TEHUACÁN: RELIGIÓN, POLÍTICA, CULTURA

EL COMANDANTE FUNES

2012-01-24T06:18:00.000-08:00

Si los principales problemas de El Salvador deben resolverlos los militares,

porque no existen civiles competentes para esos cargos,

entonces lo más lógico es que el presidente de la república sea también un militar,

como en los viejos tiempos.

LA RUTA CAÑERA DEL ALCALDE MEDARDO LARA

2012-01-13T05:58:00.000-08:00

Los políticos salvadoreños sitúan sus acciones entre la picardía y la malevolencia. Prueba de ello es el modo como el alcalde de San Vicente proyecta su gestión edilicia.

La calle que pasa frente a la Iglesia El Santuario del Cristo Negro luce actualmente como se ve en las fotos. No cabe duda que el alcalde, aprovecha el período de propaganda electoral para realizar sus obras -eso lo haría cualquier partido político-, pero ello ha implicado una serie de factores.

En primer lugar, el alcalde no ha sido capaz de definir una "ruta cañera", es decir un itinerario fijo de calles para que pasen los camiones cargados de caña; a estas alturas el tiempo ya se pasó, pues la zafra está ya bien avanzada y la verdad es que camiones cargados de caña han pasado por este pueblo desde hace muchos años, por tanto el edil no puede argumentar ignorancia.

En segundo lugar -y el dato no deja de causar extrañeza- Medardo ha retirado los adoquines de la calle que está frente a la parroquia El Santuario, tan "católico" el hombre, pero lamentable que no tome en cuenta las festividades que en estos días celebra ese templo. Bueno, es tan grave el asunto que una de las alcantarías -como muestra la foto- está abierta y no tiene cinta 3-M con la indicación de precaución para los transeuntes y los conductores. Si "mete la pata" una viejita el día de la procesión que no diga que él no sabía nada de ese hoyo.

Así las cosas, primero los intereses electorales, después la dignidad, la seguridad y los derechos del pueblo.

"GENTE DE TRABAJO" ¡CÓMO NO¡

2012-01-10T19:20:00.000-08:00

Cuando la derecha política salvadoreña habla de "gente de trabajo", esa afirmación es tan cierta en ellos como decir "gente sobria". Porque si de trabajo se trata, eso es mentira. ¿Y cómo se comprueba? Bueno, porque las vallas que promocionan al Partido de los Trabajadores -ji, ji, ji- a la entrada de San Vicente, están iluminadas con las lámparas del tendido público, que nosotros pagamos con nuestros impuestos. No sólo nos roban el dinero, sino que además se ríen en nuestra cara. "Gente de trabajo" ¡Cómo no¡... ¡ANTROPÓFAGOS¡

LLORT VRS. ESCOBAR

2012-01-02T06:50:00.000-08:00

El arzobispo de San Salvador, argumentando que los mosaicos de la Catedral estaban dañados -naturalmente mostrando las pruebas una vez que la decisión de destruir la obra estaba tomada- procede a destruir la obra de Fernando LLort.

Originalmente, los dos "Fernandos", es decir, el arzobispo Fernando Sáenz Lacalle y Fernando Llort se pusieron de acuerdo para decorar la fachada de la catedral al modo artístico de Llort. Hoy el protegido de Sáenz, Luis Escobar, procede a demoler la obra de los Fernandos.

¡Extraño! Se supone que Escobar le preguntó a su padrino Sáenz si podía destruir la obra por él construida ¿No será una especie de Damnatio Memoriae, al estilo de los emperadores romanos, a la que estamos asistiendo? Interesante sería que Escobar destruyera también las pinturas que decoran el entorno del presbiterio de la catedral, pintados y traídos de España.

Bueno, el punto es que José Luis Escobar no distingue los azulejos de su baño de los azulejos del mosaico de la catedral. Los azulejos de su baño son fabricados en serie para ser vendidos todos los días, los de la catedral forman parte de una obra de arte y fueron elaborados específicamente para eso y no se venden todos los días.

Estamos de frente a un conflicto antiguo en la historia entre el arte del artista y el poder del jerarca.

Pero, la actitud de Escobar es coherente con su modo de pensar y, probablemente no será la última metida de pata de su historia de arzobispo. De todos modos él debe ser fiel a su apellido "Escobar", es decir "el que barre".

¡Feliz año nuevo!

EL "VÉRTICE"

2011-12-14T11:29:00.000-08:00

!Simón, Sigfrido Reyes¡ Ciro estaba medicado

y mi abuelita es la mujer maravilla.

La que andaba con ANGULO le decían cara de cu... culebra cascabel...

2011-12-08T06:25:00.000-08:00

!LOS DIFUNTOS, AL CEMENTERIO!

EL PERRO VUELVE AL VÓMITO

2011-11-23T06:00:00.000-08:00

El presidente Funes, cuando fue electo presidente de El Salvador, afirmó que la gestión de su presidencia estaría inspirada por la figura de Mons. Romero.

Pues bien, ahora sucede que ese mismo presidente, con el nombramiento de David Munguía Payés, está fortaleciendo la institución que asesinó a Mons. Romero, de lo cual los militares jamás se han arrepentido. Las palabras las desmonta la realidad.

El error es de origen, pues Melgar, el ministro de defensa depuesto, también participó en acciones militares vinculadas al asesinato de personas de origen estadounidense. Un militar han quitado, un militar han puesto.

Pero, ciertamente, nunca han tenido como ministro de la defensa a un especialista en la materia. De modo que la nómina de una persona para ese cargo sigue intereses de partido político, que es el criterio cancerígeno que mata esta caricatura de sociedad que es El Salvador. Nosotros nos movemos -omito decir "avanzamos"-, como dice Umberto Eco, a paso de camarón, es decir, a pequeños empujones y para atrás.

Así es la cosa: !EL PERRO VUELVE AL VÓMITO!

CALMA PUEBLO

2011-11-21T07:00:00.000-08:00

Nací mirando para arriba el veintitrés de Febrero
Después de estudiar tanto terminé siendo rapero
Mi familia es grande, en mi casa somos ocho.
Y la clase media-baja no recibe plan ocho

Es normal que mi comportamiento no les cuadre
Y más cuando el gobernador desempleó a mi madre
Me desahogo cuando escribo mis letras francas
Pa' no terminar explotando en la Casa Blanca

Mis rimas te ponen tenso y te dan calambre
Yo soy el que hago que coman sin que tengan hambre
Mezclo lo que veo con lo melódico
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos

Es el momento de la música independiente
Mi disquera no es Sony, mi disquera es la gente
Las personas que me siguen escuchan el mensaje
Por eso me defienden a los puños sin vendaje

Calma pueblo que aquí estoy yo
Lo que no dicen lo digo yo
Lo que sientes tú lo siento yo
Porque yo soy como tú, tu eres como yo

Calma pueblo que aquí estoy yo
Lo que no dicen lo digo yo
Lo que sientes tú lo siento yo
Porque yo soy como tú

A ti te ofende lo que escribo
A mi me ofende tu playback
Que estés doblando en vivo
A mi ofende cuando tu sobornas a la radio
Con plata, con dinero pa' que te suenen a diario

Ni siquiera los Beatles tenían cuatro canciones
sonando al mismo tiempo en las radio-estaciones
Esto lo puede ver hasta un bizco
Tú vendes porque tu mismo te compras tus propios discos

No me digas que no si a mi me han ofrecido hacer eso
La mitad de los artistas deberían estar presos
A mi no me ofende que por hablar mucho me llamen loco
Tú dices poco porque sabes poco

Calma pueblo que aquí estoy yo
Lo que no dicen lo digo yo
Lo que sientes tú lo siento yo
Porque yo soy como tú

Yo uso al enemigo, a mi nadie me controla
Les tiro duro a los gringos y me auspicia Coca Cola
De la canasta de fruta soy la única podrida
Adidas no me usa, yo estoy usando Adidas

Mi estrategia es diferente, por la salida entro
Me infiltro en el sistema y exploto desde adentro
Todo lo que les digo, es como el Aikido
Uso a mi favor la fuerza del enemigo

Ahora quítate el traje, falda y camiseta
Despójate de prendas, marcas, etiquetas
Pa' cambiar al mundo, denuda tu coraje
La honestidad no tiene ropa ni maquillaje

No me hablen de carteles ni de los Soprano
La mafia más grande vive en el Vaticano
Con el truco de la fé se cogen a la gente
Se cogen a cualquiera que piense diferente

A mi no me cogen, yo creo en lo que quiera
Creo en la gente, creo en mi bandera
Creo que los que me señalan con el dedo
Me tienen miedo porque yo no tengo miedo

Calma pueblo que aquí estoy yo
Lo que no dicen lo digo yo
Lo que sientes tú lo siento yo
Porque yo soy como tú, tu eres como yo

Calma pueblo que aquí estoy yo
Lo que no dicen lo digo yo
Lo que sientes tú lo siento yo
Porque yo soy como tú

Calma pueblo que aquí estoy yo
Lo que no dicen lo digo yo
Lo que sientes tú lo siento yo
Porque yo soy como tú, tu eres como yo

Calma pueblo que aquí estoy yo
Lo que no dicen lo digo yo
Lo que sientes tú lo siento yo
Porque yo soy como tú

Ahhh
Ahhh
Ahhh
Ahhhh

"THANATOS" en su día. El imperio de los muertos sobre los vivos

2011-11-03T07:02:00.000-07:00

CABAÑAS ¡ROGAD POR ELLOS!

2011-11-01T07:33:00.000-07:00

"Cabañas" es uno de esos nombres españoles que suena femenino, pero al referirse a un Departamento de El Salvador, su género es masculino. Femenina la palabra, masculino su género de aplicación. Eso genera cierto grado de ambigüedad.

Pero, no sólo el nombre es ambiguo en el Departamento de Cabañas, sino también su modo de estar en la realidad.

Cuando uno deja la carretera Panamericana e inicia el recorrido de San Rafael Cedros (Departamento de Cuscatlán) hacia Ilobasco, comienza a notar el deterioro de la carretera. Pero el verdadero dolor de cabeza inicia a partir del desvío de Ilobasco y se inicia el recorrido hacia Sensuntepeque (Cabecera del Departamento de Cabañas, al nor-oriente de El Salvador). La carretera es literalmente intransitable a una velocidad superior a los 60 kl. por hora.

La culpa se le puede echar al Gobierno, pero resulta que Cabañas es el único Departamento -de los catorce que tiene El Salvador- en el que el FMLN no tiene una sola alcaldía a su cargo. En este sentido es verdad lo que en otro tiempo se leía en un rótulo puesto a mitad de camino, entre San Rafael e Ilobasco, a saber: "Cabañas cuna de nacionalistas". Esto puede explicar por qué el Gobierno no se ocupe de los habitantes de Cabañas y explica también que tampoco los diputados nacionalistas se están ocupando de ellos.

¿Cuál es el consuelo de los habitantes de Cabañas?

Que sus familiares que emigraron a Estados Unidos seguramente les mandarán un vehículo 4x4 para transitar esas calles deplorables y que, por tanto, ellos no cambiarán nunca su orientación política.
Que aunque la carretera esté en mal estado, y que en la cabecera departamental -Sensuntepeque- no exista una sola sede de las mejores universidades del país, ellos se consuelan con su catolicismo tradicional, el mismo que ha posibilitado la victoria de los peores políticos de derecha del país. Total, los de cabañas confunden la religión con los partidos políticos y los partidos políticos con la religión.
Que aunque los niños mueran de cáncer por el mercurio que destilan las empresas explotadoras de minerales, todo ello es voluntad de Dios y a Dios no se le puede contradecir nada.

En ese sentido, lo mejor es encomendar a los habitantes de Cabañas a la Virgen de los Dolores o a la Auxiliadora de los Cristianos. En definitiva: ¡ROGAD, POR ELLOS!

Y si un día los habitantes de Cabañas se levantaran escépticos de ser nacionalistas -no decimos que se levanten de color ROJO-, pues es mucho pedirles. Pero negándoles el voto a las momias políticas que los rigen, exigiendo tener universidades de calidad en su territorio, exigiendo que sus impuesto no sean robados impunemente y que sean aplicados en la construcción de mejores carreteras..... Bueno, volvamos a la realidad, pues esa solamente es.... UNA SUPOSICIÓN.

EL DEPORTE COMO EXPRESIÓN DE LA PSICOLOGÍA DEL PUEBLO

2011-10-31T07:55:00.000-07:00

El deporte proyecta bien la grandeza o la debilidad de un pueblo, aunque no sea el único criterio de valoración.

La psicología social salvadoreña apoya su selección mayor de fútbol en modo unánime, pero creen que el apoyo afectivo es suficiente para obtener victorias, menospreciando evidentemente la disciplina y la aplicación de técnicas determinadas.

El puesto alcanzado por los atletas en los últimos juegos panamericanos en Guadalajara (México) no deja lugar a dudas. El Salvador está en el puesto n. 23. El país vecino -Guatemala- está en el puesto n. 11.

Cuando alguna vez ha jugado la selección de fútbol de El Salvador contra la de Guatemala la euforia circense lleva al grito "indios", buscando ofender a los chapines. Cuando la población indoctrinada de nacionalismo barato llama "comunistas" a los cubanos, pretende en el primer y segundo caso, ponerse ideológicamente por encima de los países mencionados.

Pues, bien, el salvadoreño indoctrinado puede seguir considerándose superior "a los otros" -sin poder demostrar quiénes son esos "otros" y en qué es superior-, mientras Guatemala, en el plano de la REALIDAD tiene el puesto n. 11 y Cuba el puesto n. 2, después de los gringos.

Una cosa es la REALIDAD y otra muy distinta la IMAGEN DE LA REALIDAD que las personas tienen en su cabeza.

RAFAEL LARA MARTÍNEZ. PREMIO CULTURA 2011

2011-10-26T12:43:00.000-07:00

"ACOSTUMBRADOS A VIVIR EN LA CAVERNA DE LO REAL,

DEL PASADO SÓLO OBSERVAMOS LAS SOMBRAS QUE EL PRESENTE IMAGINA"

"DE LO PASADO DESCONOCIDO

NOS MOVEMOS HACIA LA IMAGINACIÓN FICTICIA DEL PRESENTE"

(El Bicentenario. Un enfoque alternativo, San Salvador 2011)

NO PARA DE LLOVER EN EL SALVADOR (GALERÍA IV: DERRUMBE TRAMO ENTRE ESCUELA MAYOR DE ENFERMERÍA Y DESVÍO A APOPA, CALLE "DE ORO")

2011-10-17T09:15:00.000-07:00

Fotos: Sábado, 15 de octubre de 2011, 10:00 horas.

NO PARA DE LLOVER EN EL SALVADOR (GALERÍA III: LAS VUELTAS DE LA LEONA)

2011-10-17T09:07:00.000-07:00

Un árbol obstruye casi la mitad de uno de los carriles.

Fotos: Lunes, 17 de octubre de 2011, 6:30 am.

Es el carril que va del desvío de San Vicente hacia el desvío del kl. 51

Dirección San Vicente - San Salvador.

NO PARA DE LLOVER EN EL SALVADOR (GALERÍA II: RÍO Y PUENTE ACAHUAPA)

2011-10-17T08:53:00.001-07:00

Fotos: Sábado, 15 de octubre, 9:00 horas

NO PARA DE LLOVER EN EL SALVADOR (GALERÍA I: RÍO Y PUENTE ACAHUAPA)

2011-10-17T08:39:00.000-07:00

Las fotos anteriores fueron tomadas el sábado, 15 de octubre de 2011

y los niveles del río Acahuapa habían aumentado,

pero no tanto como hace dos años, con la catástrofe de la tormenta Ida.

Actualmente se espera que no llueva fuerte a la altura del volcán de San Vicente,

pues los resultados serían desastrosos.

RICKY MARTIN VISITARÁ EL RÍO ACAHUAPA

2011-10-03T10:27:00.000-07:00

Las fotos son recientes y muestran lo que el Ministerio de Obras Públicas logró hacer en el río Acahuapa, justo a la entrada de la Ciudad de San Vicente.

No lograron reconstruir el puente y menos el monumento de la Virgen, esto último no es competencia de ellos.

La obra manifiesta muy bien la mentalidad salvadoreña, es decir, terminar una parte de la obra y dejar para no se sabe cuándo la otra parte, bueno se trata siempre de hacer las cosas a medias. !Claro, el pueblo municipal y espeso suele decir "por lo menos hicieron algo", poniendo de manifiesto su tradicional nacionalismo romántico y su evidente baja auto-estima.

Corren rumores de que Ricky Martin honrará la tradición de este río, dándose una bañadita en él, pero de ese dato pueden dar mejor razón los del Real Madrid, por aquello de Cristiano Ronaldo. Bueno, que también a Piqué le gustaba acariciar a Ibrahimovic.

LA VIRGEN DE ACAHUAPA

2011-10-03T08:17:00.000-07:00

Así luce actualmente lo que un tiempo fue el monumento a la Virgen,

situado en la entrada a la ciudad de San Vicente.

Un camión distribuidor de productos Maseca impactó contra la edificación

y lo dejó así como aparece en las fotos.

!Qué mejor período que el de la propaganda pre-electoral

para congratularse con la Iglesia Católica de San Vicente!

Algún político muy CATÓLICO que quiera hacer votos a la Virgencita

reconstruyendo su monumento

y de paso también recibir los FAVORES electorales de la Virgen.

Carlos Dada y Periódico Digital El Faro premiados por la Universidad de Columbia (NY)

2011-09-16T07:50:00.000-07:00

Fuente: Universidad de Columbia (NY)

El Faro tiene bien merecido este premio. Se trata de un periodismo investigativo y no de esa mezcla malsana de sentimentalismo empalagoso con el incondicional apoyo partidario a los corruptos.

Escuela de Periodismo de 2011 anuncia los ganadores de los Premios Cabot para América Latina y el Caribe de Información

La Universidad de Columbia, Escuela de Periodismo ha anunciado en el 2011 los ganadores de losPremios Maria Moors Cabot a la excelencia en América Latina y el Caribe. El premio más antiguo del periodismo internacional, ahora en su 73o año, los premios Cabot son otorgados por la Universidad de Columbia en honor a los periodistas que han promovido el entendimiento interamericano.

El 2011 los ganadores son: Arizona Daily Star (Estados Unidos), El Diario de Juárez (México), Ríodoce(México), Carlos Dada (El Salvador) y Jean-Michel Leprince (Canadá).

"Más que nada, el presente año Cabot celebrar los periodistas sobre las líneas del frente y dos pequeños papeles, pero valiente haciendo frente a criminales de la droga en México, un periódico de avance digital ardiente una pista independiente y ético de América Central, un periodista de televisión canadiense que nos muestra escenas e historias de la vida real que con demasiada frecuencia no aparecen en los EE.UU. de televisión, y una de tamaño mediano, regional papel EE.UU. esfuerzo de sus recursos para dar a sus lectores una cobertura profunda y matizada de la frontera México-Estados Unidos ", dijo el decano de la Escuela de Periodismo de Columbia Nicholas Lemann ."Esta singular, periodismo de alta calidad es un ejemplo para los periodistas y los dueños de los medios en las Américas."

Presidente de Columbia , Lee C. Bollinger presentará medallas y premios de $ 5,000 a cada ganador en una cena y ceremonia el miércoles, 26 de octubre, en el Morningside campus de la Universidad Heights.

Lo siguiente son extractos de las citas Cabot Junta para cada uno de los ganadores.

Arizona Daily Star, Estados Unidos

"No hay un problema político particular, en la actualidad genera más emoción y el debate en los Estados Unidos de la inmigración. En ningún estado tiene el tumulto sido mayor que en Arizona. Y en Arizona, las personas que viven más cerca del sector de la frontera México-Estados Unidos, donde más de la mitad de todos los cruces ilegales de suceder y que los delincuentes violentos contrabando de drogas leer la sede en Tucson, Arizona Daily Star . La estrella ha cumplido con sus responsabilidades con la distinción. Que se ha ejecutado un flujo constante de historias de gran empresa y la serie de la última década que han explorado el tema en todas sus complicaciones y las dimensiones humana, no sólo sus aspectos sensacionalistas. En una cacofonía confusa política de gritar voces en Arizona, el Daily Star es una fuerza de hecho basado en la cordura. "

El Diario de Juárez , México
Ríodoce , México

"México es uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Treinta periodistas en México han sido asesinados y otros siete han desaparecido en los últimos cinco años, según el Comité para la Protección de los Periodistas. Hombres armados ametrallar y lanzar granadas a los medios de comunicación. Amenazas de muerte son una ocurrencia diaria. En dos de las ciudades más peligrosas de México-Ciudad Juárez y Culiacán, Sinaloa, a los periodistas en dos periódicos regionales heroica lucha para llevar a cabo.Rendimos homenaje a El Diario de Juárez y Ríodoce de Culiacán para darle aliento a todos los periodistas excepcional a través de la muerte desafiando México para hacer su trabajo, especialmente en las zonas devastadas por las guerras de drogas ".

Crédito de la imagen: Memo Vela / Plastika

Carlos Dada, El Salvador

"Carlos Dada es el fundador y director de El Faro , una vanguardia, el sitio web de noticias en línea que va desde El Salvador, un país pequeño que todavía sufren el trauma de su larga década de guerra civil. El Faro significa faro o baliza, y eso es lo que es. Con un presupuesto limitado, que siempre ha publicado cuentos en circulación y proyectos de investigación, largamente ignorado los crímenes y violaciones de los derechos humanos y ahora el seguimiento de la violencia creciente de drogas en toda América Central. Desde su creación en 1998, El Faroha mostrado cómo los medios digitales pueden superar las barreras de costo y la tradición y la oferta de periodismo honesto de alta calidad en una región donde los estándares de imprenta son bajos y la mayor parte de los medios de comunicación es muy partidista o incluso corruptos. "

Crédito de la imagen: Société Radio-Canada/CBC

Jean-Michel Leprince, Canadá

"Jean-Michel Leprince ha llevado a América Latina a la vida de los canadienses desde la década de 1970. Ha ofrecido la televisión francesa un lenguaje vivo y reflexivo e informes de radio en la región de Société Radio-Canada/CBC. Sus historias han cubierto un espectro amplio que van desde el impacto de las pandillas callejeras en El Salvador y en Guatemala, la guerra contra el narcotráfico en Michoacán, México, la evolución de los derechos de los homosexuales en Cuba, para el procesamiento de los políticos colombianos acusados de complicidad con los paramilitares ilegales grupos. Estas no son historias fáciles de contar, y Leprince no tiene miedo de tratar de explicar su complejidad. El resultado se emite el periodismo en su mejor momento. Es una buena ilustración de lo que los espectadores televisión de EE.UU. han perdido desde la retirada de las redes de EE.UU. de la región ".

Los premios Cabot son otorgados por la Junta de Síndicos de la Universidad de Columbia basado en el consejo y la aprobación de la Junta de Cabot. Miembros de la junta en el 2011 fueron: Arlene Morgan , presidenta de la junta y decano asociado de premios y programas, la Escuela de Periodismo de Columbia, Josh Friedman , director de los Premios Maria Moors Cabot, David C. Adams, editor, Poder , José de Córdoba, senior escritor especial, The Wall Street Journal , John H. Coatsworth , decano interino, la Universidad de Columbia, Michèle Montas, representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas en Haití, María Teresa Ronderos, directora deSemana.com , Edward Schumacher-Matos , James Madison Profesor Visitante, Escuela de Periodismo de Columbia, Paulo Sotero, director del Instituto Brasil, Programa Latinoamericano del Woodrow Wilson International Center for Scholars, y Enrique Zileri, director de Caretas, la revista.Cinco de los 10 miembros de la Junta de Cabot son medallistas de Cabot.

DE LA HUMILDAD Y OTROS RELATOS

2011-09-14T09:14:00.000-07:00

TODOS LOS HOMBRES SON IGUALES,

PERO NO TODOS LOS SABEN

(TODOROV, Tzvetan)

2011-09-05T07:13:00.000-07:00

Entrevista con el dirigente del Movimiento por la Democracia Participativa, Dagoberto Gutiérrez.

Por Fernando de Dios

Fotografía: Luis Velásquez

FUENTE: CONTRAPUNTO.

SAN SALVADOR – “La humanidad está en entredicho”. Ésta es una de las primeras frases que salen de la boca de Dagoberto Gutiérrez al preguntarle por la actualidad del país.

Más que una entrevista, ésta es una plática en la que van apareciendo distintas reflexiones. Aunque por momentos no se tiene muy clara la línea que separa los conceptos teóricos de la práctica, de la realidad, es necesario leer entre líneas.

En esa lectura se encontrarán algunas ideas de calado respecto del momento que vive actualmente el país, que para Gutiérrez es de transición. O más bien, de crisis del sistema de partidos políticos.

Para él, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ambos de derecha, son los pilares que sustentan ese sistema, que por desprestigio de los mismos, se está viniendo abajo.

Del presidente Mauricio Funes dice que está desamparado, tanto por la oligarquía, que no le acepta como líder, como por el pueblo, que al ver sus esfuerzos por contentar a los poderosos, se va dando cuenta de que éste no es su gobierno.

Ante tal situación, el Movimiento Social, del que es parte el MDP, ha de tomar la iniciativa, pero eso sí, construyendo poder antes de llegar al poder.

Mientras tanto, aprovecharán las candidaturas independientes para presentar candidatos en las próximas elecciones legislativas y municipales. Lucharán en ambos frentes, respaldados por las distintas organizaciones incluidas en ese movimiento.

Eso sí, tal y como afirma categóricamente, él no será uno de ellos.

Quisiera comenzar preguntándole por su visión de los últimos acontecimientos, el decreto 743, cómo se ha resuelto el asunto de los militares acusados en el Caso Jesuitas, y otras cuestiones en las que parece que la derecha del país ha mostrado su fuerza. ¿Qué valoración hace?

Qué bien que abordes la cuestión por ahí. Mirá, hay una figura fundante en esto, que es la de la transición. Y uno entiende que hay transición en un proceso político cuando ha sido derrotado el régimen anterior y se inicia la construcción de un nuevo régimen, en donde el régimen antiguo no termina de desaparecer y el régimen nuevo no termina de aparecer.

Claro, porque si no sería una ruptura, ¿no?

Claro. Y los procesos sociales son así. Esta figura de la transición nace del hecho histórico de que lo nuevo nace de lo viejo. Lo nuevo no nace de lo nuevo y lo viejo no nace de lo viejo, no; es lo nuevo lo que se hace viejo y a su vez, de lo viejo nace lo nuevo. Es así, en la naturaleza, y nosotros somos naturaleza. Por eso toda reflexión del ser humano ha de empezar con la reflexión sobre la animalidad del ser humano. Somos animales y de repente, en este momento de la humanidad, lo único que nos salva es la animalidad, porque la humanidad está en entredicho. Entonces, en los procesos políticos es así, la transición supone una lucha entre lo nuevo y lo viejo. En dependencia de esa confrontación, uno puede hablar que una transición avanza hacia una democratización de la sociedad o apenas hacia una liberalización de la sociedad.

En su opinión, ¿estamos en ese segundo escenario?

Claro, ahora bien, esto admitía durante 20 años interrogantes, pero precisamente los últimos acontecimientos y sobre todo los relacionados con el caso jesuitas, ha sido una escuela política impresionante para los y las salvadoreñas. El régimen político de El Salvador es autoritario e impune.

Entonces, la derecha ha mostrado su músculo. ¿Y el gobierno, que se supone no es parte directa de esa derecha, ha mostrado debilidad, o ha mostrado anuencia?

El gobierno actual es de derechas, con un presidente de derechas y una cúpula de derechas, estoy hablando de la cúpula del FMLN. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Es que en El Salvador funciona una democracia procedimental, éste es el nombre.

¿En qué consiste?

La figura de la democracia procedimental consiste en que la democracia se convierte en un método. Ese método consiste en que gobierna una élite política de administradores políticos, que provienen o de las clases dominantes o de los partidos políticos, que son convertidos por arte de magia en clase política.

Entonces, usted plantea el país como una hacienda en la que administran unos, pero los que realmente la posee son otros.

Es que todos los países son así, al menos los países que tienen Estado. Ahora bien, en todo Estado hay dos franjas; la franja dominante y la franja gobernante. La franja dominante domina, no por el dinero, sino por las ideas. El sector dominante es sector dominante porque sus ideas son las que están en la cabeza de toda la gente. Yo te domino a vos, no por mi dinero, sino porque mis ideas habitan en tu cabeza, y vos mirás el mundo, no con tus ojos, sino con mi cerebro. Esa es la dominación. Ahora bien, no todos los sectores dominantes gobiernan, no, porque el gobierno es la administración; el que gobierna administra el poder del que domina. Entonces, en El Salvador, a partir de 1932, el sector gobernante fue la Fuerza Armada.

Pero era la oligarquía la que dominaba. ¿Sigue siendo igual?

Sigue siendo igual. Y está bien que uses esa figura. Es la oligarquía la que domina. En El Salvador no aparece una burguesía, sino que se mantiene una oligarquía.

Pero entonces, ¿dónde queda el cambio?

Es que durante la guerra hubo dos cambios trascendentales. Primero cambió la clase dominante. Es decir, los cafetaleros, que era la clase dominante desde 1880, durante la guerra dejaron de ser la clase dominante, sencillamente porque se derrumbó la Unión Soviética.

¿Y eso? ¿Qué tiene que ver la caída de la Unión Soviética?

