Cristiani estuvo en el Estado Mayor hasta después de asesinato de jesuitas

"El Salvador será la tumba donde los rojos terminarán..." Así reza el himno del derechista partido ARENA. Nos preguntamos ¿Cuánto tiempo podrá seguir dándole vida esa consigna violenta a ese partido? O bien, ¿no será que los lleva hacia "su tumba"?
La nota está tomada del periódico digital El Faro.

El juez de la Audiencia Nacional de España que procesa la demanda contra el ex presidente Alfredo Cristiani y 14 militares salvadoreños, conoció un documento desclasificado de la CIA que asegura que el ex gobernante estuvo reunido con la cúpula militar desde antes hasta después del asesinato de los sacerdotes jesuitas en 1989.

Alexis Henríquez

Madrid. Alrededor de las cero horas del 16 de noviembre de 1989, cuando un contingente militar rodeaba la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), el entonces ministro de Defensa, el general Rafael Humberto Larios, convocó al entonces presidente de El Salvador, Alfredo Cristiani, a una reunión en las instalaciones del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada. El gobernante permaneció en el lugar hasta después del asesinato de los seis sacerdotes jesuitas dentro de la UCA, su ama de llaves y la hija de ésta.
Esa ubicación del ex presidente salvadoreño, a menos de un kilómetro del lugar del asesinato antes, durante y después del crimen, está registrada en uno de los documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, que fueron presentados este martes ante la Audiencia Nacional de España. Con ellos, dos organizaciones de defensa de los derechos humanos pretenden sustentar su acusación contra 14 militares salvadoreños y Cristiani, a quienes acusan de crímenes de lesa humanidad y encubrimiento.
El documento fue presentado el martes por Terry Karl, profesora de ciencias políticas de la Universidad de Stanford y experta en el caso del asesinato de los sacerdotes jesuitas, al juez Eloy Velasco, en Madrid. Karl participó en esta audiencia preliminar en calidad de experta, ante pedido de las dos organizaciones querellantes, la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas (CJA, por sus siglas en inglés).
Para los demandantes, el documento ayuda a entender que si el gobernante salvadoreño estuvo reunido con la cúpula militar desde antes y hasta después de los crímenes, debió estar enterado de lo que sucedía y por lo tanto no podía ignorar que el ejército salvadoreño había sido el responsable de los asesinatos. El gobierno salvadoreño se pasó los primeros días después de los homicidios acusando a la guerrilla del FMLN de haberlos perpetrado.
“Todo indica que, lógicamente, (Cristiani) tenía que saber (del asesinato), tenía que conocerlo y tenía que haberlo escuchado porque estaba a metros de la UCA. El alto mando actuó conjuntamente y no fue un hecho aislado y esporádico, sino que todos tenían conocimiento del hecho”, dijo Manuel Ollé Sesé, el abogado de la APDHE.
La muerte de los sacerdotes jesuitas y de las dos mujeres se produjo la madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de una ofensiva militar guerrillera en la capital. El informe de la Comisión de la Verdad, que investigó este y otros crímenes ocurridos durante la guerra, determinó la responsabilidad de los militares en los asesinatos, y señaló que el entonces jefe del Estado Mayor, coronel René Emilio Ponce, dio la orden de matar a los religiosos.
La justicia salvadoreña nunca investigó a los posibles autores intelectuales, aunque llevó a juicio a una decena de militares de mediano y bajo rango, de los cuales encontró culpables a dos. Un año y medio después del veredicto, una Ley de amnistía dejó en la impunidad todos los crímenes ocurridos durante la guerra civil salvadoreña. Esa ley fue la excusa que tuvieron posteriormente los fiscales generales para rehusarse a investigar.
Cristiani ha planteado que la Ley de amnistía es lo que permitió a El Salvador transitar con relativa tranquilidad de la guerra a la paz, y que considera que no sería conveniente derogarla.
Cuando la causa fue presentada a la Audiencia Nacional en noviembre de 2008, esta incluía que el ex presidente también fuera juzgado por el delito de encubrimiento. Sin embargo, el juez Velasco dejó por fuera la acusación contra Cristiani cuando fue aceptada la causa, pero esta aún puede ser retomada en un futuro. “A la vista de los nuevos elementos estudiaremos las nuevas implicaciones que en su caso pudieran surgir contra Cristiani”, señaló Ollé.
Karl llegó a la Audiencia Nacional acompañada de dos de sus asistentes, cargadas con dos voluminosas carpetas que contenían alrededor de 12 mil documentos (700 de ellos recién desclasificados) y la investigación que ella misma ha realizado sobre el asesinato de los sacerdotes. “Esto es el resultado de 20 años de investigación en El Salvador, de hablar con la gente, haciendo entrevistas. Los documentos no lo dicen todo. Hay que hacer una investigación a fondo si se quiere romper la impunidad que todavía existe en El Salvador”, dijo la profesora de Stanford.
Aunque prefirió no comentar sobre sus declaraciones ante Velasco, dijo que para ella era un privilegio tener la oportunidad de contribuir a esta causa. "Es un honor estar frente a un juez que está prestando tanta atención a este crimen contra la humanidad”, dijo.
Las declaraciones de Karl, para los abogados de APDHE y CJA, vienen a corroborar el involucramiento del alto mando militar en el homicidio y el montaje del juicio que condenó a dos militares salvadoreños como autores materiales del crimen, la falta de garantías judiciales en el proceso y la obstaculización de las investigaciones.Almudena Bernabéu, la abogada del CJA, explicó que los 12 mil documentos que llegaron ante el juez también contienen información de otra serie de reuniones que se celebraron tres días antes del asesinato de los jesuitas y en las que participaron no solo militares y el ex presidente Cristiani, sino que también civiles.
Esta última sería la reunión que, según la CIA, sostuvo el mayor Roberto d’Aubuisson con miembros de la dirección del partido Arena (Coena) para planificar el asesinato de los sacerdotes jesuitas, y la cual se describe en un cable desclasificado que el ex embajador de los Estados Unidos, William Walker, enviara al secretario de Estado de Estados Unidos, James Baker, en noviembre de 1989. El contenido de dicho documento fue revelado por El Faro el lunes 16 noviembre pasado. “Es interesante que fruto de la nueva desclasificación no queda duda del nivel de coordinación de los diferentes cuerpos del ejército y quiénes estuvieron. Fue un asesinato que duró tres días”, señaló Bernabéu.
La ronda de declaraciones continuará este jueves 26, con la comparecencia de los dos ex fiscales que llevaron el caso jesuitas: Henry Campos, hoy viceministro de Justicia y Seguridad Pública, y Sidney Blanco, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Para el día 30 se espera a Kate Doyle, analista del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad de George Washington y también especialista en el tema.

