martes, 17 de julio de 2012

LOS PUTREFACTOS

Su cara los delata:
de Mister Burns, aborto maquiavélico...
de viejita estítica en estado de aflicción...
de perfil equino, al estilo pistolero western...
Ingiéraselos como vomitivos.

LA DISPUTA POR LA DIRECCIÓN DEL BLOQUE HEGEMÓNICO SALVADOREÑO

 Foto: Antonio Gramsci

Por: Julia Evelin Martínez
En las sociedades capitalistas, el control de la clase burguesa sobre el resto de clases sociales, y en particular sobre la clase trabajadora, no está determinado únicamente por el control de la propiedad de los medios de producción y/o por el uso de la fuerza policial o del ejército. Más bien, y como lo señala Antonio Gramsci (Cuadernos de la Cárcel, 1929-1930 ) esta capacidad de control está determinada por la hegemonía de la clase burguesa, es decir, por su capacidad de controlar las ideas y las voluntades de todas las clases sociales, y unificarlas en torno un proyecto histórico de desarrollo capitalista, que actúa como una especie de imaginario social colectivo en donde se cree profundamente que los intereses económicos, políticos, jurídicos y sociales de la clase capitalista son coincidentes con los intereses del resto de la sociedad.
De acuerdo a Gramsci, el éxito de la hegemonía de la clase capitalista depende de su capacidad de disponer de un discurso coherente y atrayente que les haga creer a los sectores dominados (y a sus aliados) que existe un “bien común” o “un interés nacional”, que supera las diferencias o contradicciones de clase o las ideologías de derecha o de izquierda, y al cual deben supeditarse las voluntades y acciones de todos y todas. En la elaboración y difusión de este discurso, son importantes los intelectuales orgánicos (profesores, analistas, editorialistas, curas, pastores, comunicadores, académicos, escritores, eruditos, etc.) que se encargan de que educar y/ formar a la opinión pública en eso que se llama “el sentido común”.
La labor de los intelectuales orgánicos de la clase dominante es dar continuidad y actualidad a la función del sistema educativo. En el capitalismo, el sistema educativo tiene la función de “depositar” en la mente de los niños y niñas desde la más temprana edad, ideas como “Patria”, “Nación”, “Orden Constitucional”, “Sometimiento a la Ley”, “valores cívicos”, “productividad”, “competitividad”, “liderazgo”, “familia”, entre otras muchas ideas que contribuyen a reproducir las relaciones burguesas de poder. El sistema educativo en el capitalismo no solo forma la fuerza de trabajo que necesita el capital para su valorización y reproducción sino que “concientiza” a las personas sobre la legitimidad de la estructura jurídica, política e ideológica que corresponde a las relaciones capitalistas de producción, circulación y distribución.
La capacidad de hegemonía de la clase capitalista se refleja así en la conformación de un bloque hegemónico, que está integrado por alianzas más o menos estables entre fracciones de la clase dominante, y alianzas entre la clase dominante y las clases dominadas. En su conjunto, estas alianzas tienden a desdibujar o a impedir el surgimiento de la conciencia en sí y para sí de la clase trabajadora y a desactivar su potencial revolucionario. El mantenimiento de estas alianzas es lo que permite el funcionamiento del bloque histórico
El bloque histórico no es nada más que una forma de referirse al vínculo que en un determinado momento de la historia de un país existe entre los elementos económicos o estructurales de un sistema económico (fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción) y los elementos no económicos o superestructurales de ese sistema económico (Sociedad Civil y Sociedad Política).
Sobre el concepto de sociedad civil y sociedad política, Gramsci señala que “se pueden fijar dos grandes planos superestructurales, aquel que se puede llamar de la sociedad civil, es decir del conjunto de organismos vulgarmente llamados “privados” y aquel de la sociedad política o Estado, que corresponden (respectivamente) a la función de hegemonía que el grupo dominante ejerce sobre toda la sociedad y aquel de dominio directo o de mando que se expresa en el Estado y en el gobierno jurídico”.
De acuerdo a esta definición, la sociedad civil es el espacio en donde se forma los consensos en torno al proyecto capitalista de desarrollo y se promueve la adhesión de las clases dominadas a los intereses de las clases dominantes. Este espacio estaría formado por los gremios empresariales, iglesias, universidades, instituciones educativas, gremios profesionales, “tanques de pensamiento”, sindicatos, cooperativas, medios de comunicación, entre otras organizaciones que forman el tejido social. Los partidos políticos serían parte de la sociedad civil, y no “un sector aparte” como se supone en el uso no marxista del término sociedad civil, como por ejemplo, la definición impuesta por el Banco Mundial.
La sociedad política en cambio, estaría conformada por las instituciones que realizan la función coercitiva y de dominio directo, para hacen cumplir la ley y el orden capitalista, que se sintetizan en la estructura de poderes del Estado (Ejecutivo, Asamblea Legislativa, Órgano Judicial, Fuerzas armadas, municipalidades y entidades autónomas). El nexo principal (pero no el único) entre la sociedad civil y la sociedad política son los partidos políticos, que son portadores de los consensos o disensos entre fracciones de clase o entre clases sociales, y que actúan como correas de transmisión para reproducir y/o reformar las normas jurídicas y la institucionalidad política del Estado, y mantenerlas adaptadas a las necesidades de la hegemonía de la clase capitalista en un momento determinado.