Cuando se levanta la Unión Soviética aparece para el imperio estadounidense un rival y una competencia. La base de la economía de estos paisitos era el café. Pero el café no es una cosa estratégica; a uno le gusta el café, pero si uno no toma café no es ningún problema, vos no te morís sin café. Distinto el agua. Entonces, si la economía dependía del café, occidente decidió mantener de manera artificial los precios del café para confrontar con aquel rival. Si los precios del café se derrumbaban, aquí venía una crisis política y venía la revolución. Por eso se organiza la Organización Mundial del Café en Londres, y cada año, los productores y los tostadores se reunían en Londres y fijaban el precio.

Entonces, de forma artificial se estaba manteniendo una oligarquía en este país y en otros.

Exacto, en América, de manera artificial, porque no eran los precios del mercado,

eran los precios que ellos establecían tomando en cuenta la competencia de la Unión Soviética, mirá como es la lógica. Cuando se derrumba la Unión Soviética dijeron: se acabó la competencia; y entonces dijeron: que los precios del café los fije el mercado. Y cuando ocurrió eso, se derrumbaron los precios del café y se acabó la oligarquía cafetalera. No es fácil establecer esa relación, porque uno tiene una cabeza metafísica y uno separa los acontecimientos fundamentales, sigue todavía prisionero del pensamiento de Descartes.

Y esto es consustancial con el otro proceso de capitalización de los recursos del café y esa oligarquía es sustituida por el capital financiero, y viene la etapa de los banqueros. Una nueva clase dominante: el capital financiero.

Pero ése es un proceso mundial, no solo de aquí.

Claro, pero aquí se dio en el periodo de la guerra. Pero al mismo tiempo desaparece la antigua clase gobernante; los militares dejan de ser la clase gobernante, ¿por qué? Porque no ganaron la guerra. ¿Y quién sustituye a los militares? Los partidos políticos. Entonces ARENA y el FMLN se convierten en los pilares del régimen. Ambos de derecha. Eso es justamente lo que ha entrado en crisis y en El Salvador se establece por primera vez la democracia procedimental.

Dice que ha entrado en crisis…

Eso ha entrado en crisis.

¿Y qué es lo que ha desencadenado esa crisis?

Esta crisis equivale a una crisis de la democracia procedimental, que no llega ni a democracia burguesa, por una sencilla razón…

Porque no hay burguesía…

Porque no hay burguesía. Y a diferencia entre una oligarquía una burguesía no tiene que ver con el dinero, sino con la cabeza política.

Con las ideas.

Con las ideas. Una burguesía entiende muy bien el papel del Estado, el papel del mercado, el papel de la democracia. Una burguesía entiende que en la democracia burguesa el pueblo no existe; lo que existe es el elector, pero no en tanto pueblo, es decir, no en tanto sujeto político, sino en tanto actor político. Los burgueses entienden muy bien esto, pero no te lo dicen, porque no son tontos. Ellos saben que vos no debés aprender a pensar con tu propia cabeza, sino debés de aprender a pensar con la cabeza de ellos. Pero ellos saben muy bien que el ser humano no mira la realidad con los ojos, que los ojos no sirven para mirar. Uno no mira con los ojos, uno mira con el cerebro. Por eso es que José Saramago, en su libro Ensayo sobre la ceguera, nos presenta ciegos en un gran resplandor.

En un renacimiento.

Sí, y ciegos que no tienen ningún problema en los ojos. Se refiere a esta ceguera, a la ceguera ideológica. Porque de repente, uno mira el mundo con el cerebro de los burgueses. Y vos debés ser actor, pero no sujeto. El actor es el que vota.

¿Y quién es el sujeto?

El sujeto es el que descubre una realidad, choca contra esa realidad, y trabaja por una realidad alternativa. Son tres piezas. Somos el único animal que piensa las cosas a partir de la realidad. Los otros animales son maravillosos, también entran en contacto con las cosas, al igual que nosotros, pero nosotros le ponemos nombres a las cosas. Como explican muy bien Zubiri y Marx.

Estamos en un universo muy teórico…

Fundamental…

Sin duda, pero vayamos un poco a la realidad. Usted dice que en El Salvador hay un proceso de transición ahora mismo. Hace 20 años se supone que hubo otro proceso de transición, y ahora sucede otro. ¿Qué características tiene este nuevo proceso de transición?

Es que la transición de hace 20 años no dio para una democratización, dio para apenas una liberalización. Y no cambió el régimen, sino que lo liberalizó, lo refrescó, lo ablandó, pero no lo negó. Ahora bien, lo que salió era llamado democracia y a esto se le llamaba proceso democrático. Hoy está claro que estamos en un régimen autoritario e impune. Y la Corte Suprema de Justicia ha colaborado generosamente con el pueblo para darse cuenta de cuál es el régimen. Me refiero a la última resolución de la Corte en donde impide la detención. Porque en el mundo de hoy hay una nueva jurisdicción, que supera la clásica jurisdicción territorial en virtud de la cual conoce el juez del territorio donde se conoce un ilícito. Ahora hay una jurisdicción internacional que supera todo eso, es parte del derecho penal internacional. En los casos de ciertos delitos, con ciertas características, genocidio, lesa humanidad, terrorismo, crímenes de guerra. Aquí se trata de esos delitos. No se sabe cómo los jueces están viendo eso para cada uno en particular, pero ocurre que el delito de lesa humanidad es aquel en el que la víctima y el ofendido no es el pariente solamente, sino la humanidad. Esa clase de delitos no admite amnistía ni prescripción. Es decir, ante la gravedad de esos delitos no se vale el olvido ni la amnesia. Entonces el derecho de acción queda vivo pasen los años que pasen. A nadie le gusta que otros le juzguen.

Sí, pero si un Estado no se juzga a sí mismo…

Otro te juzga, ése es el asunto. Yo tengo una actitud muy crítica con lo que ocurre en el mundo. Por ejemplo lo que ocurre en Libia, ésa es una negación del derecho internacional. Pero esa agresión brutal es legal, es decir, que uno debe desarrollar una determinada actitud ante la legalidad. Eso caracteriza al Estado de derecho y eso caracteriza a Occidente como civilización. Yo no soy hombre de Occidente, pero tampoco soy hombre del Oriente. Nosotros somos hombres y mujeres de la periferia, y pensamos desde la periferia frente a un centro imperial. Ésa es la posición civilizatoria. Es cierto que tenemos una formación occidentalizada, pues sí, y qué vamos a hacer, se impone. Y no renunciamos a eso, yo no renuncio a El Quijote, por ejemplo. Pero yo odio a los invasores que nos cayeron aquí hace 500 años, a muerte, los detesto, los denuncio, los ataco. Pero hoy, en este momento, es otra cosa. Cuando la CSJ impide la detención, ya no se trata de una posición frente a la extradición, que uno pensaba que la Corte se iba a pronunciar frente a la petición de extradición, porque en el tratado firmado con el Reino de España, una de las facultades de los estados, sobre todo del estado requerido, es denegar la extradición, por supuesto, y hay una serie de razones. Pero no, es impresionante lo que ha ocurrido, porque la Corte niega la mera detención.

Entonces, según usted, con esa decisión la Corte nos ha ayudado a ver que no ha cambiado nada.

Nada, nada.

¿También ha ayudado el presidente? ¿Cómo ve el papel del presidente Funes en este asunto?

Maravilloso papel, porque Mauricio no es un reformador, tampoco una persona de izquierda, tampoco una persona con compromisos políticos. Él es una persona a quien las circunstancias lo llevaron a ser presidente. Y él desde el primer discurso después del triunfo electoral dijo que su guía era el presidente de los Estados Unidos. Lo dijo, todos somos testigos. Ahí estaba diciendo por dónde iba a ir. Lo que ocurre es que nuestro pueblo, como todos los pueblos, necesita tener esperanzas y el pueblo puso sus esperanzas en Mauricio. Y lo maravilloso de Mauricio es que él está diciendo todos los días “yo no soy las esperanza de ustedes”, lo dice…

Sí, eso lo dejó claro en una reciente entrevista a La Jornada de México. Pero entonces, queda como un desamparo.

Hay un desamparo múltiple, porque Mauricio está desamparado, el pueblo no. ¿Por qué está desamparado Mauricio? Mirá el drama del país: el gobierno de Mauricio es un gobierno de derechas, pero la oligarquía no lo reconoce como su gobierno. Mauricio hace todo para que la oligarquía lo reconozca, pero la oligarquía no lo reconoce, por una sencilla razón; que es un gobierno de derechas que no viene de la oligarquía, sino que viene de la derrota electoral del partido político de la oligarquía. Y esa conducta de los oligarcas de mi país demuestra lo primitivo de su cabeza política.

¿Podrían utilizar igual este gobierno que cualquier otro?

Perfectamente, pero, ¿quién hace eso? Un burgués. Pero a un oligarca le cuesta mucho. Pero aquí hay una escuela política maravillosa, y hay que ponerle atención; maravilloso lo que está pasando, uno está aprendiendo. Ellos son oligarcas y no aceptan un gobierno que no venga de sus entrañas. Vos aceptás un hijo que es tuyo, pero aunque no sea tuyo, vos lo adoptás, y lo hacés hijo tuyo y el otro te hace a vos el padre de él. Así es como ocurre en la vida. Los oligarcas no, reconocen un gobierno como suyo solo cuando sale de sus entrañas. Y Mauricio entonces está desamparado de oligarquía, pero también de pueblo, cuando el pueblo mira que Mauricio hace todo para caer bien a la oligarquía. Por ejemplo, dice, el primer designado a la presidencia es Nicolás Salume. Hombre… es un gran gesto que te está diciendo quién es.

Pero es que su campaña en gran medida dependió de esas personas.

Claro, él está pagando, todo eso se paga. Entonces el pueblo está entendiendo, dolorosamente, con llanto, que éste no es su gobierno.

¿Y también está entendiendo que, al menos la cúpula del FMLN, no es su partido?

Está entendiendo. Porque la cúpula de ese partido actúa también maravillosamente, así como lo hace Mauricio. Y esa cúpula está diciendo: no somos de izquierda, entiéndanlo. Eso es aun más doloroso para la gente.

Claro, porque la gente siente que el FMLN es su proyecto.

Claro, nacido de la base.

¿Está la cúpula del Frente queriendo ser parte de la oligarquía?

Ya están adentro, es una cúpula empresarial. Cuando en la lucha por las transformaciones sociales el poder deja de ser un instrumento y se convierte en un fin en sí mismo, ocurre eso.

Pero la dirigencia del Frente siempre habla de un proyecto. Dicen que este gobierno es un primer paso de un proceso más largo, que es importante que salga bien para poder seguir adelante. Pero ¿cuál es el proyecto del FMLN?

No hay proyecto y es que el FMLN no es el FMLN; el FMLN no se parece al FMLN; y el FMLN es la negación del FMLN. El FMLN guerrillero, brillante, genial, siempre fue una alianza. Y una alianza es un acuerdo político con cemento político, teóricamente. Y una unidad es un acuerdo político con cemento ideológico. Esa es la diferencia entre una alianza y una unidad. El FMLN fue un acuerdo entre comunistas, anticomunistas y no comunistas. Es la escuela de alianzas más perfecta de la historia política de mi país y de América Latina. Por eso fuimos capaces de montar la guerrilla más poderosa del continente. Ninguna guerrilla ha cercado la capital de su país como lo hicimos nosotros. Enfrentando a la tecnología gringa, lo derrotamos. Alianza. Ese FMLN muere cuando termina la guerra. Se terminó la alianza. Una vez terminada la guerra el Estado crea al partido FMLN.

¿Y qué queda del FMLN histórico en ese nuevo partido político?

Nada, nada, nada…

¿Nombres?

Ah, el nombre…

¿Y personas?

Sí, pero no son las mismas. Por eso te digo, no queda nada. Cuando nace el partido, todo partido es una persona jurídica determinada por el Estado, que participa del juego y de sus reglas del juego. Una revolución consiste en el cambio de juego. La lucha política dentro de la democracia procedimental consiste en jugar el mismo juego, cambiando las reglas, para seguir jugando el juego. Entonces, los dirigentes del partido se convierten en piezas del sistema político y ya no se trata de cambiar el sistema político, sino de sostenerlo, defenderlo, porque de ese sistema político vivís vos, y dependes vos, económica, socialmente, políticamente. La guerrilla no. Por eso es que no queda nada de aquello. Ahora bien, pero es que el nombre subyuga.

¿Y el nombre es una pantalla, también?

Por supuesto. El FMLN goza de aquella historia y ellos siempre hablan de su proyecto. No hablan mucho que son de izquierda, pero la gente les atribuye eso de izquierda.

Pero el proyecto no se explica, no se dice qué se quiere.

El proyecto no llega ni a horizonte.

Ya que habla de horizonte, y dado que usted siempre se ha posicionado como un luchador social, junto a la gente y sus problemas, y ya que hablamos de transiciones, por supuesto, lo primero imagino que sería llegar a hacer al pueblo, como usted dice, sujeto político. ¿Cómo se puede llegar a eso o al menos iniciar ese camino?

Estamos viviendo una crisis de la democracia procedimental que se expresa, entre otras cosas, en la crisis del régimen de partidos políticos. Se agota el partido político, pierde prestigio, no solo aquí, sino en el mundo. Ésa es una excelente noticia. Y entonces aparece la hora de los movimientos sociales. No solo aquí, sino en muchas partes del mundo, (la hora) del Movimiento Social. El Movimiento Social es la gente haciendo política, la gente, fuera del sistema. El Movimiento Social se sitúa frente al Estado, ante el Estado y contra el Estado. El partido político es parte del Estado y cumple una función estatal. El Movimiento Social no. El Movimiento Social es la escuela de hacer política y no solo de participar en política. El partido político te estimula que vos participés en política, pero no a que hagas política y que vos participés en política nada más el día de la votación y después dejés las manos libres. Tres, el Movimiento Social hace política de su vida misma, tal como ocurre con la política. La política no es la vida del Estado, tal como lo entiende el partido político, sino que es la vida del ser humano, ésa es la esencia de la política. Por eso Platón, en uno de sus dramas, Anaxágoras, dijo que el ser humano que se negara a hacer política debía ser ejecutado. El Movimiento Social trabaja justamente para eso. Cuatro, el Movimiento Social es multicolor.

Hay un fenómeno en el país de unión de la llamada sociedad civil. ¿Usted integra a esos grupos que se han unido contra algunos hechos que han ocurrido en el Movimiento Social?

El concepto sociedad civil es peligroso. Aquí aparece la figura sociedad civil después de la guerra. En la guerra se pensaba en pueblo y movimiento popular, que es muy claro. Pero luego aparece sociedad civil, elegante, sin sudor, sin sangre, de saco y corbata y perfumando. Y de repente aparece el ex guerrillero hablando de sociedad civil. No sabe qué es sociedad civil pero le parece que es más elegante que pueblo. Y se abandona la noción de pueblo y la noción de movimiento popular. Uno sabe muy bien que, dentro del pensamiento de Antonio Gramsci, sociedad civil y sociedad política es parte del diseño arquitectónico de Marx para explicar didácticamente cómo funcionan las sociedades. El aparato de estado sociedad política y sociedad civil el lugar y el hogar donde se construye la hegemonía de la clase dominante, donde se mueven lo que se llaman aparatos ideológicos de Estado. Y el problema de la sociedad civil consiste en que tan sociedad civil es la ANEP o la Asociación Salvadoreña de Industriales, como el comité del caserío Calzontes Abajo del cantón Flora María del Volcán de Santa Ana. De modo que cuando se dice sociedad civil estamos todos e iguales, ésa es la trampa.

Por eso es que el Movimiento Social habla de gente. La diferencia entre gente y pueblo es que cuando hablás de gente, hay una reminiscencia idiomática a la gens, que aparece en el proceso de organización de los seres humanos. Familia, horda, clan, tribu y estado. Todo eso tenía a su base la gens como la unidad social basada en el agrupamiento de varias familias. Tiene esa reminiscencia, que es muy importante tenerla en cuenta. Y cuando uno habla de gente está hablando del ser humano real, de carne y hueso, con sus problemas, sus angustias, sus sueños, sus posibilidades y sus dolores. Ésta es la fortaleza del Movimiento Social, que incorpora a la gente real. Ya cuando uno habla de pueblo, ya está hablando de otra cosa; el pueblo es el súbdito del Estado. Es la parte de la población que tiene derechos políticos. La población es el conjunto de personas que viven en el territorio de un estado en un determinado momento. Hay una parte de esa población que tiene derechos políticos, eso se denomina pueblo. Pero los derechos políticos son votar, ser candidato e incorporarse a un político.

Ha hablado de Gramsci, del concepto de gente. Después de que tanto se ha dicho que la izquierda ha sido derrotada…

Noooooo…

Bueno, lo dice quien le interesa decirlo, que es quien tiene el dinero, pero la izquierda siempre está en construcción. Hay una serie de conceptos que se están debatiendo e incluso aplicando en algunos lugares, como el decrecimiento, el concepto del Buen Vivir… ¿Cómo ve estas cuestiones?

Ah, es que en todo esto hay una renovación teórica, porque el Movimiento Social construye poder político antes de llegar al poder y antes de llegar al gobierno. La lógica del partido político es empezar a pensar una vez en el gobierno. Tenés un aparato, pero tarde te das cuenta que vos no sos dueño del aparato, sino propiedad del aparato. Es aparato del Estado. El Movimiento Social construye poder político, que el poder político es nada más una parte de los poderes. Antes de llegar al gobierno, antes de llegar al poder político, es a partir de la construcción de organizaciones que luchan con diferentes métodos, con diferentes discursos, con diferentes colores, con diferentes temáticas.

Hay un crisol…

Es que si no sería Movimiento Social. Tiene que ser así. Pero todos golpeando en el mismo clavo. Por ejemplo, unas organizaciones tienen el tema del agua, otras el tema de la lucha contra el desecho sólido, otras el tema de la lucha salarial, otras la educación… Toda esa temática tiene que ver con la vida de los seres humanos. Pero cada una lo hace con su propia ideología, y hay una multiplicidad de ideologías, por eso es multicolor, si no, no fuera Movimiento Social.

En ese sentido, usted lidera el Movimiento de Democracia Participativa. Todo ese crisol que usted describe se le da unidad dándole participación.

El MDP ya es una expresión política de ese Movimiento Social. Metodológicamente el Movimiento Social ha de ser movimiento popular. En realidad, no todo movimiento social ha de ser popular, no. Porque un movimiento social puede tener popularidad sin ser popular. Establezcamos bien esta diferencia. Por ejemplo, Ronaldinho, el futbolista, tiene popularidad, pero no es popular. La diferencia entre la popularidad y lo popular es que la popularidad es una construcción ideológica, mediática. Si vos salís en la televisión, en la radio, en los diarios, en las revistas, ganás popularidad, a fuerza. Pero vos sos popular cuando tus intereses son los del pueblo. ¿Ves la diferencia? Alguien es popular cuando sus intereses son los de la gente, cuando su lucha es la lucha de la gente. Ahora, alguien puede ser popular sin tener popularidad.

De hecho, suele ser así.

Suele ser así. Y alguien puede tener popularidad sin ser popular. Ejemplo, Adolfo Hitler en Alemania. Tenía popularidad, ganaba las elecciones. ¿Era popular? No, era antipopular. El Movimiento Social ha de ser popular. Puede haber un movimiento social que no sea popular. Ejemplo, en 1918, luego del asesinato en 1913 de Manuel Enrique Araujo, se inicia la dictadura Meléndez, así se llamó. Estos oligarcas fundan un movimiento llamado la Liga Roja, ve el nombre, cualquiera diría que era una cosa popular, no hombre, era de ellos. Y en la Liga Roja estaban organizados campesinos. Pero no era popular. Aquí, el Movimiento Social ha de ser popular, pero además ha de luchar por el poder. Entonces es político.

Pero cambiando las reglas del juego, como decía usted antes…

Claro, cambiando todo; cambiando el juego y cambiando las reglas. Por eso, no ha

de ser partido político, porque ocurre que el partido político se debe a su padre, que es el Estado. El partido político tiene reglas que obedecer. El partido político participa del botín de la administración de la cosa pública. Te haces funcionario, y luchas por hacerte funcionario, senador, etc. Pero a cambio de eso, el Estado te dice: debes defender las reglas y el juego, es decir, debes defender tu status.

En ese sentido, se ha dicho que ustedes, el MDP, van a participar en estas próximas elecciones. ¿Cómo lo van a hacer, van a aprovechar las candidaturas independientes?

Nosotros respaldamos las candidaturas independientes de los partidos políticos. Ésta es la vía. Pensamos que el Movimiento Social debe aprender a pelear en todos los terrenos, incluido el electoral. Nosotros venimos de la lucha política, y la lucha política incluye la lucha armada, la lucha electoral, la lucha estudiantil, la lucha religiosa. Nosotros hemos sido líderes universitarios, jefes guerrilleros, hemos participado en elecciones, en todo; es que así es. Entonces, nosotros apoyamos eso. Y mirá qué cosas, la oligarquía, es decir la cabeza política de los partidos políticos, encabezados por el FMLN, han declarado la guerra a la participación independiente de los partidos políticos. Éste es el miedo a la gente.

Entonces, ustedes van a presentar candidaturas independientes. ¿Cómo lo van a hacer? Porque lo han dejado algo complicado…

Hay una ley que regula la participación, bárbara, es una ley de antes de la Edad de Piedra, vergonzosa. Ahí mismo en Honduras hay una ley que se llama Ley de Partidos Políticos, y en el Artículo 131 de esa ley tiene un título que dice “candidaturas independientes”, ¿ves la diferencia? Y ahí se regula la participación de candidatos independientes de partidos políticos; aquél que no quiera participar con partidos políticos lo podrá hacer independiente. Y el Estado hondureño le da todas las facilidades, incluso deuda estatal. Ahí no más, en Honduras. Eso es una cabeza burguesa. Es decir que los partidos políticos no le temen a que la gente participe fuera de su control, aquí sí.

Ahora, nosotros hemos presentado un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte, que está pendiente. Pero independientemente de lo que la Corte resuelva, nosotros vamos a participar, saltando todos esos obstáculos. La gente que desee participar nosotros vamos a apoyar y estimular eso, estamos en eso.

Van a ir solo por puestos en la Asamblea o también en las alcaldías.

También vamos a buscar alcaldías.

¿Y usted se va a presentar?

Noooooo, para nada, para nada. Yo no soy candidato, no sirvo para candidato, no hombre…

Seguro que hay gente que le quisiera ver en la Asamblea.

Sí, pero no hombre, las cosas deben ser diferentes. Y uno frente a la derecha, tanto la derecha abierta como la derecha solapada, debe ser no solo más fuerte, sino mejor. Y lo tradicional es que el dirigente es el candidato, pues aquí no. El dirigente es el que dirige y se dirige desde abajo y desde adentro.

En ese sentido, el movimiento que usted dirige, ¿es una red con una organización clara o funciona de una forma más espontánea?

El que dirige es el que es dirigido. Líder es el que es dirigido por los demás y además de líder es el que expresa la psicología de una parte de la sociedad. Ésta es la sabiduría. Y yo no voy a ser candidato de nada. Nada de lo que uno hace tiene que ver con la ambición por estar ahí. Además allí huele mal… allí huele mal… allí no es el lugar para aprender a pensar y uno urge de aprender a pensar, uno no termina nunca de aprender a pensar. Y uno aprende a pensar con la gente.

Dado todo el proceso político que se está viviendo, ¿cómo ve las novedades, los nuevos partidos? La aparición de GANA, por ejemplo, que dicen tener unas grandes expectativas. ¿Qué papel cree que puede jugar?

Políticamente GANA tiene juego, electoralmente no se sabe. Y GANA no va más allá de ARENA, en el sentido que es una derecha que no supera los planteamientos políticos de ARENA, ni los planteamientos filosóficos de ARENA. Y eso es un estancamiento, porque en este momento la derecha ha sido derrotada filosóficamente y teóricamente. La crisis del capitalismo gringo es una derrota teórica que se expresa en la derrota práctica. GANA necesitaba ir más allá del planteamiento teórico-político de ARENA y no lo ha hecho. Aparece como una ARENA más lista y más joven. Nada más. Con más recursos económicos que ARENA. Cuando ARENA mantiene a Cristiani como su líder máximo aparece como una fuerza incapaz de moverse en el tiempo, y es que ARENA tiene esos problemas. GANA aparece con gente más joven salida de ARENA. La prueba electoral de GANA está pendiente y el sentido de la democracia procedimental es que los actores se midan electoralmente. Ahí vamos a ver qué pasa con GANA.

Dentro de esos movimientos políticos y teniendo en cuenta que usted cataloga a la cúpula del FMLN como de derecha, ¿no encuentra que hay un espacio a ocupar en la izquierda por un movimiento que, dentro de los que usted llama democracia procedimental, pueda incorporar todo el pensamiento teórico del que hablábamos antes?

No, porque la cúpula del FMLN enriquece a la derecha. El FMLN es la izquierda de la derecha y ARENA es la derecha de la izquierda, se corresponden y los dos son los pilares del régimen político. No requieren de un nuevo pensamiento, y no se dan cuenta que su pensamiento está derrotado. La izquierda necesita como primer paso la construcción de una visión del mundo independiente y libre de la visión del mundo de la derecha, que sigue siendo la dominante. Y uno ha de superar el fenómeno en virtud del cual el pobre come como pobre, trabaja como pobre, duerme como pobre, bebe como pobre, hace el amor como pobre, rápido y nervioso, pero piensa como rico. Por eso es que la pelea es extensa y es de todos los días.

BERNABÉU ALMUDENA, LA ABOGADA DE LOS CASOS DIFÍCILES.

2011-09-01T08:27:00.000-07:00

Del caso Pinochet en Chile y los “vuelos de la muerte” en Argentina, al juicio contra la ex cúpula militar de El Salvador por la masacre de seis jesuitas.

Por Víctor Flores García

Fuente: CONTRAPUNTO.

MÉXICO DF – Almudena Bernabéu es una joven abogada española, nacida en Alicante, quien a sus 39 años ya ha participado en los casos más exitosos en busca de los responsables de crímenes de lesa humanidad en América Latina, enarbolando el criterio jurídico de la justicia universal, según la cual los crímenes de lesa humanidad nunca deben declararse cerrados o prescritos, y deben perseguirse hasta el final.

A los 26 años colaboró en el proceso que puso tras las rejas en Londres, en 1998, al dictador Augusto Pinochet (1915-2006). Almudena también se desempeñó en la parte acusadora del militar Adolfo Scilingo, uno de los responsables de los “vuelos de la muerte” en Argentina, en los cuales muchos prisioneros políticos argentinos fueron lanzados al mar desde aviones militares durante la dictadura (1976- 1983).

Años después, en 2006, junto con un grupo de mujeres abogadas especializadas en derechos humanos, logró la reapertura de la investigación del genocidio en Guatemala ante la Audiencia Nacional Española, e incluir, por primera vez en la historia en un tribunal español, la violación masiva de mujeres como un genocidio cometido en el país centroamericano entre 1960 y 1996.

Ahora, como abogada estelar del Center for Justice & Accountability (Centro por la Justicia y la Responsabilidad, con base en San Francisco) está de nuevo bajo los reflectores, al frente de la querella en la Audiencia Nacional Española contra los asesinos de seis sacerdotes jesuitas, encabezados por el filósofo Ignacio Ellacuría, una empleada y su hija; y tiene en la mira por el mismo caso al ex presidente Alfredo Cristiani (1989-1994).

La jurista ha logrado que un juez de la Audiencia Nacional de España emitiera a

Almudena Bernabéu en rueda de prensa poco después de presentar la querella en España por el Caso Jesuita

finales de julio una orden internacional de detención que hizo que nueve ex altos jefes militares, tres generales incluidos, se refugiaran 20 días en un cuartel.

El presidente Funes había adelantado en una entrevista reciente en México que “con o sin amnistía, si la orden de detención decretada por el juez Eloy Velasco de la Audiencia Española se hace efectiva en el país, esos jefes militares van a tener que ser detenidos por la policía, siguiendo un procedimiento que viene desde la Interpol y vamos a tener que solicitar la autorización de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para decidir si se pueden o no extraditar”.

Cuando llegó la alerta roja de Interpol, el jueves 4 de agosto, los militares se adelantaron a la captura y se presentaron por su propia voluntad a un cuartel militar, el domingo 7.

El Presidente los dio por “arrestados” y los puso en manos del poder Judicial. La Corte Suprema de Justicia resolvió el jueves 24 de agosto que los ex militares resguardados en una brigada militar no pueden ser capturados, porque la alerta roja emitida por Interpol fue solo para la “localización” y no con fines de captura para su extradición a España.

La abogada habla en esta entrevista de su papel, en éste y otros casos, como acusadora de criminales de delitos contra la humanidad en América Latina.

¿Cuál ha sido su experiencia en casos de violaciones a los derechos humanos en América latina?

Comencé a trabajar en el Centro para la Justicia y la Responsabilidad (CJA, en inglés) en 2002, cuando se logró ganar el primer caso civil contra dos ex ministros de Defensa de El Salvador, los generales Guillermo García y Eugenio Vides Casanova, acusados en Florida, gracias a que en Estados Unidos se aplica la justicia universal por la vía civil. Tomé además el caso del asesinato de Monseñor Romero, contra uno de los involucrados en la conspiración para matarlo, el capitán Rafael Saravia, que estaba viviendo en California; y otro contra el coronel salvadoreño Nicolás Carranza, que estaba viviendo en Memphis.