El Estado Mayor de El Salvador ordenó "eliminar" a Ignacio Ellacuría

El jefe o antena del Cesid en El Salvador entre 1986 y 1989, Vicente López, declaró a EL MUNDO el pasado día 15 que "el asesinato del padre Ellacuría no fue una decisión del Estado Mayor salvadoreño".
Sin embargo, este periódico ha tenido acceso a unas actas levantadas por el propio Estado Mayor de aquel país entre las 20.00 horas del 15 de noviembre de 1989 y las primeras horas del día siguiente en las que se refleja la orden dada por el general René Emilio Ponce de asesinar al rector de la Universidad Centroamericana (UCA): "Hay que proceder a su eliminación sin testigos […] que el coronel Camilo Hernández planifique la operación".
La orden del general Ponce se cumplió. En la madrugada del día 16 el padre Ellacuría y otros seis jesuitas fueron asesinados por un escuadrón del Ejército salvadoreño.
Vicente López, ex agente de los servicios secretos españoles, también ha reconocido a este diario que era muy amigo de los generales salvadoreños y especialmente de René Ponce y que el Cesid no elaboró ningún informe sobre los asesinatos de los jesuitas españoles porque en aquellas fechas él hacía meses que se encontraba en Madrid.

¿Por qué es importante hacer justicia en los casos de lesa humanidad? ó bien "La belleza NO salvará al mundo"

REDACCIÓN TEHUACÁN

En estos días se ha abierto de nuevo el debate sobre la ley de amnistía, es decir, si se mantiene o se deroga para investigar los casos de lesa humanidad.

Ex-militares y Ex-guerrilleros tocan con pinsas este tema, porque saben que saldrían a flote muchos "cuerpos extraños".

