viernes, 12 de agosto de 2011

EL JUEZ ELOY VELASCO Y LA MASACRE DE LOS JESUITAS. LA DOCUMENTACIÓN (IV ENTREGA). LOS ASESINATOS.

La orden directa de Benavides de asesinarles, se dio durante la tarde del 15 de noviembre, pero es el resultado de una discusión, planificación y autorización previas.
Su ejecución se inició el 11 de noviembre, aunque la decisión de matar a los jesuitas se había tomado antes, como demuestra el hecho de que el día 6, al encontrarse Avilés brevemente con Benavides y varios oficiales más en la Escuela Militar, este le dijo que estaba allí “para ultimar una cosa” ya que quería hacer algo con el tema de los sacerdotes y lo que venía de la UCA, pues Ellacuría era un problema y quería gestionarlo a la antigua usanza matando a algunos de los sacerdotes, apareciendo por tanto la ofensiva de la guerrilla como una cobertura apropiada.
La acción se puso en marcha en su totalidad el 13 de noviembre, antes de que el coronel Benavides tuviera autoridad de mando sobre la unidad de comando del batallón Atlacatl que llevó a cabo la ejecución material de los asesinatos. Más tarde, en una de las reuniones celebradas el 15 de noviembre, el Alto Mando y otros líderes militares veteranos, la mayoría de los cuales pertenecían a la Tandona, se tomó la decisión consensuada de proceder con los asesinatos; la orden directa del coronel Benavides fue el resultado de este proceso de toma de decisiones en el que se implicaron varias instituciones del ejército.
Así, aparecen incluidos además del Comandante de la Fuerza Aérea, los soldados y la unidad de comando del batallón Atlacatl, los soldados del batallón Belloso, la emisora de radio militar (Radio Cuscatlán), el Centro Civil para la Información Nacional de la Presidencia, el Complejo de Operaciones del Mando Conjunto (C3), las Operaciones Psicológicas del Mando Conjunto (C-5), el Comité de Prensa de las Fuerzas Armadas (COPREFA), la Dirección de la Inteligencia Nacional (DNI) y el Centro Técnico de Instrucción Policial (CETIPOL). La capacidad para movilizar a tantos organismos así como también a los aproximadamente trescientos soldados que rodeaban el área de la UCA podía residir solamente en los miembros del Alto Mando.
El 11 de noviembre, las tensiones eran realmente muy fuertes en San Salvador, ya que se esperaba la tan anunciada ofensiva del FMLN. A primera hora de la tarde, breves horas antes de que comenzara la misma, el vicepresidente Francisco Merino, llegó en helicóptero al cuartel general del batallón Atlacatl. El Vicepresidente, el vínculo central entre la Tandona y el gobierno a través del grupo de “Los Maneques”, permaneció allí durante dos horas. Se desconoce el motivo de la visita.
Tan pronto comenzó la ofensiva del FMLN, las Fuerzas Armadas lanzaron una operación psicológica militar diseñada por la Unidad de Operaciones Psicológicas (C-5) del Alto Mando. Normalmente encabezada por el coronel Carlos Armando Avilés que, como muchos oficiales, estaba fuera del país cuando comenzó la tan anunciada ofensiva del FMLN, esta campaña estaba diseñada para “subir la moral de los soldados y desmoralizar a los adversarios”, pero en realidad consistía en emitir amenazas en Radio Cuscatlán, la emisora oficial de La Fuerza Armada.
Esta campaña de amenazas estuvo coordinada por el COPREFA, dirigido por el comandante Mauricio Chávez Cáceres, hermano de un famoso miembro de la Tandona y estuvo asistida por el Centro de Información Nacional (CIN), vinculado al gobierno.
Entrada la tarde, se había obligado a todas las emisoras de radio del país a conectar con la red nacional de Radio Cuscatlán.
Así todo el mundo que sintonizara cualquiera de las emisoras del país escucharía las amenazas a varios líderes, muchas de las cuales se dirigían al rector Ignacio Ellacuría que, en ese momento, se encontraba en Europa aceptando un galardón en representación de la UCA en España y hablando en el Parlamento de Alemania Occidental.
En lo que parecía ser un micrófono abierto “espontáneo”, se recibían denuncias sobre Ellacuría y los jesuitas a los que se acusaba de ser “terroristas” y “el cerebro del FMLN”. El vicepresidente Merino acusó a Ellacuría específicamente de “envenenar la mente” de los jóvenes salvadoreños en las instituciones educativas Jesuitas. Las denuncias eran públicas, se produjeron con la aprobación y la implicación del comité de prensa del ejército, COPREFA, cuya autoridad dependía del Ministerio de Defensa, e involucraban la asistencia de las agencias de información civiles del gobierno.
En el contexto de una nueva ofensiva del FMLN, la utilización de la radio oficial de las Fuerzas Armadas para intimidar públicamente llevó a los líderes políticos de la democracia cristiana y de la socialdemocracia a esconderse de forma inmediata, convencidos de que el ejército intentaría matarles, pero los jesuitas, creyendo que estaban seguros en la UCA, no hicieron lo mismo.
Continuaron los ataques virulentos contra Ellacuría y los demás desde el 11 al 14 de noviembre con el objetivo de crear el clima adecuado para matar a los sacerdotes retratándoles como “el enemigo” –incluso acusándoles de ser potencialmente peligrosos y de ir armados. Como el diario conservador La Prensa Grafica informó en aquella época: Estas condenas y críticas declaraban categóricamente que había una gran urgencia de expulsar del país a los jesuitas porque habían estado ocultando armas en la UCA durante los últimos diez años. Se señalaba al sacerdote español Ignacio Ellacuría como el principal responsable.
Tan graves eran los ataques de Radio Cuscatlán que provocaron la queja poco frecuente del Subsecretario de Estado estadounidense para Latinoamérica, Bernard Aronson. El 14 de noviembre, telegrafió al embajador de EE. UU. William Walker para “transmitirle al presidente Cristiani el deseo de la Administración estadounidense de que su gobierno, dentro de los límites de la libertad prensa, no permitiese la emisión de tales amenazas en un medio de comunicación controlado por el gobierno”. Pero si el Subsecretario de Estado estadounidense se quejó, los miembros del Alto Mando salvadoreño responsable de la operación psicológica (C-5), entre los que estaban el ministro de Defensa Larios, los viceministros de Defensa Zepeda y Montano, y el Jefe del Estado Mayor Ponce, aparentemente no lo hicieron.
Durante un largo periodo de tiempo se había considerado a los sacerdotes como objetivos. El viceministro de Defensa Juan Orlando Zepeda fue especialmente el rostro público del estribillo de la extrema derecha que llamaba a la UCA el “centro de planificación” y el “refugio seguro del FMLN”; estableciendo, de este modo, el escenario para cometer los asesinatos.
Como las denuncias contra los jesuitas y otros líderes eran cada vez más virulentas y la ofensiva del FMLN cada vez más amenazante, el Presidente declaró el Estado de Excepción y el toque de queda desde las 18:00 hasta las 6:00.