Antes del caso de Monseñor Romero y del caso de genocidio en Guatemala, por ser española y por tener un interés legítimo, busqué participar en casos penales que se estaban llevando en el país. Por ejemplo, eché una mano en lo que pude en el Caso Pinochet, en el que ofrecí acceso a cierta documentación y testimonios que se habían obtenido de parte de la comunidad refugiada chilena en Estados Unidos. Puse esos documentos a disposición del abogado Joan Garcés, jurista que fue abogado de la acusación en España contra Augusto Pinochet. Luego me involucré en un caso relacionado con la dictadura en Argentina, apoyé a los testigos que viajaron a España a rendir testimonio contra el militar Adolfo Scilingo, por las torturas cometidas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) de Buenos Aires, en particular con el caso de los “vuelos de la muerte” en los que los detenidos fueron lanzados al mar.

¿Cómo fue su participación en contra de los responsables de los “vuelos de la muerte” en Argentina?

Me involucré en el caso de Adolfo Scilingo, un militar argentino condenado por crímenes de lesa humanidad que se desempeñó como oficial de marina de guerra durante la dictadura militar (1976-1983). Ese militar confesó ante el juez español Baltasar Garzón haber participado en dos “vuelos de la muerte” en los cuales muchos prisioneros fueron arrojados al mar y fueron desaparecidos. Se le llevó a juicio en España y solicité colaborar. Yo tenía otra metodología y me hicieron un huequito en el equipo para ayudar sobre todo con los testimonios de las mujeres en temas de violaciones y otros temas más complejos de abordar para los hombres.

¿Por qué se propuso usted tomar el caso de los seis sacerdotes jesuitas asesinados junto con dos empleadas por tropas de élite del ejército de El Salvador en 1989?

Por ese camino, irremediablemente, llegué a El Salvador. Mi corazón, desparramado por El Salvador, que es para mí un país muy especial, junto con la credibilidad que obtuvieron los casos civiles en Estados Unidos y mi trabajo en España, me llevó a plantear la posibilidad de reabrir el caso de los seis jesuitas asesinados por el ejército en 1989. Esto ocurrió una vez que había concluido, negativamente, el esfuerzo que lideró en el año 2000 la Universidad Centroamérica (UCA, que dirigieron los seis jesuitas por tres décadas hasta ser asesinados). Por una artimaña legal, un juez sentenció en El Salvador que habían transcurrido más de 20 años del crimen y el caso fue declarado prescrito, cerrado. Tras muchas reuniones con mis colegas de la UCA y de su Instituto de Derechos Humanos (IDHUCA) decidimos que la querella sería enfilada contra el Alto Mando del Ejército salvadoreño y el Presidente Alfredo Cristiani (1989-1994), por el delito de encubrimiento. (En 1991 el coronel Guillermo Benavides y el teniente Yussi Mendoza fueron sentenciados como responsables de la masacre y liberados en 1993 por una Ley de Amnistía decretada al final de la guerra civil, tras los Acuerdos de Paz firmados en el Castillo de Chapultepec, en enero de 1992). Los jesuitas decidieron apoyar logística y técnicamente un esfuerzo legítimo que se podía llevar ante los tribunales españoles. Fue un noviazgo de tres años y medio, de conversaciones, de reuniones desde 2005. Finalmente, la querella se interpuso en octubre de 2008, algo que no se habría hecho sin el apoyo de los jesuitas de la UCA, de mi socio en España, Manuel Olle, y de la Asociación Pro Derechos Humanos de España.

Su antecedente como abogada en el caso del asesinato del Arzobispo Oscar Romero fue decisivo para llegar al caso de los jesuitas…

Sí, sin duda, fue un caso que dio mucho de sí. Habíamos conseguido cosas poco esperadas y hasta inverosímiles. Encontramos al conductor del auto de los asesinos y él accedió a testificar. Tuve conversaciones con el capitán Rafael Saravia, quien fuera mano derecha del mayor Roberto D’Abuisson (fundador del derechista partido Alianza Republicana Nacionalista, ARENA) en la preparación del asesinato del Arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, en 1980, y dio su testimonio en Estados Unidos. Fue en esos días que se forjó mi perfil de abogada en contra de los responsables de estos crímenes.

¿Se puede reabrir el caso de Monseñor Romero?

Sí se podría, si alguno de los imputados aparece de nuevo, ya no como un caso civil sino como un caso penal, en El Salvador, o en España si aparece uno de los imputados en España.

¿Dónde está ahora el capitán Saravia?

Estuvo escondido en las montañas de Honduras, estuvo en contacto con nosotros y acabó hablando con la prensa, con el periódico electrónico El Faro, porque el capitán Saravia quería negociar la producción de un libro. En ese tema no participé porque no era mi lugar como abogada demandante. Creo que está fuera de Honduras y se rumorea que está de vuelta escondido en Estados Unidos.

Los defensores de los militares argumentan que la querella no fue presentada por los familiares de los jesuitas asesinados, sino un grupo de abogados de California que utilizó a una ONG española y la califican como una “intromisión” en el proceso de reconciliación de El Salvador.

Lo dicen por ignorancia. En España existe una figura jurídica que es la acusación popular, está en la Constitución y la ley de enjuiciamiento criminal. Esta figura ofrece la posibilidad de que instituciones legítimas con interés público y responsabilidad pueden abrir el proceso; no cualquier hijo de vecino. Mi vida profesional entre España y Estados Unidos permitió que dos prestigiosas instituciones, la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) de España, de la que soy vicepresidenta, y CJA de EEUU, ejercitaran el interés legítimo para el enjuiciamiento por un crimen de lesa humanidad.

¿Cuál es el argumento legal para declarar este crimen como crimen de lesa humanidad, que no prescribe nunca?

Se trata de un crimen de tal envergadura, gravedad e importancia que, por consenso, los estados han decidido que su investigación y persecución es obligación de todos y cada uno ellos, nunca prescribe.

Almudena Bernabéu: con un familiar sobreviviente de las víctimas del genocidio en Guatemala.

La defensa de los acusados dice que la legislación española no puede ser de competencia en El Salvador y la califican de una intromisión en la soberanía nacional…

De nuevo cometen un error. España está aplicando un principio que también existe en El Salvador, que es el principio de justicia universal, basado en la naturaleza del crimen. Eso está recogido en las leyes de ambos países y de muchos más. Es la relevancia del crimen lo que permite que los tribunales españoles, o de cualquier otro Estado, deban y puedan investigar el crimen de los jesuitas. Además, no es el único elemento; pero abunda que cinco de los seis jesuitas asesinados eran de nacionalidad española de origen, aunque después adoptaron la nacionalidad salvadoreña.

¿No hay entonces intromisión ni violación de la soberanía?

Para nada. Es más, El Salvador tiene las mismas obligaciones ante el derecho internacional, la diferencia es que España las pone en práctica y El Salvador las ignora.

La defensa argumenta que este caso ya fue juzgado una vez, en 1991, cuando fue responsabilizado el coronel Guillermo Benavides, luego liberado gracias a una ley de amnistía de 1993. ¿Por qué el juez español Eloy Velasco aceptó que aquel proceso fue fraudulento?

Nosotros alegamos en nuestra querella inicial que hubo irregularidades y sospechas respecto de la conclusión de esos procesos. Eso es independiente de la rectitud de los jueces, que se encontraron bajo presiones y circunstancias que les impidieron cumplir su función. Y ese argumento ha tenido que ser investigado y corroborado por el juez Velasco. Él lo ha hecho y así lo ha declarado en su auto de procesamiento de mayo pasado, que los procesos anteriores son fraudulentos.

¿Qué documentos presentó la acusación para probar que el juicio fue fraudulento?

Para probarlo ante el juez presentamos una serie de elementos de prueba, documentos y testimonios. Presentamos una copia íntegra del proceso y pruebas testificales. Todos los observadores internacionales y congresistas de diversos países durante el proceso de 1991 y 1992, estuvieron testificando en Madrid: el ex embajador de España y ex titular del Congreso español, Fernando Álvarez de Miranda, miembros de las familias; el ex fiscal del caso, Sydney Blanco, quien hoy es juez de la Corte Suprema de Justicia; Henry Campos, quien hoy es viceministro de Justicia. Todos narraron con detalle las irregularidades del proceso. Al juez Velasco no le quedó ninguna duda que ese proceso fue fraudulento.

Hubo otro intento de reabrir el caso en 2000 y un juez dictaminó la caducidad de la causa. ¿En qué basó la parte acusadora la ilegalidad de ese fallo?

En que habiendo superado la aplicación de la Ley de Amnistía, al conseguir un triunfo cuando la Corte Suprema dijo que esa amnistía no aplica a violaciones de derechos humanos (como el crimen de los jesuitas), ese juez declaró, sin embargo, que el crimen de los jesuitas había prescrito. Fue una charlotada canalla y cobarde.

El presidente Mauricio Funes dijo que la Ley de Amnistía no se aplica en el caso de los jesuitas ni en el de Monseñor Romero. ¿Puede la Corte Suprema de Justicia aceptar la amnistía como argumento de la defensa?

La Amnistía no aplica, porque el caso reúne las características de un crimen de lesa humanidad, de una violación de derechos humanos. Así lo ha declarado también repetidamente Naciones Unidas. La Ley de Amnistía general de El Salvador es contra derecho, sirvió una función específica en 1993, pero hoy no es más que una ley de impunidad que no deja avanzar a El Salvador.

¿Por qué es diferente ese crimen a otros de la guerra civil de 12 años (1980-92)?

Creo que ese crimen, como el de Monseñor Romero, es diferente a otros crímenes no por la calidad de las personas. Son distintos debido al elemento simbólico y político de esos asesinatos, de personas quienes daban esperanza. Fue como asesinar, matar, desaparecer dos veces al pueblo salvadoreño, es el deseo de destrucción máximo, de perpetuar su dolor.

El partido ARENA, del ex presidente Cristiani, que gobernó 20 años (1989 -2009), argumentó que hay crímenes contra líderes de la derecha que podrían ser considerados de lesa humanidad; pero que no van a reclamar; y que este caso está amnistiado desde 1993 e “impide la reconciliación”.

Si quieres que te diga la verdad, creo que eso es demagogia. Ellos se han montado una película inaceptable apelando al perdón y la reconciliación. Quien debe perdonar es la víctima, no el victimario. No entiendo de qué reconciliación habla el señor Cristiani, ni quiénes son los reconciliados. Desde hace 10 años que trabajo en El Salvador y con salvadoreños, lo que el pueblo quiere es justicia. Y sobre todo quieren la inclusión, la consideración, y la reparación que ella conlleva.

Hubo un antecesor del padre Ignacio Ellacuría en la cátedra de filosofía de los jesuitas, el padre Francisco Peccorini, considerado ideólogo de la derecha. Fue asesinado por la guerrilla en marzo de 1989, el mismo año de la masacre de los seis jesuitas. ¿Podría ser este un delito de lesa humanidad?

La gente se confunde con pensar que las muertes de un lado son más o menos justas que las del otro. Este es un problema de rigor jurídico: los crímenes son crímenes, los asesinatos son asesinatos y la brutalidad es la brutalidad, la cometa quien la cometa. Pero hay un elemento fundamental para definir un crimen de lesa humanidad: tienen que emanar del Estado, del poder del Estado. Porque se presume que quien accede a la maquinaria, y al presupuesto público de un Estado, tiene el deber de proteger a sus ciudadanos y procurar el bien común; pero, en lugar de eso, los mata. Por eso, que un ejército mate, desaparezca, reprima nunca puede ser lo mismo a que un grupo rebelde o un individuo asesine.

No nos confundamos: los crímenes en todas las legislaciones los definen sus elementos y circunstancias en que se cometieron, y nunca será lo mismo matar desde el poder establecido que desde una situación de resistencia.

¿Los grupos rebeldes no cometen delitos de lesa humanidad?

Desde un punto de vista jurídico estricto no. Un grupo rebelde que se subleva y resiste ante el Estado, como ETA en España, comete crímenes gravísimos y aberraciones. Puede cometer un crimen de guerra (como parte beligerante), no quiero aminorar los crímenes que esos grupos armados cometen. Pero el que tiene el deber de proteger a sus ciudadanos y en lugar de eso lo que hace es reprimirles, desaparecerles y matarles, es un Estado criminal. Eso es lo que dice el Estatuto de Roma. Hay que salir de la dialéctica confusa destinada a confundir a la gente de que intentamos perdonar los crímenes de la izquierda y aumentar los de la derecha. Eso es una barbaridad, los crímenes son crímenes, pero las circunstancias en las que se cometieron son claves para poder investigarlos y perseguirlos con rigor y conforme a las leyes.

¿Cuando la red extremista islámica Al Qaeda estrelló hace diez años los aviones pilotados por suicidas contra las Torres Gemelas de Nueva York, no cometió un crimen de lesa humanidad?

Cometieron una salvajada; pero de acuerdo con la definición de los crímenes de lesa humanidad del Estatuto de Roma, si no ha habido una participación de un Estado, no es estrictamente un crimen de lesa humanidad.

Las ejecuciones de alcaldes, políticos y funcionarios que cometió la guerrilla durante la guerra civil, que fueron un cinco por ciento del total según la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, ¿no fueron crímenes de lesa humanidad?

Yo los calificaría como crímenes de guerra contra la población civil, y como tales, gravísimos y proseguibles internacionalmente.

¿Si la Corte Suprema de Justicia dictamina que el ex alto mando del Ejército no es extraditable, está obligada o procesarlos en El Salvador?

Exactamente. En caso contrario estaría violando tratados y obligaciones internacionales suscritas por el Estado salvadoreño. Las opciones son dos: o extraditas o procesas en tu país. Es una oportunidad de oro para ir hacia adelante, fortalecer instituciones del Estado democrático, como está ocurriendo en Argentina, en Chile, que eliminaron las leyes de amnistía para hacer las paces con el pasado, a partir de enfrentarlo, de sentar en el banquillo a los responsables, de rechazar el “borrón y cuenta nueva”.

La Corte Suprema de Justicia resolvió el miércoles 24 de agosto que los ex militares resguardados en un cuartel militar no pueden ser capturados, dado que la alerta roja emitida por Interpol fue solo para la “localización” y no con fines de captura para una extradición. ¿Cuál es su análisis de la resolución?

Hay dos flagrantes errores en la resolución de la Corte Suprema. Primero, dice que no hay autoridad española ni representante del Estado español que hay solicitado la detención de estas personas. Hay órdenes individuales cursadas en un formulario público, utilizado en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Por lo visto, en El Salvador es el único país donde no lo reconocen. Es un documento que solicita la detención, lo firma exclusivamente el magistrado de la Audiencia Nacional a cargo del proceso, el juez Eloy Velasco, así lo indica el documento que salió del juzgado español vía Interpol en España y que llegó a manos de la autoridad competente salvadoreña.

En segundo lugar, la CSJ dice que no ha habido una detención o una solicitud de detención con fines de extradición. Pero ese es un procedimiento mucho más estandarizado de lo que la autoridad judicial salvadoreña quiere presentarle al mundo. Es muy sencillo: es un acto firmado por un juez, que no es administrativo, tiene carácter judicial, es una alerta roja, y para que pueda surtir efecto hay una orden, una petición de detención emanada de la autoridad competente que es el juez Velasco. Ellos no pueden decidir si el caso está cerrado o no. Deben responder formalmente a la autoridad española, no solamente por las obligaciones nacionales sino por un Tratado de Extradición suscrito por ambos países, todo lo demás es especulación y ruido.

PRONUNCIAMIENTO DE LA UCA ANTE EL CASO JESUITAS

2011-09-01T07:55:00.000-07:00

Pronunciamiento ante los acontecimientos nacionales derivados del avance del Caso Jesuitas en la Audiencia Nacional de España

El 30 de mayo fue girado por el juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional de España, el auto de procesamiento contra veinte militares de la Fuerza Armada de El Salvador, acusados de ser los responsables de la masacre perpetrada en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, en la que murieron 6 sacerdotes jesuitas y dos mujeres laicas. Esta acción del juez español y la posterior difusión de la nota roja girada por la Interpol han desatado una multitud de comentarios y posiciones que hacen necesario que la UCA se pronuncie ante este acontecimiento y su impacto en la realidad salvadoreña.

La sociedad salvadoreña ha recibido una información muy sesgada sobre el caso; los grandes medios de comunicación social han favorecido en su cobertura las opiniones y argumentos que afirman que el hecho ya ha sido juzgado, que ya prescribió, que la ley de amnistía impide cualquier juicio, que la Audiencia Nacional no tiene competencia, que el caso supone abrir las heridas del pasado y que la paz está por encima de la justicia. La mayor parte de estas opiniones no responden a la realidad, sino a la defensa de intereses particulares, en especial de los intereses de los que en los años de la guerra decidieron y planificaron masacres contra el pueblo salvadoreño —cuando su deber era defenderlo— y que hasta la fecha han sido protegidos por el Estado. Estas posiciones están contribuyendo a mantener la impunidad por encima de la verdad y de la justicia.

La principal objeción que se le hace al juicio es que la Audiencia Nacional no tiene jurisdicción internacional y que con sus acciones está atentando contra la soberanía jurídica nacional. Los que esto afirman desconocen la existencia del principio de justicia universal, el cual ha sido aceptado por El Salvador. La legislación salvadoreña reconoce este principio de universalidad en el artículo 10 del Código Penal.Según dicho artículo, El Salvador puede promover un juicio contra los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, incluso si los crímenes sucedieron fuera de nuestras fronteras y con independencia de la nacionalidad de los autores. De igual manera, amparada en dicho principio, la Audiencia Nacional de España ha promovido un juicio contra aquellas personas que cometieron un crimen de lesa humanidad fuera del territorio español. Es importante tener en cuenta que la Audiencia no hubiera podido abrir el juicio si el caso se hubiera resuelto en El Salvador.

La UCA ni ha promovido ni es parte del proceso que sigue la Audiencia Nacional de España, pues nuestro principal interés es que el sistema judicial salvadoreño funcione y sea capaz de impartir verdadera justicia. Respetamos profundamente el derecho de las víctimas a buscar justicia donde se les escuche y puedan obtenerla. Derecho por el cual las instituciones de El Salvador tienen la obligación de actuar de acuerdo a los tratados internacionales suscritos, apegándose al derecho internacional y no protegiendo a los acusados. En el auto de procesamiento, el juez Velasco confirma la teoría de que se conspiró e instigó para asesinar a ocho personas no combatientes e indefensas, y las razonables sospechas de que esas ejecuciones fueron parte de una operación militar ordenada y dirigida desde el más alto nivel castrense, junto con la colaboración civil para su encubrimiento. Esto no puede ser obviado por las autoridades salvadoreñas si quieren ser respetuosas del Estado de derecho.

Tampoco es verdadero que el caso ya ha sido juzgado. Solo fueron juzgados los hechores materiales de la masacre, y en condiciones nada favorables para establecer justicia, producto de lo cual varios de ellos fueron absueltos y los que fueron declarados culpables recibieron una condena que no se correspondía con la gravedad del crimen. A pesar de ello, en aquel momento, la UCA y la Compañía de Jesús, como un acto de buena voluntad, aceptaron dicho juicio. Sin embargo, el juez Eloy Velasco considera que el proceso fue fraudulento y que, en consecuencia, no es válido. Además, los autores intelectuales, las más altas autoridades de las Fuerza Armada de aquel momento, los que planificaron y ordenaron la masacre, los que en su momento fueron señalados por la Comisión de la verdad como responsables de aquel horrendo crimen, nunca han sido sentados en el banquillo de los acusados. Ciertamente, hubo un intento de iniciar un juicio contra ellos, pero la jueza del Tercer Juzgado de Paz decidió que no era procedente bajo el argumento de que el crimen ya había prescrito, contraviniendo así el artículo 37 del Código Procesal Penal, que afirma que este tipo de crímenes no prescriben si no han existido las condiciones para promover la acción penal.

Otro de los argumentos esgrimidos para evitar la justicia ha sido que la ley de amnistía libra a los hechores de toda responsabilidad. Esta afirmación es falsa, pues ya la Sala de lo Constitucional sentenció, el 26 de septiembre de 2000, que dicha ley no cubre crímenes cometidos por funcionarios del mismo Gobierno que la emitió. De acuerdo al artículo 244 de la Constitución, “la violación, la infracción o la alteración de las disposiciones constitucionales serán especialmente penadas por la ley, y las responsabilidades civiles o penales en que incurran los funcionarios públicos, civiles o militares, con tal motivo, no admitirán amnistía, conmutación o indulto, durante el período presidencial dentro del cual se cometieron”.

Por otra parte, se ha dicho que el juicio a los autores intelectuales de la masacre en la UCA implica reabrir las heridas del pasado. Es lamentable y absurdo que quienes afirman esto no sean las víctimas del conflicto armado, sino sus principales actores, los que impulsaron la guerra y la defendieron como la única solución posible al conflicto nacional. No se puede olvidar que el partido Arena, el entonces presidente Cristiani y el Ejército solo aceptaron el diálogo y la negociación como la solución al conflicto hasta que la presión internacional —especialmente, el cese de la ayuda militar de Estados Unidos— les obligó a ello. Contrariamente, el P. Ellacuría fue uno de los principales promotores del diálogo por la paz y de la necesidad de buscar una solución no militar al conflicto.

Las heridas de las víctimas y sus familiares siguen abiertas porque la sociedad salvadoreña no ha hecho nada para curarlas y cerrarlas. No se han pensado ni buscado caminos de reconciliación. La amnistía, que fue precipitada en el tiempo y en su enfoque, no hizo desaparecer la cultura de la impunidad, sino que la reforzó. Durante siglos, esta perniciosa cultura ha hecho intocables a los poderosos y les ha facilitado seguir acumulando riqueza y poder. El Nuevo Testamento dice que “la raíz de todos los males es la ambición del dinero” (1 Tim 6,10). Junto a la codicia, la impunidad es hoy raíz muy principal de la violencia, la injusticia, la mentira y la corrupción que el país padece.

Es preciso reconocer sin ambages que la guerra fue provocada por la búsqueda popular de un país más justo y la represión despiadada por parte de la oligarquía, el Gobierno, los cuerpos de seguridad y los escuadrones de la muerte. Que los principales responsables reconozcan con humildad sus delitos y pidan perdón por ellos a las víctimas y a la sociedad entera serían pasos trascendentales para iniciar el proceso de cerrar las heridas que siguen sangrando en miles de salvadoreños y salvadoreñas. Sin reconocer la verdad sobre hechos tan bárbaros, no es posible avanzar hacia una reconciliación profunda y verdadera.

Por ello, es del todo falso también que la verdad y la justicia puedan conducir al caos. Por el contrario, al tratarse este de un caso símbolo de los innumerables asesinatos de los años ochenta y noventa, con el que se identifican además muchas de las víctimas, su esclarecimiento y la aplicación de justicia ayudarían a cerrar heridas y encontrar caminos de reconciliación. Muchas víctimas y familiares de víctimas se han manifestado en este sentido. Conocer la verdad y que al menos una vez sean tenidos por culpables los que desde el Estado impusieron el terror y la violencia, puede ser auténticamente reparador para una sociedad en la que ha prevalecido la impunidad.

La UCA está plenamente dispuesta al perdón. Pero siguiendo la tradición cristiana y católica, el proceso de reconciliación implica tres fases sin las cuales no es posible el perdón. Se requiere, en primer lugar, la verdad; en segundo lugar, la justicia; y posteriormente viene el perdón. Es decir, es necesario saber no solo qué, sino también a quién se está perdonando. Por ello, en el caso de que se reconozca el crimen ante la justicia, estamos dispuestos, en nombre de la reconciliación, a solicitar un inmediato indulto de cualquier pena que fuera aplicada.

Queremos dejar bien claro que el llamado Caso Jesuitas, en el que siempre han estado presentes e incluidas Julia Elba y su hija Celina, no es para nosotros una cuestión de honor. Mucho menos asumimos que tenga más importancia y/o prioridad que otros casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por las autoridades del Estado salvadoreño. La UCA quiere que se conozca la verdad y se haga justicia en todos los casos en que sea posible, independientemente de la ideología y el color político de sus hechores. El caso de los jesuitas, Julia Elba y Celina es solamente el que está a nuestro alcance, el que nos corresponde como parte doliente, aunque cierto es que de esclarecerse allanaría el camino para la solución de otros muchos.

Nos preocupa que en este debate algunas voces hayan opuesto la justicia y la paz, o la verdad y la paz. No compartimos esta posición, porque ambas realidades van estrechamente unidas: no puede haber paz sin justicia y la justicia conduce a la paz. La sagrada escritura lo confirma plenamente. Hablando de la restauración después de una catástrofe (como catástrofe fue la guerra y restauración la que seguimos necesitando luego del cese del conflicto armado), el profeta Isaías dijo: “Sobre nosotros se derramará el espíritu desde arriba. Entonces el desierto se transformará en vergel, y lo que ahora es llamado vergel será tenido por terreno baldío. En el desierto acampará el derecho, en el jardín descansará la justicia. La obra de la justicia será la paz y los frutos de la justicia serán tranquilidad y seguridad para siempre. Mi pueblo vivirá en habitaciones buenas, en barrios seguros, en lugares tranquilos” (Is 32, 15-18). Para el pueblo de Dios, nunca ha existido contradicción entre justicia y paz, ni entre verdad y paz.

En la misma dirección, el Concilio Vaticano II afirma en Gaudium et Spes: “La paz no es la mera ausencia de la guerra, ni se reduce al solo equilibrio de las fuerzas adversarias, ni surge de una hegemonía despótica, sino que con toda exactitud y propiedad se llama ‘obra de la justicia’” (GS 78). También la doctrina social de la Iglesia recoge la misma posición: Pablo VI, en su encíclica Populorum Progressio, retomando el Concilio afirma: “La paz se construye día a día, en la instauración de un orden querido por Dios, que comporta una justicia más perfecta entre los hombres” (PP 76).

Estamos convencidos, pues, de que la paz solo se puede construir desde la justicia y el amor. La UCA no puede aceptar moralmente la resolución del pleno de la Corte Suprema de Justicia que obliga a dejar libres a los militares inculpados en el caso. Y no puede hacerlo porque es una decisión política que no está apegada a derecho. Es una decisión que irrespeta el derecho vigente en El Salvador y el derecho internacional. Es una decisión que está fundamentada en la mentira. No podemos aceptar de ningún modo que se manipule la ley y que en la aplicación de la misma se hagan acepción de personas. Esta resolución del pleno de la Corte Suprema de Justicia no solo ha desacreditado al más alto tribunal del país; ha dado patente de corso a la impunidad y ha puesto en tela de juicio su capacidad para impartir justicia. Que el Presidente de la República se sienta satisfecho por esta resolución del pleno de la Corte nos produce mucha tristeza, pues con esa posición se pone del lado de aquellos que están dispuestos a impedir que resplandezca la verdad y la justicia, frustrando las esperanzas de cambio que prometió al país.

Si buscar justicia es un problema en una sociedad, algo anda mal en la misma, pues son los tribunales el lugar apropiado para ventilar las injusticias. Si presentar una demanda resulta inadmisible porque abre heridas en la parte acusada, entonces habría que prescindir del sistema judicial, puesto que todo proceso es doloroso para las partes enfrentadas. La justicia se administra en los tribunales, no en las calles, ni a gritos, ni con balas. Por eso, toda aquella persona que se considere víctima de una injusticia debiera poder presentar su demanda ante un juez. La administración de justicia independiente no representa ninguna amenaza, excepto para sus transgresores y para quienes todavía están dispuestos a utilizar la fuerza para imponer su ley. Los que en estos días han alertado del peligro de volver a una guerra desconocen la voluntad de paz de la mayoría del pueblo salvadoreño e insisten neciamente en vivir fuera de época.

En este marco, es oportuno recordar a monseñor Romero, cuyo asesinato también debe ser esclarecido. En pleno conflicto, nuestro arzobispo mártir invitaba a toda la sociedad salvadoreña a ser constructora de la paz, “una paz que se construye en la justicia, en el amor y en la bondad” (homilía del 31 de diciembre de 1977).

Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”

San Salvador, 30 de agosto de 2011

(Dado a conocer en la Cátedra de Realidad Nacional, en el Auditorium Ignacio Ellacuría, de la UCA, el 30-08-2011)

CANTO AL MAÍZ

2011-08-31T07:41:00.000-07:00

Blanca Lilian Rodríguez

(Primer Festival del Maíz. Parroquia El Calvario, San Vicente, 30-31 de julio de 2011)

Te he visto en la tierra y el llano

ondulando las verdes espadas

que custodian el pan de mi raza.

Ya luego maduro:

te conducen alegre

a estrenar otra casa.

III

Tu aposento es la troje;

tu misión es ser masa

combatir el hambre

de todo aquel que come

tu sagrada sustancia

¿Por qué no cantarte

mi amigo del alma?

Si eres la vida,

la soñada esperanza

el regalo de Dios

convertido en mazorca.

¿Por qué no cantarte

sabiendo que has sido:

la sonrisa, el contento

de aquel que te planta?

¿Por qué no cantarte

los sencillos versos

que cantan:

del insigne misterio,

de tu origen,

del fin que persigues

y de tus hazañas?

VII

¿Por qué no cantarte

si eres espada

que lucha contra el hambre

sin verter una gota de sangre,

en esa batalla?

VIII

¡Bendito seas MAIZ!

También bendita

la Diosa primavera

me siento feliz

de venir a cantarte,

a esta mi iglesia.

"EL HOYO DEL POLLO"

2011-08-29T19:35:00.000-07:00

Así puede denominarse el objeto de la denuncia hecha por el blog El Calvario respecto de un hoyo de alcantarilla ubicado frente al restaurante Pollo Campero (Ciudad de San Vicente), lugar de mucho tránsito de vehículos y personas. Este tipo de tapadera son robadas con mucha frecuencia por los traficantes de metales.