Los puntos de vista al respecto son principalmente dos:

1. 
   
   Algunos dicen que la democracia salvadoreña es muy joven y que no está en condiciones de enjuiciar equilibradamente a todos los autores de los crimenes cometidos. Que se generaría un desorden social sin precedentes. Y que, por tanto, es mejor dejar las cosas así como están, sin "abrir heridas" y, en todo caso, es mejor esperar.


2. 
   
   En cambio otros consideran que investigando y enjuiciando a los autores intelectuales de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil salvadoreña sea la única manera de saber si este país es verdaderamente democrático. Que, además, el hacer justicia no es sólo una decisión que compete a los políticos, sino principalmente a las víctimas y a sus familiares.

Más o menos así están planteadas las dos posiciones.

De nuestra parte preguntamos, en el caso n. 1: ¿Qué es lo que hay que esperar?¿Cuánto tiempo hay que esperar?¿Por qué hay que esperar? Si hubo un tiempo propicio para matar ¿por qué no puede haber otro tiempo propicio para hacer justicia?

Supongamos que no se hace justicia en los casos de lesa humanidad, eso consolidaría la impunidad en El Salvador, es decir, se pueden dar otros casos de crímenes iguales y la solución no sería un proceso jurídico adecuado, sino otra amnistía y así sucesivamente. Así se explica que en este país se mate a las personas como moscas y casi nunca se sepa quién es el asesino, ni cómo se están resolviendo los casos presentes.

Notamos "prudencia política y calculada" en el FMLN y en ARENA en el modo de tratar este tema. Las cuestiones esenciales para la estabilidad de los pueblos no admiten prórrogas.

Dostoievski solía decir que "la belleza salvará al mundo". Se trata de una visión estética de la realidad. Es verdad, las pirámides de Egipto son de una belleza deslumbradora, pero fueron construídas por esclavos. Las catedrales barrocas de toda Latinoamérica son un maravilla, pero fueron construidas por indígenas a los que nunca se les reconoció su esfuerzo y a los cuales se despojó de sus metales preciosos.

No, "la belleza no salvará" a El Salvador. Primero démosle la palabra a las víctimas, luego hablamos de "metrosexualismo político y jurídico".

Como diría Roque Dalton: "los muertos están cada vez más inquietos".

La CIA sabía que los militares de El Salvador iban a matar a Ellacuría

DIARIO EL MUNDO (ESPAÑA)
El Departamento de Estado norteamericano, la CIA y los servicios de inteligencia españoles, el antiguo Cesid, tenían información de que el padre Ignacio Ellacuría, jesuita, rector de la Universidad Centroamericana (UCA) y defensor de la Teología de la Liberación, estaba en peligro y de que el Ejército salvadoreño iba a atentar contra su persona.
Esta nueva revelación sobre el asesinato del padre Ellacuría y cinco jesuitas más, que tuvo lugar el 16 de noviembre de 1989 en El Salvador y del que mañana se cumplen 20 años, se refleja en una serie de documentos de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que han sido desclasificados recientemente y que serán aportados en las próximas fechas en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, donde fue admitida una querella contra "los responsables de aquella matanza".
Los documentos de la CIA que han sido desclasificados, los del Departamento de Estado y de otros organismos de EEUU, serán entregados al magistrado Eloy Velasco, instructor del caso, por Kate Doyle, analista del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington, y Terry Karl, profesora de la Universidad de Stanford y especialista en temas suramericanos, que ya fue una figura importante en el esclarecimiento del asesinato del arzobispo salvadoreño Óscar Romero en marzo de 1980. Ambas declararán ante el magistrado español en calidad de testigos.
La querella fue presentada hace un año ante la Audiencia Nacional por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Center For Justice and Accountability (CJA) norteamericano, e iba dirigida contra "todos los responsables intelectuales de aquella matanza, por delitos de crímenes de lesa humanidad, terrorismo de Estado, asesinato y torturas". Entre ellos, según APDHE y CJA, se encuentra Alfredo Cristiani, presidente de El Salvador en el momento del asesinato de Ellacuría.
EL MUNDO ha podido saber que entre los papeles que serán aportados a la Audiencia Nacional hay información donde se documenta, de manera directa, que el jefe militar de la embajada de Estados Unidos en El Salvador, el coronel Milton Menjívar, y una alto cargo del Departamento de Estado de EEUU sabían lo que estaba preparando el Estado Mayor salvadoreño contra el rector de la UCA.
Del estudio de esos documentos declasificados se deduce, según los analistas consultados por este periódico, que el Cesid también tenía conocimiento o barajaba la misma información que los norteamericanos.
Este periódico se ha puesto en contacto con el ex representante o antena del Cesid en El Salvador en aquella época, quien ha reconocido que tenía buenas relaciones con los servicios norteamericanos, los generales salvadoreños y el ex presidente Alfredo Cristiani.

