martes, 9 de agosto de 2011

ELOY VELASCO NÚÑEZ, El Juez que pide la cabeza de los militares que asesinaron a los jesuitas

Magistrado Juez del Juzgado Central de la Instrucción 6 de la Audiencia Nacional (Madrid-España).

Haremos una serie de entregas, con copias del documento que implica a los militares en el caso de la masacre de los jesuitas de la UCA de El Salvador.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 6
AUDIENCIA NACIONAL
MADRID

SUMARIO: 97/10 (DP 391/08)

AUTO DE PROCESAMIENTO

En Madrid a treinta de mayo de dos mil once

HECHOS

PRIMERO.- EL CONTEXTO: NEGOCIACIONES O “GUERRA TOTAL”

El año 1989 fue el punto clave de la década de guerra civil en El Salvador. Los resultados de las elecciones de 1989 impulsadas por EE. UU. alteraron de forma irrevocable el panorama político del país.
La competencia entre los partidos de la derecha (Partido Republicano Nacional ARENA) y del centro-derecha (Partido Demócrata Cristiano) se libraba con el telón de fondo de una intensificación de la actividad militar por ambas partes, coincidiendo con la subida al poder militar de la “Tandona” de 1966 – promoción de la escuela Militar de El Salvador, y asociación de 20 oficiales, reconocida internacionalmente por ser un grupo cerrado de militares que ocupaban todas las posiciones claves del ejército y gobierno salvadoreños, con ambiciones comunes, y temida por anteponer sus intereses y los de sus miembros, a los del Gobierno o la propia institución militar, siendo miembro del grupo de liderazgo conformado por ocho militares conocidos como “compadres”- en junio de1988, consiguiendo forzar la retirada de dos generales y el traslado de treinta oficiales veteranos, asumiendo el liderazgo del Estado Mayor y todos los puestos del Alto Mando, excepto el de Ministro de Defensa.
Por otro lado, el FMLN se había extendido con éxito hasta casi todas las esquinas de El Salvador. En 1989, el FMLN había pasado de ser un pequeño grupo de guerrillas apenas armadas a uno de los movimientos rebeldes modernos más eficaz.
La guerra había llegado a un punto muerto que según parecía, podría dar lugar a “al menos a otros diez años en perspectiva”.
Además, las elecciones de marzo de 1989 se celebraron en el contexto de la mayor presión conocida hasta ese momento por alcanzar un acuerdo negociado al conflicto.
Un sondeo realizado bajo la dirección del luego asesinado jesuíta Ignacio Martín Baró, en enero de 1989 arrojó un resultado de que el 68% de los salvadoreños querían “negociar la paz con el FMLN tan pronto como fuera posible” y solamente el 11% prefería intensificar la guerra para derrotar a los rebeldes, lo que llevó tanto a la izquierda (a la que se había excluido de las elecciones) como a la derecha (que intentaba ganarlas por primera vez) a maniobrar para conseguir extender ‘el manto de la paz’.
Se incrementó el apoyo internacional y doméstico por alcanzar un acuerdo negociado que además de la iniciativa de Esquipula se reflejó también en la propuesta de paz que el FMLN anunció antes de las elecciones, anuncio que el gobierno demócrata cristiano saliente, la Iglesia Católica y la mayoría de los civiles habían acogido positivamente.
Los resultados de las elecciones de marzo de 1989 revelaron la intensa polarización de El Salvador.
Por un lado, el candidato del partido conservador ARENA (Alfredo Cristiani), había ganado el 53% de los votos. Aliados con la Tandona tanto desde un punto de vista financiero como ideológico, esta victoria parecía darle un nuevo empujón a la “línea dura”.
Por otro lado, un inaudito 50% del electorado con derecho a voto no acudió a votar a pesar de la obligación legal de hacerlo, lo que suponía apoyar el llamamiento del FMLN de abstenerse o de votar nulo.
Estos resultados tan dispares mostraban la intensa insatisfacción del pueblo, además de presentar en toda su crudeza a los antagonistas políticos del país: podían o bien avanzar hacia un acuerdo negociado o bien sumir de nuevo al país en un periodo de matanzas masivas de civiles como había ocurrido en el periodo anterior o lo que los partidarios de la línea dura llamaban "guerra total".
Esta fue la decisión clave a la que se enfrentó el gobierno de Cristiani tras hacerse con el poder. Los partidarios de la línea dura de las filas de ARENA y de las Fuerzas Armadas presionaban para que se volviese a la estrategia anterior (1979-1982) de “guerra total” para derrotar al FMLN, lo que significaba la eliminación de los enemigos reales o potenciales y cuyo objetivo era destruir cualquier tipo de resistencia posible, incluida la que podían desde su labor estar ejerciendo los jesuítas de la UCA..
Los principales líderes de la Tandona, especialmente el Vice Ministro de Defensa Juan Orlando Zepeda y el Jefe del Estado Mayor Emilio Ponce, y su aliado, el General de las Fuerzas Aéreas Juan Bustillo (que era el más veterano de la “tanda” y también el de mayor rango) apoyaron la vuelta a la guerra total, oponiéndose a las negociaciones.
