ALMUDENA BERNABEU
Testimonios y documentos recabados por la abogada Almudena Bernabeu vinculan al expresidente salvadoreño Alfredo Cristiani
(1989-1994) con el asesinato de seis sacerdotes jesuitas —cinco de ellos
españoles— y dos empleadas ocurrido el 16 de noviembre de 1989 en plena guerra
civil de El Salvador. Bernabeu afirma, en entrevista con EL PAÍS, que estas
pruebas ligan al exmandatario con el asesinato múltiple, uno de los puntos de
quiebre del conflicto salvadoreño (1980-1992).
Bernabeu pertenece al Centro de Justicia y
Responsabilidad (CJA, en inglés), y en su expediente tiene juicios civiles
ganados contra varios esbirros salvadoreños y de otras nacionalidades
latinoamericanas, entre ellos dos exministros salvadoreños residentes en Miami,
los exgenerales Guillermo García y Eugenio Vides Casanova. Bernabeu es
licenciada en Derecho por la la Universidad de Valencia. Reside en San
Francisco, California y es profesora de la Universidad de Berkeley. La consideran una “caza
torturadores”.
Pregunta. Alfredo Cristiani, en el momento en
que ocurrió la masacre de los sacerdotes jesuitas, era el Comandante en Jefe de
las Fuerzas Armadas, y no ha sido procesado. ¿Hay pruebas contra él?
Respuesta. Después de revisar la documentación
e informes periciales durante seis años y escuchar los testimonios de dos
exmilitares, la respuesta es sí. Su implicación no pasa del hecho de que él
haya participado, sino de lo que sabía del caso y cuándo lo supo. El presidente Cristiani estaba al tanto de las decisiones de
los militares en aquel momento. Él siempre ha alegado que nunca supo nada,
hasta después de ocurrido el crimen, y que conoce de la implicación de
militares de Alto Mando en el hecho. Pero según la documentación y archivos
desclasificados de la CIA, el FBI y el Departamento de Defensa de Estados
Unidos, así como los testimonios de dos exmilitares salvadoreños, no fue así. Cuando la decisión fue concebida y se tenía claro cómo se
ejecutaría, se le comunicó al momento a Cristiani. La primera llamada que
el general [René Emilio] Ponce —ya fallecido y acusado como principal autor
intelectual—, la madrugada del 16 de noviembre de 1989 y una vez ejecutada la
orden, es a Cristiani.
ALFREDO CRISTIANI
P. ¿Cómo avanza el proceso judicial en España
en contra de Cristiani?
R. Después de un año tumultuoso, en el que se
aprobó una reforma judicial que sustancialmente limitaba la aplicación de la
Justicia Universal, estábamos en el limbo y esperando la reacción de los jueces
y con qué tipo de recursos íbamos a proceder. La reforma implicaba un cierre
parcial de las causas, hasta que se determinara si había o no competencia por
parte de la Audiencia Nacional, con ciertos requisitos, y esto dio lugar a que
el Juez Eloy Velasco, de motu proprio y tras aplicar la ley, emitió una orden
en la que mantenía la causa abierta, por encontrarse el delito de terrorismo y
crímenes de lesa humanidad. El delito de terrorismo no era tocado por la nueva
ley, sino que los delitos de índole internacional. Entonces el delito de
terrorismo continúa siendo uno sobre el cual España tiene competencia
extraterritorial, siempre que las víctimas sean españolas, sin importar donde
haya ocurrido el delito.
El expresidente Alfredo Cristini (al micrófono) en
2012, en un vídeo de Arena.
P. ¿Cómo se traduce eso en el caso de la
matanza de los jesuitas?
R. Después de la decisión del juez Velasco, los
abogados de la causa nos reunimos y decidimos que no nos íbamos a conformar con
un caso solo por terrorismo y solo por españoles, cuando el caso de los
Jesuitas tiene una vocación de y para El Salvador, y es un caso de lesa
humanidad, algo que es importante para los Derechos Humanos. Entonces
presentamos una serie de alegaciones y nuestra sorpresa fue que, el 3 de
octubre pasado, la Sala resolvió por unanimidad (20 jueces) que se aceptaba por
entero nuestras alegaciones como parte querellante y se seguirá el caso por
lesa humanidad. Nuestro criterio es que si en un mismo hecho se configura el
delito de terrorismo y el delito de lesa humanidad, un juez no puede partir por
una relación concursal y procesal de no ver un solo hecho en un crimen en el
que han ocurrido varios delitos, sino que debe ver todo. Así que el caso
continúa.
P. El excoronel Inocente Montano, encarcelado
en EE UU y vinculado al crimen, ¿podría ser extraditado a España por su
implicación en la matanza jesuita?
R. El proceso está progresando muy bien. A
partir de la condena penal de Montano (por un delito migratorio), pudimos
revisar documentos adicionales desclasificados por organismos de inteligencia
de EE UU. Se obtuvo información de la participación de Montano en el crimen de
los jesuitas, en concreto del asesinato de Ignacio Ellacuría (entonces rector
de la Universidad Centroamericana de El Salvador —UCA—. Consideramos necesario
hacerle saber esto al juez Velasco, para que ampliara la solicitud de
extradición presentada ante Estados Unidos. Hoy ya el juez envió una orden
ampliada de extradición a EE UU. Creo que tiene todo lo que necesita para
extraditar a Montano y lo que quieren esperar es que termine su condena, el 15
de abril de 2015.
P. ¿Qué significa eso?
R. Por requisitos de la ley penal y procesal en
España, necesitamos que uno de los implicados pise suelo español para abrir la
fase de juicio oral, una fase que es larga y compleja, que hasta puede ser
emotiva. Sería un juicio con tres jueces, con el abogado para Montano, de paga
o de oficio, mientras que nosotros representaríamos a las familias de las
víctimas y la sociedad española. Eso, creo, sería el mejor de los escenarios.
P. ¿Los implicados que están en El Salvador
pueden ser extraditados?
R. Eso hay que valorarlo, porque la Corte
Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador, la anterior a la actual, rechazó una
orden de captura internacional. La CSJ española no ha presentado la orden de
extradición y creo que, procesalmente, es posible pedir la extradición como se
debe.
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