Implicados de 'muy alto rango'
Sin embargo, el ex dirigente de los servicios secretos españoles ha negado cualquier vinculación o conocimiento del atentado contra el padre Ellacuría y los otros jesuitas. También ha negado que el 16 de noviembre de 1989 estuviera en El Salvador, aunque otros informes y ex diplomáticos españoles lo sitúan en dicho país durante aquellos días.
Con los nuevos documentos que aportarán la analista en seguridad Kate Doyle y la profesora universitaria y experta en temas de Sudamérica Terry Karl, los querellantes, APDHE y CJU, confían en que el magistrado Eloy Velasco tenga la documentación necesaria para citar a declarar al representante de la antena del Cesid en El Salvador en 1989, así como a altos cargos salvadoreños de aquella convulsa época.
Se da la circunstancia de que el representante de los servicios de inteligencia españoles en El Salvador no fue sustituido en su cargo, de manera oficial, hasta cinco meses después del asesinato del padre Ellacuría. De hecho, el Cesid, según ha sabido EL MUNDO a través de fuentes del actual CNI, no elaboró ningún informe interno sobre el atentado contra los seis sacerdotes jesuitas. Cinco de ellos (Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín, Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno) eran españoles de nacimiento y nacionalizados salvadoreños. El sexto, el padre Joaquín López, nació en El Salvador.
Hay que recordar que, durante la investigación del asesinato del arzobispo Óscar Romero en marzo de 1980, la documentación que la CIA desclasificó en 2001 fue trascendental para saber que uno de los autores materiales del atentado fue un oficial del ejército argentino, Emilio Antonio Mendoza, que tenía contactos con la Guardia Nacional y el GII, la sección de inteligencia salvadoreña.
A las declaraciones de Kate Doyle y Terry Karl en la Audiencia Nacional habrá que unir en los próximos días las de dos altos cargos de la Justicia salvadoreña, cuyos nombres se mantienen de momento en secreto, pero que según las fuentes consultadas por este periódico en el país centroamericano son "de muy alto rango".

Un proceso muy largo
Veinte años después del asesinato de los seis jesuitas y de Elba Julia Ramos, que prestaba sus servicios en la residencia de los sacerdotes, y su hija Celina, de 15 años, los autores intelectuales de aquella matanza siguen libres gracias a que la Justicia salvadoreña ha ido frenando todos los procesos abiertos contra ellos. Los supuestos autores materiales de la masacre, que fueron condenados en enero de 1992 a 30 años de cárcel, fueron amnistiados y puestos en libertad 14 meses después, en abril de 1993.
Entre los testigos solicitados por los querellantes figuran el ex fiscal general de El Salvador Amadeo Artigas; el coronel Sigifredo Ochoa, actual embajador en Honduras, y el mayor Erick Buckland, del Ejército de EEUU.
Todo ocurrió, según se narra en la querella de la Asociación Pro Derechos Humanos de España y el Center For Justice and Accountability, en las primeras horas del 16 de noviembre de 1989: "Miembros del batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl, en ejecución de un plan concebido en la sede del Estado Mayor del Ejército y en cumplimiento de las órdenes dadas por su superiores, se introdujeron en las dependencias de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en San Salvador".
Después, comenzó la masacre: "Una vez allí, se dirigieron a la residencia de los religiosos jesuitas y asesinaron a tiros a los sacerdotes, a su empleada Julia Elba Ramos y a su hija Celina Mariceth...".
Con anterioridad a todos estos hechos, el padre Ellacuría, que en aquella época ya era uno de los principales y más conocidos defensores de la Teología de la Liberación, había tenido que abandonar El Salvador en 1980 porque fue avisado por un militar de aquel país de que su vida corría peligro.
Durante un tiempo residió en México y España, y no regresó a El Salvador hasta 1982. En junio de 1986, la Asamblea Legislativa intentó quitarle su nacionalidad salvadoreña alegando que, como extranjero y sacerdote, había violado los preceptos constitucionales y se había involucrado en política.