¿A quién le corresponde cerrar el hoyo del pollo?

DON JUSTO Y DOÑA JUSTA

2011-08-26T12:10:00.001-07:00

LA JUSTICIA ES CIEGA Y, EN EL SALVADOR, SIN POSIBILIDADES DE RECUPERACIÓN

2011-08-25T07:32:00.000-07:00

La CSJ tardó tres semanas en dar una respuesta acerca de los militares acusados de asesinar a los jesuitas de la UCA, un tiempo normal para un país poco acostumbrado a proceder con diligencia en materia judicial y de derechos humanos.

El Salvador es el paraíso de la impunidad.

La confusión aparece más evidente cuando uno lee notas como la de The Associated Press, en la pluma de Jorge Sainz:

MADRID (AP) — La justicia española aseguró el jueves no tener constancia de que se hayan producido detenciones relacionadas con la matanza de jesuitas en 1989 y pidió a El Salvador que clarifique los últimos acontecimientos.
La Corte Suprema de Justicia salvadoreña denegó el miércoles al juez español Eloy Velasco, que instruye el caso, el pedido de capturar a nueve militares retirados salvadoreños presuntamente implicados en el asesinato de los sacerdotes, cinco de ellos españoles.
Además, la Corte señaló que el país ibérico no había solicitado la extradición de los militares. Los nueve acusados se entregaron voluntariamente a principios de agosto, pero no fueron formalmente ni arrestados ni encarcelados.
En ese sentido, el juzgado de Velasco aseguró no tener constancia de tales detenciones, y a través del Ministerio de Justicia español envió un documento oficial a El Salvador para que explique los últimos acontecimientos.
En el documento, Velasco pide que se clarifique "la situación jurídica de los nueve militares procesados, si están en situación de detención preventiva y, de estar detenidos, en qué lugar y bajo la autoridad de qué juez".
El magistrado también preguntó a la Corte Suprema salvadoreña si ha iniciado o no el proceso de extradición.
Sobre la extradición, un portavoz de la Audiencia Nacional explicó a The Associated Press que las órdenes internacionales de captura a través de Interpol se cursan a "fines de extradición", en este caso a Madrid. Pero precisó que no se puede tramitar dicha extradición si el juzgado no está debidamente informado de la captura del sospechoso.
El portavoz habló bajo condición de guardar el anonimato, de acuerdo con las políticas del departamento.
Los nueve militares que se entregaron en El Salvador fueron identificados como Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Helena Fuentes, Juan Orlando Zepeda, Mariano Amaya Grimaldi, José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Antonio Ramiro Avalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo.
Otro ex oficial implicado en el caso, Inocente Orlando Montano, se encuentra ahora mismo en libertad bajo fianza en Estados Unidos, acusado de un delito migratorio.
Seis sacerdotes jesuitas y dos empleadas de hogar fueron asesinados el 16 de noviembre de 1989 por soldados del ejército durante una ofensiva guerrillera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en plena guerra civil en El Salvador.
En un primer momento, el gobierno salvadoreño intentó culpar a los rebeldes del asesinato. Los sacerdotes jesuitas españoles Segundo Montes, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Armando López, Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López fueron ejecutados de varios tiros en la cabeza tras ser puestos de rodillas en el jardín exterior de la casa en que vivían dentro del campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
Algunos de los militares acusados de pepetrar la matanza fueron juzgados en 1991, pero la mayoría resultaron absueltos. Poco después, tras el final de las negociaciones de paz entre el gobierno y el FMLN, una ley de amnistía promulgada en 1993 enterró definitivamente el caso que ahora ha reabierto España.
Velasco pidió la detención de hasta 20 militares salvadoreños en mayo, imputándoles varios delitos de asesinato terrorista y uno de crimen de lesa humanidad. El magistrado invocó el mismo principio de justicia universal que hace unos años permitió al juez Baltasar Garzón investigar al ex dictador chileno Augusto Pinochet.
El auto de procesamiento culminaba dos años de una larga investigación que inició tras admitir una querella presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España y la organización estadounidense Center For Justice & Accountability (Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas, con sede en San Francisco) con el apoyo de familiares de las víctimas.
Para Velasco, la responsabilidad penal de los acusados no está extinguida a pesar de la amnistía. En el auto de procesamiento de mayo, el juez señala que el asesinato de los jesuitas fue una decisión colegiada que tomaron "varias instituciones del ejército".
Según Velasco, el motivo fundamental de los crímenes fue el papel de liderazgo asumido por los sacerdotes y en especial Ellacuría para favorecer la apertura de un diálogo entre el FMLN y el gobierno que en aquel momento presidía Alfredo Cristiani con el respaldo de Estados Unidos.

"Mal paga el diablo a quien bien le sirve" Capturan a Coronel Inocente Orlando Montano

2011-08-24T10:57:00.001-07:00

Fuente: The Boston Globe.

El Coronel Montano un tiempo defendió los intereses de la política exterior norteamericana, hoy ellos lo capturan para ponerlo a la orden de los tribunales. No por lo crímenes de lesa humanidad, pero para que vaya quedando claro que la mentira es una sombra que persigue a quien la practica.

La transición a la democracia real tiene un precio que se debe pagar: el respeto de la justicia y el derecho internacional. ¿Estamos en condiciones de dar ese paso?

HERIDAS INFECTADAS. Un editorial muy preciso a propósito del caso jesuitas

2011-08-17T12:44:00.000-07:00

Por: Ricardo Ribera.

Fuente: El Faro.

A veces una repentina ventolada, con su acompañamiento de negras nubes, torna lo que era un día apacible en una jornada marcada por la furiosa tempestad, con estruendosos truenos, rayos enceguecedores y lluvia torrencial. Es algo a lo que el trópico nos tiene acostumbrados. Nos sorprende, pero, cuando en la esfera de lo político se reproducen estas mismas características y lo repentino, lo imprevisto y lo dramático se hacen presentes de manera similar a la furia de los elementos, acabando con nuestra tranquilidad.

Y es que ¿cómo estar tranquilo ante los pronunciamientos, comunicados y tomas de postura de los diversos sectores de la derecha? En vez de guardar la prudencia del silencio, ese coro de voces, unas quejumbrosas, otras apocalípticas, con fingida indignación y poco disimulado tono de amenaza las más, han reaccionado a la alerta roja u orden internacional de detención emitida por la justicia española contra una decena de militares, hoy en situación de retiro. Componían el alto mando de la Fuerza Armada cuando se cometió el hecho, calificado de crimen de lesa humanidad y terrorismo por el juez Eloy Velasco, y del que se les acusa por autoría intelectual, es decir, por haber dado la orden de asesinar al rector de la UCA de aquel entonces, Ignacio Ellacuría, y de no dejar testigos vivos. Ocho personas fueron masacradas por elementos del Batallón Atlacatl en cumplimiento de tal orden, de ellas seis sacerdotes jesuitas, cinco de los cuales de nacionalidad española. No es sólo el principio de justicia universal, por tanto, lo que sustenta el proceso en Madrid; también el que hubiera víctimas españolas.

Las airadas expresiones “en defensa de la soberanía”, las voces “contra la intromisión” del juez español en “asuntos internos” y los llamados a “levantar la dignidad nacional” hacen a un lado este aspecto, que es obvio a un observador imparcial, y que distingue este crimen de otros como el de Monseñor Romero, el del Mozote, el caso de la Zona Rosa o el asesinato de alcaldes en la zona nororiental del país. Los familiares, amigos y simpatizantes de los procesados, así como dirigentes o bases de partidos políticos, están en su derecho de hacer cuantas manifestaciones gusten ante la Embajada de España. Pero es contradictorio que utilicen el discurso nacionalista, dado lo inconveniente que resultan dichas marchas para los intereses nacionales, siendo dicho Estado destacado por su cooperación con el país, un socio económico importante y un determinante aliado político en su papel de puente ante la Unión Europea. ¿Es en interés de la nación enemistarnos con España, insultar a su gobierno o despotricar contra su sistema de justicia?

Pueden manifestarse todos los días, si así quieren. Cuanto más lo hagan, pero, más reforzado queda el argumento de que en este país no hay condiciones para un juicio justo que establezca la verdad y emita sentencias si llegan a probarse judicialmente las responsabilidades de estos jefes militares de aquella época. No ayuda a su imagen de “presuntos inocentes” no haber atendido al juez español que les pidió presentarse a declarar y resistir hoy su orden internacional de detención a efectos de extradición, refugiándose en el antiguo cuartel de la Guardia Nacional a fin de evitar ser capturados. Es esta actitud suya la que compromete a la Fuerza Armada, colocada entre la solidaridad propia del espíritu de cuerpo y la legalidad que está determinada a defender y atenta contra el argumento de que no son las instituciones quienes delinquen, sino los individuos. La figura del “resguardo militar” es un invento, ingenioso, del Ministro para salir del paso y disimular que los acusados llegaron pidiendo “santuario” justamente para evadir, no para cumplir, la orden internacional de detención.

Por mí, pueden quedarse indefinidamente en dicho cuartel. Pero es improbable que eso suceda. Dada la correlación que se advierte en el seno de la Corte Suprema de Justicia sería más lógico prever una resolución favorable a los imputados y que puedan salir de las instalaciones militares y regresar a sus hogares. Ampliarían su prisión preventiva a los veinte mil kilómetros cuadrados del territorio nacional, mientras el proceso judicial sigue su curso en España. Esa situación va a mantenerse, tal vez por años, en todo caso no se resolverá antes del próximo proceso electoral.

¿Piensa la derecha llegar a esa coyuntura con dicho tema en las primeras planas? ¿O va a a ser la primera interesada en bajarle perfil y pasar página? En cada evento eleccionario ha aireado el pasado “terrorista” de la izquierda, pero este caso pone en evidencia el “terrorismo” de su propio pasado. Mienten hoy como ayer mentían cuando adjudicaban a la guerrilla la muerte de los jesuitas. ¿Mantendrán la postura de escudarse en la ley de amnistía? Ya la Corte Suprema dictaminó en el 2000 que no es aplicable en el período del presidente Cristiani, es decir, entre 1989 y 1994, porque este gobierno no podía amnistiarse a sí mismo. ¿Seguirán insistiendo en que es cosa ya juzgada? En 1991 se juzgó a los autores materiales pero no a los intelectuales, como se quiere ahora. Además, para los parámetros internacionales este juicio fue una farsa y no existió para efectos legales. ¿Seguirán aferrándose al argumento de la prescripción de los delitos? Los que ha tipificado el juez de la Audiencia Nacional son crímenes imprescriptibles por su gravedad y naturaleza, crímenes contra el género humano, perseguibles en todo tiempo y lugar, como se hizo con los criminales nazis.

El asesinato de los seis sacerdotes y sus dos colaboradoras es uno de los más aberrantes cometidos durante el conflicto y es buena noticia que se avance a hacer justicia, aunque sea dos décadas después. Aunque tenga que ser fuera del país, por la incapacidad o la falta de voluntad del sistema judicial salvadoreño. El que otros crímenes horrendos sigan impunes no puede ser pretexto para ir contra los posibles avances en este caso concreto. Es lo que la mayoría de la población salvadoreña aprecia. Se equivocan los que desde el fanatismo ideológico reviven ahora la parcialidad y el odio que los motivaba en la época de la guerra civil. Sus mismas posturas prueban que las heridas no están cicatrizadas, por el contrario, tienen mal aspecto, están infectadas y abrirlas es el primer paso para proceder a su sanación.

EL JUEZ ELOY VELASCO Y LA MASACRE DE LOS JESUITAS. LA DOCUMENTACIÓN (VII ENTREGA). PARTE DISPOSITIVA.

2011-08-17T07:09:00.001-07:00

SE DECLARA PROCESADOS por esta causa y sujetos a sus resultas a RAFAEL HUMBERTO LARIOS, RENÉ EMILIO PONCE, JUAN RAFAEL BUSTILLO, JUAN ORLANDO ZEPEDA, FRANCISCO ELENA FUENTES, JOSE RICARDO ESPINOZA GUERRA, GONZALO GUEVARA CERRITOS, OSCAR MARIANO AMAYA GRIMALDI, ANTONIO RAMIRO ÁVALOS VARGAS, ÁNGEL PÉREZ VÁSQUEZ, TOMÁS ZARPATE CASTILLO, JOSÉ ALBERTO SIERRA ASCENSIO, INOCENTE ORLANDO MONTANO, GUILLERMO ALFREDO BENAVIDES, JOAQUÍN ARNOLDO CERNA FLORES, CARLOS MAURICIO GUZMÁN AGUILAR, HÉCTOR ULISES CUENCA OCAMPO, OSCAR ALBERTO LEÓN LINARES, CARLOS CAMILO HERNÁNDEZ BARAHONA y RENÉ YUSSHY MENDOZA VALLECILLOS, como responsables de ocho delitos de asesinato terroristas y un delito de crimen de lesa humanidad o contra el Derecho de gente, debiendo entenderse con los mismos las sucesivas diligencias en el modo y forma previsto en la Ley, y a quienes se les hará saber esta resolución, enterándoles de los derechos que le concede.

Averígüese el actual domicilio y paradero de GUILLERMO ALFREDO BENAVIDES, JOAQUÍN ARNOLDO CERNA FLORES, CARLOS MAURICIO GUZMÁN AGUILAR, HÉCTOR ULISES CUENCA OCAMPO, OSCAR ALBERTO LEÓN LINARES, CARLOS CAMILO HERNÁNDEZ BARAHONA y RENÉ YUSSHY MENDOZA VALLECILLOS.

DECRETAR LA PRISIÓN PROVISIONAL COMUNICADA Y SIN FIANZA, BUSCA Y CAPTURA NACIONAL E INTERNACIONAL, CON INGRESO EN PRISIÓN PROVISIONAL, de RAFAEL HUMBERTO LARIOS, RENÉ EMILIO PONCE, JUAN RAFAEL BUSTILLO, JUAN ORLANDO ZEPEDA, FRANCISCO ELENA FUENTES, JOSE RICARDO ESPINOZA GUERRA, GONZALO GUEVARA CERRITOS, OSCAR MARIANO AMAYA GRIMALDI, ANTONIO RAMIRO ÁVALOS VARGAS, ÁNGEL PÉREZ VÁSQUEZ, TOMÁS ZARPATE CASTILLO, JOSÉ ALBERTO SIERRA ASCENSIO, GUILLERMO ALFREDO BENAVIDES, JOAQUÍN ARNOLDO CERNA FLORES, CARLOS MAURICIO GUZMÁN AGUILAR, HÉCTOR ULISES CUENCA OCAMPO, OSCAR ALBERTO LEÓN LINARES, CARLOS CAMILO HERNÁNDEZ BARAHONA y RENÉ YUSSHY MENDOZA VALLECILLOS, ratificando la de INOCENTE ORLANDO MONTANO MORALES (f. 1933 y 1938) , quienes serán llamados por requisitorias para que en el término de DIEZ DIAS comparezcan ante este Juzgado Central, bajo apercibimiento de ser declarados rebelde si no lo realizan.

A tal efecto, remítanse las oportunas requisitorias al Director General de la Policía y de la Guardia Civil para que procedan a la busca y captura nacional, y líbrense orden europea de detención y entrega y orden internacional de detención para su busca y captura internacional, con entrega a las mismas al los Servicios de INTERPOL y SIRENE. Requiéranse de nuevo los antecedentes penales de todos los procesados.

REQUIÉRASE A LOS PROCESADOS para que en el plazo de un día presten fianza individual en la cantidad cada uno de 3.200.000 EUROS para asegurar las responsabilidades pecuniarias que en definitiva pudieran imponérseles, en cualquiera de las clases admitidas en el artículo 591 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y de no verificarlo dentro de las veinticuatro horas siguientes, embárguesele bienes suficientes para cubrir dicha suma, acreditándose en caso de no poseerlas su insolvencia en legal forma.

Notifíquese este auto al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas, haciéndoles saber que la resolución no es firme y que contra la misma cabe recurso de Reforma en el plazo de TRES DÍAS y/o Recurso de Apelación en el plazo de CINCO DIAS ante este juzgado.

Así lo acuerda, manda y firma D. ELOY VELASCO NUÑEZ, Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, doy fe.

EL JUEZ ELOY VELASCO Y LA MASACRE DE LOS JESUITAS. LA DOCUMENTACIÓN (VI ENTREGA). FUNDAMENTOS DE DERECHO

2011-08-16T06:47:00.000-07:00

PRIMERO.- Los hechos relatados anteriormente si llegasen a acreditarse en el acto del juicio oral revisten los caracteres de:

1) Ocho delitos de asesinato terrorista (crimen de Estado), cometidos contra 5 sacerdotes jesuitas españoles Ignacio ELLACURÍA BEASCOECHEA, Ignacio MARTÍN BARÓ, Segundo MONTES MOZO, Amando LÓPEZ QUINTANA, Juan Ramón MORENO PARDO, un sacerdote salvadoreño, Joaquín LÓPEZ y LÓPEZ, su empleada doméstica Julia ELBA RAMOS y a la hija de ésta, Celina MARICETH RAMOS, ambas de nacionalidad salvadoreña, tipificados en el Art. 406 en relación con el art. 174 bis del Código Penal de 1973, vigente en las fechas de comisión de los hechos (penado cada uno con entre veintiséis años, ocho meses y un día a treinta años de prisión) y asimismo recogido en el Código Penal de El Salvador que lo regulaba ya en los Arts. 400 y siguientes (Decreto Legislativo 270, de 13 de febrero de 1973).

2) un delito de crimen de lesa humanidad o contra el Derecho de gentes del artículo 137 bis del Código Penal de 1973, vigente en las fechas de comisión de los hechos (con pena de entre veinte años y un día a treinta años de prisión) Como dice la s TS 1/10/2007 (caso Scilingo), el contexto inicial de guerra se aprovecha para culminar un núcleo central de vulneración de los Derechos Humanos, en este caso, xenófobo, del colectivo de jesuitas en la Universidad de El Salvador.

La existencia de los mismos con apariencia delictiva se sostiene en este momento procesal en los siguientes indicios racionales:

1) Testifical de José Luis Ruiz-Navarro Pinar, Letrado de Cortes, (f. 485, transcrita a f. 1446), Enrique Arnaldo, Letrado de Cortes, (f. 486, transcrita a f. 1471) Fernando Álvarez de Miranda Torres, ex Embajador español en El Salvador en 1989, (f. 487, transcrita a f. 1518), Manuel García Fonseca , ex parlamentario (f. 506 bis, transcrita a f. 1563), Joseba Mirena Zubía Achaerandio, parlamentario, (f. 509, transcrita a f. 1647), Pere Balta i Llopart, ex parlamentario (f.510, transcrita a f. 1603), Francisco Cádiz Deleito, ex Embajador en El Salvador,(f. 657, transcrita a f. 1677), José María Tamarit Samalla, profesor de Derecho Penal , autor de un informe sobre el proceso por los asesinatos para el Ministerio de AA EE español (f. 659, transcrita a f. 1736), Álvaro Henry Campos Solórzano, juez instructor salvadoreño de la causa por los asesinatos (f. 1023, transcrita a f. 2056), Edward Sydney Blanco Reyes , ex fiscal del caso y representante final de la Acusación particular en el proceso salvadoreño (f. 1024, transcrita a f. 2024), Lucía Barreda de Cerna, testigo presencial del crimen (f. 1203 y ss, transcrita a f. 1962), John Jorge Alberto Cerna, (f.1207, transcrita a f. 1992), Miguel Francisco Estrada Lemus, por CRI a Guatemala (f. 1232), José Benjamín Cuellar Martínez , director del Instituto de derechos Humanos de la UCA (f. 1258, transcrita a f. 1776)

2) Pericial realizada por la catedrática de Ciencias Políticas, experta en estudios latinoamericanos, Profesora Terry Karl, sobre los asesinatos de jesuitas españoles en El Salvador (f. 836 y ss) y los de la misma para situar su contexto sobre violaciones a los derechos humanos cometidos por el estado Mayor , miembros de la Tandona y otros líderes del comando de las FFAA salvadoreñas en noviembre de 1989 (f. 953 y ss) y sobre ataques y amenazas contra la Iglesia, los jesuitas y la Universidad centroamericana en el Salvador (f. 972 y ss), ratificados a f. 1011, transcritos a f. 2101 y 2110.

3) Declaraciones documentadas del proceso salvadoreño de los imputados René Emilio Ponce Torres en 1989 (f. 664), ampliación de Ponce Torres en 1990 (f.665), de Yusshy René Mendoza Vallecillos de 1990 (f.668), de José Ricardo Espinoza Guerra de 1990 (f. 669), de Guillermo Alfredo Benavides Moreno en 1990 (f. 670), de Ponce Torres en 1989 (f. 671), de Juan Orlando Cepeda en 1990 (f. 673) y de Joaquín Arnoldo Cerna Flores en 1990 (f. 674), así como de los testigos Mayor Buckland en 1990 (f. 666), quien ha excusado volver a declarar por el tiempo transcurrido, remitiéndose en un todo a su declaración en 1989 (f. 1020, 794), la de Lucía Barreda de Cerna (f. 672) y Óscar Alberto León Linares en 1990 (f. 675).

4) Pericial sobre documentación norteamericana desclasificada atinente al asesinato de los jesuitas españoles en el Salvador hecha por Katherine Temple Lapsey Doyle. (f. 1029) y su ratificación (f. 1028, transcrita a f. 2009).

5).-Documental consistente en, entre otros, numerosos documentos desclasificados del Departamento de Estado, la Agencia Central de Inteligencia y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y el informe final de la Comisión de la Verdad (De la Locura a la Esperanza: La Guerra de los Doce Años en El Salvador. Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador de marzo de 1993) y las diferentes investigaciones aportadas y documentadas en profundidad, entre otras la realizada por el Grupo de Tarea del portavoz de la Cámara de los Representantes del Congreso de EE. UU. Otra de estas investigaciones, auspiciada por la Comisión de la Verdad para El Salvador, ordenada por el acuerdo de paz negociado por Naciones Unidas de 16 de enero de 1992 que puso fin a la guerra, investigó los crímenes y, por primera vez, dio los nombres de los miembros del Alto Mando involucrados en los asesinatos.

Abundante información recabada y cuidadosamente analizada contenida en miles de documentos desclasificados de las agencias gubernamentales de los Estados Unidos por el Presidente Bill Clinton y gracias a las solicitudes presentadas en virtud de la Ley de Libertad de Información norteamericana (Freedom of Information Act), la mayoría de los cuales no estaban disponibles en investigaciones previas. Los organismos encargados de hacerlos públicos identificaron también otros 3000 documentos que seguían siendo secretos y que aún no están accesibles; el motivo alegado es que esta privacidad es necesaria para proteger las fuentes y los métodos. Muchos de los cuales, de la CIA y del Ministerio de Defensa, no están disponibles en la Web y sólo son accesibles en la biblioteca del Congreso de EE. UU., ubicada en Washington, D. C. En una práctica bastante inusual, algunos de estos documentos -una vez puestos a disposición pública- volvieron a clasificarse como materia reservada. Su desclasificación y la desclasificación del resto de documentos relativos al caso jesuitas, es esencial.

Así:

- “De la locura a la Esperanza: la Guerra de los Doce años en el Salvador”. Informe sobre la Comisión de la verdad para el Salvador, de marzo de 1993. (f. 132 y ss)

-Ley de Amnistía general para la consolidación de la paz, Decreto nº 486 de 20 de marzo de 1993, publicado el 22 de marzo de 1993. (f. 140 y ss)

-Informe de la Comisión del Congreso de los EEUU presidida por Joseph Moakley (f. 144 y ss)

-Informe el “caso jesuitas” del Lawyers Comitee for Human Rights de 1991. (f. 200 y ss)

-Copia del Sumario 1074/89 del Juzgado cuarto de lo Penal de San Salvador así como del proceso de amparo sobre el mismo del año 2000(f. 1014)

-Informe Congreso de los Diputados español, sobre la vista oral por el asesinato de los jesuitas españoles en el Salvador (f. 362)

-Informe Congreso de los Diputados español, sobre el asesinato de los jesuitas españoles en el Salvador (f. 393)

-Informe sobre el proceso judicial por los asesinatos de 6 jesuitas y 2 colaboradores en El Salvador (f.492)

-“Una muerte anunciada”de Marta Doggett (f. 5319)

-Documentos del Congresista Moakley, desclasificados (f. 540), sinopsis (f. 543), con su traducción (f. 635) e Informe de Mr Moakley a la Embajada española en el Salvador (f. 563)

-Informe provisional sobre El Salvador de la comisión especial del Presidente de la Cámara de Representantes (Informe Moakley) (f. 570)

-Noticias de prensa con fotos de los imputados de fechas del juicio en El Salvador (f. 662)

-Informe sobre la vista pública de septiembre de 1991 del Lawyers Comitee for Human Rights (f. 663)

-Diligencias del Sumario por la investigación del Juzgado 4º de lo Penal de El Salvador (f. 676) y sentencia salvadoreña (f. 677)

-Libro sobre los escuadrones de la muerte en El Salvador (f. 1015)

-Documentación norteamericana desclasificada atinente al asesinato de los jesuitas españoles en el Salvador. (f. 1050)

-Fotografías del lugar del c rimen (f. 1211)

6) Informe pericial realizado por José Luis García sobre FFAA y de seguridad en El Salvador, estructura de comando, cadena de mando militar salvadoreña, doctrina de la seguridad nacional, proclama de la Junta de Gobierno revolucionaria, la Tandona, organigramas de mando, asistencias de estrategia militar en El Salvador, normativa militar y constitucional sobre el respeto a los Derechos Humanos (f.1275) y ratificación del mismo, experto militar técnico en FFAA norteamericanas (f. 1263, transcrita a f. 1901)

7) Videoconferencias con las declaraciones de los testigos presenciales de los hechos: Lucía Barreda de Cerna, y John Jorge Alberto Cerna. (f.1215)

8) Informes y conclusiones de observadores internacionales que presenciaron el proceso penal en El Salvador en 1990 (f. 1366).

9) Declaración judicial del imputado protegido núm. 1/391/2008, del pasado 24 de junio de 2010 (transcrita a f. 1820)

10) CRI de El Salvador, denegando dar traslado de la querella y recibir declaración a los querellados por afectar al proceso de pacificación salvadoreño, al principio ne bis in idem, a los intereses del Estado de El Salvador y a derechos fundamentales de los justiciables (f. 1370), con un voto particular concurrente y 2 disidentes.

SEGUNDO.- El artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala que una vez que resulten indicios racionales de criminalidad contra determinada persona se la declarará procesada y se entenderán con ella el resto de las diligencias, resultando que de lo actuado se desprende una participación directa e inmediata en los hechos constitutivos de DELITOS DE ASESINATO, TERRORISMO Y CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD O CONTRA EL DERECHO DE GENTES, de los artículos 406, 174 bis y 137 bis del Código Penal de 1973, por parte de INOCENTE ORLANDO MONTANO, RAFAEL HUMBERTO LARIOS, RENÉ EMILIO PONCE, JUAN RAFAEL BUSTILLO, JUAN ORLANDO ZEPEDA, FRANCISCO ELENA FUENTES, JOSE RICARDO ESPINOZA GUERRA, GONZALO GUEVARA CERRITOS, OSCAR MARIANO AMAYA GRIMALDI, ANTONIO RAMIRO ÁVALOS VARGAS, ÁNGEL PÉREZ VÁSQUEZ, TOMÁS ZARPATE CASTILLO, JOSÉ ALBERTO SIERRA ASCENSIO, GUILLERMO ALFREDO BENAVIDES, JOAQUÍN ARNOLDO CERNA FLORES, CARLOS MAURICIO GUZMÁN AGUILAR, HÉCTOR ULISES CUENCA OCAMPO, OSCAR ALBERTO LEÓN LINARES, CARLOS CAMILO HERNÁNDEZ BARAHONA y RENÉ YUSSHY MENDOZA VALLECILLOS, razón por la que quedan procesados y sujetos a esta causa.

TERCERO.- De conformidad con las diligencias de investigación practicadas en el marco del presente procedimiento, aparecen como responsables de los hechos imputados:

1.- RAFAEL HUMBERTO LARIOS, ministro de la Defensa Nacional en el momento del asesinato;

2.- RENÉ EMILIO PONCE, coronel y jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada de El Salvador;

3.- JUAN RAFAEL BUSTILLO, general y comandante de la Fuerza Aérea Salvadoreña;

4.- JUAN ORLANDO ZEPEDA, entonces coronel salvadoreño y viceministro de Defensa Nacional;

5.- INOCENTE ORLANDO MONTANO, coronel y viceministro de Seguridad Pública;

6.- FRANCISCO ELENA FUENTES, coronel y jefe de la Primera Brigada de Infantería de las Fuerza Armada de El Salvador;

7.- JOSE RICARDO ESPINOZA GUERRA, entonces teniente y miembro del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata, “ATLACATL”;

8.- GONZALO GUEVARA CERRITOS, entonces subteniente del Batallón “ATLACATL”;

9.- OSCAR MARIANO AMAYA GRIMALDI, cabo y miembro del Batallón “ATLACATL”;

10.-ANTONIO RAMIRO ÁVALOS VARGAS, entonces sargento y miembro del Batallón “ATLACATL”;

11.-ÁNGEL PÉREZ VÁSQUEZ, entonces cabo y miembro del Batallón “ATLACATL”;

12.- TOMÁS ZARPATE CASTILLO, entonces sargento asignado al Batallón “ATLACATL”;

13.- JOSÉ ALBERTO SIERRA ASCENSIO, soldado y miembro del Batallón “ATLACATL”.

