CARTA ABIERTA A LA OPINIÓN PÚBLICA SALVADOREÑA
Una amenaza pende sobre el Archivo General de la Nación
(AGN):la Señora Secretaria de Cultura ha dado orden irrevocable de
desocupar la mitad del espacio en que funciona el AGN, en la primera
planta del Palacio Nacional, sin destinarle otro espacio para
continuar funcionando, con lo cual pone en grave peligro el
patrimonio cultural albergado en el AGN y el edificio del Palacio
Nacional.
La actual Secretaria de Cultura, Magdalena de Granadino,
tiene entre sus proyectos uno que implica reavivar la ciudad de San
Salvador culturalmente hablando, llamado “Viva el Centro”. Este proyecto
tiene dos grandes problemas: el primero, que quiere inaugurarlo en la
primera semana de agosto, en el marco de las fiestas agostinas, o sea en
menos de un mes; y el segundo, que quiere hacerlo en un espacio desde
hace más de 40 años ocupado por el Archivo General de la Nación, que dicho
sea de paso, es también una instancia de la Secretaría de Cultura, bajo la
Dirección Nacional de Investigaciones en Cultura y Arte (DNI).
Por la premura con que se quiere inaugurar el proyecto, al
AGN no se le han solicitado informes técnicos sobre la factibilidad de la
reducción de los espacios ocupados por el archivo. Tampoco sabemos si la
Dirección de Patrimonio Cultural ha planteado que se trata de una
edificación declarada Patrimonio Cultural del país, y que por tanto su uso
se rige bajo ciertas normas.
Sin diálogo previo y sin ninguna advertencia, la dirección
del AGN recibió la primera semana de julio la orden de desalojar el 50%
del espacio que ocupa y de reducir su funcionamiento a la otra mitad de la
primera planta del Palacio Nacional.
Cumplir dicha orden significaría acumular la documentación
histórica del país en espacios no adecuados, y con ello poner
en riesgo el patrimonio documentalsalvadoreño, contraviniendo la Ley Especial
de Protección al Patrimonio Cultural; y la salud de los empleados y las
empleadas, ya que trabajar dentro de los depósitos documentales
saturados o en sótanos implica estar en condiciones de
poca luminosidad y en espacios de limitada circulación del aire, con ello
se estaría violando el reglamento de relaciones laborales del órgano Ejecutivo,
inciso cuatro, que, sobre las condiciones de trabajo, señala que debe
evitarse el sobreesfuerzo y hacinamiento.
También implicaría deshacer el trabajo de catalogación que
se viene realizando desde 2011 y cerrar o limitar el servicio al público,
con lo que se obstaculizaría la investigación histórica de El
Salvador indefinidamente. Esta situación pondría al AGN en condiciones de
incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información, que obliga, en su
Capítulo IV, a todas las instituciones púbicas a mantener los archivos organizados
y a garantizar el acceso de la ciudadanía a la documentación.
Finalmente, el Archivo General de la Nación no podría seguir
siendo el depositario de la documentación histórica que transfieren
regularmente las demás instancias del Estado, ¿a dónde irá a parar esa
valiosa documentación?, ¿quién se encargará de conservarla, organizarla y
catalogarla?, ¿de qué manera el público, profesional de las Ciencias
Sociales, podrá consultarla para explicar la historia de nuestro país?
Los empleados y empleadas del AGN hacemos un llamado a los
profesionales de la historia y de las Ciencias Sociales, a las
Universidades, así como a la ciudadanía en general a defender el
funcionamiento del Archivo General de la Nación y a exigir que se
garantice la preservación de una joya arquitectónica de principios de siglo XX
como es el Palacio Nacional.
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