En vista de la ofensiva, la estructura de mando comenzó a cambiar. El Ministro de Defensa Larios designó como jefe de plaza de urgencia al Coronel Carrillo Schlenker, Director de la Guardia Nacional y partidario de la línea dura, incluso en el contexto de la Tandona. Aunque no se le dio el control del despliegue de tropas, que era responsabilidad del Jefe del Estado Mayor Ponce, se le concedió la mayor autoridad en el área metropolitana de San Salvador directamente bajo el Alto Mando. Carrillo Schlenker era un militar famoso por su larga vinculación al ala de la derecha más
extrema del ejército, con un historial de asesinatos, torturas y secuestros por dinero.
“Compadre” de la Tandona y colega del Jefe del Estado Mayor Ponce, ambos hombres habían trabajado estrechamente, aunque Ponce tenía más poder, pero es improbable que se tomase cualquier decisión importante relacionada con la actividad militar en el área metropolitana de San Salvador sin su participación.
Se continuaba construyendo el cerco a los Jesuitas. Entre las 9:00 y las 10:00, se dio permiso a una patrulla militar para entrar en la UCA, que estaba contigua al Estado Mayor y por tanto necesitaba ser registrada para la propia seguridad del ejército.
Acompañados por el Padre Segundo Montes, los soldados del batallón de elite Belloso, cuyo despliegue tenía que ser ordenado por el Jefe del Estado Mayor Ponce, registraron la UCA para ver si había armas y no se encontró ninguna, pero se llevaron un dispositivo que no había explotado y que los jesuitas habían encontrado cerca de la entrada. Los propios jesuitas se lo habían ofrecido a los militares. Entonces las tropas se apostaron a la entrada del complejo universitario y en los barrios adyacentes de los Jardines de Guadalupe. Se encontró una descripción de una página de estos acontecimientos en el ordenador del Padre Ignacio Martín Baró tras su muerte. “Desde ese momento”, escribió, “un grupo de soldados se apostaron a la entrada del complejo universitario, registrando a todos los que entraban o salían, y desde el lunes de noviembre, prohibiendo la entrada o la salida a todo el mundo”. Los alrededores de la UCA y del complejo militar eran los lugares con más vigilancia de la ciudad.
Así, el 12 de noviembre, el ejército había registrado el campus y tenía controlado el acceso a la UCA, lo que hace cuestionar las posteriores alegaciones del ejército que “actividades terroristas” les habían llevado a invadir la UCA en los siguientes días.
Como Arthur M. Sedillo, un investigador militar temporal estadounidense de la embajada en El Salvador diría: “Desde ese momento, las autoridades militares interesadas tenían la seguridad bastante razonable de que no había terroristas en el campus de la UCA”.
No era por tanto esa la lógica que explicaba las acciones que se llevaron a cabo durante los días 13 y 15 de noviembre.
Sobre las 11:30 del mismo día, los jesuitas volvieron a ser el objetivo cuando 10 Policías de Hacienda entraron en otro refugio jesuita, el Centro Loyola, situado aproximadamente a un kilómetro y medio de la UCA. El coronel Héctor Heriberto Hernández (un miembro de la Tandona) envió a la Policía de Hacienda que informara de todos los movimientos de las tropas al Jefe del Estado Mayor Ponce y al Vice Presidente para la Seguridad Pública, Montano. Una vez en el Centro Loyola, la Policía de Hacienda buscó armas del FMLN. Iban acompañados de un hombre esposado sin identificar que señalaba algunas armas enterradas bajo un montón de cenizas queaparentemente habían sido abandonadas por el FMLN en su huida del centro.
Al Padre Fermín Sainz, el sacerdote a cargo del centro, le dijeron que no se preocupase porque el
ejército estaba “encontrando cosas como esas por toda la ciudad” y no había nada que indicara que las armas tenían algo que ver con los jesuitas. Al contrario, el Presidente Cristiani hizo declaraciones públicas más tarde: “Nadie pensó que eso tenía algo que ver con los jesuitas. Lo habíamos visto en muchos sitios. Es verdad que los soldados encontraron unas pocas armas, pero nadie lo pensó porque esto era algo que hacía la guerrilla normalmente”.
Los acontecimientos que sucedieron el 13 de noviembre proporcionan aún más pruebas y más significativas de que el ejército contemplaba una acción coordinada contra los sacerdotes de la UCA.
Aunque se había registrado la UCA el día anterior y nadie podía entrar ni salir sin pasar por el control militar, al día siguiente el Jefe del Estado Mayor Coronel Ponce ordenó otro registro (“cateo”) de la Universidad. Esta orden fue dada tras consultar con el Ministro de Defensa Humberto Larios. La justificación de la orden, de acuerdo con Ponce, fue “porque había recibido información de que elementos terroristas penetraron en la Universidad… y que estos habían abierto fuego contra fuerzas militares”. Tras celebrar una reunión con los “comandantes del área metropolitana” (miembros de la Tandona) sin el Coronel Benavides, Ponce asignó esa tarea a la unidad de comando del batallón Atlacatl, y Ponce les ordenó trasladarse hasta la capital en dos turnos, el 12 y el 13 de noviembre, desde su base de operaciones en Sitio del Niño (La Libertad), para consternación del comandante del batallón León Linares.
A pesar de las protestas de León Linares, se desplazó a la unidad especial, encabezada por el teniente José Ricardo Espinoza y su subteniente Gonzalo Guevara Cerritos, de su curso de formación con los estadounidenses y de su estructura de mando normal, y se la colocó bajo orden directa del Alto Mando. Casi inmediatamente después de haber llegado a San Salvador, a la unidad se le encomendó la tarea de registrar la UCA según la orden dada por el Jefe del Estado Mayor Ponce a través del Coronel Benavides, el director de la Escuela Militar, donde se había transferido y destinado a los comandantes.
En esta reunión también se decidió que Benavides, al que no se le conocía como comandante de tropas, fue la sorprendente elección para encabezar el comando de seguridad de nueva creación que incluía las sedes del Mando Conjunto (que comprendían el Ministerio de Defensa, la Escuela Militar, la Dirección de la Inteligencia Nacional (DNI), un batallón de la Policía Nacional y dos barrios residenciales militares). También se incluían los alrededores de la UCA. En esta nueva tarea, el superior directo de Benavides era el Coronel René Emilio Ponce; pero para algunos asuntos operativos, el coronel Benavides informaba a través del jefe de operaciones (C-3), que era otro miembro de la Tandona, el Coronel Cerna Flores. El Coronel Cerna Flores había aceptado transmitir la orden de registrar la UCA.
El registro de la UCA comenzó a las 18:30, cuando unos 135 militares rodearon el campus. Al líder del comando del Batallón Atlacatl que entró en la UCA, Teniente Espinoza, se le dijo por parte del Coronel Cerna Flores que un “numero indeterminado de delincuentes” había entrado en la UCA y que debían corroborar su presencia.