14.- GUILLERMO ALFREDO BENAVIDES, coronel del ejército y director de la Escuela Militar “Capitán General Gerardo Barrios”.

15.- JOAQUÍN ARNOLDO CERNA FLORES, coronel de la Fuerza Armada y jefe del Conjunto Tres del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada.

16.- CARLOS MAURICIO GUZMÁN AGUILAR, coronel de la Fuerza Armada y director de la Dirección Nacional de Inteligencia de El Salvador (DNI).

17.- HÉCTOR ULISES CUENCA OCAMPO, teniente de la Fuerza Armada destacado en la Dirección Nacional de Inteligencia de El Salvador.

18.- OSCAR ALBERTO LEÓN LINARES, coronel de la Fuerza Armada salvadoreña y el comandante del Batallón Atlacatl.

19.- CARLOS CAMILO HERNÁNDEZ BARAHONA, comandante y Director Adjunto de la Escuela Militar, y

20.- RENÉ YUSSHY MENDOZA VALLECILLOS, teniente y miembro del Batallón “ATLACATL”;

Así, resumidamente:

I. RAFAEL HUMBERTO LARIOS

El 16 de noviembre de 1989 RAFAEL HUMBERTO LARIOS era ministro de la Defensa Nacional, y como tal estaba a cargo del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza armada (EMCFA) y del Centro de Operaciones Conjunto de la Fuerza armada (COCFA) en el momento en que se planificaron, ordenaron, y se cometieron los asesinatos.

RAFAEL HUMBERTO LARIOS era, en noviembre de 1989, miembro de la Tandona, promoción de 1966 de la Escuela Militar de El Salvador, y asociación de 20 oficiales, reconocida internacionalmente por ser un grupo cerrado de militares que ocupaban todas las posiciones claves del ejército y el gobierno salvadoreños, con ambiciones comunes, y temida por anteponer sus intereses y los de sus miembros a los intereses del gobierno o de la propia institución militar, siendo miembro del grupo de liderazgo (constituido por ocho militares conocidos como “compadres”).

La decisión de asesinar a los jesuitas de la Universidad Centro Americana “José Simeón Cañas” (UCA) del Salvador, Ignacio ELLACURÍA BEASCOECHEA, Ignacio MARTÍN BARÓ, Segundo MONTES MOZO, Amando LÓPEZ QUINTANA, Juan Ramón MORENO PARDO, a la que se añadió la muerte sobrevenida del sacerdote salvadoreño, Joaquín LÓPEZ y LÓPEZ, de su empleada doméstica Julia ELBA RAMOS y de la hija de ésta, Celina MARICETH RAMOS (ambas de nacionalidad salvadoreña), y el diseño de la ejecución del crimen fue una decisión adoptada por consenso por el Alto Mando del ejército de El Salvador con la aquiescencia de altos funcionarios del gobierno, la mayoría de ellos miembros de la Tandona, incluyendo RAFAEL HUMBERTO LARIOS, general de la Fuerza Armada, ministro de la Defensa Nacional y uno de los miembros más poderosos de la misma.

RAFAEL HUMBERTO LARIOS aprobó, a petición del Coronel René Emilio Ponce, la orden dada al batallón Atlacatl de registrar el campus de la UCA el 13 de noviembre de 1989.

RAFAEL HUMBERTO LARIOS asistió a las reuniones que tuvieron lugar el 15 de noviembre de 1989 y en las que se planificó el asesinato del padre Ignacio Ellacuría y los demás jesuitas de la UCA.

Concretamente, RAFAEL HUMBERTO LARIOS participó en la reunión que tuvo lugar en la Escuela Militar a las 14:00 horas del 15 de noviembre de 1989 y a la que sólo asistieron miembros de la Tandona. Esta reunión, de la que informaron puntualmente cables de la embajada de los Estados Unidos y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), resultó ser una reunión para la toma de las decisiones clave en torno al asesinato. En ella estuvieron presentes los oficiales de mayor rango del país: el General de 6/17 las Fuerzas Aéreas, Juan Rafael Bustillo; el Ministro de Defensa, Humberto Larios; los Viceministros de Defensa, Juan Orlando Zepeda e Inocente Montano; el Jefe del Estado Mayor, Emilio Ponce; el Vice Jefe del Estado Mayor,

Rubio; y el coronel Francisco Elena Fuentes.

RAFAEL HUMBERTO LARIOS también asistió a la reunión que tuvo lugar entre las 18:30 horas y hasta aproximadamente las 22:00 horas del día 15 de noviembre de 1989, en los cuarteles del Comando Conjunto del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada. El objetivo de esta reunión, celebrada con motivo de la ofensiva del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), fue la adopción de medidas urgentes, entre las que se encontraban el asesinato de civiles de gran relevancia intelectual y política, refiriéndose especialmente a Ignacio Ellacuría y a los demás jesuitas de la UCA.

II. RENÉ EMILIO PONCE

RENÉ EMILIO PONCE era jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada (EMCFA), en el momento en que se planificaron, ordenaron, y se llevaron a cabo los asesinatos de noviembre de 1989.

RENÉ EMILIO PONCE era, además, miembro de la Tandona, promoción de 1966 de la Escuela Militar de El Salvador, siendo miembro del grupo de liderazgo.

La decisión de asesinar a los jesuitas de la UCA y el diseño de la ejecución del crimen fue una decisión adoptada por consenso por el Alto Mando del ejército de El Salvador con la aquiescencia de altos funcionarios del gobierno, la mayoría de ellos miembros de la Tandona. RENÉ EMILIO PONCE formó parte de este grupo y fue además, según prueba documental y testifical, el comandante que dio la orden específica al coronel Benavides de asesinar a Ignacio Ellacuría y a los jesuitas de la UCA.

RENÉ EMILIO PONCE es además el comandante que ordenó el registro del campus de la UCA que tuvo lugar el 13 de noviembre de 1989, llevado a cabo por el Batallón Atlacatl, y que no tenía ninguna finalidad militar, sino que constituía parte del plan para el asesinato de los jesuitas.

RENÉ EMILIO PONCE asistió a las reuniones que tuvieron lugar el 15 de noviembre de 1989 y en las que se planificó el asesinato del padre Ignacio Ellacuría y los demás jesuitas de la UCA.

De conformidad con documentos emitidos por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, RENÉ EMILIO PONCE asistió a la reunión que tuvo lugar en la Escuela Militar a las 10:00 horas reunión decisiva para los sucesos del 16 de noviembre de 1989 y a la reunión que tuvo lugar en la Escuela Militar a las 14:00 horas del 15 de noviembre de 1989 y a la que sólo asistieron miembros de la Tandona.

Igualmente RENÉ EMILIO PONCE participó en la reunión que tuvo lugar entre las 18:30 horas y aproximadamente hasta las 22:00 horas del día 15 de noviembre de 1989 en los cuarteles del Comando Conjunto del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada. Tras la reunión, RENÉ EMILIO PONCE llamó al coronel Guillermo Alfredo Benavides, y en presencia de todos los demás oficiales, le ordenó asesinar al padre Ignacio Ellacuría, y para ello hacer uso del comando del Batallón Atlacatl destacado en San Salvador desde el día 13 de noviembre de 1989 y bajo mando directo del coronel Benavides desde el 14 de noviembre. Una vez concluido con éxito el asesinato, el coronel Benavides ordenó al mayor Camilo Hernández Barahona, bajo su mando, que informara al coronel EMILIO PONCE, y sólo a éste, que la orden había sido ejecutada con éxito y según lo previsto.

Principal responsable junto con el anterior de los mandos militares superiores que urdieron y ordenaron la ejecución de los jesuitas, siguiendo la cadena de mando, por el sistema de toma de decisiones por consenso y dentro de la dinámica intermediada de su ejecución, como demuestran sus actos preparatorios previos, y su actitud una vez se conoce que se han ejecutado sus órdenes de asesinar a los jesuitas, dinamitando el contexto negociador con el FLMN que buscaba Cristiani y otras fuerzas políticas y sociales, con el objetivo de perpetuar a la Tandona del 66 en el poder.

III. JUAN RAFAEL BUSTILLO

El 16 de noviembre de 1989 JUAN RAFAEL BUSTILLO era general y comandante de la Fuerza Aérea Salvadoreña, promoción de 1966 de la Escuela Militar de El Salvador, siendo a su vez miembro del grupo de liderazgo.

La decisión de asesinar a los jesuitas de la UCA y el diseño de la ejecución del delito fue una decisión adoptada por consenso por el Alto Mando del ejército de El Salvador con la aquiescencia de altos funcionarios del gobierno, la mayoría de ellos miembros de la Tandona.

JUAN RAFAEL BUSTILLO asistió a las reuniones que tuvieron lugar el 15 de noviembre de 1989 y en las que se planificó el asesinato del padre Ignacio Ellacuría y los demás jesuitas de la UCA.

Concretamente, JUAN RAFAEL BUSTILLO asistió a la reunión que tuvo lugar en la Escuela Militar a las 10:00 horas en la que participaron entre otros el también procesado RENÉ EMILIO PONCE y que, de conformidad con documentos de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos que obran en este sumario, fue clave para los sucesos del día 16 de noviembre de 1989. Asimismo participó en la reunión que tuvo lugar en la Escuela Militar a las 14:00 horas del 15 de noviembre de 1989 y a la que sólo asistieron miembros de la Tandona y a la reunión que tuvo lugar entre las 18:30 horas hasta aproximadamente las 22:00 horas del día 15 de noviembre de 1989 en los cuarteles del Comando Conjunto del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada.

IV. JUAN ORLANDO ZEPEDA

El 16 de noviembre de 1989, JUAN ORLANDO ZEPEDA era coronel y viceministro de Defensa Nacional de El Salvador. Asimismo, era miembro de la Tandona, promoción de 1966 de la Escuela Militar de El Salvador, siendo miembro del grupo de liderazgo.

JUAN ORLANDO ZEPEDA asistió a las reuniones que tuvieron lugar el 15 de noviembre de 1989 y en las que se planificó el asesinato del padre Ignacio Ellacuría y los demás jesuitas de la UCA.

Concretamente, asistió a la reunión que tuvo lugar en la Escuela Militar a las 10:00 horas. JUAN ORLANDO ZEPEDA participó también en la reunión que tuvo lugar en la propiedad de Eusebio Argueta, reunión destinada, según documentosdesclasificados de la CIA, a presionar al Presidente Cristiani en pos de una “guerra total” para retomar la iniciativa militar sobre el FMLN. De conformidad con el informe pericial de la perito Karl, lo excepcional de esta reunión fue la insistencia de los presentes para que los militares desecharan las tácticas más restringidas promovidas por los Estados Unidos y retomaran los asesinatos masivos de civiles que marcaron los primeros años de la guerra.

JUAN ORLANDO ZEPEDA participó, a su vez, en la reunión que tuvo lugar en la Escuela Militar a las 14:00 horas del 15 de noviembre de 1989 y a la que sólo asistieron miembros de la Tandona. Igualmente, JUAN ORLANDO ZEPEDA estuvo presente en la reunión que tuvo lugar entre las 18:30 horas y las 22:00 horas del día 15 de noviembre de 1989, en los cuarteles del Comando Conjunto del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada.

V. FRANCISCO ELENA FUENTES

El 16 de noviembre de 1989, FRANCISCO ELENA FUENTES era jefe de la Primera Brigada de Infantería de las Fuerza Armada de El Salvador. En la misma fecha, era además, miembro de la Tandona, promoción de 1966 de la Escuela Militar de El Salvador, siendo miembro del grupo de liderazgo.

FRANCISCO ELENA FUENTES asistió a las reuniones que tuvieron lugar el 15 de noviembre de 1989 y en las que se planificó el asesinato del padre Ignacio Ellacuría y los demás jesuitas de la UCA.

Concretamente, participó en la reunión que tuvo lugar en la Escuela Militar a las 14:00 horas del 15 de noviembre de 1989 y a 11/17 la que sólo asistieron miembros de la Tandona; así como participó en la reunión que tuvo lugar a las 18:30 horas y duró hasta aproximadamente las 22:00 horas del día 15 de noviembre de 1989, en los cuarteles del Comando Conjunto del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada.

VI. JOSE RICARDO ESPINOZA GUERRA

El 16 de noviembre de 1989, JOSE RICARDO ESPINOZA GUERRA era teniente del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata “ATLACATL”, y como tal, fue puesto a cargo de ejecutar la orden del Alto Mando de entrar en la UCA y asesinar a los jesuitas.

De acuerdo con las confesiones realizadas ante las diferentes comisiones investigadoras por el procesado y por los demás miembros del batallón “ATLACATL” involucrados en el asesinato, a las 23:00 horas del 15 de noviembre, JOSE RICARDO ESPINOZA GUERRA recibió la orden de presentarse ante el coronel Benavides en la Escuela Militar. Allí, Benavides ordenó a JOSE RICARDO ESPINOZA GUERRA quien había llevado a cabo el registro en días anteriores y conocía la zona, que eliminara a Ellacuría sin dejar testigos.

El teniente ESPINOZA, con el apoyo del subteniente Guevara Cerritos, dio instrucciones precisas a los miembros el Batallón que incluía cobertura y seguridad para quienes iban a matar a los sacerdotes.

Aproximadamente a la 01:00, bajo las órdenes de JOSE RICARDO ESPINOZA GUERRA, una unidad de comandos se dirigió a la UCA. Una vez dentro, se dirigieron a la casa donde habitaban los sacerdotes jesuitas y, siguiendo las órdenes de aquél, se procedió a asesinarlos.

VII. GONZALO GUEVARA CERRITOS

El 16 de noviembre de 1989 GONZALO GUEVARA CERRITOS era subteniente del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata “ATLACATL”. El subteniente GUEVARA CERRITOS participó a su vez, junto a Espinoza Guerra, en el registro de la UCA del 13 de noviembre, previo al asesinato.

El subteniente GUEVARA CERRITOS fue, a su vez, el miembro del batallón que realizó la pintada en la pared a la salida de la UCA responsabilizando al FMLN del asesinato, con las palabras “el FMLN ejecutó a los enemigos espías”.

VIII. OSCAR MARIANO AMAYA GRIMALDI

El 16 de noviembre de 1989 OSCAR MARIANO AMAYA GRIMALDI era cabo del Batallón ATLACATL, y es responsable por su participación tanto en el registro de la UCA que tuvo lugar el 13 de noviembre, como en el asesinato el día 16 de noviembre.

OSCAR MARIANO AMAYA GRIMALDI es, de acuerdo con la prueba documental que obra en este sumario, responsable material del asesinato de tres de los padres jesuitas asesinados, en concreto de Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró y Segundo Montes.

IX. ANTONIO RAMIRO ÁVALOS VARGAS

El 16 de noviembre de 1989 ANTONIO RAMIRO ÁVALOS VARGAS era sargento del batallón ATLACATL, y participó en el registro de la UCA del 13 de noviembre así como en el asesinato del día 16. Al sargento ÁVALOS VARGAS, apodado “Satán”, se le encomendó la tarea de liderar la segunda patrulla de los comandos ATLACATL pues la unidad de comando se dividió en dos para llevar a cabo la misión.

ANTONIO RAMIRO ÁVALOS VARGAS ordenó a los cinco sacerdotes, quienes salieron de su casa alertados por el ruido, que se tirasen al suelo. Una vez allí, y mientras los sacerdotes yacían indefensos, el sargento ÁVALOS VARGAS disparó con un M-16, a Amando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo, dándoles muerte.

Más tarde, y una vez el sargento Zarpate hubo disparado contra Julia Elba y a su hija Celina, el querellado ANTONIO RAMIRO ÁVALOS VARGAS descubrió que las dos mujeres seguían con vida, en el suelo, abrazadas una a la otra, por lo que ordenó al soldado Sierra Ascensio que las rematara.

X. ÁNGEL PÉREZ VÁSQUEZ

El 16 de noviembre de 1989, ÁNGEL PÉREZ VÁSQUEZ era cabo del Batallón ATLACATL. De conformidad con la prueba documental que obra en este sumario, ÁNGEL PÉREZ VÁSQUEZ confesó haber asesinado al padre Joaquín López y López.

XI. TOMÁS ZARPATE CASTILLO

El 16 de noviembre de 1989 TOMÁS ZARPATE CASTILLO era sargento del Batallón ATLACATL. De conformidad con prueba documental que obra en este sumario, ZARPATE CASTILLO confesó haber custodiado y finalmente disparado contra las dos mujeres, Julia Elba y Celina Ramos.

XII. JOSÉ ALBERTO SIERRA ASCENSIO

El 16 de noviembre de 1989, JOSÉ ALBERTO SIERRA ASCENSIO era soldado del Batallón ATLACATL. De conformidad con abundante prueba testifical y documental obrante en este sumario, Ávalos Vargas, tras comprobar que habiendo disparado Zarpate Castillo a las dos mujeres éstas seguían con vida, ordenó al soldado SIERRA ASCENSIO que se cerciorara de su muerte y procediera a rematarlas. El procesado JOSÉ ALBERTO SIERRA ASCENSIO descargó su M-16 sobre ambas mujeres que se encontraban tendidas en el suelo.

XIII. INOCENTE ORLANDO MONTANO

INOCENTE ORLANDO MONTANO MORALES Coronel y Viceministro de Seguridad Pública de la República de El Salvador en el momento de comisión de los hechos y uno de los líderes de La Tandona, participó activamente en la decisión y diseño del asesinato, el 16 de noviembre de 1989, de los españoles y sacerdotes jesuitas de la Universidad Centro Americana “José Simeón Cañas” (UCA) del Salvador, Ignacio ELLACURÍA BEASCOECHEA, Ignacio MARTÍN BARÓ, Segundo MONTES MOZO, Amando LÓPEZ QUINTANA, Juan Ramón MORENO PARDO, del sacerdote salvadoreño, Joaquín LÓPEZ y LÓPEZ, de su empleada doméstica Julia ELBA RAMOS y de la hija de ésta, Celina MARICETH RAMOS (ambas de nacionalidad salvadoreña).

INOCENTE ORLANDO MONTANO, además de oficial del ejército y miembro del gobierno, tenía a su cargo de Radio Cuscatlán, emisora oficial del Estado desde el 11 de noviembre de 1989, que difundió, días antes de los asesinatos, amenazas de muerte contra el Rector de la UCA, Ignacio Ellacuría y los jesuitas de esa Universidad, a los que se acusaba de ser terroristas y “cerebro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional”.

Con motivo de la ofensiva del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, INOCENTE ORLANDO MONTANO participó en las reuniones celebradas a lo largo del día 15 de noviembre de 1989, en la Escuela Militar y en los cuarteles del Comando Conjunto del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, donde el Alto Mando del ejercito de El Salvador, con la aquiescencia del altos funcionarios del gobierno, se adoptaron medidas urgentes como el asesinato de civiles de gran relevancia intelectual ypolítica, estando presente, Inocente Orlando Montano junto a otros oficiales, cuando el Coronel Emilio POCE dio la orden al Coronel Guillermo Alfredo BENAVIDES de asesinar concretamente al padre Ignacio Ellacuría y asegurarse de no dejar testigos, y hacer uso para llevar a cabo tal asesinato, del comando del Batallón Atlacatl (destacado en San Salvador desde el 13 de noviembre de 1989).

XIV: GUILLERMO ALFREDO BENAVIDES

En el momento del asesinato, BENAVIDES era coronel del ejército y director de la Escuela Militar “Capitán General Gerardo Barrios” situada en San Salvador.

BENAVIDES era además, miembro de la Tandona, promoción de 1966 de la Escuela Militar de El Salvador, siendo miembro del grupo de liderazgo.

De conformidad con lo declarado el 29 de noviembre de 2009 por la perito Terry Karl ratificando su informe, y por lo declarado por el testigo protegido núm. 1/391/2008, el 24 de junio de 2010, el 13 de noviembre de 1989, BENAVIDES ordenó a los miembros del batallón Atlacatl bajo su mando que registraran la residencia de los jesuitas en la UCA. Como consecuencia de este registro, BENAVIDES pudo confirmar y así informó a su superior RENE EMILIO PONCE, Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, que Ignacio Ellacuría acababa de regresar a el Salvador de su último viaje a España.

Igualmente y de conformidad con lo declarado por el testigo protegido núm. 1/391/2008, la noche del 15 de noviembre 1989, BENAVIDES recibió del coronel PONCE y otros altos militares, la orden explícita de asesinar al padre Ellacuría y a los jesuitas de la UCA. PONCE ordenó a BENAVIDES utilizar la misma unidad del batallón Atlacatl que había llevado a cabo el registro dos días antes.

Más tarde ese mismo día, BENAVIDES ordenó al mayor CARLOS CAMILO HERNÁNDEZ BARAHONA que planeara la operación. En una reunión organizada por HERNANDEZ BARAHONA esa misma noche, BENAVIDES ordenó al teniente José Ricardo ESPINOZA GUERRA que con la unidad del Batallón Atlacatl destacada, asesinara al padre Ellacuría y que no dejara testigos.

En 1991 BENAVIDES fue condenado por homicidio, instigación y conspiración para cometer actos de terrorismo por su participación en la masacre de los jesuitas y sus dos empleadas en la UCA. El juez del Juzgado Cuarto de lo Penal de San Salvador le condenó a una pena de prisión de treinta años. BENAVIDES fue puesto en libertad el 1 de abril de 1993, tras completar apenas un año de su condena, por aplicársele la Ley de Amnistía.

XV: JOAQUÍN ARNOLDO CERNA FLORES

En noviembre de 1989, CERNA FLORES era coronel de la Fuerza Armada y jefe del Conjunto Tres del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada. Como tal, tuvo conocimiento del plan para asesinar a los jesuitas de la UCA. CERNA FLORES dirigió y llevó a cabo el registro de la UCA el 13 de noviembre de 1989. De conformidad con lo establecido en el informe pericial del coronel José Luís García este registro estaba claramente destinado a realizar la oportuna inspección ocular, previa y necesaria, en toda operación militar.

De acuerdo también con la prueba documental que obra en este sumario y con el informe pericial de la profesora Karl, el general PONCE admitió bajo juramento que ordenó a CERNA FLORES que registrara la UCA el 13 de noviembre. Así lo corrobora también el general Rafael Humberto LARIOS LÓPEZ quien afirma que CERNA FLORES fue el oficial que le dio la orden de registrar la UCA.

Estaba presente con PONCE y ZEPEDA cuando BENAVIDES les reportó el resultado del registro preparatorio de los asesinatos, practicado sobre las dependencias de residencia de los jesuitas, mintiendo con posterioridad cuando explicó los motivos de ese registro previo inventando la presencia de supuestos terroristas que nunca existieron.

Seleccionó junto con PONCE el Batallón Atacatl porque querían y buscaban gente “con experiencia” para asegurar el asesinato.

XVI: CARLOS MAURICIO GUZMÁN AGUILAR

El 16 de noviembre de 1989 CARLOS MAURICIO GUZMÁN AGUILAR era coronel de la Fuerza Armada y director de la Dirección Nacional de Inteligencia de El Salvador (DNI). GUZMÁN AGUILAR era además miembro de la Tandona, y estuvo presente en las reuniones destinadas a planificar el asesinato de los jesuitas de la UCA.

De conformidad con los informes periciales que obran en este procedimiento, el capitán y oficial de inteligencia militar Carlos Fernando HERRERA CARRANZA testificó ante el Juzgado Cuarto de lo Penal que fue GUZMAN AGUILAR quien ordenó que se registraran, en la incursión del día 13 de noviembre, las habitaciones privadas de los jesuitas.

GUZMÁN AGUILAR ordenó a CUENCA OCAMPO participar en el registro, orden que sólo ellos y el Alto Mando conocían. Esta información se hizo pública sólo tras la publicación del informe Moakley el 30 de abril de 1990. Además, GUZMAN AGUILAR, a pesar de las reiteradas peticiones del Juez Cuarto de lo Penal, dilató la presentación del informe de inteligencia militar elaborado por CUENCA OCAMPO en relación con el registro del día 13.

GUZMAN AGUILAR es asimismo responsable de transmitir a través de los canales de comunicación militares, información falsa sobre los hechos en concreto retransmitiendo que el padre Ellacuría había sido ejecutado por resistirse a su arresto.

De conformidad con lo establecido en documentos desclasificados, el expediente judicial 19/1990 del Juzgado Cuarto de lo Penal de El Salvador y el informe del congresista Joseph Moakley, el capitán de la Fuerza Armada Luis Alberto PARADA FUENTES declaró que el 16 noviembre de 1989, se celebró una reunión en la sede de la DNI en la que el capitán HERRERA CARRANZA informó haber oído a través de su radio MX (radio codificada para uso exclusivo de inteligencia militar) que el padre Ellacuría había muerto resistiendo su detención. Aunque otros oficiales interrogados negaron este hecho, HERRERA CARRANZA mantuvo su versión y tras ser liberado, y destacado en San Francisco Gotera, Morazán bajo el mando del coronel LEÓN LINARES, murió en extrañas circunstancias el 20 de noviembre de 1990. Según las declaraciones del capitán PARADA FUENTES y del propio GUZMÁN AGUILAR, la DNI distribuyó las radios MX al mando de seguridad antes de los asesinatos, y durante la ofensiva, la Fuerza Armada creó una emisora de radio nacional que bloqueó todas las emisoras comerciales.

XVII. HÉCTOR ULISES CUENCA OCAMPO

De nacionalidad salvadoreña y residente en la ciudad de San Francisco (California, Estados Unidos de América), CUENCA OCAMPO era en noviembre de 1989 teniente de la Fuerza Armada destacado en la Dirección Nacional de Inteligencia de El Salvador.

De conformidad con el informe de la Comisión de la Verdad, entre otros documentos que obran en este Sumario, CUENCA OCAMPO participó en el registro de la UCA que tuvo lugar el 13 de noviembre de 1989 en calidad de jefe de unidades móviles y miembro de la DNI.

Según el informe pericial del coronel José Luís García, la presencia de CUENCA OCAMPO como DNI en el registro de la UCA no responde a la lógica militar, salvo que dicho registro fuera el primer paso necesario en una operación militar: llevar a cabo un reconocimiento del lugar y una identificación del objetivo militar, en este caso, el dormitorio de los jesuitas.

Prueba de que sí se trataba de una operación militar y de la intención de ocultarlo es el hecho de que la participación de CUENCA OCAMPO en el registro no fue conocida por los miembros del batallón Atlacatl hasta el momento mismo del registro y este hecho no salió a la luz hasta la investigación realizada por el congresista Joseph Moakley y su equipo.

El informe de Scotland Yard, señala a su vez, específicamente, que la función de CUENCA OCAMPO en el registro era “evidentemente [la de] obtener información”.

CUENCA OCAMPO hubiera sido “en todo caso el encargado, de informar de la presencia del padre Ellacuría y de la ubicación y distribución de las habitaciones de los sacerdotes".

Además y de acuerdo con la declaración de la profesora Karl y varios documentos desclasificados, fueron agentes de la Policía de Hacienda apostados en la UCA bajo el mando operacional de la DNI, quienes informaron del regreso del padre Ellacuría a San Salvador dos días antes de su asesinato.

CUENCA OCAMPO elaboró fraudulenta y postdatadamente el informe sobre ese registro previo de la residencia en la UCA de los jesuitas.

XVIII. OSCAR ALBERTO LEÓN LINARES

En noviembre de 1989, OSCAR ALBERTO LEÓN LINARES era coronel de la Fuerza Armada salvadoreña y el comandante del Batallón Atlacatl.

Tal y como obra en la prueba documental incluida en este Sumario, en concreto en documentos desclasificados del Departamento de Estado norteamericano, LEÓN LINARES participó en el registro de la UCA llevado a cabo por una unidad del batallón Atlacatl que tuvo lugar el 13 de noviembre de 1989.

Así mismo, y como comandante del Atlacatl, LEÓN LINARES participó en la reunión de las 14:00 del 15 de noviembre de 1989 en la Escuela Militar, durante la cual y de conformidad con la declaración de la perito Terry Karl, se concretaron el plan y las órdenes para ejecutar a los jesuitas de la UCA. Tal y como señaló el perito coronel García durante su testimonio, LEÓN LINARES tuvo conocimiento y tuvo que ser parte de una operación militar que implicaba a una unidad del batallón Atlacatl bajo su mando, aun cuando la orden fue dada, al coronel BENAVIDES.

XIX. CARLOS CAMILO HERNÁNDEZ BARAHONA

Uno de los preferidos de PONCE, fue informado por ESPINOZA personalmente del registro previo a las dependencias particulares de los jesuitas en la UCA, antes incluso que a los miembros del Estado Mayor, ya que conocía su finalidad y el día de los hechos, además de arengar al batallón Atlacatl antes de salir, personalmente le dio a AMAYA GRIMALDI el fusil AK47 con que tenía que cometer los asesinatos y ordenó al grupo hacer pintadas para simular que los autores habían sido del FMLN, siendo quien mandó por radio a MENDOZA y GUEVARA que fueran a la Escuela Militar y se encontraran con BENAVIDES, concertando así la orden de inicio de la operación para asesinar a los jesuitas.

XX. RENÉ YUSSHY MENDOZA VALLECILLOS

Asistente de BENAVIDES en la Escuela Militar, aunque no participó en el primer registro sobre la residencia de los jesuitas en la UCA, sí lo hizo en el batallón que ejecutó materialmente los asesinatos, encargándose personalmente él de asesinar a la hija de la empleada de hogar de los jesuitas, Celina Ramos.

Fue uno de los encargados de hacer desaparecer las pruebas y libros de registro de la Escuela Militar, por orden de BENAVIDES.