El bloque hegemónico capitalista no es una realidad estática o invariable, sino que se encuentra en constante movimiento. A su interior, existen presiones de determinadas fracciones de la clase burguesa y/o de las clases dominadas por asumir la dirección de las alianzas, e imponer así su propio “sentido común” al resto de la sociedad en función de sus intereses económicos estratégicos dentro del bloque histórico. Estas presiones incluyen el interés por imponer su propia interpretación sobre el rol del Estado en el desarrollo capitalista, sobre los regímenes de propiedad y explotación de la tierra, sobre el régimen tributario, sobre el sistema monetario, sobre las condiciones de participación del capital extranjero y sobre las relaciones económicas internacionales, entre muchas otras cuestiones.
Estas disputas se agudizan cuando la fracción de la clase burguesa que ha ejercido durante un período prolongado la dirección del bloque hegemónico, de pronto pierde la capacidad de representar al resto de fracciones de la clase burguesa y/o pierde credibilidad ante las clases dominadas. Su discurso hegemónico empieza a perder atractivo y deja de cohesionar a las clases sociales en torno a un proyecto común de desarrollo nacional. Puede ocurrir por ejemplo que la fracción dirigente del bloque hegemónico pierda credibilidad al mostrarse incapaz de generar mejores y/o mayores condiciones para la acumulación del capital (inversión privada) y/o de generar condiciones mínimas de redistribución del ingreso que mantengan bajo control las demandas de la clase trabajadora. Su continuidad en la dirección del bloque hegemónico puede comenzar a verse como una amenaza al “desarrollo nacional” y/o al “bien común”.
En estas coyunturas se presentan crisis de hegemonía, que se reflejan en el afloramiento de las contradicciones entre las fracciones de la clase capitalista, que pueden desembocar en un cambio en la dirección de este bloque. Una fracción o varias fracciones de la clase empresarial pueden comenzar a luchar por tomar control de la dirección del bloque hegemónico para reformar y/o tomar el control de la institucionalidad del Estado y ponerla en función de un nuevo proyecto histórico burgués de desarrollo, mientras que otra fracción o fracciones se resisten a este cambio.
¿Y las clases dominadas? ¿Y la clase trabajadora? Ante la carencia de un proyecto y de un discurso contra-hegemónico propio, la clase trabajadora y sus intelectuales orgánicos/as (cada vez menores en número) suelen adherirse al nuevo proyecto y/o nuevo discurso hegemónico capitalista, que les devuelve “la ilusión y la confianza” de que es posible lograr el desarrollo nacional mediante la unidad, la democracia y el respeto al Estado de Derecho burgués. Con ello, sin saberlo contribuyen a la renovación del capitalismo y a postergar su propio proceso de liberación.
¿A propósito de qué hago estas referencias al pensamiento de Antonio Gramsci en este espacio? En estos días, en que la sociedad salvadoreña asiste a la puesta en escena de la “batalla final” por el control de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, (el máximo organismo en la interpretación de los derechos de propiedad en el bloque histórico salvadoreño), pienso que podría ser de interés re-leer o comenzar a leer a este autor. Me parece que no solo es necesario hacerlo para comprender la esencia del enfrentamiento que protagonizan cotidianamente los intelectuales orgánicos de las fracciones empresariales en pugna, sino sobre todo, es necesario, para poder dimensionar las implicaciones negativas que para la clase trabajadora tiene en esta coyuntura, la falta de un proyecto y de un discurso contra-hegemónico al proyecto de dominación de la clase capitalista.
Estamos frente a una lucha por la dirección del bloque hegemónico protagonizada por el sector empresarial de ARENA, que se niega a ceder esta dirección al otro grupo de ese bloque, integrado por el sector empresarial de GANA en alianza con el sector empresarial del FMLN. En esta lucha por la dirección del bloque hegemónico se juega el control sobre la interpretación de la norma constitucional que más se adapte a su proyecto de hegemonía y/o que pueda favorecer o desfavorecer los intereses específicos de las fracciones empresariales en conflicto.
Se trata de eso, no es una lucha entre la democracia y la autocracia, no es una lucha entre la izquierda y la derecha, ni tampoco una lucha entre el bien y el mal. De allí los llamados de uno y de otro de los bandos enfrentados a conformar un nuevo pacto de unidad nacional bajo su dirección: “un pacto nacional en defensa de la Constitución”, “un acuerdo nacional basado en la legalidad”, “una amplia alianza en donde quepan todos los signos ideológicos, incluyendo a las feministas”.
Los intelectuales y las intelectuales que se consideran aún orgánicos al proyecto de revolucionario de liberación de la clase trabajadora (es decir, los que aún no han sido incorporados al proyecto capitalista de dominación) deben tomarse el tiempo para desentrañar la esencia que se esconde detrás de la apariencia en esta coyuntura y redoblar esfuerzos para orientar a la clase trabajadora (en particular a la juventud) sobre lo que en realidad está ocurriendo y evitar una nueva escisión o fractura de clase, que retrase aún más su proceso histórico de liberación. De lo contrario, se corre el riesgo de terminar actuando (por ingenuidad, ignorancia o indiferencia) como simples instrumentos de alguna de las fracciones de la clase empresarial que se encuentra en pugna por la dirección del bloque hegemónico.