En algún momento entre las 18:30 y las 19:45, la unidad de comando Atlacatl salió de la Escuela Militar por su puerta sur y marchó hacia la Universidad para registrar la residencia de los jesuitas y el Centro de Reflexión Teológica, que se ubicaban en el mismo edificio. Dos patrullas de aproximadamente veinte hombres cada una entraron en el campus.
Una vez dentro, varios soldados se encaramaron para entrar por la ventana de los edificios y comenzaron a abatir a patadas las puertas cerradas de las oficinas que querían registrar. El Padre Juan Ramón Moreno, a quién esos mismos soldados matarían 48 horas más tarde, se ofreció a abrir las puertas para que no las destruyesen.
El rector Ellacuría se presentó y cuestionó el derecho del ejército a registrar el edificio sin una orden de registro. Sugirió que volviesen al día siguiente con la luz del día, porque así sería más fácil encontrar lo que estaban buscando, una sugerencia que declinaron. Cuando el teniente Espinoza le dijo al rector que estaba resuelto a llevar a cabo su misión de registrar la residencia de los sacerdotes, Ellacuría dijo que no les daba permiso porque era propiedad privada, Espinoza insistió y se produjo el registro de la residencia.
El resultado del registro fue negativo. No se encontraron materiales de guerra ni se detectó presencia alguna de miembros del FMLN. Al regresar a la Escuela Militar después del registro, el Teniente Espinoza informó al Teniente Coronel Camilo Hernández y después, acompañado del teniente Guevara Cerritos, se dirigió al Estado Mayor a dar parte indicando que sólo encontraron a los sacerdotes, entre ellos al Padre Ignacio Ellacuría. En el momento de dar parte en el Estado Mayor estaban presentes el Coronel Cerna Flores, el Coronel Ponce, el General Zepeda y otros oficiales desde este momento tenían conocimiento de la falta de activos del FMLN en la UCA y del regreso del padre Ellacuría de su viaje.
El Alto Mando siempre ha asegurado que el registro de la UCA del 13 de noviembre no tuvo nada que ver con los asesinatos perpetrados dos días más tarde, pero el testimonio de algunos de los que llevaron a cabo el registro y posteriormente la masacre contradice esta postura. Por ejemplo, el teniente Yusshy Mendoza Vallecillos, que fue el asistente de Benavides en el Escuela Militar y la única persona junto a este procesada por el crimen, declaró que cuando le dieron la orden de asesinarlos dos días más tarde, el 15 de noviembre, se dio cuenta de que “el verdadero propósito de la misión del registro había sido prepararse para la misión de matar a los Jesuitas”.
Mendoza fue la única persona involucrada en la matanza que no había participado en el registro unos días antes y que desconocía completamente la Universidad.
A pesar de la persistente negación de los oficiales veteranos, varios factores llevan a pensar que el registro y los asesinatos están conectados inextricablemente, de modo que el segundo registro del 13 de noviembre no era sino una operación de reconocimiento para preparar el asesinato de los sacerdotes, aunque es improbable, no obstante, que los soldados rasos que lo llevaron a cabo, con la excepción del agente de la DNI, conocieran previamente el plan para matar a los jesuitas.
En primer lugar, ningún oficial veterano se ha responsabilizado de haber dado la orden definitiva para el registro. Las propias acciones de Ponce son muy instructivas al respecto. En un principio, Ponce negó haber dado la orden de registro, culpando a otros de haberla dado, y no admitió haberla dado hasta el 25 de agosto de 1990, cuando finalmente admitió que había dictado la orden tras consultar con el Ministro de Defensa Larios.
Las acciones de Benavides son bastante clarificadoras. Negó sistemáticamente haber presidido el registro de la UCA e incluso estar al corriente del mismo hasta que concluyó. Cuando Ponce le dijo que deberían enviar la unidad Atlacatl, que acababa de llegar a la Escuela Militar, hasta la UCA, insistió en que Ponce le diera una orden formal por escrito para llevar a cabo el registro. Además, en su testimonio deja bien claro quién mandaba en el Atlacatl, nombrando (aunque no explícitamente) al Alto Mando. Desde el principio, ningún mando quería la responsabilidad de esta controvertida orden, incluso teniendo la apariencia de un sencillo registro para localizar armas, lo que no habría sido importante de ser cierto que el registro fuera solamente para buscar armas.
En segundo lugar, los fundamentos dados para el registro tras los asesinatos de los sacerdotes, su asistenta y su hija no tenían sentido, incluso dentro del propio modo de pensar del ejército. Cuando se le presionó para justificar el registro, el Jefe del Estado Mayor Ponce declaró que el Centro de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Armadas (COCFA) había sido advertido de la presencia de “elementos terroristas” que estaban disparando al personal militar. A pesar de eso, seguía manifestando que no tenía ni idea del origen de los informes que supuestamente habían movilizado el registro y, como la persona principal encargada de movilizar a las tropas durante una ofensiva, debería haber sabido que el ejército ya había protegido suficientemente el acceso a la UCA el precedente día 12 de noviembre.
Cuando se le planteó esta cuestión, el subordinado y compañero de Tandona de Ponce, el coronel Cerna Flores (Jefe del C-3), testificó que los servicios de inteligencia (C-2) le habían informado de la existencia de llamadas telefónicas que informaban sobre 100-150 “terroristas” dentro del recinto de la UCA “disparando a la policía”.
Aun así, no se pudo localizar ningún informe policial de ningún tiroteo y no hay registros de inteligencia sobre ninguna "actividad terrorista" el 13 de noviembre, incluso por parte de las tropas apostadas en las entradas de la Universidad, a las que seguramente no se les habrían escapado 100-150 terroristas. A pesar de eso y aun habiéndose cerrado la Universidad, con policía vigilando las puertas y con tropas destacadas en toda la zona, la necesidad del registro fue a su vez justificada por el comandante del batallón Atlacatl, teniente coronel León Linares.
Estos fundamentos, aunque poco convincentes, tenían el propósito, por un lado, de permitir al Presidente Cristiani, que de algún modo e inexplicablemente asumió la responsabilidad personal del registro ocho meses después de los asesinatos, justificar las órdenes dadas. Al aclarar que fue el Coronel Ponce y no el Coronel Benavides, quien había enviado el batallón Atlacatl a la Universidad el día 13, el Presidente añadió públicamente que "se habían encontrado armas" junto con otras pruebas de actividades "terroristas", lo que no era cierto y de lo que se retractó posteriormente.
Por otro lado estaba el motivo que el Coronel Cerna Flores le había dado al Teniente Espinoza para explicar la importancia de su misión así como para sentar las bases para reclamar la implicación del FMLN en futuras acciones. El resto de las instrucciones dadas al Teniente Espinoza arrojan dudas serias sobre estos fundamentos, o que se perseguía otro fin diferente, ya que sus hombres no encontraron terroristas, pese a lo que se le ordenó realizar un registro general de las instalaciones de la UCA, especialmente del edificio residencia de los jesuitas y se le facilitó una radiofrecuencia para comunicarse directamente con el Estado Mayor: un hecho que el coronel Ponce admitió en una conversación en la Embajada de EE. UU.