Fue junto a BENAVIDES el único condenado por los asesinatos, pero igualmente fue puesto en libertad, tras completar apenas un año de su condena, por aplicársele la Ley de Amnistía.

CUARTO.- El art. 503.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que la prisión provisional podrá ser decretada i) cuando conste en la causa la existencia de uno o varios hechos que presenten caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión; ii) cuando aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto de prisión, requisitos que concurren en el presente supuesto respecto de RAFAEL HUMBERTO LARIOS, RENÉ EMILIO PONCE, JUAN RAFAEL BUSTILLO, JUAN ORLANDO ZEPEDA, FRANCISCO ELENA FUENTES, JOSE RICARDO ESPINOZA GUERRA, GONZALO GUEVARA CERRITOS, OSCAR MARIANO AMAYA GRIMALDI, ANTONIO RAMIRO ÁVALOS VARGAS, ÁNGEL PÉREZ VÁSQUEZ, TOMÁS ZARPATE CASTILLO, JOSÉ ALBERTO SIERRA ASCENSIO, GUILLERMO ALFREDO BENAVIDES, JOAQUÍN ARNOLDO CERNA FLORES, CARLOS MAURICIO GUZMÁN AGUILAR, HÉCTOR ULISES CUENCA OCAMPO, OSCAR ALBERTO LEÓN LINARES, CARLOS CAMILO HERNÁNDEZ BARAHONA, y RENÉ YUSSHY MENDOZA VALLECILLOS, y del ya reclamado y preso (f. 1933) en pieza aparte INOCENTE ORLANDO MONTANO por lo que procede acordar su prisión y búsqueda y captura internacional, a cuyo fin se expedirán las correspondientes órdenes a través de Interpol con el fin de solicitar su extradición para su investigación y enjuiciamiento, al evidenciarse un riesgo fundado en todos ellos de sustracción a la acción de la Justicia , por cuanto, frente a una posible imposición de graves penas derivadas de estos hechos, y constatarse en su momento su presunta pertenencia a una trama terrorista de Estado, con un manifiesto nivel de relación internacional, un evidente nivel de organización grupal, con efectiva posibilidad de facilitar la huida de sus entonces componentes en la fidelidad de una Tanda militar y la gravedad de las acciones que acordaron para sus fines entre las que no dudaron en ejecutar los más execrables delitos contra las personas sólo para imponer sus estrategias e ideas- (lo que expone su grado de peligrosidad criminal y de reiteración delictiva), y mantenerse así en el poder en medio de un Estado de terror, que pone de manifiesto la voluntad de los procesados de no comparecer voluntariamente al llamamiento que pueda realizarse por la Autoridad Judicial competente si obtuvieran la libertad provisional, como ha ocurrido, respecto de varios de ellos, cuando se les informó en El Salvador de la existencia del presente procedimiento en su contra, y por ello un alto riesgo de que se indispongan con la acción de la Justicia, pues no han mostrado la más mínima disposición a comparecer ante esta Justicia.

Deberá acordarse la averiguación del actual paradero de aquellos procesados cuyas señas para su localización no conste en las actuaciones.

QUINTO.- Todo procesado debe prestar la correspondiente fianza para garantizar las responsabilidades pecuniarias que pudieren imponérseles en virtud de lo dispuesto en el Art. 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, debiendo señalarse en el presente caso la cantidad para cada uno de los implicados de de 3.200.000 EUROS (a razón de 400.000 euros cada uno de los 8 asesinatos).

SEXTO.- Respecto de la existencia de inefectiva justicia por el mecanismo de la simulación de procedimiento penal que terminó en impunidad absoluta, citar el Art. 23.5 LOPJ en relación con el 23.2 c) y, como su consecuencia, el 11.2, todos del mismo cuerpo legal orgánico, que evitarían la institución de cosa juzgada ante la inexistencia de bis in idem, explicando la continuación del procedimiento frente a aquellos sobre quienes se simuló procedimiento penal y sentencia en El Salvador.

Resumidamente, el fraude (Art. 6.4 CC) detectado en el juicio, habilitante de la continuación del presente procedimiento, consiste en la realización de un acto de juicio, bajo la aparente cobertura de un proceso formal, pero tan influido e intervenido, que llegó a resultados de no justicia, como evidencian:

-las dilaciones de la Comisión Investigadora de Hechos Delictivos en obtener documentos -parte de los cuales así pudieron ser destruidos- y otros medios probatorios.

-el hecho de no recibir declaración a implicados evidentes como el Coronel Benavides la propia Comisión Investigadora de Hechos Delictivos.

-el hecho de no revelar al Juez instructor Sr Zamora el nombre de los 5 militares y 2 civiles que formaron parte de la anterior Comisión, ni explicarle su metodología.

-No hubo posibilidad de contrastar ni judicialmente ni por observadores internacionales la validez de las 30 declaraciones extrajudiciales de miembros del ejército, las más cercanas a la fecha de los hechos.

-La destrucción de pruebas clave como los libros registro militares de esos días.

-Se obstaculizó la acción del Juez respecto de los testigos militares: no acudían a sus citaciones, se presentaban deliberadamente testigos equivocados, el Ejército casualmente destinaba al extranjero a testigos fundamentales…

-La renuncia de los fiscales del caso (Sres. Campos y Blanco) porque el Fiscal General les ordenaba no impulsar el procedimiento, no informar a la prensa, les separaba de su previo trabajo conjunto y en equipo, no les permitía interrogar a determinados testigos militares importantes (Sres. Presa y Rivas)

-Denegación de todas las diligencias probatorias pedidas por los Abogados de las víctimas pese a que se supo que en los interrogatorios por escrito de los miembros del Alto Mando quedaron sin contestar preguntas fundamentales, sin aclarar enormes contradicciones y se esforzaron por encubrir a los responsables del crimen.

-Las diligencias probatorias fueron obtenidas artificiosamente, en medio de un clima obstruccionista, bajo presión y en un clima de grave temor real a las consecuencias lesivas de quien investigaba.

-Las comisiones rogatorias emitidas para recibir declaración a los militares norteamericanos que rechazaron acudir personalmente al interrogatorio, se contestaron sin profundizar en las preguntas formuladas.

-En el juicio oral no se contradijo la prueba, limitándose a leer las declaraciones y diligencias sumariales.

-Durante la celebración del juicio oral se practicaron continuas ingerencias y presiones exteriores (sobrevuelo de helicópteros, megafonía exterior, sirenas, música, manifestaciones), con el fin de alterar el ánimo del jurado.

-La defensa se dirigió en ocasiones al Jurado en voz baja inaudible al público.

-El jurado no tuvo ninguna duda ni pregunta que formular, ni quiso acudir a inspeccionar el lugar del crimen.

-Los miembros del jurado declararon haber sido amenazados durante el transcurso del proceso.

-Tras una deliberación realmente corta para la enjundia del caso, el veredicto del Jurado sólo condenó a Benavides por seis asesinatos y a Mendoza por uno, absolviendo de las muertes al resto de los imputados.

-La sentencia fue de 30 años de prisión a cada uno de los dos condenados por asesinato y condenas de 5 años de privación de libertad al resto por actos de terrorismo, que no se cumplieron efectivamente., resultando que los militares Sres. Espinoza Guerra y Guevara Cerritos, continuaron en activo en el Ejército.

- La sentencia es de fecha 23/01/1992 y su amnistía se produce el 24/03/1993, alcanzando la libertad el 1/04/1993.

-La querella de la UCA contra los militares que instigaron y ordenaron la ejecución del crimen de 27/03/2000, no se admitió a trámite, por prescripción y fue esa decisión confirmada por las ulteriores instancias.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

EL JUEZ ELOY VELASCO Y LA MASACRE DE LOS JESUITAS. LA DOCUMENTACIÓN (V ENTREGA). LA AMPLIACIÓN DE LA TANDONA Y EL ALTO MANDO.

2011-08-15T08:03:00.000-07:00

El 16 de noviembre de 1989, los asesinatos de los seis jesuitas, su empleada de hogar y la joven hija de ésta provocaron una crisis en las relaciones con los Estados Unidos, su principal socio financiero durante la guerra civil, e importantes divisiones en el propio ejército.

Esta crisis contribuyó a la apertura del caso y a evitar que se tapase por completo.

En lo que respecta a la colocación de pruebas falsas en la escena del crimen, el ministro de Defensa Rafael Humberto Larios, el coronel Elena Fuentes y otros imputados en esta causa culparon de inmediato al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de los asesinatos. El Presidente Alfredo Cristiani también culpó al FMLN y envió al viceministro de Defensa Juan Orlando Zepeda y al jefe del Estado Mayor René Emilio Ponce a Washington a convencer al Congreso de Estados Unidos de que efectivamente el FMLN era el responsable del crimen.

Al principio los oficiales veteranos pensaron que podrían protegerse y evitar “cualquier (otra) implicación militar en el crimen o en el intento posterior de taparlo todo”, “creyendo que el interés de EE. UU por proseguir con el caso de los jesuitas se desvanecería eventualmente”. Sin embargo, mientras la embajada de EE. UU intentaba averiguar la verdad sobre los asesinatos, el conocimiento sobre la implicación militar en el mismo era un secreto a voces entre el ejército. Algunas tropas lo supieron la misma mañana de los asesinatos y en apenas dos semanas todos, incluso los oficiales más jóvenes, sabían que el ejército era el responsable de la masacre.

Con el fin de asegurar el encubrimiento del crimen y promover con éxito una campaña de desinformación, se destruyeron pruebas importantes (el coronel Benavides y su teniente Mendoza tomaron la decisión de quemar no solo los libros de registro de entradas y salidas de la Escuela Militar de esa noche sino todos los libros de registro correspondientes a ese año) y se envió un mensaje muy claro a los subordinados: “quien hable o revele algo sobre los asesinatos será castigado”, y se debía responsabilizar al FMLN por los mismos.

Desde ese momento, se ejerció gran presión con el fin de mantener el silencio y un clima de miedo dominó al ejército, de modo que durante un breve periodo el encubrimiento pareció funcionar.

Pero no fue así. Varios de los sacerdotes asesinados en la Universidad Centroamericana Simeón Cañas (UCA) eran muy conocidos y admirados en EE. UU., sobre todo por miembros del Congreso, estudiosos, periodistas y diversos líderes religiosos. Todos ellos eran distinguidos profesores universitarios además del rector, Ignacio Ellacuría, el vicerrector Ignacio Martín Baró y el fundador del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, Segundo Montes.

Cuando apenas había transcurrido un mes desde los asesinatos, el portavoz de la Cámara de los Representantes ordenó la creación de un Grupo de Tarea (Grupo de Tarea de Moakley) con el objetivo de investigar estos crímenes. Más tarde, el Congreso de EE. UU decidió que más del 50% de la ayuda norteamericana a las Fuerzas Armadas estaba condicionada a la identificación y enjuiciamiento de los asesinos de los sacerdotes y de las dos mujeres.

No sería una tarea fácil. Las Fuerzas Armadas salvadoreñas, a pesar de que el testimonio de Lucía Barreda de Cerna les implicaba en los asesinatos, habían gobernado el país de facto desde 1932 y estaban acostumbradas a estar por encima de la ley. La institución más poderosa del país, el ejército, se había convertido en el mayor socio de una pequeña elite económica que había controlado el poder y el dinero en El Salvador a lo largo de los años. Mientras continuó esta relación tan estrecha entrelazada durante la guerra civil de los ochenta, “La Fuerza Armada” estableció leyes propias válidas solo para ella.

Al tratarse de la dictadura militar más larga y continuada de Latinoamérica, los oficiales militares veteranos habían desarrollado una visión exagerada de su propia independencia y de sus privilegios, que persistían más allá de la imposición estadounidense de un presidente civil electo en 1984.

Los jesuitas (Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Amado López, Joaquín López y López), Julia Elba y Celina Ramos fueron unos de los al menos 75.000 civiles desarmados que murieron en esta guerra, que fue mucho más violenta que los conflictos más conocidos de Chile y Argentina.

Se estima que un 85% de estas muertes pueden atribuírseles al ejército y a las fuerzas de seguridad. A pesar de estos antecedentes, ningún oficial veterano había sido condenado nunca por violaciones de derechos humanos. En vez de eso, lo más común eran los encubrimientos; los testigos, abogados y jueces morían, muy convenientemente; y la fuerte presión exterior que se ejercía para acabar con la impunidad probó ser relativamente inútil. Así que la mayoría de los observadores más instruidos predijeron que solamente algunos chivos expiatorios de bajo escalafón (o nadie en absoluto) serían declarados responsables de la muerte de los Jesuitas.

Las expectativas cambiaron de forma drástica cuando un oficial del ejército del EE. UU., el Mayor Eric Buckland, irrumpió en el caso al informar a sus superiores en enero de 1990 de que el director de la Escuela Militar, el Coronel Guillermo Alfredo Benavides, había dado la orden de matar a los jesuitas.

Las revelaciones de Buckland fueron especialmente explosivas porque dicho oficial, el Coronel Benavides, era miembro de la “Tandona”, la excepcionalmente amplia y poderosa promoción (o tanda) de 1966 de oficiales que prácticamente ocupaban todos y cada uno de los principales puestos de mando de las Fuerzas Armadas en la época en la que asesinaron a los jesuitas.

El ejército salvadoreño, a diferencia de otras instituciones militares, se organizaba en tandas o promociones, en las que los grupos de oficiales permanecían juntos durante su formación, se les nombraba a todos a la vez y posteriormente se les promocionaba al siguiente rango también en grupo, independientemente de sus méritos y de su rendimiento.

La idea que subyace en el sistema de tandas es la de autoprotección y de las recompensas financieras que se obtienen siendo leal al grupo; y a la promoción de 1966 se la conocía especialmente por “la lealtad prácticamente inquebrantable de sus miembros”.

Tradicionalmente, el poder rotaba de una tanda a otra, un sistema que permitía que todos los oficiales se turnasen para recoger las prerrogativas pecuniarias. El sistema de tandas era el pegamento de lo que un analista llamó “un West Point estilo mafioso totalmente fuera de sus cabales”. Ahora le tocaba a la Tandona. Tal como declaró un asesor militar estadounidense: “Tenían todo el poder bien tapado con hormigón. Lo tenían todo”.

El escándalo generado por el asesinato de los jesuitas puso en peligro el extraordinario poder de la Tandona. La Tandona de 1966 tenía la máxima concentración de poder que jamás había tenido una única promoción de oficiales. Formados en una dictadura militar, a estos oficiales se les había enseñado a asumir que gobernarían, una posibilidad sobre la que habían estado debatiendo desde al menos 1980.

Como promoción era famosa por poner los intereses de la Tandona por encima de todo, incluso por encima de la propia institución militar – una práctica que les había costado una advertencia pública, cosa poco frecuente, por parte del jefe saliente de las Fuerzas Armadas General Vides Casanova.

La corrupción en la administración de los billones de dólares de la ayuda estadounidense era legendaria. Los oficiales veteranos se inventaban “soldados fantasma” y se metían en el bolsillo los salarios de estos impostores bajo su mando, mantenían en nómina a soldados fallecidos para que los oficiales veteranos pudiesen cobrar sus sueldos y forzaban a los reclutas a comprar comida cara, uniformes nuevos e incluso abrillantador de botas a beneficio de sus comandantes.

La corrupción y la protección de cualquier violación de los derechos humanos descansaban en un estricto “código de silencio” que abocaba en una total impunidad en los procesos judiciales. Al haber señalado al Coronel Benavides, un miembro de la Tandona, como involucrado en los asesinatos, se puso en peligro la unidad de las Fuerzas Armadas y la posición de poder de la Tandona.

Al final, el alboroto político causado por las declaraciones de Buckland demostró ser más fuerte que los intentos por ocultar completamente el tema o que la coacción manifiesta para detener la celebración del juicio. Al principio, el liderazgo de la Tandona, formado por ocho miembros conocido como “compadres” reunidos en uno de sus encuentros habituales para tomar decisiones, intentaron ayudar al coronel Benavides. A consecuencia de esto, el Jefe del Estado Mayor René Emilio Ponce escogió a uno de los suyos, el director de la Policía Nacional, Dionisio Ismael Machuca, para ser parte de una “Comisión de Honor” que investigaría el crimen.

Esta comisión liderada por el coronel de la Fuerza Aérea Rafael Antonio Villamariona sustituyó a la Unidad de Investigaciones Especiales originalmente establecida con el apoyo de los EE. UU. Durante la investigación de la Comisión de Honor, en la sede de la Dirección General de la Policía Nacional, algunos de los jóvenes oficiales implicados en el crimen fueron amenazados y obligados a confesar, entre ellos el teniente Mendoza Vallecillos, el teniente Espinoza, y el subteniente Guevara

Cerritos. Posteriormente sus declaraciones fueron “corregidas” por Rodolfo Antonio Parker Soto, abogado y asesor jurídico del Estado Mayor, y también miembro de la “Comisión de Honor”. Parker se aseguró que todas las menciones a las órdenes superiores hechas por los interrogados se eliminaran así como referencias a algunos oficiales que participaron de los hechos. El informe de la Comisión de Honor omitió toda referencia a las órdenes recibidas por el coronel Benavides.

Ponce también contrató a un amigo personal, al abogado Carlos Alfredo Méndez Flores como representante legal de Benavides a quien pagó con fondos del ejército.

Este esfuerzo se llevó a cabo para sofocar cualquier intento de investigar a oficiales superiores. Esto se hizo especialmente obvio cuando el abogado intentó proteger a Benavides a expensas del subdirector de la Escuela Militar el teniente coronel Carlos Camilo Hernández y de las tropas que participaron en el crimen.

Cuando Camilo Hernández rechazó ser el chivo expiatorio de un oficial más veterano, las amenazas de muerte a su tío y un intento posterior de asesinarle garantizaron su cooperación. Posteriormente se le acusó de destruir pruebas vitales: los libros de registro de la Escuela Militar.

Estos hechos intensificaron las tensiones en el ejército entre oficiales jóvenes y los más veteranos pues estaba claro que se iba a hacer responsable del asesinato sólo a los militares de rango inferior. Por ejemplo, uno de los miembros del batallón Atlacatl que pudo escapar y posteriormente dio declaraciones en México, Jorge Alberto Sierra Ascensio amenazó con señalar al Vice Ministro Juan Orlando Zepeda como el “autor intelectual y el supervisor táctico” del asesinato.

En 1991 se procesó a varios militares por los asesinatos perpetrados en El Salvador. Este proceso judicial fue un proceso defectuoso y muy criticado que acabó con dos condenas forzadas y la absolución de incluso asesinos confesos. En el año 2000, el Tribunal Supremo de El Salvador rechazó un nuevo intento de reabrir la investigación impulsado por los familiares de las víctimas.

En efecto, tras una enorme presión externa para que se emitiese veredicto, en 1991, al coronel Guillermo Alfredo Benavides se le declaró culpable de los ochos asesinatos y al teniente René Mendoza Vallecillos, también de la Escuela Militar, de asesinar a la hija de la empleada de hogar, Celina Ramos aunque de hecho otros soldados dispararon. Pero la sentencia absolvió a siete de los nueve hombres que habían sido acusados en un principio, incluidos los asesinos confesos.

Tan increíble fue la sentencia absolutoria de los verdaderos asesinos, todos miembros de la unidad de elite del batallón Atlacatl, que el gobierno de España y los observadores norteamericanos presentaron cargos por manipulación del jurado. El Tribunal de Apelación de Séptimo Circuito de Estados Unidos, al examinar este juicio conjuntamente con otro caso distinto, lo definió como "una parodia de la justicia”.

El resultado del proceso se resumía en la condena de un coronel y un teniente.

Por otro lado estaba destinado a aplacar a sus apoyos en EE. UU sobre todo después de que el embajador William Walker le dijo a los líderes del gobierno que sería un “suicidio político” para ellos si Benavides no era condenado.

Además, estaba destinado para suavizar la intensa ira del ejército. Miembros de la Tandona furiosos por el hecho de que se estaba celebrando un juicio se negaron testificar, rechazaron la idea de que un oficial superior hubiera sido condenado e intimidaron abiertamente al Tribunal. Oficiales más jóvenes, ofendidos por el daño hecho a las Fuerzas Armadas querían asegurar que toda la responsabilidad no recaía sobre los soldados que cumplían órdenes. El acuerdo fue elegir un culpable de cada rango, quienes, y no fue coincidencia, no ocupaban posiciones de combate ni tenían tropas bajo su mando, lo que posiblemente generaría menos descontento entre el poderoso alto mando.

Esto no fue muy difícil si tenemos en cuenta que el abogado contratado por Ponce elaboró las listas de jurados. Más tarde, una vez el informe de la Comisión de la Verdad publicó como responsables del asesinato los nombres de los miembros del alto mando, la Asamblea Legislativa de El Salvador dominada por el partido ARENA aprobó una ley de amnistía general que conllevó la liberación de los dos únicos condenados (cf. Decreto Nº 486, Ley de amnistía general para la consolidación de la paz [El Salvador], 20 de marzo de 1993, disponible en: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3e50fd334.html).

En lugar de servir los 30 años de la condena, el Coronel Benavides y el teniente Yusshy Mendoza fueron liberados después de solo 15 meses en prisión.

El Coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno no pudo haber actuado solo.

También comparten esta opinión los extranjeros que mejor conocían los cuerpos de oficiales en esa época: el jefe de la Misión Militar estadounidense, el coronel Milton Menjívar, y Janet Elmore, funcionaria política de la Embajada de EE. UU.

El Grupo de Tarea de Moakley, la investigación más concienzuda del Congreso de Estados Unidos realizada hasta la fecha, coincide con este parecer, al igual que muchos salvadoreños que están convencidos de que otros oficiales veteranos están implicados en las muertes de los jesuitas.

Según los informes de inteligencia no disponibles en la época de la instrucción de los asesinatos, los propios colegas del coronel Benavides insistían en que nunca habría actuado sin autorización previa de al menos uno de los líderes de la Tandona y en que nunca lo habría hecho por su cuenta. Los oficiales veteranos declararon que Benavides, que nunca había liderado un batallón de combate, era “el oficial del que menos se hubiesen esperado su implicación en un acción tal” y sus propios compañeros de promoción le describieron como una persona “con un historial de no ser capaz de tomar decisiones de mando importantes”.

Carecía del liderazgo agresivo necesario para organizar un crimen tan drástico por su propia cuenta y riesgo. Los oficiales jóvenes observaron su implicación con “incredulidad” mientras un grupo de capitanes declaró categóricamente que Benavides “actuó por orden del Alto Mando cuando mató a los jesuitas”.

Además, muchos oficiales veteranos sabían y aún saben hoy, exactamente quién ordenó los asesinatos - "un hecho que probablemente supo el resto de la Tandona a las pocas horas de que hubiera sucedido". Conocían la decisión sobre los asesinatos la Dirección Nacional de Inteligencia de El Salvador, miembros de la Primera Brigada de la Policía Nacional, miembros del batallón Atlacatl, Policía de Hacienda y otras fuerzas destacadas en los alrededores de la UCA y por ello, el Estado Mayor conjunto, con Ponce a la cabeza, tenía que saberlo.

Había 350 soldados en el área de seguridad de la UCA y se realizaron constantes visitas entre los altos cargos del Estado Mayor, el Ministro de Defensa y la Escuela Militar que se encuentran a pocos metros de distancia. La UCA está en línea recta, a unos 500 metros de distancia del edificio del Estado Mayor.

La Tandona, que originariamente conformaban 47 oficiales veteranos, eran aproximadamente en ese momento 27, pero solo unos veinte ocupaban cargos en servicio activo, y tomaban decisiones clave por consenso.

Entre estos estaban: el Viceministro de Defensa Juan Orlando Zepeda, el Viceministro de Defensa para la Seguridad Pública Inocente Orlando Montano, el Jefe del Estado Mayor René Emilio Ponce, el Subjefe del Estado Mayor Gilberto Rubio, el Comandante de la Primera Brigada Francisco Elena Fuentes, el Jefe de Plaza Juan Carlos Carrillo Schlenker, y posiblemente el Director de la Policía Nacional Dionisio Ismael Machuca.

Un oficial muy veterano explica su conocimiento de los hechos y su culpabilidad de este modo: “Los cuerpos de oficiales salvadoreños son una pequeña fraternidad. Los cotilleos profesionales ocurren con naturalidad en estos cuerpos en los que todos los oficiales tienen un historial que todo el mundo conoce. A cualquier miembro que esté “fuera de la red” de los círculos de la Tandona de estos trascendentales asesinatos (cosa improbable), seguramente le habrán llegado cotilleos a través de los canales verticales (por ejemplo, a través de un subordinado de confianza)”.

El propio coronel Benavides contó a su familia que le habían ordenado matar a los jesuitas, y en un documento de la CIA al que no se había podido acceder hasta ahora, declara que estuvo a punto de señalar al Jefe del Estado Mayor René Emilio Ponce como el comandante que ordenó los asesinatos.

La Comisión de la Verdad para El Salvador, que formó Naciones Unidas como parte el acuerdo de paz, coincide en que los escalones más altos del ejército ordenaron los asesinatos. Esta encontró: “…pruebas materiales de que en la noche del 15 de noviembre de 1989, el entonces coronel René Emilio Ponce, en presencia y en complicidad con el general Juan Rafael Bustillo, el coronel Juan Orlando Zepeda, el coronel Inocente Orlando Montano y el coronel Francisco Elena Fuentes dieron la orden al coronel Guillermo Alfredo Benavides de matar al Padre Ignacio Ellacuría y de no dejar testigos. Con este propósito, se permitió al coronel Benavides hacer uso del batallón Atlacatl, al que dos días antes se había enviado a buscar el domicilio de los sacerdotes.”

EL JUEZ ELOY VELASCO Y LA MASACRE DE LOS JESUITAS. LA DOCUMENTACIÓN (IV ENTREGA). LOS ASESINATOS.

2011-08-12T07:01:00.000-07:00

La orden directa de Benavides de asesinarles, se dio durante la tarde del 15 de noviembre, pero es el resultado de una discusión, planificación y autorización previas.

Su ejecución se inició el 11 de noviembre, aunque la decisión de matar a los jesuitas se había tomado antes, como demuestra el hecho de que el día 6, al encontrarse Avilés brevemente con Benavides y varios oficiales más en la Escuela Militar, este le dijo que estaba allí “para ultimar una cosa” ya que quería hacer algo con el tema de los sacerdotes y lo que venía de la UCA, pues Ellacuría era un problema y quería gestionarlo a la antigua usanza matando a algunos de los sacerdotes, apareciendo por tanto la ofensiva de la guerrilla como una cobertura apropiada.

La acción se puso en marcha en su totalidad el 13 de noviembre, antes de que el coronel Benavides tuviera autoridad de mando sobre la unidad de comando del batallón Atlacatl que llevó a cabo la ejecución material de los asesinatos. Más tarde, en una de las reuniones celebradas el 15 de noviembre, el Alto Mando y otros líderes militares veteranos, la mayoría de los cuales pertenecían a la Tandona, se tomó la decisión consensuada de proceder con los asesinatos; la orden directa del coronel Benavides fue el resultado de este proceso de toma de decisiones en el que se implicaron varias instituciones del ejército.

Así, aparecen incluidos además del Comandante de la Fuerza Aérea, los soldados y la unidad de comando del batallón Atlacatl, los soldados del batallón Belloso, la emisora de radio militar (Radio Cuscatlán), el Centro Civil para la Información Nacional de la Presidencia, el Complejo de Operaciones del Mando Conjunto (C3), las Operaciones Psicológicas del Mando Conjunto (C-5), el Comité de Prensa de las Fuerzas Armadas (COPREFA), la Dirección de la Inteligencia Nacional (DNI) y el Centro Técnico de Instrucción Policial (CETIPOL). La capacidad para movilizar a tantos organismos así como también a los aproximadamente trescientos soldados que rodeaban el área de la UCA podía residir solamente en los miembros del Alto Mando.

El 11 de noviembre, las tensiones eran realmente muy fuertes en San Salvador, ya que se esperaba la tan anunciada ofensiva del FMLN. A primera hora de la tarde, breves horas antes de que comenzara la misma, el vicepresidente Francisco Merino, llegó en helicóptero al cuartel general del batallón Atlacatl. El Vicepresidente, el vínculo central entre la Tandona y el gobierno a través del grupo de “Los Maneques”, permaneció allí durante dos horas. Se desconoce el motivo de la visita.

Tan pronto comenzó la ofensiva del FMLN, las Fuerzas Armadas lanzaron una operación psicológica militar diseñada por la Unidad de Operaciones Psicológicas (C-5) del Alto Mando. Normalmente encabezada por el coronel Carlos Armando Avilés que, como muchos oficiales, estaba fuera del país cuando comenzó la tan anunciada ofensiva del FMLN, esta campaña estaba diseñada para “subir la moral de los soldados y desmoralizar a los adversarios”, pero en realidad consistía en emitir amenazas en Radio Cuscatlán, la emisora oficial de La Fuerza Armada.

Esta campaña de amenazas estuvo coordinada por el COPREFA, dirigido por el comandante Mauricio Chávez Cáceres, hermano de un famoso miembro de la Tandona y estuvo asistida por el Centro de Información Nacional (CIN), vinculado al gobierno.

Entrada la tarde, se había obligado a todas las emisoras de radio del país a conectar con la red nacional de Radio Cuscatlán.

Así todo el mundo que sintonizara cualquiera de las emisoras del país escucharía las amenazas a varios líderes, muchas de las cuales se dirigían al rector Ignacio Ellacuría que, en ese momento, se encontraba en Europa aceptando un galardón en representación de la UCA en España y hablando en el Parlamento de Alemania Occidental.