jueves, 12 de julio de 2012

EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (DE EL SALVADOR) EN PELIGRO





CARTA ABIERTA A  LA OPINIÓN PÚBLICA SALVADOREÑA
Una amenaza pende sobre el Archivo General de la Nación (AGN):la Señora Secretaria de Cultura ha dado orden irrevocable de desocupar la mitad del espacio en que funciona el AGN,  en la primera planta del Palacio Nacional,  sin destinarle otro espacio para continuar funcionando, con lo cual pone en grave peligro el patrimonio cultural albergado en el AGN y el edificio del Palacio Nacional.
La actual Secretaria de Cultura, Magdalena de Granadino, tiene entre sus proyectos uno que implica reavivar la ciudad de San Salvador culturalmente hablando, llamado “Viva el Centro”. Este proyecto tiene dos grandes problemas: el primero, que quiere inaugurarlo en la primera semana de agosto, en el marco de las fiestas agostinas, o sea en menos de un mes; y el segundo, que quiere hacerlo en un espacio desde hace más de 40 años ocupado por el Archivo General de la Nación, que dicho sea de paso, es también una instancia de la Secretaría de Cultura, bajo la Dirección Nacional de Investigaciones en Cultura y Arte (DNI).
Por la premura con que se quiere inaugurar el proyecto, al AGN no se le han solicitado informes técnicos sobre la factibilidad de la reducción de los espacios  ocupados por el archivo. Tampoco sabemos si la Dirección de Patrimonio Cultural ha planteado que se trata de una edificación declarada Patrimonio Cultural del país, y que por tanto su uso se rige bajo ciertas normas.
Sin diálogo previo y sin ninguna advertencia, la dirección del AGN recibió la primera semana de julio la orden de desalojar el 50% del espacio que ocupa y de reducir su funcionamiento a la otra mitad de la primera planta del Palacio Nacional.
Cumplir dicha orden significaría acumular la documentación histórica del país en espacios no adecuados, y  con ello  poner en riesgo el patrimonio documentalsalvadoreño, contraviniendo la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural; y la salud de los empleados y las empleadas, ya que trabajar dentro de los depósitos documentales  saturados o en sótanos implica estar en condiciones de poca luminosidad y en espacios de limitada circulación del aire, con ello se estaría violando el reglamento de relaciones laborales del órgano Ejecutivo, inciso cuatro, que, sobre las condiciones de trabajo, señala que debe evitarse el sobreesfuerzo y hacinamiento.
También implicaría deshacer el trabajo de catalogación que se viene realizando desde 2011 y cerrar o limitar el servicio al público, con lo que  se  obstaculizaría la investigación histórica de El Salvador indefinidamente. Esta situación pondría al AGN en condiciones de incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información, que obliga, en su Capítulo IV, a todas las instituciones púbicas a mantener los archivos organizados y a garantizar el acceso de la ciudadanía a la documentación.
Finalmente, el Archivo General de la Nación no podría seguir siendo el depositario de la documentación histórica que transfieren regularmente las demás instancias del Estado, ¿a dónde irá a parar esa valiosa documentación?, ¿quién se encargará de conservarla, organizarla y catalogarla?, ¿de qué manera el público, profesional de las Ciencias Sociales, podrá consultarla para explicar la historia de nuestro país?