En tercer lugar, la elección por parte del Coronel Ponce de la “mejor unidad” batallón de elite Atlacatl para llevar a cabo este registro es reseñable. Un miembro del Estado Mayor Conjunto responsable de transmitir las órdenes de Ponce, el Coronel Joaquín Arnoldo Cerna Flores, (Jefe de Operaciones C-3) testificará después que la asignación de registrar la UCA al batallón Atlacatl fue “apropiada” porque el Coronel Ponce y él habían decidido que el batallón tuviera "experiencia en combate”. La elección de este batallón – con su unidad especial de 47 hombres, encabezada por un teniente con una amplia formación impartida por los EE. UU dirigida a erradicar guerrillas armadas y cuyo superior inmediato era Ponce – sólo podía significar una cosa: que la principal operación de combate estaba por llegar.
Dados los antecedentes del batallón Atlacatl, no cabe duda de que la misión sería sangrienta. Los ejemplos son legendarios: la matanza de más de 700 civiles en El Mozote en 1981, incluidos 121 niños de menos de doce años de edad; los asesinatos de 117 personas en Suchitlán en 1983; la muerte de 68 salvadoreños en Los Llanitos, la mayoría de los cuales tenían catorce años de edad, y al menos 50 en el río Gualsinga en 1984. Incluso cuando se les presionó para que limpiaran su historial, se les volvía a acusar repetidamente de actos de tortura, violaciones y ejecuciones de combatientes y de no combatientes.
En cuarto lugar, el batallón Atlacatl tenía una estructura y un estatus distinto al de otros soldados de la Escuela Militar. La unidad eludía su propia estructura de mando, su inmediato superior era el Jefe del Estado Mayor Ponce. La inserción del Coronel Benavides en la cadena de mando vino después cuando, además de la decisión previa de nombrar al Coronel Carrillo-Schlenker comandante del área metropolitana, el Alto Mando estableció un Comando de Seguridad del Complejo Militar encabezado por Benavides. Aun así, tras su llegada a San Salvador, el batallón Atlacatl dependía directamente del Alto Mando/Mando Conjunto y no pasó a depender personalmente de Benavides hasta el 14 de noviembre, el día siguiente. Incluso entones su situación era única: el coronel Benavides testificó más tarde que el Mando Conjunto había ordenado el registro y había dictado todas las órdenes a las unidades Atlacatl durante el breve periodo de tiempo en el que estos comandos le fueron asignados: un periodo inferior a horas.
En quinto lugar, más que en registrar el campus para localizar a los más de cien guerrilleros que el Coronel Cerna Flores afirma que estaban presentes, este segundo registro se centró en la residencia de los jesuitas.
Al contrario de lo sucedido en registros anteriores de la UCA, no se examinó ningún material escrito para determinar si había documentación "subversiva", ni se hicieron preguntas y no se llevaron ningún libro ni documento. No se encontraron ni armas ni guerrilleros del FMLN. Cuando finalizó el registro de la residencia, el teniente Espinoza le dijo al rector Ellacuría -que se había unido a los Padres Segundo Montes e Ignacio Martín Baró- que el resto del registro del campus sería relativamente superficial, ya que sólo registrarían los edificios cuyas puertas estuvieran abiertas.
En sexto lugar, un aspecto poco habitual del registro fue la presencia de un agente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Héctor Ulises Cuenca Ocampo, que representaba el agente de inteligencia de mayor rango del país. La presencia de un agente de la DNI fue una completa sorpresa para el teniente Espinoza y la unidad Atlacatl, que no entendían por qué se les había asignado a Cuenca Ocampo.
Cuenca Ocampo le dijo al teniente Espinoza que le había enviado el “cuartel general” para participar en el registro. Una vez ejecutado este, partió sin darle al teniente Espinoza ulteriores explicaciones de su presencia allí. Tras la misión, Cuenca Ocampo aportó un informe de reconocimiento por escrito al director Guzmán Aguilar. El agente de la DNI testificaría más tarde que la búsqueda se ordenó porque “se suponía que los tiros se habían disparado desde dentro o que había armas dentro”, lo que en aquel momento ya se sabía que era falso, según el registro previo llevado a cabo en la UCA el 12 de noviembre. El Capitán Carlos Fernando Herrera Carranza, que había ordenado la participación de Cuenca Ocampo, declaró que estaba cumpliendo instrucciones del director de la DNI, el coronel Carlos Mauricio Guzmán Aguilar, cuyo superior inmediato era el Alto Mando y que era miembro de la Tandona de 1966.
Por los pocos oficiales jóvenes que implicó a su comandante, se le transfirió a Herrera Carranza al batallón Atlacatl, donde le dispararon misteriosamente en la cabeza en su primer día de trabajo.
Enviar a un agente de la DNI a observar lo que quería dar la impresión de ser un registro rutinario era muy poco habitual, aunque ulteriormente tanto Herrera Carranza como Guzmán Aguilar declararan que era normal. La DNI, cuyo superior inmediato era el Ministro de Defensa y el Personal General Combinado de las Fuerzas Armadas, era la agencia de servicios de inteligencia más importante del país. Ubicada en el complejo del Mando Conjunto/Ministerio de Defensa/Colegio Militar y en el mismo edificio que la CIA, con la que trabajaba casi a diario, se creó “para proporcionar unos servicios estratégicos de inteligencia, de inteligencia política, de inteligencia nacional, niveles muy altos de inteligencia”, según palabras del vicepresidente de Defensa el coronel Zepeda, que habían presidido la agencia en el pasado; el propósito era “producir inteligencia para las operaciones militares… todos sus esfuerzos, su equipamiento y la formación del personal estaban dirigidos a desarrollar servicios de inteligencia exclusivamente para operaciones militares”.
Así que, su presencia el 13 de noviembre era un signo de que la DNI estaba recabando inteligencia procesable para apoyar sus planes para una futura operación militar en la UCA. Es especialmente significativo que sólo el director de la DNI o un comandante veterano con un cargo superior, y no el coronel Benavides, tuvieran poder para autorizar la presencia de un agente de la DNI para acompañar a la unidad Atlacatl, un hecho que el capitán Fernando Herrera Carranza intentó clarificar incluso cuando a los oficiales de bajo nivel se les dieron instrucciones específicas de no testificar sobre las órdenes que sus superiores les habían dado.
Y por último, las pruebas circunstanciales indican sin lugar a dudas que el registro estaba planificado para cuando el Padre Ellacuría hubiese vuelto al campus de su viaje a España apenas dos horas antes del registro.
Al entrar en la Universidad por la puerta principal desde la autopista del sur, los soldados allí apostados desde la mañana anterior hicieron que Ellacuría se detuviese.
