidad y el tramo derecho que conduce del desvío de San Vicente hasta el Km. 51 fue literalmente soterrado.










SAN VICENTE: LAS IMÁGENES DEL DESASTRE (IV)

La imagen de la vulnerabilidad y la impotencia.
Sufrió también la comunidad llamada "Del Río", cercana a la novena calle oriente.
Podemos contemplar también familias que habitan de la otra parte del río, totalmente incomunicados y en espera de ser evacuados.






SAN VICENTE. LAS IMÁGENES DEL DESASTRE (III)

Una imagen desoladora.
La colonia "La Caridad", justo aquella que baja del Rastro Municipal hasta el río Acahuapa fue destruída en un 30% de su habitaciones.
La mañana del domingo 8, diversas personas sufrían con la muerte o la pérdida de sus seres queridos. Al fondo se puede notar el inmenso árbol de conocaste, casi privado de sus raíces, el árbol salvó en gran medida del peligro a los habitantes de la colonia "Jiboa", que se ubica al fondo.









SAN VICENTE: LAS IMÁGENES DEL DESASTRE (II)

Una imagen macabra.
Uno de los muros del cementerio general de San Vicente cedió ante la presión del agua,
ello produjo el deslave en algunas de las tumbas de poca profundidad, dispersando una serie de bolsas negras que contenían osamentas humanas






SAN VICENTE: LAS IMÁGENES DEL DESASTRE (I)

Río y puente Acahuapa, a la entrada norte de la Ciudad de San Vicente.
Una fuerte corriente, la noche entre el sábado 7 y el domingo 8 de noviembre, arrazó con las casas ubicadas en las riveras del mismo río







jueves, 5 de noviembre de 2009

EL GOBIERNO DE EL SALVADOR CONDECORARÁ A LOS JESUITAS DE LA UCA ASESINADOS EN 1989


El Gobierno de El Salvador anunció hoy que concederá el próximo 16 de noviembre su máxima condecoración a cinco jesuitas españoles y un salvadoreño asesinados hace 20 años en esa misma fecha por un grupo de militares durante la guerra civil que azotó al país entre 1980 y 1992. "He tomado la decisión de otorgar a los seis sacerdotes asesinados la orden nacional José Matías Delgado", declaró el presidente salvadoreño, Mauricio Funes, en una rueda de prensa.
"Es una de las formas en que el Gobierno de la República, y particularmente el jefe de Estado (...), hace un acto público de desagravio, es decir, de reposición moral, por los errores que como Estado se cometieron en el pasado, especialmente en el caso del asesinato de los sacerdotes jesuitas", destacó.
Aseguró que les distinguirán "por los servicios extraordinarios prestados al país" en las áreas de educación, derechos humanos, combate de la pobreza, a la exclusión social y a la desigualdad, así como por "sus aportes a la paz y a la construcción de la democracia en el país".
La condecoración será recibida por parientes o miembros de las comunidades en las trabajaban cada uno de los religiosos y luego quedarán bajo custodia de la Universidad Centroamericana (UCA), donde los religiosos fueron asesinados. Funes señaló que esta orden, que será conferida en el Grado de Gran Cruz placa de oro, se "concede a jefes de Estado o a salvadoreños y salvadoreñas eminentes que hayan prestado servicios extraordinarios al país". "Es opinión de este servidor y de muchos otros en el gabinete que los sacerdotes asesinados fueron salvadoreños eminentes que prestaron servicios extraordinarios al país", opinó el mandatario, el primero de izquierda en la historia de El Salvador.
El 16 de noviembre de 1989, en el marco de una ofensiva emprendida por la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, hoy partido de Gobierno), comandos del Ejército salvadoreño irrumpieron en la UCA y dieron muerte a su rector, el jesuita español Ignacio Ellacuría.
Además, asesinaron a los sacerdotes de la misma nacionalidad Ignacio Martín Baró, Amando López, Juan Ramón Moreno y Segundo Montes, al salvadoreño Joaquín López y López, así como a la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años. Por este crimen ya fueron juzgados en El Salvador, en 1991, una decena de militares, pero sólo dos de ellos, el coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno y el teniente Yussy Mendoza, fueron a prisión, aunque quedaron en libertad tras la aprobación en la Asamblea Legislativa de una Ley de Amnistía después de la guerra.
El juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco admitió en enero pasado a trámite la querella presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) contra 14 militares salvadoreños por delitos de asesinatos terroristas y contra el derecho de gentes.
La causa no incluirá al ex presidente de El Salvador Alfredo Cristiani (1989-1994), como pedían los demandantes. Este martes, la Universidad Centroamericana, que dedicó este año a los jesuitas, comenzó una serie actividades en honor a "los mártires de la UCA".
Una fuente de la UCA indicó a Efe que hoy homenajearán a Martín Baró en su 68 cumpleaños y han organizado para este mes exposiciones, mesas redondas y una conferencia magistral que dictará Almudena Bernabeu, la abogada que presentó el caso en España.
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Un canto a la vida.

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