Las irregularidades del juicio
Lo más llamativo de todo el proceso judicial sobre su asesinato se produjo, tal como refleja la querella presentada ante la Audiencia Nacional, a finales de enero de 1991: "Los fiscales asignados al caso, Henry Campos y Sidney Blanco, renunciaron a su cargo por haber recibido órdenes del fiscal general de la República de minimizar el interrogatorio de los militares llamados a declarar". Los fiscales recibieron, incluso, instrucciones concretas: "Les prohibieron expresamente que presentaran cargos contra los militares que habían incurrido en perjurio".
En septiembre de 1991, comenzó la vista oral con un jurado "formado por cinco miembros, cuya identidad fue siempre protegida por cuestiones de seguridad [...]. Se negaron a desplazarse al lugar de los crímenes [...] y no realizaron ninguna pregunta", según se refleja en la querella.
Los fiscales Campos y Blanco, tras renunciar a su cargo, se convirtieron en abogados de los familiares de las víctimas y alegaron que "el crimen fue una acción concebida y orquestada por el alto mando de las Fuerzas Armadas de El Salvador". Los letrados fueron aún más lejos y plantearon la existencia de otros autores intelectuales.
Finalmente, el jurado encontró culpable del asesinato de los jesuitas al coronel Benavides y, como responsable de la muerte de Elba Julia Ramos y de su hija Celina, al teniente Yussi Mendoza. Los demás imputados fueron absueltos.
El 23 de enero de 1992, el juez Zamora condenó al coronel Benavides y al teniente Mendoza a 30 años de cárcel, pero 14 meses después, el 1 de abril de 1993, los dos militares fueron amnistiados y puestos en libertad.
Tras la escandalosa actuación judicial, la UCA y el Instituto de Derechos Humanos presentaron una querella criminal contra el ex presidente de El Salvador Alfredo Cristiani y altos militares de aquel país. La querella, sin embargo, fue torpedeada de forma sistemática por la Justicia salvadoreña y, tras agotarse todos los recursos ante la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, los querellantes recurrieron, ya en noviembre de 2003, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que todavía no se ha pronunciado sobre su admisión.
Como último recurso, y para saber qué pasó y quiénes fueron los autores materiales e intelectuales del asesinato de los jesuitas, la APDHE y el CJA presentaron en noviembre de 2008 ante la Audiencia Nacional, y a través de los letrados Manuel Ollé, Carmen Lamarca y Almudena Bernabéu, la correspondiente querella por "delitos de crímenes de lesa humanidad, terrorismo de Estado, asesinato y torturas".

SAN VICENTE: LAS IMÁGENES DEL DESASTRE (VII)

Uno de los carriles del tramo de carretera panamericana, que va del desvío de San Vicente hasta el Kl. 51 fue cubierto totalmente por enormes deslaves. Los vehículos transitan en el carril paralelo, que está más o menos libre de escombros.

Este tramo constantemente sufre desprendimientos de rocas y fango, no es algo nuevo,

pero esta vez superó por completo los casos anteriores de deslave.

SAN VICENTE: LAS IMÁGENES DEL DESASTRE (VI)

La "Verdadera Paz" (Verapaz), a la cual alude el nombre del municipio de San Vicente

sucumbe por enésima vez ante la furia de la naturaleza.

SAN VICENTE: LAS IMÁGENES DEL DESASTRE (V)

Destrucción y desconcierto.

El puente que conduce de San Vicente a San Cayetano, Verapaz, Tepetitán, Guadalupe y otros poblados, resistió a la furia de la mezcla mortal de piedra, agua y lodo, pero sus pasamanos desaparecieron, las casas de la parte derecha fueron borradas del mapa. La carretera que conduce de San Vicente al desvío del mismo nombre fue casi cubierta en su totalidad y el tramo derecho que conduce del desvío de San Vicente hasta el Km. 51 fue literalmente soterrado.