Los sacerdotes, que le recogieron en el aeropuerto y le llevaron al campus, informarían más tarde que el jefe de la patrulla militar le reconoció, saludándole. El testimonio de estos sacerdotes indica que creen que el registro estaba planeado para ese momento “por la llegada del Padre Ellacuría”. El líder de la patrulla militar, que podría haber verificado las órdenes precisas, sigue sin haber sido identificado porque los archivos que especificaban la unidad asignada a la UCA han desaparecido así como lo diarios militares más relevantes.
En conjunto, estos factores señalan la existencia de una acción premeditada. Con menos información disponible que la que está disponible hoy día, el investigador militar estadounidense Arthur M. Sedillo escribió: “creo firmemente que existen pruebas circunstanciales que indican que los incidentes del 13 al 16 de noviembre están interrelacionados. Para probar o rebatir esta teoría, deberían desarrollarse diversas investigaciones, incluida la siguiente... Desde que la compañía Atlacatl le fue asignada a la Escuela Militar bajo el mando temporal del coronel Benavides, el teniente
Espinoza recibió instrucciones adicionales de que se informase directamente al Estado Mayor. En el mismo marco temporal, se asignó a otras compañías a la Escuela Militar… Si no hubieran pasado por la misma cadena de mando, habría parecido que la compañía del batallón Atlacatl había estado preseleccionada para la misión especial de la UCA”.
El resto de las unidades no tienen el mismo estatus que el Atlacatl, y no se ha llevado a cabo ninguna investigación sobre la estructura de mando de la Policía Nacional y otros cuerpos más que alberga la Escuela Militar de forma permanente.
Pero el juez Zamora, el juez instructor salvadoreño, concretó: “Llevar a cabo una misión de reconocimiento previa a una operación más importante encajaría en los procedimientos operativos estándar de las Fuerzas Armadas de El Salvador”. El registro era el preludio planeado de los asesinatos.
El 14 de noviembre los accesos a la UCA permanecían fuertemente controlados, y nadie pudo entrar ni salir sin permiso. Las tropas del Atlacatl se situaron detrás de la UCA y en un vecindario adyacente a la Universidad. Además, los ataques contra las iglesias y personas religiosas aumentaron exponencialmente desde la tarde del día 13 en adelante, incluyendo el bombardeo y tiroteo de la parroquia de San Antonio de Padua, disparos y amenazas contra los trabajadores de la iglesia María Madre de los Pobres, amenazas de muerte anónimas contra dos de los pastores estadounidenses que vivían en Soyopango, y el registro de la parroquia de San Antonio de Padua donde los soldados robaron dinero en efectivo, comida, todas las medicinas y equipo clínico, muebles y un televisor.
Al día siguiente el Coronel Benavides dio la orden de asesinar a los sacerdotes a la unidad de comando del batallón Atlacatl cerca de las 23:00, pero los sucesos que llevaron a esta orden son altamente reveladores. La “luz verde” no implicó que el asesinato se decidiese en ese momento, tal y como indican los eventos de los días anteriores; ni significaron que Benavides hubiese tomado la decisión de matar a los Jesuitas por sí mismo. En este sentido, los eventos previos que resultaron en la orden directa son especialmente significativos.
El 15 de noviembre fue un día de constantes reuniones en el Estado Mayor, la Escuela Militar y el Congreso Salvadoreño. Mientras la mayoría de las versiones sobre el asesinato se han centrado en una gran reunión celebrada en el Estado Mayor durante la tarde del 15 de noviembre, como el momento en el que se tomó una decisión “de grupo” para proceder con los asesinatos de los Jesuitas, esto no pudo ser así. Las amenazas y especialmente los registros de la UCA sitúan el origen de este crimen mucho antes. Pero incluso no teniendo en cuenta los sucesos del 11 al 13 de noviembre, el conocimiento de los asesinatos venideros ya se había filtrado tanto a civiles como a
personas del ejército a primera hora de la tarde, probablemente antes de la reunión celebrada esa tarde, ya que la decisión ya estaba tomada.
Un análisis pormenorizado de cada una de las reuniones celebradas antes del 15 de noviembre permite elaborar un cronograma.
La que puede ser la reunión clave para desencadenar los sucesos del día 15, tuvo lugar en la Escuela Militar cerca de las 10 de la mañana. El Jefe del Estado Mayor, Ponce; el General de las Fuerzas Aéreas, Bustillo; el Viceministro de Defensa, Zepeda; y el Coronel Benavides participaron de la reunión.
En las investigaciones previas de los asesinatos, se desconocía dicha reunión pero fue registrada en documentos desclasificados del servicio de inteligencia estadounidense, así como en mensajes enviados por oficiales subalternos. La presencia del General Bustillo en la Escuela Militar en vez del Estado Mayor resulta inexplicable en estos momentos, al menos en el curso normal de sus actividades. Mientras que el Estado Mayor y la Escuela Militar se encuentran a una distancia inferior a algunos cientos de metros entre sí, la Base Aérea de Ilopango se halla fuera de la ciudad de San Salvador.
En esta pequeña reunión entre estos altos comandantes – dos de los cuales (Bustillo y Zepeda) se habían manifestado públicamente contra los Jesuitas y los otros dos ordenado el registro del campus de la UCA y la residencia de los sacerdotes el 13 de noviembre (Ponce) y los asesinatos reales (Benavides),- los documentos del servicio de inteligencia estadounidense revelan que estos oficiales de alto rango decidieron “ir tras el FMLN de una manera más agresiva.”
La siguiente reunión tuvo lugar cerca del mediodía. Esta reunión incluyó además al Viceministro Juan Orlando Zepeda y civiles miembros del poderoso grupo ultraderechista “los Maneques”, que incluían a varios miembros de la clase de 1966, como por ejemplo, los Coroneles Zepeda, Inocente Montano y Roberto Mauricio Staben, y sus actividades tenían el apoyo de algunas de las familias más ricas y ultra-derechistas de El Salvador y tuvo lugar en la propiedad de Eusebio Argueta en la Avenida La Reforma 133, cercana a la Embajada española, con el fin de presionar al Presidente Cristiani en pos de una “guerra total” para retomar la iniciativa militar sobre el FMLN.
Otros participantes fueron el Vice Presidente Francisco Merino y el Secretario del Presidente, Arturo Tona. Lo excepcional de esta reunión fue la insistencia de los presentes en que los militares desecharan las tácticas más restringidas promovidas por los Estados Unidos y retomaran los asesinatos masivos de civiles que marcaron los primeros años de la guerra.
Que se dieron ciertas garantías resulta aparente dada la cantidad de personas del Estado Mayor y la Escuela Militar que tuvieron conocimiento previo del asesinato antes de que Benavides diese la orden directa esa misma noche. En algún momento a última hora de la tarde, el Líder de la Mayoría de la Asamblea Nacional y Presidente vitalicio de ARENA, Roberto D’Aubuisson, mantuvo reuniones separadas en la Asamblea Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional del partido ARENA (COENA). De acuerdo con el informe de la CIA sobre la reunión de COENA, D’Aubuisson les aseguró a los máximos dirigentes del partido que no se preocuparan que al día siguiente, es decir, el 16 de noviembre, todo quedaría “arreglado”. Intentando calmar los temores de los ultra-derechistas presentes, D’Aubuisson, conocido por darle “despido” público a los dirigentes que iban a ser asesinados, acusó a los Jesuitas de inventar mentiras, “lavar el cerebro de los estudiantes” y de “ser responsables de que se afiliasen al FMLN.”