Los empleados y empleadas del AGN hacemos un llamado a los profesionales de la historia y de las Ciencias Sociales, a las Universidades, así como a la ciudadanía en general a defender el funcionamiento del Archivo General de la Nación y a exigir que se garantice la preservación de una joya arquitectónica de principios de siglo XX como es el Palacio Nacional.

miércoles, 11 de julio de 2012

EL ENÉSIMO ACCIDENTE EN LA ENTRADA A LA CIUDAD DE SAN VICENTE



Fotos: La Prensa Gráfica.

Ya se sabe que la entrada a la ciudad de San Vicente es peligrosa, es una calle con curvas pronunciadas y en pendiente.
Pero los detalles que muestran las fotos, en modo particular el desgaste de la llantas, ponen de manifiesto que estas unidades transitan sin las medidas mínimas de precaución. Y esto  es algo visible, ¿y aquello que no podemos ver, como los frenos? ¿Cómo podemos saber si les dan mantenimiento?
El caso es que este no es el primer accidente que sucede en ese tramo, pero la PNC debe manejar las estadísticas de la frecuencia de accidentes en este tramo. ¿Por qué no toman las medidas adecuadas? ¿Por qué no hay indicaciones más específicas acerca de la peligrosidad de este tramo de carretera? ¿Por qué huyó el motorista de la unidad? ¿Qué responsabilidades se le pueden imputar al dueño de la unidad?

viernes, 6 de julio de 2012

EL MILITAR JORGE RAFAEL VIDELA CONDENADO A 50 AÑOS DE CÁRCEL POR ROBAR NIÑOS DURANTE DICTADURA ¿Y EN EL SALVADOR CUÁNDO SE HARÁ JUSTICIA?


TH-1

Mientras en otros países, como en Argentina, se hace justicia a las demandas de la población que ha sido víctima de delitos contra los derechos humanos, en El Salvador los militares, lejos de ser juzgados, son protegidos y caminan impunes por nuestras ciudades. Nos preguntamos si en El Salvador los militares fueron tan decentes que no robaron niños a las madres asesinadas durante los operativos militares y durante los secuestros y desapariciones selectivas. 