En lo que parecía ser un micrófono abierto “espontáneo”, se recibían denuncias sobre Ellacuría y los jesuitas a los que se acusaba de ser “terroristas” y “el cerebro del FMLN”. El vicepresidente Merino acusó a Ellacuría específicamente de “envenenar la mente” de los jóvenes salvadoreños en las instituciones educativas Jesuitas. Las denuncias eran públicas, se produjeron con la aprobación y la implicación del comité de prensa del ejército, COPREFA, cuya autoridad dependía del Ministerio de Defensa, e involucraban la asistencia de las agencias de información civiles del gobierno.

En el contexto de una nueva ofensiva del FMLN, la utilización de la radio oficial de las Fuerzas Armadas para intimidar públicamente llevó a los líderes políticos de la democracia cristiana y de la socialdemocracia a esconderse de forma inmediata, convencidos de que el ejército intentaría matarles, pero los jesuitas, creyendo que estaban seguros en la UCA, no hicieron lo mismo.

Continuaron los ataques virulentos contra Ellacuría y los demás desde el 11 al 14 de noviembre con el objetivo de crear el clima adecuado para matar a los sacerdotes retratándoles como “el enemigo” –incluso acusándoles de ser potencialmente peligrosos y de ir armados. Como el diario conservador La Prensa Grafica informó en aquella época: Estas condenas y críticas declaraban categóricamente que había una gran urgencia de expulsar del país a los jesuitas porque habían estado ocultando armas en la UCA durante los últimos diez años. Se señalaba al sacerdote español Ignacio Ellacuría como el principal responsable.

Tan graves eran los ataques de Radio Cuscatlán que provocaron la queja poco frecuente del Subsecretario de Estado estadounidense para Latinoamérica, Bernard Aronson. El 14 de noviembre, telegrafió al embajador de EE. UU. William Walker para “transmitirle al presidente Cristiani el deseo de la Administración estadounidense de que su gobierno, dentro de los límites de la libertad prensa, no permitiese la emisión de tales amenazas en un medio de comunicación controlado por el gobierno”. Pero si el Subsecretario de Estado estadounidense se quejó, los miembros del Alto Mando salvadoreño responsable de la operación psicológica (C-5), entre los que estaban el ministro de Defensa Larios, los viceministros de Defensa Zepeda y Montano, y el Jefe del Estado Mayor Ponce, aparentemente no lo hicieron.

Durante un largo periodo de tiempo se había considerado a los sacerdotes como objetivos. El viceministro de Defensa Juan Orlando Zepeda fue especialmente el rostro público del estribillo de la extrema derecha que llamaba a la UCA el “centro de planificación” y el “refugio seguro del FMLN”; estableciendo, de este modo, el escenario para cometer los asesinatos.

Como las denuncias contra los jesuitas y otros líderes eran cada vez más virulentas y la ofensiva del FMLN cada vez más amenazante, el Presidente declaró el Estado de Excepción y el toque de queda desde las 18:00 hasta las 6:00.

En vista de la ofensiva, la estructura de mando comenzó a cambiar. El Ministro de Defensa Larios designó como jefe de plaza de urgencia al Coronel Carrillo Schlenker, Director de la Guardia Nacional y partidario de la línea dura, incluso en el contexto de la Tandona. Aunque no se le dio el control del despliegue de tropas, que era responsabilidad del Jefe del Estado Mayor Ponce, se le concedió la mayor autoridad en el área metropolitana de San Salvador directamente bajo el Alto Mando. Carrillo Schlenker era un militar famoso por su larga vinculación al ala de la derecha más

extrema del ejército, con un historial de asesinatos, torturas y secuestros por dinero.

“Compadre” de la Tandona y colega del Jefe del Estado Mayor Ponce, ambos hombres habían trabajado estrechamente, aunque Ponce tenía más poder, pero es improbable que se tomase cualquier decisión importante relacionada con la actividad militar en el área metropolitana de San Salvador sin su participación.

Se continuaba construyendo el cerco a los Jesuitas. Entre las 9:00 y las 10:00, se dio permiso a una patrulla militar para entrar en la UCA, que estaba contigua al Estado Mayor y por tanto necesitaba ser registrada para la propia seguridad del ejército.

Acompañados por el Padre Segundo Montes, los soldados del batallón de elite Belloso, cuyo despliegue tenía que ser ordenado por el Jefe del Estado Mayor Ponce, registraron la UCA para ver si había armas y no se encontró ninguna, pero se llevaron un dispositivo que no había explotado y que los jesuitas habían encontrado cerca de la entrada. Los propios jesuitas se lo habían ofrecido a los militares. Entonces las tropas se apostaron a la entrada del complejo universitario y en los barrios adyacentes de los Jardines de Guadalupe. Se encontró una descripción de una página de estos acontecimientos en el ordenador del Padre Ignacio Martín Baró tras su muerte. “Desde ese momento”, escribió, “un grupo de soldados se apostaron a la entrada del complejo universitario, registrando a todos los que entraban o salían, y desde el lunes de noviembre, prohibiendo la entrada o la salida a todo el mundo”. Los alrededores de la UCA y del complejo militar eran los lugares con más vigilancia de la ciudad.

Así, el 12 de noviembre, el ejército había registrado el campus y tenía controlado el acceso a la UCA, lo que hace cuestionar las posteriores alegaciones del ejército que “actividades terroristas” les habían llevado a invadir la UCA en los siguientes días.

Como Arthur M. Sedillo, un investigador militar temporal estadounidense de la embajada en El Salvador diría: “Desde ese momento, las autoridades militares interesadas tenían la seguridad bastante razonable de que no había terroristas en el campus de la UCA”.

No era por tanto esa la lógica que explicaba las acciones que se llevaron a cabo durante los días 13 y 15 de noviembre.

Sobre las 11:30 del mismo día, los jesuitas volvieron a ser el objetivo cuando 10 Policías de Hacienda entraron en otro refugio jesuita, el Centro Loyola, situado aproximadamente a un kilómetro y medio de la UCA. El coronel Héctor Heriberto Hernández (un miembro de la Tandona) envió a la Policía de Hacienda que informara de todos los movimientos de las tropas al Jefe del Estado Mayor Ponce y al Vice Presidente para la Seguridad Pública, Montano. Una vez en el Centro Loyola, la Policía de Hacienda buscó armas del FMLN. Iban acompañados de un hombre esposado sin identificar que señalaba algunas armas enterradas bajo un montón de cenizas queaparentemente habían sido abandonadas por el FMLN en su huida del centro.

Al Padre Fermín Sainz, el sacerdote a cargo del centro, le dijeron que no se preocupase porque el

ejército estaba “encontrando cosas como esas por toda la ciudad” y no había nada que indicara que las armas tenían algo que ver con los jesuitas. Al contrario, el Presidente Cristiani hizo declaraciones públicas más tarde: “Nadie pensó que eso tenía algo que ver con los jesuitas. Lo habíamos visto en muchos sitios. Es verdad que los soldados encontraron unas pocas armas, pero nadie lo pensó porque esto era algo que hacía la guerrilla normalmente”.

Los acontecimientos que sucedieron el 13 de noviembre proporcionan aún más pruebas y más significativas de que el ejército contemplaba una acción coordinada contra los sacerdotes de la UCA.

Aunque se había registrado la UCA el día anterior y nadie podía entrar ni salir sin pasar por el control militar, al día siguiente el Jefe del Estado Mayor Coronel Ponce ordenó otro registro (“cateo”) de la Universidad. Esta orden fue dada tras consultar con el Ministro de Defensa Humberto Larios. La justificación de la orden, de acuerdo con Ponce, fue “porque había recibido información de que elementos terroristas penetraron en la Universidad… y que estos habían abierto fuego contra fuerzas militares”. Tras celebrar una reunión con los “comandantes del área metropolitana” (miembros de la Tandona) sin el Coronel Benavides, Ponce asignó esa tarea a la unidad de comando del batallón Atlacatl, y Ponce les ordenó trasladarse hasta la capital en dos turnos, el 12 y el 13 de noviembre, desde su base de operaciones en Sitio del Niño (La Libertad), para consternación del comandante del batallón León Linares.

A pesar de las protestas de León Linares, se desplazó a la unidad especial, encabezada por el teniente José Ricardo Espinoza y su subteniente Gonzalo Guevara Cerritos, de su curso de formación con los estadounidenses y de su estructura de mando normal, y se la colocó bajo orden directa del Alto Mando. Casi inmediatamente después de haber llegado a San Salvador, a la unidad se le encomendó la tarea de registrar la UCA según la orden dada por el Jefe del Estado Mayor Ponce a través del Coronel Benavides, el director de la Escuela Militar, donde se había transferido y destinado a los comandantes.

En esta reunión también se decidió que Benavides, al que no se le conocía como comandante de tropas, fue la sorprendente elección para encabezar el comando de seguridad de nueva creación que incluía las sedes del Mando Conjunto (que comprendían el Ministerio de Defensa, la Escuela Militar, la Dirección de la Inteligencia Nacional (DNI), un batallón de la Policía Nacional y dos barrios residenciales militares). También se incluían los alrededores de la UCA. En esta nueva tarea, el superior directo de Benavides era el Coronel René Emilio Ponce; pero para algunos asuntos operativos, el coronel Benavides informaba a través del jefe de operaciones (C-3), que era otro miembro de la Tandona, el Coronel Cerna Flores. El Coronel Cerna Flores había aceptado transmitir la orden de registrar la UCA.

El registro de la UCA comenzó a las 18:30, cuando unos 135 militares rodearon el campus. Al líder del comando del Batallón Atlacatl que entró en la UCA, Teniente Espinoza, se le dijo por parte del Coronel Cerna Flores que un “numero indeterminado de delincuentes” había entrado en la UCA y que debían corroborar su presencia.

En algún momento entre las 18:30 y las 19:45, la unidad de comando Atlacatl salió de la Escuela Militar por su puerta sur y marchó hacia la Universidad para registrar la residencia de los jesuitas y el Centro de Reflexión Teológica, que se ubicaban en el mismo edificio. Dos patrullas de aproximadamente veinte hombres cada una entraron en el campus.

Una vez dentro, varios soldados se encaramaron para entrar por la ventana de los edificios y comenzaron a abatir a patadas las puertas cerradas de las oficinas que querían registrar. El Padre Juan Ramón Moreno, a quién esos mismos soldados matarían 48 horas más tarde, se ofreció a abrir las puertas para que no las destruyesen.

El rector Ellacuría se presentó y cuestionó el derecho del ejército a registrar el edificio sin una orden de registro. Sugirió que volviesen al día siguiente con la luz del día, porque así sería más fácil encontrar lo que estaban buscando, una sugerencia que declinaron. Cuando el teniente Espinoza le dijo al rector que estaba resuelto a llevar a cabo su misión de registrar la residencia de los sacerdotes, Ellacuría dijo que no les daba permiso porque era propiedad privada, Espinoza insistió y se produjo el registro de la residencia.

El resultado del registro fue negativo. No se encontraron materiales de guerra ni se detectó presencia alguna de miembros del FMLN. Al regresar a la Escuela Militar después del registro, el Teniente Espinoza informó al Teniente Coronel Camilo Hernández y después, acompañado del teniente Guevara Cerritos, se dirigió al Estado Mayor a dar parte indicando que sólo encontraron a los sacerdotes, entre ellos al Padre Ignacio Ellacuría. En el momento de dar parte en el Estado Mayor estaban presentes el Coronel Cerna Flores, el Coronel Ponce, el General Zepeda y otros oficiales desde este momento tenían conocimiento de la falta de activos del FMLN en la UCA y del regreso del padre Ellacuría de su viaje.

El Alto Mando siempre ha asegurado que el registro de la UCA del 13 de noviembre no tuvo nada que ver con los asesinatos perpetrados dos días más tarde, pero el testimonio de algunos de los que llevaron a cabo el registro y posteriormente la masacre contradice esta postura. Por ejemplo, el teniente Yusshy Mendoza Vallecillos, que fue el asistente de Benavides en el Escuela Militar y la única persona junto a este procesada por el crimen, declaró que cuando le dieron la orden de asesinarlos dos días más tarde, el 15 de noviembre, se dio cuenta de que “el verdadero propósito de la misión del registro había sido prepararse para la misión de matar a los Jesuitas”.

Mendoza fue la única persona involucrada en la matanza que no había participado en el registro unos días antes y que desconocía completamente la Universidad.

A pesar de la persistente negación de los oficiales veteranos, varios factores llevan a pensar que el registro y los asesinatos están conectados inextricablemente, de modo que el segundo registro del 13 de noviembre no era sino una operación de reconocimiento para preparar el asesinato de los sacerdotes, aunque es improbable, no obstante, que los soldados rasos que lo llevaron a cabo, con la excepción del agente de la DNI, conocieran previamente el plan para matar a los jesuitas.

En primer lugar, ningún oficial veterano se ha responsabilizado de haber dado la orden definitiva para el registro. Las propias acciones de Ponce son muy instructivas al respecto. En un principio, Ponce negó haber dado la orden de registro, culpando a otros de haberla dado, y no admitió haberla dado hasta el 25 de agosto de 1990, cuando finalmente admitió que había dictado la orden tras consultar con el Ministro de Defensa Larios.

Las acciones de Benavides son bastante clarificadoras. Negó sistemáticamente haber presidido el registro de la UCA e incluso estar al corriente del mismo hasta que concluyó. Cuando Ponce le dijo que deberían enviar la unidad Atlacatl, que acababa de llegar a la Escuela Militar, hasta la UCA, insistió en que Ponce le diera una orden formal por escrito para llevar a cabo el registro. Además, en su testimonio deja bien claro quién mandaba en el Atlacatl, nombrando (aunque no explícitamente) al Alto Mando. Desde el principio, ningún mando quería la responsabilidad de esta controvertida orden, incluso teniendo la apariencia de un sencillo registro para localizar armas, lo que no habría sido importante de ser cierto que el registro fuera solamente para buscar armas.

En segundo lugar, los fundamentos dados para el registro tras los asesinatos de los sacerdotes, su asistenta y su hija no tenían sentido, incluso dentro del propio modo de pensar del ejército. Cuando se le presionó para justificar el registro, el Jefe del Estado Mayor Ponce declaró que el Centro de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Armadas (COCFA) había sido advertido de la presencia de “elementos terroristas” que estaban disparando al personal militar. A pesar de eso, seguía manifestando que no tenía ni idea del origen de los informes que supuestamente habían movilizado el registro y, como la persona principal encargada de movilizar a las tropas durante una ofensiva, debería haber sabido que el ejército ya había protegido suficientemente el acceso a la UCA el precedente día 12 de noviembre.

Cuando se le planteó esta cuestión, el subordinado y compañero de Tandona de Ponce, el coronel Cerna Flores (Jefe del C-3), testificó que los servicios de inteligencia (C-2) le habían informado de la existencia de llamadas telefónicas que informaban sobre 100-150 “terroristas” dentro del recinto de la UCA “disparando a la policía”.

Aun así, no se pudo localizar ningún informe policial de ningún tiroteo y no hay registros de inteligencia sobre ninguna "actividad terrorista" el 13 de noviembre, incluso por parte de las tropas apostadas en las entradas de la Universidad, a las que seguramente no se les habrían escapado 100-150 terroristas. A pesar de eso y aun habiéndose cerrado la Universidad, con policía vigilando las puertas y con tropas destacadas en toda la zona, la necesidad del registro fue a su vez justificada por el comandante del batallón Atlacatl, teniente coronel León Linares.

Estos fundamentos, aunque poco convincentes, tenían el propósito, por un lado, de permitir al Presidente Cristiani, que de algún modo e inexplicablemente asumió la responsabilidad personal del registro ocho meses después de los asesinatos, justificar las órdenes dadas. Al aclarar que fue el Coronel Ponce y no el Coronel Benavides, quien había enviado el batallón Atlacatl a la Universidad el día 13, el Presidente añadió públicamente que "se habían encontrado armas" junto con otras pruebas de actividades "terroristas", lo que no era cierto y de lo que se retractó posteriormente.

Por otro lado estaba el motivo que el Coronel Cerna Flores le había dado al Teniente Espinoza para explicar la importancia de su misión así como para sentar las bases para reclamar la implicación del FMLN en futuras acciones. El resto de las instrucciones dadas al Teniente Espinoza arrojan dudas serias sobre estos fundamentos, o que se perseguía otro fin diferente, ya que sus hombres no encontraron terroristas, pese a lo que se le ordenó realizar un registro general de las instalaciones de la UCA, especialmente del edificio residencia de los jesuitas y se le facilitó una radiofrecuencia para comunicarse directamente con el Estado Mayor: un hecho que el coronel Ponce admitió en una conversación en la Embajada de EE. UU.

En tercer lugar, la elección por parte del Coronel Ponce de la “mejor unidad” batallón de elite Atlacatl para llevar a cabo este registro es reseñable. Un miembro del Estado Mayor Conjunto responsable de transmitir las órdenes de Ponce, el Coronel Joaquín Arnoldo Cerna Flores, (Jefe de Operaciones C-3) testificará después que la asignación de registrar la UCA al batallón Atlacatl fue “apropiada” porque el Coronel Ponce y él habían decidido que el batallón tuviera "experiencia en combate”. La elección de este batallón – con su unidad especial de 47 hombres, encabezada por un teniente con una amplia formación impartida por los EE. UU dirigida a erradicar guerrillas armadas y cuyo superior inmediato era Ponce – sólo podía significar una cosa: que la principal operación de combate estaba por llegar.

Dados los antecedentes del batallón Atlacatl, no cabe duda de que la misión sería sangrienta. Los ejemplos son legendarios: la matanza de más de 700 civiles en El Mozote en 1981, incluidos 121 niños de menos de doce años de edad; los asesinatos de 117 personas en Suchitlán en 1983; la muerte de 68 salvadoreños en Los Llanitos, la mayoría de los cuales tenían catorce años de edad, y al menos 50 en el río Gualsinga en 1984. Incluso cuando se les presionó para que limpiaran su historial, se les volvía a acusar repetidamente de actos de tortura, violaciones y ejecuciones de combatientes y de no combatientes.

En cuarto lugar, el batallón Atlacatl tenía una estructura y un estatus distinto al de otros soldados de la Escuela Militar. La unidad eludía su propia estructura de mando, su inmediato superior era el Jefe del Estado Mayor Ponce. La inserción del Coronel Benavides en la cadena de mando vino después cuando, además de la decisión previa de nombrar al Coronel Carrillo-Schlenker comandante del área metropolitana, el Alto Mando estableció un Comando de Seguridad del Complejo Militar encabezado por Benavides. Aun así, tras su llegada a San Salvador, el batallón Atlacatl dependía directamente del Alto Mando/Mando Conjunto y no pasó a depender personalmente de Benavides hasta el 14 de noviembre, el día siguiente. Incluso entones su situación era única: el coronel Benavides testificó más tarde que el Mando Conjunto había ordenado el registro y había dictado todas las órdenes a las unidades Atlacatl durante el breve periodo de tiempo en el que estos comandos le fueron asignados: un periodo inferior a horas.

En quinto lugar, más que en registrar el campus para localizar a los más de cien guerrilleros que el Coronel Cerna Flores afirma que estaban presentes, este segundo registro se centró en la residencia de los jesuitas.

Al contrario de lo sucedido en registros anteriores de la UCA, no se examinó ningún material escrito para determinar si había documentación "subversiva", ni se hicieron preguntas y no se llevaron ningún libro ni documento. No se encontraron ni armas ni guerrilleros del FMLN. Cuando finalizó el registro de la residencia, el teniente Espinoza le dijo al rector Ellacuría -que se había unido a los Padres Segundo Montes e Ignacio Martín Baró- que el resto del registro del campus sería relativamente superficial, ya que sólo registrarían los edificios cuyas puertas estuvieran abiertas.

En sexto lugar, un aspecto poco habitual del registro fue la presencia de un agente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Héctor Ulises Cuenca Ocampo, que representaba el agente de inteligencia de mayor rango del país. La presencia de un agente de la DNI fue una completa sorpresa para el teniente Espinoza y la unidad Atlacatl, que no entendían por qué se les había asignado a Cuenca Ocampo.

Cuenca Ocampo le dijo al teniente Espinoza que le había enviado el “cuartel general” para participar en el registro. Una vez ejecutado este, partió sin darle al teniente Espinoza ulteriores explicaciones de su presencia allí. Tras la misión, Cuenca Ocampo aportó un informe de reconocimiento por escrito al director Guzmán Aguilar. El agente de la DNI testificaría más tarde que la búsqueda se ordenó porque “se suponía que los tiros se habían disparado desde dentro o que había armas dentro”, lo que en aquel momento ya se sabía que era falso, según el registro previo llevado a cabo en la UCA el 12 de noviembre. El Capitán Carlos Fernando Herrera Carranza, que había ordenado la participación de Cuenca Ocampo, declaró que estaba cumpliendo instrucciones del director de la DNI, el coronel Carlos Mauricio Guzmán Aguilar, cuyo superior inmediato era el Alto Mando y que era miembro de la Tandona de 1966.

Por los pocos oficiales jóvenes que implicó a su comandante, se le transfirió a Herrera Carranza al batallón Atlacatl, donde le dispararon misteriosamente en la cabeza en su primer día de trabajo.

Enviar a un agente de la DNI a observar lo que quería dar la impresión de ser un registro rutinario era muy poco habitual, aunque ulteriormente tanto Herrera Carranza como Guzmán Aguilar declararan que era normal. La DNI, cuyo superior inmediato era el Ministro de Defensa y el Personal General Combinado de las Fuerzas Armadas, era la agencia de servicios de inteligencia más importante del país. Ubicada en el complejo del Mando Conjunto/Ministerio de Defensa/Colegio Militar y en el mismo edificio que la CIA, con la que trabajaba casi a diario, se creó “para proporcionar unos servicios estratégicos de inteligencia, de inteligencia política, de inteligencia nacional, niveles muy altos de inteligencia”, según palabras del vicepresidente de Defensa el coronel Zepeda, que habían presidido la agencia en el pasado; el propósito era “producir inteligencia para las operaciones militares… todos sus esfuerzos, su equipamiento y la formación del personal estaban dirigidos a desarrollar servicios de inteligencia exclusivamente para operaciones militares”.

Así que, su presencia el 13 de noviembre era un signo de que la DNI estaba recabando inteligencia procesable para apoyar sus planes para una futura operación militar en la UCA. Es especialmente significativo que sólo el director de la DNI o un comandante veterano con un cargo superior, y no el coronel Benavides, tuvieran poder para autorizar la presencia de un agente de la DNI para acompañar a la unidad Atlacatl, un hecho que el capitán Fernando Herrera Carranza intentó clarificar incluso cuando a los oficiales de bajo nivel se les dieron instrucciones específicas de no testificar sobre las órdenes que sus superiores les habían dado.

Y por último, las pruebas circunstanciales indican sin lugar a dudas que el registro estaba planificado para cuando el Padre Ellacuría hubiese vuelto al campus de su viaje a España apenas dos horas antes del registro.

Al entrar en la Universidad por la puerta principal desde la autopista del sur, los soldados allí apostados desde la mañana anterior hicieron que Ellacuría se detuviese.

Los sacerdotes, que le recogieron en el aeropuerto y le llevaron al campus, informarían más tarde que el jefe de la patrulla militar le reconoció, saludándole. El testimonio de estos sacerdotes indica que creen que el registro estaba planeado para ese momento “por la llegada del Padre Ellacuría”. El líder de la patrulla militar, que podría haber verificado las órdenes precisas, sigue sin haber sido identificado porque los archivos que especificaban la unidad asignada a la UCA han desaparecido así como lo diarios militares más relevantes.

En conjunto, estos factores señalan la existencia de una acción premeditada. Con menos información disponible que la que está disponible hoy día, el investigador militar estadounidense Arthur M. Sedillo escribió: “creo firmemente que existen pruebas circunstanciales que indican que los incidentes del 13 al 16 de noviembre están interrelacionados. Para probar o rebatir esta teoría, deberían desarrollarse diversas investigaciones, incluida la siguiente... Desde que la compañía Atlacatl le fue asignada a la Escuela Militar bajo el mando temporal del coronel Benavides, el teniente

Espinoza recibió instrucciones adicionales de que se informase directamente al Estado Mayor. En el mismo marco temporal, se asignó a otras compañías a la Escuela Militar… Si no hubieran pasado por la misma cadena de mando, habría parecido que la compañía del batallón Atlacatl había estado preseleccionada para la misión especial de la UCA”.

El resto de las unidades no tienen el mismo estatus que el Atlacatl, y no se ha llevado a cabo ninguna investigación sobre la estructura de mando de la Policía Nacional y otros cuerpos más que alberga la Escuela Militar de forma permanente.

Pero el juez Zamora, el juez instructor salvadoreño, concretó: “Llevar a cabo una misión de reconocimiento previa a una operación más importante encajaría en los procedimientos operativos estándar de las Fuerzas Armadas de El Salvador”. El registro era el preludio planeado de los asesinatos.

El 14 de noviembre los accesos a la UCA permanecían fuertemente controlados, y nadie pudo entrar ni salir sin permiso. Las tropas del Atlacatl se situaron detrás de la UCA y en un vecindario adyacente a la Universidad. Además, los ataques contra las iglesias y personas religiosas aumentaron exponencialmente desde la tarde del día 13 en adelante, incluyendo el bombardeo y tiroteo de la parroquia de San Antonio de Padua, disparos y amenazas contra los trabajadores de la iglesia María Madre de los Pobres, amenazas de muerte anónimas contra dos de los pastores estadounidenses que vivían en Soyopango, y el registro de la parroquia de San Antonio de Padua donde los soldados robaron dinero en efectivo, comida, todas las medicinas y equipo clínico, muebles y un televisor.

Al día siguiente el Coronel Benavides dio la orden de asesinar a los sacerdotes a la unidad de comando del batallón Atlacatl cerca de las 23:00, pero los sucesos que llevaron a esta orden son altamente reveladores. La “luz verde” no implicó que el asesinato se decidiese en ese momento, tal y como indican los eventos de los días anteriores; ni significaron que Benavides hubiese tomado la decisión de matar a los Jesuitas por sí mismo. En este sentido, los eventos previos que resultaron en la orden directa son especialmente significativos.

El 15 de noviembre fue un día de constantes reuniones en el Estado Mayor, la Escuela Militar y el Congreso Salvadoreño. Mientras la mayoría de las versiones sobre el asesinato se han centrado en una gran reunión celebrada en el Estado Mayor durante la tarde del 15 de noviembre, como el momento en el que se tomó una decisión “de grupo” para proceder con los asesinatos de los Jesuitas, esto no pudo ser así. Las amenazas y especialmente los registros de la UCA sitúan el origen de este crimen mucho antes. Pero incluso no teniendo en cuenta los sucesos del 11 al 13 de noviembre, el conocimiento de los asesinatos venideros ya se había filtrado tanto a civiles como a

personas del ejército a primera hora de la tarde, probablemente antes de la reunión celebrada esa tarde, ya que la decisión ya estaba tomada.

Un análisis pormenorizado de cada una de las reuniones celebradas antes del 15 de noviembre permite elaborar un cronograma.

La que puede ser la reunión clave para desencadenar los sucesos del día 15, tuvo lugar en la Escuela Militar cerca de las 10 de la mañana. El Jefe del Estado Mayor, Ponce; el General de las Fuerzas Aéreas, Bustillo; el Viceministro de Defensa, Zepeda; y el Coronel Benavides participaron de la reunión.

En las investigaciones previas de los asesinatos, se desconocía dicha reunión pero fue registrada en documentos desclasificados del servicio de inteligencia estadounidense, así como en mensajes enviados por oficiales subalternos. La presencia del General Bustillo en la Escuela Militar en vez del Estado Mayor resulta inexplicable en estos momentos, al menos en el curso normal de sus actividades. Mientras que el Estado Mayor y la Escuela Militar se encuentran a una distancia inferior a algunos cientos de metros entre sí, la Base Aérea de Ilopango se halla fuera de la ciudad de San Salvador.

En esta pequeña reunión entre estos altos comandantes – dos de los cuales (Bustillo y Zepeda) se habían manifestado públicamente contra los Jesuitas y los otros dos ordenado el registro del campus de la UCA y la residencia de los sacerdotes el 13 de noviembre (Ponce) y los asesinatos reales (Benavides),- los documentos del servicio de inteligencia estadounidense revelan que estos oficiales de alto rango decidieron “ir tras el FMLN de una manera más agresiva.”

La siguiente reunión tuvo lugar cerca del mediodía. Esta reunión incluyó además al Viceministro Juan Orlando Zepeda y civiles miembros del poderoso grupo ultraderechista “los Maneques”, que incluían a varios miembros de la clase de 1966, como por ejemplo, los Coroneles Zepeda, Inocente Montano y Roberto Mauricio Staben, y sus actividades tenían el apoyo de algunas de las familias más ricas y ultra-derechistas de El Salvador y tuvo lugar en la propiedad de Eusebio Argueta en la Avenida La Reforma 133, cercana a la Embajada española, con el fin de presionar al Presidente Cristiani en pos de una “guerra total” para retomar la iniciativa militar sobre el FMLN.

Otros participantes fueron el Vice Presidente Francisco Merino y el Secretario del Presidente, Arturo Tona. Lo excepcional de esta reunión fue la insistencia de los presentes en que los militares desecharan las tácticas más restringidas promovidas por los Estados Unidos y retomaran los asesinatos masivos de civiles que marcaron los primeros años de la guerra.