Encendiendo a sus seguidores con numerosas actividades subversivas de la UCA, se dice que D’Aubuisson se dirigió a la pizarra y elaboró un diagrama con grupos que según él, se habían formado en el campus instigados por los sacerdotes y que se habían aliado con el FMLN en contra del gobierno. Mencionó específicamente como los máximos responsables a los Padres Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró y Segundo Montes, españoles quienes habían venido a El Salvador, dijo, solamente a tomar el poder. Eran los cerebros que estaban detrás de las guerrillas. El redactor de la CIA que describió esta reunión, anotó que los actos de D’Aubuisson tan solo horas antes de la ejecución de los Jesuitas “resulta difícil de aceptar como mera coincidencia.”
Una tercera reunión, comunicada tanto por la Embajada de los Estados Unidos y la CIA y al menos un miembro del ejército salvadoreño que temía que “los hechos serían eliminados” por oficiales Salvadoreños, tuvo lugar en la Escuela Militar a las 14:00 y claramente resultó en la toma de decisiones.
Estuvieron presentes los oficiales de mayor rango del país: el General de las Fuerzas Aéreas, Bustillo; el Ministro de Defensa, Larios; los Vice Ministros de Defensa, Zepeda y Montano; el Jefe del Estado Mayor, Ponce; el Vice Jefe del Estado Mayor, Rubio; y los dirigentes de todas las fuerzas operativas de San Salvador quienes, eran los líderes de la Tandona: los Coroneles y Comandantes en Jefe, Elena Fuentes (Primera Brigada de Infantería), Machuca (Policía Nacional), Heriberto Hernández (Policía Fiscal), Carrillo Schlenker (Guardia Nacional y Jefe de Plaza) y Guzmán Aguilar (DNI).
Debido a que todos estos Coroneles ostentaban posiciones de alto mando, y eran los compadres, su opinión sería apreciada – y su ratificación necesaria – para adoptar cualquier decisión política/militar de esta importancia. El líder del Batallón Atlacatl, León Linares, también estaba presente. Al ser presentados con un informe del servicio de inteligencia de esta reunión, incluyendo su presencia allí, varios meses después, Ponce negó haber estado presente y “dudaba que esa reunión hubiese tenido lugar,” pero sus dudas quedan plenamente contradichas por las fuentes del servicio de inteligencia de los Estados Unidos, las cuales son muy precisas en cuanto a los detalles sobre estos asistentes.
Poco después de esta reunión, cerca de las 15:00, unos 120 a 130 miembros del batallón Atlacatl ingresaron al Centro Loyola (la casa de retiro Jesuita que había sido registrada tres días antes por la Policía Fiscal), donde permanecieron toda la tarde.
Después de recibir café y pasteles de parte del ama de llaves del Loyola, se dirigieron a la UCA unas cuatro horas después. Un oficial señaló: “Sí, vamos a buscar a Ellacuría y a todos los Jesuitas. No queremos extranjeros. Esto debe terminar.” Otro dijo: “Vamos a buscar a Ellacuría, y si lo encontramos ¡le vamos a dar un premio!”
Habiendo decidido llevar a cabo una respuesta más agresiva a la ofensiva del FMLN, se celebraron varias reuniones menores a lo largo de la tarde para implementar los planes reales correspondientes a los bombardeos, ataques contra la Universidad de El Salvador y alrededores, ataques contra dirigentes políticos, y una acción contra la UCA. Oficiales de inteligencia salvadoreños han informado de la presencia de consejeros Militares de Estados Unidos, el Coronel Milton Menijívar y el Coronel William Hunter, en algunas de estas reuniones.
A las 18:00 horas, las partes constituyentes de la operación estaban en su lugar y comenzaron sus actividades. En primer lugar, el Director Adjunto de la Escuela Militar, el Comandante Carlos Camilo Hernández Barahona, considerado como uno de los preferidos del Coronel Ponce, llamó por radio a los Tenientes Yusshy Mendoza y Gonzalo Guevara Cerritos para enviarles a la Escuela Militar donde se encontrarían con el Coronel Benavides.
En segundo lugar, reunieron a las tropas del Atlacatl en la zona y llamaron a varios integrantes de cada pelotón, tan solo por sus apodos. Los apodos son los siguientes: Toro (Espinoza), Lince (Guevara Cerritos), Satán (Avalos Vargas), Sansón (Zarpate Castillo), y Piljay o Verdugo (Amaya Grimaldi).
En tercer lugar, cerca de las 19:00 horas, el Subteniente Segundo Guevara Cerritos ordenó a 8 hombres que lo acompañasen al Centro Técnico de Instrucción Policial (CETIPOL) en la vecina Santa Tecla para recoger uniformes de camuflaje. Los soldados recibieron unas 15 cajas con uniformes “nuevos americanos modelo “de lujo” completados con “botas de montaña” como premio a los miembros del Atlacatl que iban a participar en la misión” y fueron proporcionados por el director de la Academia, el Coronel Rigoberto Soto Martínez, quien al despedirlos les gritó: “No fallen en su misión.”
En quinto lugar, cuando regresaron a la Academia Militar y los uniformes se distribuyeron a las tropas elegidas previamente, el Comandante Camilo Hernández Barahona circulaba entre los soldados mientras se vestían animándoles y brindándoles su apoyo. Esta secuencia indica que la preparación operativa empezó antes de las 18:00 horas y no fue adoptada en una reunión posterior esa noche.
Como habían hecho cada noche desde que comenzó la ofensiva y mientras los soldados recogían sus uniformes para la misión, 24 oficiales de alto rango se reunieron alrededor desde las 18:30 hasta las 22:00 o 22:30 horas en los cuarteles del Comando Conjunto (EMCFA). Allí debatieron cómo acelerar la contra-ofensiva militar, incluyendo el empleo de bombardeos aéreos sobre comunidades más pobres que se suponían controladas por el FMLN. La Comisión de la Verdad describe esta reunión como una reunión dirigida a adoptar medidas en contra de la ofensiva del FMLN.
Ponce autorizó la eliminación de cabecillas, sindicalistas, y reconocidos miembros líderes del FMLN y se tomó la decisión de bombardear haciendo uso de la Fuerza Aérea y artillería y tanques para desalojar al FMLN de las zonas que ocupaba.
El Ministro de Defensa, Rafael Humberto Larios preguntó si alguien tenía alguna objeción. Nadie levantó la mano y se acordó que se consultaría entonces al presidente Cristiani.
Lo relevante de estas decisiones es que los objetivos militares eran prominentemente civiles, miembros de sindicatos y partidos políticos. Los bombardeos estaban destinados a vecindarios residenciales como Mejicanos y Soyapango.