Jorge Rafael Videla, famoso militar argentino, que fuera presidente de facto de Argentina durante la última dictadura militar (1976-1983) ha sido condenado a 50 años de prisión por el Tribunal Oral Federal 6 (TOF6), que dio por probada la existencia de un "plan sistemático" para el apoderamiento de los hijos de las secuestradas durante  la dictadura, y que se encontraban en estado de embarazo.
Su delito: el robo sistemático de bebés durante la última dictadura militar (1976-1983), tal como pedían la Fiscalía y las Abuelas de la Plaza de Mayo.
Los once acusados, entre ellos Videla, pedían a María del Carmen Roqueta, presidenta del tribunal, la nulidad de diversos casos por prescripción de los casos. A lo que responde Roqueta que "los hechos juzgados" son "de lesa humanidad" y que "fueron implementados mediante una práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad". A ello agrega Roqueta que esto se hizo "alterando o suprimiento sus identidades en ocasión de secuestro, cautiverio, desaparición o muerte de sus madres, en el marco de un plan general de aniquilación, que se desplegó sobre parte de la población civil con el argumento de combatir la subversión, implementando métodos de terrorismo de Estado durante los años 1976 a 1983 de la de la última dictadura militar".
Al oír la sentencia, se escuchó el grito ¡vamos! en la sala, para manifestar la satisfacción por la sentencia. El militar Videla no dejaba de mirar a Roqueta.
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, abrazó a Francisco Madariaga, uno de los 35 casos de bebés robados que se juzgaron en este juicio, 25 de los cuales son jóvenes que ya recuperaron sus identidades, como los actuales diputados Victoria Donda (FAP) y Juan Cabandié (FPV). También se juzgó el caso del bebé que tuvo la desaparecida hija de Carlotto, Laura, cuyo paradero se desconoce. Medio millar de chicos fueron apropiados por la dictadura y un centenar fue recuperado.
En otros dos casos se lo consideró "partícipe necesario". De chaqueta marrón y una gran bufanda, otro ex presidente de facto, Reynaldo Bignone, fue condenado a 15 años de cárcel por 31 hechos. Bignone fue el último presidente de la dictadura y se lo acusó de haber ordenado destruir documentos sobre la represión ilegal.
También fueron condenados el ex vicealmirante Antonio Vañek (40 años), el ex jefe del Grupo de Tareas de  la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) Jorge Acosta (30), el ex jefe de Campo de Mayo Santiago Omar Riveros (20), Víctor Gallo (15). Juan Antonio Azic (14), Jorge Magnano (10. que se transforman en 15 por la unificación con otra condena) y Susana Colombo (5).
En cambio, fueron absueltos por falta de pruebas el ex agente de Inteligencia Eduardo Ruffo y el ex jefe de la Armada Rubén Franco.

jueves, 5 de julio de 2012

PRONUNCIAMIENTO DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE EL SALVADOR ANTE EL CONFLICTO ENTRE EL ORGANO LEGISLATIVO Y LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL

 (Foto de archivo)
I. La Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES) ve con mucha preocupación el conflicto suscitado entre algunos diputados del Órgano Legislativo y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sobre el cumplimiento de las sentencias de inconstitucionalidad emitidas por la referida Sala, referentes a la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia en los años 2006 y 2012. 

II. Nuestra preocupación ciudadana y pastoral se ve aumentada a raíz de los últimos acontecimientos, que más que poner fin al conflicto, lo han agudizado, sin vislumbrarse una pronta salida al mismo.

III. La norma jurídica suprema del País es la Constitución de la República, y todos los salvadoreños tenemos la obligación de respetarla y de hacerla cumplir.

IV. La Constitución de la República establece, en su artículo 183, que a la Sala de lo Constitucional le corresponde, de forma exclusiva, conocer del procedimiento de inconstitucionalidad de leyes, decretos y reglamentos; con la facultad de interpretar la Constitución cuando es activado, mediante petición ciudadana, el control concentrado de la constitucionalidad. En el caso de las sentencias aludidas, la Sala de lo Constitucional ha actuado en el uso legítimo de sus potestades constitucionales.

V. Las sentencias pronunciadas por la Sala de lo Constitucional son de obligatorio cumplimiento, producen efectos erga omnes, y no admiten recurso alguno; toda persona natural o jurídica, así como todo funcionario u órgano del Estado, tienen que darles el debido cumplimiento.

VI. Por el bien común de la nación salvadoreña, respetuosamente instamos a la Honorable Asamblea Legislativa a dar el debido cumplimiento a las sentencias de la Sala de lo Constitucional.

VII. Las sentencias de la Sala de lo Constitucional declaran inconstitucionales los decretos de nombramiento de los magistrados, es decir los actos legislativos, pero no atacan a las personas elegidas por dichos actos, o sea a los magistrados mismos. Consideramos que la forma más adecuada y legal de solucionar el conflicto es que la actual Legislatura elija nuevamente a los magistrados electos en el año 2006, quienes en la actualidad desempeñan su ejercicio jurisdiccional; y se considere, en aras del bien común, y tomando en cuenta lo resuelto por la Sala de lo Constitucional, convalidar a los magistrados que no han tomado posesión de sus cargos.

VIII. Imploramos la sabiduría divina en la toma de decisiones de las autoridades del País, y oramos incesantemente para que este conflicto tenga pronta solución en beneficio de nuestra amada nación salvadoreña.

Dado en la Sede de la Conferencia Episcopal de El Salvador, San Salvador, 28 de junio de 2012
Mi foto
Un canto a la vida.

DATOS SOBRE EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE TEHUACÁN