Que se dieron ciertas garantías resulta aparente dada la cantidad de personas del Estado Mayor y la Escuela Militar que tuvieron conocimiento previo del asesinato antes de que Benavides diese la orden directa esa misma noche. En algún momento a última hora de la tarde, el Líder de la Mayoría de la Asamblea Nacional y Presidente vitalicio de ARENA, Roberto D’Aubuisson, mantuvo reuniones separadas en la Asamblea Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional del partido ARENA (COENA). De acuerdo con el informe de la CIA sobre la reunión de COENA, D’Aubuisson les aseguró a los máximos dirigentes del partido que no se preocuparan que al día siguiente, es decir, el 16 de noviembre, todo quedaría “arreglado”. Intentando calmar los temores de los ultra-derechistas presentes, D’Aubuisson, conocido por darle “despido” público a los dirigentes que iban a ser asesinados, acusó a los Jesuitas de inventar mentiras, “lavar el cerebro de los estudiantes” y de “ser responsables de que se afiliasen al FMLN.”

Encendiendo a sus seguidores con numerosas actividades subversivas de la UCA, se dice que D’Aubuisson se dirigió a la pizarra y elaboró un diagrama con grupos que según él, se habían formado en el campus instigados por los sacerdotes y que se habían aliado con el FMLN en contra del gobierno. Mencionó específicamente como los máximos responsables a los Padres Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró y Segundo Montes, españoles quienes habían venido a El Salvador, dijo, solamente a tomar el poder. Eran los cerebros que estaban detrás de las guerrillas. El redactor de la CIA que describió esta reunión, anotó que los actos de D’Aubuisson tan solo horas antes de la ejecución de los Jesuitas “resulta difícil de aceptar como mera coincidencia.”

Una tercera reunión, comunicada tanto por la Embajada de los Estados Unidos y la CIA y al menos un miembro del ejército salvadoreño que temía que “los hechos serían eliminados” por oficiales Salvadoreños, tuvo lugar en la Escuela Militar a las 14:00 y claramente resultó en la toma de decisiones.

Estuvieron presentes los oficiales de mayor rango del país: el General de las Fuerzas Aéreas, Bustillo; el Ministro de Defensa, Larios; los Vice Ministros de Defensa, Zepeda y Montano; el Jefe del Estado Mayor, Ponce; el Vice Jefe del Estado Mayor, Rubio; y los dirigentes de todas las fuerzas operativas de San Salvador quienes, eran los líderes de la Tandona: los Coroneles y Comandantes en Jefe, Elena Fuentes (Primera Brigada de Infantería), Machuca (Policía Nacional), Heriberto Hernández (Policía Fiscal), Carrillo Schlenker (Guardia Nacional y Jefe de Plaza) y Guzmán Aguilar (DNI).

Debido a que todos estos Coroneles ostentaban posiciones de alto mando, y eran los compadres, su opinión sería apreciada – y su ratificación necesaria – para adoptar cualquier decisión política/militar de esta importancia. El líder del Batallón Atlacatl, León Linares, también estaba presente. Al ser presentados con un informe del servicio de inteligencia de esta reunión, incluyendo su presencia allí, varios meses después, Ponce negó haber estado presente y “dudaba que esa reunión hubiese tenido lugar,” pero sus dudas quedan plenamente contradichas por las fuentes del servicio de inteligencia de los Estados Unidos, las cuales son muy precisas en cuanto a los detalles sobre estos asistentes.

Poco después de esta reunión, cerca de las 15:00, unos 120 a 130 miembros del batallón Atlacatl ingresaron al Centro Loyola (la casa de retiro Jesuita que había sido registrada tres días antes por la Policía Fiscal), donde permanecieron toda la tarde.

Después de recibir café y pasteles de parte del ama de llaves del Loyola, se dirigieron a la UCA unas cuatro horas después. Un oficial señaló: “Sí, vamos a buscar a Ellacuría y a todos los Jesuitas. No queremos extranjeros. Esto debe terminar.” Otro dijo: “Vamos a buscar a Ellacuría, y si lo encontramos ¡le vamos a dar un premio!”

Habiendo decidido llevar a cabo una respuesta más agresiva a la ofensiva del FMLN, se celebraron varias reuniones menores a lo largo de la tarde para implementar los planes reales correspondientes a los bombardeos, ataques contra la Universidad de El Salvador y alrededores, ataques contra dirigentes políticos, y una acción contra la UCA. Oficiales de inteligencia salvadoreños han informado de la presencia de consejeros Militares de Estados Unidos, el Coronel Milton Menijívar y el Coronel William Hunter, en algunas de estas reuniones.

A las 18:00 horas, las partes constituyentes de la operación estaban en su lugar y comenzaron sus actividades. En primer lugar, el Director Adjunto de la Escuela Militar, el Comandante Carlos Camilo Hernández Barahona, considerado como uno de los preferidos del Coronel Ponce, llamó por radio a los Tenientes Yusshy Mendoza y Gonzalo Guevara Cerritos para enviarles a la Escuela Militar donde se encontrarían con el Coronel Benavides.

En segundo lugar, reunieron a las tropas del Atlacatl en la zona y llamaron a varios integrantes de cada pelotón, tan solo por sus apodos. Los apodos son los siguientes: Toro (Espinoza), Lince (Guevara Cerritos), Satán (Avalos Vargas), Sansón (Zarpate Castillo), y Piljay o Verdugo (Amaya Grimaldi).

En tercer lugar, cerca de las 19:00 horas, el Subteniente Segundo Guevara Cerritos ordenó a 8 hombres que lo acompañasen al Centro Técnico de Instrucción Policial (CETIPOL) en la vecina Santa Tecla para recoger uniformes de camuflaje. Los soldados recibieron unas 15 cajas con uniformes “nuevos americanos modelo “de lujo” completados con “botas de montaña” como premio a los miembros del Atlacatl que iban a participar en la misión” y fueron proporcionados por el director de la Academia, el Coronel Rigoberto Soto Martínez, quien al despedirlos les gritó: “No fallen en su misión.”

En quinto lugar, cuando regresaron a la Academia Militar y los uniformes se distribuyeron a las tropas elegidas previamente, el Comandante Camilo Hernández Barahona circulaba entre los soldados mientras se vestían animándoles y brindándoles su apoyo. Esta secuencia indica que la preparación operativa empezó antes de las 18:00 horas y no fue adoptada en una reunión posterior esa noche.

Como habían hecho cada noche desde que comenzó la ofensiva y mientras los soldados recogían sus uniformes para la misión, 24 oficiales de alto rango se reunieron alrededor desde las 18:30 hasta las 22:00 o 22:30 horas en los cuarteles del Comando Conjunto (EMCFA). Allí debatieron cómo acelerar la contra-ofensiva militar, incluyendo el empleo de bombardeos aéreos sobre comunidades más pobres que se suponían controladas por el FMLN. La Comisión de la Verdad describe esta reunión como una reunión dirigida a adoptar medidas en contra de la ofensiva del FMLN.

Ponce autorizó la eliminación de cabecillas, sindicalistas, y reconocidos miembros líderes del FMLN y se tomó la decisión de bombardear haciendo uso de la Fuerza Aérea y artillería y tanques para desalojar al FMLN de las zonas que ocupaba.

El Ministro de Defensa, Rafael Humberto Larios preguntó si alguien tenía alguna objeción. Nadie levantó la mano y se acordó que se consultaría entonces al presidente Cristiani.

Lo relevante de estas decisiones es que los objetivos militares eran prominentemente civiles, miembros de sindicatos y partidos políticos. Los bombardeos estaban destinados a vecindarios residenciales como Mejicanos y Soyapango.

En esa reunión, de acuerdo con un entrevistado por el Lawyers Committee for Human Rights, el Coronel Benavides tomó asiento junto al General Bustillo, quien después de escuchar a Benavides decir que la UCA se encontraba dentro de su sector, respondió: “Bien, entonces ya sabe lo que tiene que hacer”. La reunión finalizó con los oficiales dándose tomados la mano, rezando, y solicitando “iluminación divina”.

El Coronel Ponce y otros presentes han negado sistemáticamente que los Jesuitas hubiesen sido mencionados en esta reunión, pero se trató sobre ellos en una reunión más pequeña a continuación de la reunión más amplia, donde como señala la Comisión de la Verdad, los Jesuitas fueron considerados los “cabecillas” y líderes del FMLN, y como ellos se convirtieron en uno de los objetivos.

El informe de la Comisión establece: “Durante la reunión los oficiales se mantuvieron de pié hablando en grupos; uno de estos grupos estaba formado por el coronel René Emilio Ponce, Juan Rafael Bustillo, Coronel Francisco Elena Fuentes, coronel Juan Orlando Zepeda y Coronel Inocente Orlando Montano. Ponce llamó al coronel Guillermo Alfredo Benavides y delante de los otros cuatro oficiales le ordenó matar al padre Ellacuría y no dejar testigos. También le ordenó usar las unidades del batallón Atlacatl que llevaron a cabo el registro dos días antes”.

Cerca de las 23:00, finalizada la reunión, el Coronel Benavides solicitó que el Teniente Espinoza asistiese a una reunión en su despacho hacia las 23:00 del día 15 de Noviembre. Allí se le unió un oficial del Atlacatl, el Teniente Segundo Guevara Cerritos teniente de Espinoza, y su propio oficial, el Teniente Yusshy Mendoza Vallecillos.

A esta altura, el Jefe del Estado Mayor Ponce había entregado el mando de la unidad de comando Atlacatl al Coronel Benavides. Habiendo regresado a la Escuela Militar desde la gran reunión con los altos mandos militares, el Coronel Benavides informó al grupo reunido que había recibido “luz verde” para la operación de los Jesuitas, y luego procedió a dar la orden directa de matar a los “líderes intelectuales” de las guerrillas en la UCA.

Dirigiéndose a Espinoza, y refiriéndose al registro de la residencia Jesuita llevada a cabo dos días antes, Benavides recapituló: “Usted realizó el registro y sus hombres conocen el lugar. Use el mismo procedimiento que el día del registro. Tiene mi apoyo. Son ellos o nosotros. Han estado desangrando nuestro país y debemos destrozarlos. Ellacuría es uno de ellos y debe morir. No quiero testigos. . . Es una orden y deben cumplirla.”

Cuando Benavides estaba dando la orden directa de asesinar a los Jesuitas al teniente Espinoza, Yusshy Mendoza y Guevara Cerritos, el Ministro de Defensa Larios llamó al Presidente Cristiani. Cristiani acudió al Estado Mayor donde se reunió con el General Larios, los Viceministros Zepeda y Montano, y el Jefe del Estado Mayor, Ponce.

El Presidente permaneció allí hasta aproximadamente la medianoche, tras lo cual se acercó al cuartel general del Comando Conjunto – a pocos metros de distancia – para recibir una sesión informativa sobre la situación militar en la capital, y donde permaneció hasta las 2:00. Así, el Presidente Cristiani se encontraba en el cuartel general del Comando Conjunto mientras se desarrollaba la operación del asesinato de los Jesuitas. Algunos consejeros militares estadounidenses estaban también presentes.

El Mayor Buckland testificó que los disparos realizados desde la UCA pudieron oírse desde el Estado Mayor, donde se encontraba durmiendo.

A la misma hora, el General Bustillo, que regresó a la base en el aeropuerto de Ilopango, le dijo a los oficiales de alto rango de la Fuerza Aérea que se había tomado una decisión para matar a los dirigentes del FMLN, mencionando concretamente a Ellacuría – “tanto si el presidente lo apruebe o no”.

Después de medianoche, cuando los comandos se reunieron fuera de la Escuela Militar para cumplir su misión, Hernández Barahona entregó a Yusshy Mendoza un AK47 de fabricación rusa, generalmente utilizado por el FMLN. Mendoza sacó el arma de la Escuela Militar. Dirigiéndose a la unidad de comando reunida, Mendoza preguntó: “¿Quién de vosotros conoce y sabe disparar este arma?” Los hombres gritaron “Piljay,” señalando a Oscar Mariano Amaya Grimaldi, a quien se le encomendó el arma y se le dijo que debía ser el “hombre clave”. Amaya aceptó el arma sabiendo que sería el asesino. Hernández Barahona le dijo a los líderes del comando que el uso de un FMLN AK-47 desviaría la culpabilidad de las Fuerzas Armadas hacia los rebeldes y les ordenó dejar propaganda mencionando al FMLN en el lugar de los asesinatos.

La unidad de comando se dividió entonces en dos, y a Antonio Ramiro Avalos Vargas, apodado “Satán” por las tropas, se le encomendó la tarea de liderar a la segunda patrulla de los comandos Atlacatl. En su confesión, declaró que le dijeron fuera de la Escuela Militar que iba a una “misión delicada” ordenada por los altos mandos.

Debían encontrar y matar a los curas dentro de la UCA porque eran líderes de “delincuentes terroristas” y los cerebros tras los ataques contra el ejército.

A su llegada a la UCA, a estos soldados se les unieron otros 20 hombres, incluyendo el resto de la unidad y algunos refuerzos adicionales. Reunidos alrededor de su comandante, algunos de ellos que aún no lo sabían, fueron informados de que sus objetivos reales eran los sacerdotes de la UCA, y que a “Piljay” se le había encomendado matarlos. También se les pidió que simularan una confrontación militar entre ellos y los sacerdotes una vez que los sacerdotes ya estuviesen muertos para dar la impresión de que habían sido asesinados por el FMLN. A aproximadamente la 1:00, bajo las órdenes de Espinoza, toda la unidad marchó hacia la UCA, y esperó en el aparcamiento cerca de media hora. Un vigilante nocturno que estaba durmiendo en uno de los edificios paralelo al aparcamiento, contó que oyó dos frases: “No vayas allí” y “Ahora es el momento para ir a matar a los Jesuitas”.

La operación se efectuó en tres círculos concéntricos: un grupo permaneció en el área adyacente; otros, rodearon el edificio; y un pequeño grupo “selecto” fue elegido para llevar a cabo los asesinatos. Estos soldados se acercaron a la residencia de los sacerdotes, y, por el camino, se encontraron a dos mujeres, el ama de llaves Julia Elba y su hija Celina, que estaban sentadas en un diván, en una de las habitaciones. Asustadas y sin poder volver a su hogar, buscaron protección con los Jesuitas donde pensaron que estarían más seguras y dejaron al Sargento Tomás Zarpate Castillo custodiando a las dos mujeres.

El resto de los comandos rodearon la residencia de los Jesuitas. Cuando cinco de los sacerdotes salieron alertados por el ruido, el Subsargento Avalos ordenó que se tirasen al suelo. En su confesión, Avalos recordó que los sacerdotes no parecían peligrosos, algunos eran bastante mayores y estaban desarmados, otros llevaban pijamas. Tuvo que recordarse así mismo que eran “delincuentes terroristas” y que eran sus “cerebros lo que importaba”.

Tras escuchar al Comandante Espinoza preguntarle a qué estaba esperando, Amaya Grimaldi (“Piljay”) empezó a disparar a los tres sacerdotes que yacían en el suelo justo enfrente de él, intentando dispararles en la cabeza con el AK-47.

Posteriormente, este rifle fue identificado como el arma que mató a los Padres Ellacuría, Martín Baró, y Montes.

El Subsargento Ramiro Avalos Vargas también empezó a disparar y mató a otros dos Jesuitas, los Padres Amando López y Juan Ramón Moreno. Espinoza, el único soldado que se cubrió la cara antes de la operación militar, confesó que se dio la vuelta con los ojos llenos de lágrimas. El Padre Segundo Montes, que yacía muerto en el suelo, había sido su director de colegio cuando era estudiante en el Colegio Externado San José. Más tarde, Lucía Cerna, una empleada guarecida en un edificio contiguo testificó que las últimas palabras que escuchó antes de los disparos fueron los

del Padre Nacho Martín Baró gritando: “Esto es una injusticia. Eres escoria”.

En ese mismo momento, Zarpate disparaba a Julia Elba y a su hija Celina, que se agarraban la una a la otra en la habitación en la que había estado vigilándolas.

Cuando el Sargento Avalos Vargas descubrió que las dos mujeres aún seguían vivas en el suelo abrazadas la una a la otra, Avalos le ordenó al soldado Jorge Alberto Sierra Ascensio que se asegurase de su muerte. Sierra Ascensio descargó su M-16 hasta acabar con ellas.

Inmediatamente después, otro de los soldados, Guevara Cerritos, siguiendo instrucciones de Hernández Barahona escribió en la pared: “El FMLN ejecutó a los enemigos espías Victoria o muerte, FMLN”. Los miembros del comando regresaron a la Escuela Militar a las 3:00. Algunos regresaron en una furgoneta de color beige y fueron recibidos por el coronel Benavides en la puerta. Cuando a uno de los soldados se le llevó una taza de café, comentó a uno de sus colegas: “Acabamos de asesinar a los cabecillas del FMLN. Creo que la guerra va a terminar porque mi coronel dijo que estos asesinatos lo haría”.

Antes de las 6:00, se ordenó al comando responsable del crimen que se reuniera con el resto del Batallón Atlacatl en la sede de la Primera Brigada de Infantería, la cual estaba a las órdenes del Coronel Elena Fuentes.

Indicaron a los soldados de la Primera Brigada, que habían estado ocupados en otros asuntos, lo que habían hecho; las novedades se difundieron rápidamente en toda la brigada. Posteriormente, en la tarde del 16 de noviembre, el arzobispo Rivera y Damas y el Obispo Auxiliar Rosa Chávez narraron cómo habían escuchado que un camión militar que portaba un megáfono anunciaba: “Ellacuría y Martín Baró han caído.

Vamos a continuar matando comunistas.” El mismo megáfono anunció: “Somos de la 1ª Brigada." Esto ocurrió con anterioridad a que la noticia de los asesinatos se hiciera pública. A pesar de conocerse esto, el Coronel Elena Fuentes continuó insistiendo durante varios días que el FMLN había matado a los jesuitas. Temprano esa misma mañana, se realizó la reunión diaria de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en el Estado Mayor. El capitán Carlos Fernando Herrera Carranza, quien había transmitido la orden al agente del DNI Héctor Ocampo Cuenca para que asistiese al reconocimiento de la UCA el 13 de noviembre 1989, interrumpió la sesión para anunciar que el padre Ellacuría había sido eliminado cuando se resistía al arresto. Se informó que los jefes superiores presentes expresaron su júbilo y aplaudieron.

Alrededor de las 9:00, el Coronel Benavides se reunió con todos los soldados quienes habían estado de guardia en la Escuela Militar durante los dos últimos días, y les ordenó mantener completo silencio sobre los asesinatos de los sacerdotes, su ama de llaves y su hija.

Se les informó que la versión oficial debía ser que el FMLN había llevado a cabo los asesinatos. Benavides advirtió en forma repetitiva que "los soldados no debían hablar con nadie acerca de los asesinatos: ya que si lo hacían “todos moriríamos.”

Todos informaron al SIU que no habían visto o escuchado nada.

La comunidad Jesuita supo de lo ocurrido casi al mismo tiempo que los agentes de la DNI aplaudían. Obdulio Ramos, esposo de Elba y padre de Celina quien era el jardinero de la Universidad, se había escondido en la estación de guardia temporal en la entrada principal de la residencia de los jesuitas, cuando la unidad de comando llegó.

Permaneció oculto durante tres horas hasta las seis de la mañana, hora en la que se suspendía el toque de queda, a esta hora se dirigió al patio interior. Lo escuchó todo. Cuando vio los cuerpos de los sacerdotes, ya no pudo continuar con su búsqueda.

Corrió a través de la puerta de ingreso principal a la residencia jesuita más cercana, y llevó las noticias al grupo que allí se encontraba reunido: “Los sacerdotes han sido asesinados. ¡Oh Dios! ¡Oh Dios!” Luego se desmayó. La hija de Obdulio se iba a casar en dos días, el 18 de noviembre, más tarde reveló entre sollozos, y también dijo que su esposa estaba preocupada porque su hija era demasiado joven. Antes de las 7:45 el arzobispo Rivera y Damas y otros Jesuitas que se reunieron alrededor de los cuerpos de los sacerdotes asesinados que yacían sobre el césped en el patio. Todos estaban acostados, y se había comprimido la mano de cada uno de ellos exponiendo un puño, para mostrar que ellos eran comunistas. Cuando los sacerdotes que se habían reunido revisaron las habitaciones para observar en detalle lo que había sucedido, encontraron a Elba y Celina, que se encontraban "todavía parcialmente abrazadas".Allí, acurrucado junto a ellas, se encontraba Obdulio acostado en posición fetal.

Uno o dos días después del asesinato, el teniente Yusshy Mendoza Vallecillos, visitó a su sastre militar, un anciano que había trabajado durante décadas en la Academia Militar: “Realmente espero que mi coronel no me delate”, dijo al sastre.

Mendoza agregó que se sentía mal por haber asesinado a los Jesuitas y que no había querido llevar adelante el asesinato, sobre todo porque uno de los sacerdotes, Ignacio Martín Baró, había sido uno de sus maestros durante la secundaria, pero se le había dado una orden directa; y además, continuó relatándole a su sastre que el General Bustillo, Comandante General de la Fuerza Aérea, le había ofrecido entrenamiento como piloto, a modo de recompensa.

EL JUEZ ELOY VELASCO Y LA MASACRE DE LOS JESUITAS. LA DOCUMENTACIÓN (III ENTREGA). LA TOMA DE DECISIONES: LA CADENA DE MANDO Y LA TANDONA

2011-08-11T06:08:00.000-07:00

El ejército de El Salvador es similar (en su cadena de mando) y totalmente distinto (en su sistema de tandas) a otros ejércitos latinoamericanos.

Acostumbrados a gobernar durante mucho tiempo y habiendo permitido por primera vez la ascensión de un civil a la presidencia, el ejército salvadoreño debe ser percibido tanto como una institución del Estado y como una organización política.

En 1989, la Fuerza Armada salvadoreña tenía una cadena de mando formal y operativa. La autoridad residía en el Alto Mando, que incluía a: el Presidente que era según la Constitución el Comandante General (Cristiani), el Ministro de Defensa y de Seguridad Pública (General Larios), el Vice Ministro de Defensa (Coronel Zepeda), el Vice Ministro de Seguridad Pública (Coronel Montano) y el Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (Coronel Ponce).

Todos tenían responsabilidades específicas. El Presidente nombraba al Ministro de Defensa, quien a su vez estaba en la cúspide de la estructura organizativa militar y gestionaba las Fuerzas Armadas según la relación militar normal de mando y dependencia. El Presidente también estaba oficialmente a cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia o DNI (Coronel Guzmán Aguilar), la agencia de inteligencia más importante del país.

El Ministro de Defensa, en virtud del artículo 140 de la Ordenanza Militar, era responsable de “la administración del ejército” y por ley era la organización de más nivel, especialmente en periodos de estado de sitio. Entre sus muchas tareas, era especialmente relevante su responsabilidad directa en COPREFA (Mayor Chávez Cáceres), el Comité de Prensa de las Fuerzas Armadas. El Ministro de Defensa (General Larios) tenía la autoridad y la responsabilidad de investigar y castigar los delitos contra civiles, los crímenes contra la humanidad y las violaciones de derechos humanos.

También tenía el poder de degradar a los oficiales y, junto con cualquiera de sus viceministros (los Coroneles Zepeda y Montano), según el servicio exigido, tenía la capacidad de ordenar traslados internos masivos, traslados al extranjero y jubilaciones.

La legislación confería una amplia discreción a los viceministros de defensa, sobre todo si eran líderes sólidos. Podían emitir órdenes, sin solicitar autorización, y todos eran considerados la “mano derecha” del ministro. Su mayor poder residía en la capacidad de recomendar cambios en el personal que normalmente el ministro aceptaba.

Además, el Viceministro de Defensa (Coronel Zepeda) era el que se encargaba directamente de varias entidades involucradas en la masacre de los Jesuitas, incluido (normalmente) la Escuela Militar (Coronel Benavides), CETIPOL, un instituto de formación (Coronel Soto Martínez) y CITFA, que coordinó y montó todas las transmisiones de radio necesarias y que además formaba parte del Estado Mayor.

Con el alzamiento de la insurgencia, el Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Armada se convirtió en el cargo más importante que servía de apoyo al Alto Mando porque tenía capacidad para dirigir todas las misiones operativas militares. Por tradición, el Jefe del Estado Mayor (Coronel Ponce), asistido por un Vice Presidente del Estado Mayor de alto rango (Coronel Rubio) también era comandante del ejército. Este cargo dependía del Personal General Conjunto formado normalmente por seis coroneles jóvenes que coordinaban un aspecto del mando nacional: Personal (C-1), Inteligencia (C-2), Operaciones (C-3), Logística (C-4), Operaciones Psicológicas (C-5) y Comunicaciones (C-6). La misión del Estado Mayor era transformar las órdenes emitidas por el mando general a través del Ministerio de Defensa y convertirlas en órdenes que se enviaban a través de los canales subordinados.

El resto de puestos estaban subordinados al Alto Mando, incluidos los tres directores de las fuerzas de seguridad, la Policía de Hacienda, la Guardia Nacional y la Policía Nacional, los comandos especializados tales como la Fuerza Aérea (General Bustillo), seis brigadas militares, con la Primera Brigada (Coronel Elena Fuentes) vista como el cargo más importante ya que cubría todo San Salvador, seis destacamentos militares y cinco batallones de infantería de elite de "reacción inmediata" (BIRI). Cada uno de estos batallones estaban formados por unos mil hombres que no tenían responsabilidades regionales específicas sino que eran trasladados según las órdenes del Jefe del Estado Mayor. Su superior inmediato era el comandante de la brigada responsable de la zona en la que operaban (Benavides en la época de la masacre de los jesuitas).

El primero y quizás el batallón de infantería de reacción inmediata más conocido de los cinco BIRI, establecido por las Fuerzas Especiales estadounidenses en 1981 para llevar a cabo operaciones flexibles en cualquier parte del país era el batallón Atlacatl (conocido por luchar bajo una bandera negra decorada con una calavera y una serpiente). Consistía en pequeñas unidades de comandos armados que se enviaban con regularidad a los puntos calientes para combatir a la guerrilla. Esta unidad era una de las principales beneficiarias de la formación continua impartida por EE. UU., y uno de sus jóvenes comandantes, el teniente Espinoza, encabezaría la misión contra los jesuitas. Se consideraba a su equipo de comando como la “elite de la elite”.

Las órdenes se obedecían habitualmente a cualquier nivel. Se había establecido un procedimiento burocrático, requerido por ley, para informar incluso de cualquier detalle de las operaciones a los comandantes operativos por muy insignificante que fuera. Las órdenes se comunicaban con facilidad en un día, aunque a menudo se daban oralmente para después recurrir al procedimiento formal de las órdenes directas.

Aunque el ejército salvadoreño respetaba la cadena de mando, también operaba mediante un complejo sistema de consenso, tanto en la organización interna de las tandas como en la relación entre ellas, y en las promociones de la Escuela Militar salvadoreño. Este era el caso de la toma de decisiones importantes. Cuando la Tandona asumió el poder de la Fuerza Armada se hizo con todos los puestos de mando excepto la posición del Ministro de Defensa para la que se designó a Larios que no era miembro de la Tandona. Esta posición sería más adelante para el Coronel Ponce y se accedió a que la ocupara Larios temporalmente por lo que se conoció como el “acuerdo de Cristiani”.

Este trato resolvió el conflicto de liderazgo entre el general Bustillo, apoyado por la facción de extrema derecha de ARENA; y el coronel Ponce, el reconocido líder y candidato favorito de la Tandona; también significó que podrían trabajar juntos una vez que la decisión estuviese tomada. Por tanto, en la época en la que los jesuitas fueron asesinatos, el poder de facto estaba delegado a instancias inferiores. Era de conocimiento general que la persona que tomaba las decisiones más importantes en el ejército era el Coronel Ponce.

Como el coronel norteamericano Fred Berger observó, al hablar sobre los oficiales que no pertenecían a la Tandona: “Es así, el coronel López, el sustituto del coronel Rivas, incluso el propio coronel Rivas, no tomaban ninguna decisión de más de unos pocos cientos de dólares si tener autorización de Ponce. Para conseguir colchones, tenían que tener autorización del Estado Mayor. Para trasladar a las tropas, necesitaban autorización. No había manera de que nadie diera esa orden sin que alguien de rango superior lo supiera”.

Aún así el estilo del Jefe del Estado Mayor era el de buscar consensos en lo que respecta a una estrecha colaboración con sus propios compadres, descritos en el estudio del Congreso de EE. UU como “el núcleo de oficiales que tomaban decisiones por consenso antes que a través de la estructura de mando formal”.

Las normas por las que se regía este grupo eran muy claras. La protección de la Tandona era la prioridad más importante, un instinto que se había fortalecido dada la intensificación de los ataques por parte del Congreso de EE. UU., otras tandas y el FMLN.

La decisión, profundamente política, de matar a los sacerdotes jesuitas, fuera o no difícil de tomar, no habría sido complicada de ejecutar porque los compadres y la cadena de mando coincidían en gran parte. Con los coroneles Ponce, Montano, Zepeda, Rubio, Elena Fuentes y Carrillo Schlenker (que había pasado de ser el Director de la Policía de Hacienda a ser temporalmente el Jefe de Plaza del área metropolitana de San Salvador) en los puestos de mando más importantes del país, una decisión política de esta envergadura tendría que haber implicado por necesidad algún tipo de coordinación entre los compadres y el Jefe del Estado Mayor Ponce.

Sin la autorización explícita del Alto Mando respaldado por al menos varios de los compadres, estas ejecuciones nunca habrían tenido lugar ni habrían estado tan fácilmente disponibles los medios para planificar y llevar a cabo los asesinatos.