En esa reunión, de acuerdo con un entrevistado por el Lawyers Committee for Human Rights, el Coronel Benavides tomó asiento junto al General Bustillo, quien después de escuchar a Benavides decir que la UCA se encontraba dentro de su sector, respondió: “Bien, entonces ya sabe lo que tiene que hacer”. La reunión finalizó con los oficiales dándose tomados la mano, rezando, y solicitando “iluminación divina”.
El Coronel Ponce y otros presentes han negado sistemáticamente que los Jesuitas hubiesen sido mencionados en esta reunión, pero se trató sobre ellos en una reunión más pequeña a continuación de la reunión más amplia, donde como señala la Comisión de la Verdad, los Jesuitas fueron considerados los “cabecillas” y líderes del FMLN, y como ellos se convirtieron en uno de los objetivos.
El informe de la Comisión establece: “Durante la reunión los oficiales se mantuvieron de pié hablando en grupos; uno de estos grupos estaba formado por el coronel René Emilio Ponce, Juan Rafael Bustillo, Coronel Francisco Elena Fuentes, coronel Juan Orlando Zepeda y Coronel Inocente Orlando Montano. Ponce llamó al coronel Guillermo Alfredo Benavides y delante de los otros cuatro oficiales le ordenó matar al padre Ellacuría y no dejar testigos. También le ordenó usar las unidades del batallón Atlacatl que llevaron a cabo el registro dos días antes”.
Cerca de las 23:00, finalizada la reunión, el Coronel Benavides solicitó que el Teniente Espinoza asistiese a una reunión en su despacho hacia las 23:00 del día 15 de Noviembre. Allí se le unió un oficial del Atlacatl, el Teniente Segundo Guevara Cerritos teniente de Espinoza, y su propio oficial, el Teniente Yusshy Mendoza Vallecillos.
A esta altura, el Jefe del Estado Mayor Ponce había entregado el mando de la unidad de comando Atlacatl al Coronel Benavides. Habiendo regresado a la Escuela Militar desde la gran reunión con los altos mandos militares, el Coronel Benavides informó al grupo reunido que había recibido “luz verde” para la operación de los Jesuitas, y luego procedió a dar la orden directa de matar a los “líderes intelectuales” de las guerrillas en la UCA.
Dirigiéndose a Espinoza, y refiriéndose al registro de la residencia Jesuita llevada a cabo dos días antes, Benavides recapituló: “Usted realizó el registro y sus hombres conocen el lugar. Use el mismo procedimiento que el día del registro. Tiene mi apoyo. Son ellos o nosotros. Han estado desangrando nuestro país y debemos destrozarlos. Ellacuría es uno de ellos y debe morir. No quiero testigos. . . Es una orden y deben cumplirla.”
Cuando Benavides estaba dando la orden directa de asesinar a los Jesuitas al teniente Espinoza, Yusshy Mendoza y Guevara Cerritos, el Ministro de Defensa Larios llamó al Presidente Cristiani. Cristiani acudió al Estado Mayor donde se reunió con el General Larios, los Viceministros Zepeda y Montano, y el Jefe del Estado Mayor, Ponce.
El Presidente permaneció allí hasta aproximadamente la medianoche, tras lo cual se acercó al cuartel general del Comando Conjunto – a pocos metros de distancia – para recibir una sesión informativa sobre la situación militar en la capital, y donde permaneció hasta las 2:00. Así, el Presidente Cristiani se encontraba en el cuartel general del Comando Conjunto mientras se desarrollaba la operación del asesinato de los Jesuitas. Algunos consejeros militares estadounidenses estaban también presentes.
El Mayor Buckland testificó que los disparos realizados desde la UCA pudieron oírse desde el Estado Mayor, donde se encontraba durmiendo.
A la misma hora, el General Bustillo, que regresó a la base en el aeropuerto de Ilopango, le dijo a los oficiales de alto rango de la Fuerza Aérea que se había tomado una decisión para matar a los dirigentes del FMLN, mencionando concretamente a Ellacuría – “tanto si el presidente lo apruebe o no”.
Después de medianoche, cuando los comandos se reunieron fuera de la Escuela Militar para cumplir su misión, Hernández Barahona entregó a Yusshy Mendoza un AK47 de fabricación rusa, generalmente utilizado por el FMLN. Mendoza sacó el arma de la Escuela Militar. Dirigiéndose a la unidad de comando reunida, Mendoza preguntó: “¿Quién de vosotros conoce y sabe disparar este arma?” Los hombres gritaron “Piljay,” señalando a Oscar Mariano Amaya Grimaldi, a quien se le encomendó el arma y se le dijo que debía ser el “hombre clave”. Amaya aceptó el arma sabiendo que sería el asesino. Hernández Barahona le dijo a los líderes del comando que el uso de un FMLN AK-47 desviaría la culpabilidad de las Fuerzas Armadas hacia los rebeldes y les ordenó dejar propaganda mencionando al FMLN en el lugar de los asesinatos.
La unidad de comando se dividió entonces en dos, y a Antonio Ramiro Avalos Vargas, apodado “Satán” por las tropas, se le encomendó la tarea de liderar a la segunda patrulla de los comandos Atlacatl. En su confesión, declaró que le dijeron fuera de la Escuela Militar que iba a una “misión delicada” ordenada por los altos mandos.
Debían encontrar y matar a los curas dentro de la UCA porque eran líderes de “delincuentes terroristas” y los cerebros tras los ataques contra el ejército.
A su llegada a la UCA, a estos soldados se les unieron otros 20 hombres, incluyendo el resto de la unidad y algunos refuerzos adicionales. Reunidos alrededor de su comandante, algunos de ellos que aún no lo sabían, fueron informados de que sus objetivos reales eran los sacerdotes de la UCA, y que a “Piljay” se le había encomendado matarlos. También se les pidió que simularan una confrontación militar entre ellos y los sacerdotes una vez que los sacerdotes ya estuviesen muertos para dar la impresión de que habían sido asesinados por el FMLN. A aproximadamente la 1:00, bajo las órdenes de Espinoza, toda la unidad marchó hacia la UCA, y esperó en el aparcamiento cerca de media hora. Un vigilante nocturno que estaba durmiendo en uno de los edificios paralelo al aparcamiento, contó que oyó dos frases: “No vayas allí” y “Ahora es el momento para ir a matar a los Jesuitas”.
La operación se efectuó en tres círculos concéntricos: un grupo permaneció en el área adyacente; otros, rodearon el edificio; y un pequeño grupo “selecto” fue elegido para llevar a cabo los asesinatos. Estos soldados se acercaron a la residencia de los sacerdotes, y, por el camino, se encontraron a dos mujeres, el ama de llaves Julia Elba y su hija Celina, que estaban sentadas en un diván, en una de las habitaciones. Asustadas y sin poder volver a su hogar, buscaron protección con los Jesuitas donde pensaron que estarían más seguras y dejaron al Sargento Tomás Zarpate Castillo custodiando a las dos mujeres.