La Tandona resistió todos los intentos de diálogo, incluyendo la iniciativa del FMLN que anunció en enero de 1989 poco después de que el partido ARENA subiese al poder.
La respuesta de los oficiales veteranos a esta propuesta era indicativa de la intensidad de su oposición: El General Humberto Larios, Ministro de Defensa; y el Coronel René Emilio Ponce, Jefe del Estado Mayor, amenazaron públicamente con un golpe de estado, pues pensaban que las negociaciones significaban el fin de su existencia.
La Tandona cedió a regañadientes, ante la insistencia de EE. UU., a convocar elecciones para elegir a un presidente civil, pero rechazó que la presión fuese más allá para que las negociaciones fructificasen, pues se veían marginadas del poder.
La vuelta a la “guerra total” podría significar repetir las numerosas masacres a gran escala de los primeros años de la guerra (1979-1982) en donde sobresalió la labor del Batallón Atlacatl que después asesinó a los jesuítas, y había sido el telón de fondo ideológico para asesinatos como el del Arzobispo Oscar Romero y cuatro clérigas norteamericanas.
Por primera vez, surgieron dentro del partido ARENA algunos elementos que parecían abiertos a lo que el rector de la UCA definió como una "nueva fase".
El rector jesuita de la UCA, padre Ignacio Ellacuría, a quien se conocía como el analista político más importante de El Salvador, no creía que fuese posible una victoria militar ni de las Fuerzas Armadas ni del FMLN.
Durante años había argumentado que la única vía de salida posible a la guerra civil era el diálogo.
Bajo su punto de vista, tanto ARENA como el FMLN habían avanzado lentamente hacia el centro; el papel que él había elegido era el de potenciar la creación 5de una "tercera fuerza" formada por civiles que ayudara a conseguir un acuerdo negociado.
En su papel de mediador entre el gobierno y el FMLN, Ellacuría tuvo éxito en alentar al comandante militar del FMLN más partidario de la línea dura a declarar por primera vez y públicamente su disposición a entablar una negociación.
En sus reuniones con el presidente Cristiani, presionó para que se produjese el diálogo, de modo que cuando ARENA subió al poder en marzo de 1989, Ellacuría se mostró optimista.
Creía que la idea de una “tercera fuerza” civil podría poner freno a los partidarios de la línea dura de cualquiera de las dos partes.
Lo que el Rector Ellacuría había visto como una oportunidad, precipitó la crisis de ARENA.
Por primera vez, el partido estaba cada vez más dividido entre empresarios más abiertos a la negociación que querían influir en el Presidente Alfredo Cristiani en esa dirección y las fuerzas a favor de una posicion de guerra mas agresiva representadas en la persona de Roberto D’Aubuisson, el “presidente honorífico vitalicio” y fundador del partido ARENA.
Para los miembros menos extremistas del partido, los lideres de las Fuerzas Armadas se habían convertido en un problema.
Los fondos de la seguridad social del ejército constituían la mayor fuente de capital líquido del país, lo que le permitía tener su propio banco comercial y competir con las élites tradicionales: había comprado sectores enteros de producción y un significativo porcentaje de los bienes inmuebles del país.
Una consecuencia aún más inoportuna fue la creación de una banda que secuestraba con fines lucrativos cuyo objetivo eran los hijos de las personas adineradas.
Esta banda estaba dirigida por un oficial de la Tandona que operaba con impunidad y que estaba protegido por el Jefe del Estado Mayor Ponce.
La facción de D’Áubuisson conservaba su propio aparato paramilitar, controlaba numerosos archivos de inteligencia y contaba con la profunda lealtad de los miembros 6más violentos y nacionalistas del partido así como partes de los cuerpos de oficiales veteranos por lo que continuó siendo “el político más importante de ARENA” y “el poder tras el trono” tras las elecciones de 1989.
Que D’Áubuisson ejercía inicialmente el poder por encima del presidente Cristiani era visible desde fuera.
Sin consultar con el nuevo presidente, D’Áubuisson escogió personalmente a uno de sus más estrechos aliados y financiador de los escuadrones de la muerte, Francisco “Chico” Merino, como vicepresidente del país para que pudiera influir directamente en el seno del gobierno de Cristiani.
El vicepresidente Merino mantenía lazos estrechos con los miembros más extremistas de la Tandona, especialmente con el viceministro de Defensa Juan Orlando Zepeda.
Ambos pertenecían a “Los Maneques”, un círculo íntimo civil y militar que acogía a los extremistas más virulentos de El Salvador con conexiones en el corazón del ejército y en el partido ARENA.
La relación que se forjó entre estos civiles con altos cargos y los miembros de la Tandona, sobre todo el nexo de Merino y Zepeda, fue vital para posibilitar la masacre de los jesuitas porque facilitaba la cooperación entre los organismos militares y los civiles para perpetrar asesinatos.
El propio Ellacuría reconoció que esta poderosa dinámica no presagiaba nada bueno para la tan esperada “nueva fase”.

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