El resto de los comandos rodearon la residencia de los Jesuitas. Cuando cinco de los sacerdotes salieron alertados por el ruido, el Subsargento Avalos ordenó que se tirasen al suelo. En su confesión, Avalos recordó que los sacerdotes no parecían peligrosos, algunos eran bastante mayores y estaban desarmados, otros llevaban pijamas. Tuvo que recordarse así mismo que eran “delincuentes terroristas” y que eran sus “cerebros lo que importaba”.
Tras escuchar al Comandante Espinoza preguntarle a qué estaba esperando, Amaya Grimaldi (“Piljay”) empezó a disparar a los tres sacerdotes que yacían en el suelo justo enfrente de él, intentando dispararles en la cabeza con el AK-47.
Posteriormente, este rifle fue identificado como el arma que mató a los Padres Ellacuría, Martín Baró, y Montes.
El Subsargento Ramiro Avalos Vargas también empezó a disparar y mató a otros dos Jesuitas, los Padres Amando López y Juan Ramón Moreno. Espinoza, el único soldado que se cubrió la cara antes de la operación militar, confesó que se dio la vuelta con los ojos llenos de lágrimas. El Padre Segundo Montes, que yacía muerto en el suelo, había sido su director de colegio cuando era estudiante en el Colegio Externado San José. Más tarde, Lucía Cerna, una empleada guarecida en un edificio contiguo testificó que las últimas palabras que escuchó antes de los disparos fueron los
del Padre Nacho Martín Baró gritando: “Esto es una injusticia. Eres escoria”.
En ese mismo momento, Zarpate disparaba a Julia Elba y a su hija Celina, que se agarraban la una a la otra en la habitación en la que había estado vigilándolas.
Cuando el Sargento Avalos Vargas descubrió que las dos mujeres aún seguían vivas en el suelo abrazadas la una a la otra, Avalos le ordenó al soldado Jorge Alberto Sierra Ascensio que se asegurase de su muerte. Sierra Ascensio descargó su M-16 hasta acabar con ellas.
Inmediatamente después, otro de los soldados, Guevara Cerritos, siguiendo instrucciones de Hernández Barahona escribió en la pared: “El FMLN ejecutó a los enemigos espías Victoria o muerte, FMLN”. Los miembros del comando regresaron a la Escuela Militar a las 3:00. Algunos regresaron en una furgoneta de color beige y fueron recibidos por el coronel Benavides en la puerta. Cuando a uno de los soldados se le llevó una taza de café, comentó a uno de sus colegas: “Acabamos de asesinar a los cabecillas del FMLN. Creo que la guerra va a terminar porque mi coronel dijo que estos asesinatos lo haría”.
Antes de las 6:00, se ordenó al comando responsable del crimen que se reuniera con el resto del Batallón Atlacatl en la sede de la Primera Brigada de Infantería, la cual estaba a las órdenes del Coronel Elena Fuentes.
Indicaron a los soldados de la Primera Brigada, que habían estado ocupados en otros asuntos, lo que habían hecho; las novedades se difundieron rápidamente en toda la brigada. Posteriormente, en la tarde del 16 de noviembre, el arzobispo Rivera y Damas y el Obispo Auxiliar Rosa Chávez narraron cómo habían escuchado que un camión militar que portaba un megáfono anunciaba: “Ellacuría y Martín Baró han caído.
Vamos a continuar matando comunistas.” El mismo megáfono anunció: “Somos de la 1ª Brigada." Esto ocurrió con anterioridad a que la noticia de los asesinatos se hiciera pública. A pesar de conocerse esto, el Coronel Elena Fuentes continuó insistiendo durante varios días que el FMLN había matado a los jesuitas. Temprano esa misma mañana, se realizó la reunión diaria de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en el Estado Mayor. El capitán Carlos Fernando Herrera Carranza, quien había transmitido la orden al agente del DNI Héctor Ocampo Cuenca para que asistiese al reconocimiento de la UCA el 13 de noviembre 1989, interrumpió la sesión para anunciar que el padre Ellacuría había sido eliminado cuando se resistía al arresto. Se informó que los jefes superiores presentes expresaron su júbilo y aplaudieron.
Alrededor de las 9:00, el Coronel Benavides se reunió con todos los soldados quienes habían estado de guardia en la Escuela Militar durante los dos últimos días, y les ordenó mantener completo silencio sobre los asesinatos de los sacerdotes, su ama de llaves y su hija.
Se les informó que la versión oficial debía ser que el FMLN había llevado a cabo los asesinatos. Benavides advirtió en forma repetitiva que "los soldados no debían hablar con nadie acerca de los asesinatos: ya que si lo hacían “todos moriríamos.”
Todos informaron al SIU que no habían visto o escuchado nada.
La comunidad Jesuita supo de lo ocurrido casi al mismo tiempo que los agentes de la DNI aplaudían. Obdulio Ramos, esposo de Elba y padre de Celina quien era el jardinero de la Universidad, se había escondido en la estación de guardia temporal en la entrada principal de la residencia de los jesuitas, cuando la unidad de comando llegó.
Permaneció oculto durante tres horas hasta las seis de la mañana, hora en la que se suspendía el toque de queda, a esta hora se dirigió al patio interior. Lo escuchó todo. Cuando vio los cuerpos de los sacerdotes, ya no pudo continuar con su búsqueda.
Corrió a través de la puerta de ingreso principal a la residencia jesuita más cercana, y llevó las noticias al grupo que allí se encontraba reunido: “Los sacerdotes han sido asesinados. ¡Oh Dios! ¡Oh Dios!” Luego se desmayó. La hija de Obdulio se iba a casar en dos días, el 18 de noviembre, más tarde reveló entre sollozos, y también dijo que su esposa estaba preocupada porque su hija era demasiado joven. Antes de las 7:45 el arzobispo Rivera y Damas y otros Jesuitas que se reunieron alrededor de los cuerpos de los sacerdotes asesinados que yacían sobre el césped en el patio. Todos estaban acostados, y se había comprimido la mano de cada uno de ellos exponiendo un puño, para mostrar que ellos eran comunistas. Cuando los sacerdotes que se habían reunido revisaron las habitaciones para observar en detalle lo que había sucedido, encontraron a Elba y Celina, que se encontraban "todavía parcialmente abrazadas".Allí, acurrucado junto a ellas, se encontraba Obdulio acostado en posición fetal.
Uno o dos días después del asesinato, el teniente Yusshy Mendoza Vallecillos, visitó a su sastre militar, un anciano que había trabajado durante décadas en la Academia Militar: “Realmente espero que mi coronel no me delate”, dijo al sastre.
Mendoza agregó que se sentía mal por haber asesinado a los Jesuitas y que no había querido llevar adelante el asesinato, sobre todo porque uno de los sacerdotes, Ignacio Martín Baró, había sido uno de sus maestros durante la secundaria, pero se le había dado una orden directa; y además, continuó relatándole a su sastre que el General Bustillo, Comandante General de la Fuerza Aérea, le había ofrecido entrenamiento como piloto, a modo de recompensa.

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