Cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional decidieron romper su silencio ante un número similar de periodistas de El Mundo. Este diario pidió dialogar con los cinco miembros de esa Sala. El abogado Néstor Castaneda se excusó. Los magistrados dicen que antes se engavetaban los recursos, se pagaban favores personales. Ahora abogan por una justicia constitucional transparente y alejada del pago de favores. Ellos saben que los llaman hasta “chavistas” pero eso no les importa, como lo dicen en la primera parte de esta entrevista con El Mundo.
DIARIO EL MUNDO
Serenos, reflexivos, aplomados, más unidos que nunca y convencidos que sus actuaciones se apegan a la Constitución Política, es la mejor forma de definir y describir a ese grupo de magistrados que forman parte de la Sala de lo Constitucional.
Por mucho tiempo no quisieron pronunciar una sola palabra, a pesar de que sabían que encima de ellos caía un aluvión de críticas pronunciadas, principalmente, por la clase política.
Ellos conocen, a pie juntillas, cada una de las acusaciones que se les hacen: “chavistas”, “areneros”, efemenelistas”, “populistas”, “rebeldes”, “endiosados” y muchos otros adjetivos que produce, en cada uno de esos magistrados, una reacción diferente.
Eso sí; dicen no ser nada de eso sino simples magistrados de la más importante de todas las salas del Poder Judicial que llegaron a hacer cumplir la Constitución.
Belarmino Jaime, presidente de la Corte Suprema de Justicia, Florentín Meléndez, Rodolfo González y Sidney Blanco, dicen no estar en plan de pelea contra el poder político porque ellos no comenzaron ninguna batalla contra otros órganos del Estado: simplemente aplicaron la Constitución Política en sus sentencias.
Por momentos, aseguran, con algún tono de amargura, que existe una campaña de desinformación de algunos medios de comunicación contra ellos.
Sobre todo porque algunos periodistas no comprenden, o no quieren explicar, el papel que les corresponde cumplir a la Sala de lo Consttitucional.
“Imagínese, dice Belarmino Jaime, hasta donde han llegado algunos diputados; dicen que a ‘todo chompipe se le llega su Navidad’”. Eso lo toman como un irrespeto para miembros importantes de uno de los tres poderes de la República.
Frente a las amenazas de algunos diputados de destituirlos, hacen un razonamiento simple pero cargado de una buena dosis de razones legales: “todo funcionario puede ser destituido. Que lo hagan, no nos importa. Pero, que lo hagan como debe hacerse: cumpliéndose un debido proceso legal”, dice Sidney Blanco, el magistrado que ha cumplido más tiempo como juez, de todos ellos. Jaime, Meléndez, González y Blanco interpretan, con mucha profundidad , el por qué la clase política que conduce los partidos no los quiere.
A juicio de ellos, lo que hicieron fue resolver acciones sobre el sistema electoral que se tenían engavetados y que sus decisiones no le gustaron a muchos diputados.
Ellos dicen encarnar una justicia constitucional en el país alejada de las prebendas personales, del pago de favores políticos, de los engavetamientos de expedientes judiciales, de las malas influencias.
Aseguran que cumplen ese papel, “le duela a quien le duela”.
Al diálogo con cuatro periodistas de Diario El Mundo fueron invitados los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional. Se incluyó, entonces, al magistrado Néstor Castaneda, quien, frecuentemente, choca con ellos o asume posiciones con diferente brújula jurídica. Fue el abogado Belarmino Jaime quien comunicó la decisión de Castaneda, a los periodistas de Diario El Mundo, apenas se abría el diálogo.
“Les transmití su solicitud pero dijo que prefería no asistir”, aseguró el Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Hecha esa aclaración, se inició el diálogo sin limitaciones para nadie. Cualquiera de los magistrados podía fijar, bajo su entera libertad, la postura que desease.
Esto fue lo que cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional conversaron con los periodistas Julia Gavarrete, Antonio Soriano, Álvaro Cruz y Lafitte Fernández, mientras un conserje traficaba aguas y café recién hecho en la mesa de reuniones de la oficina del magistrado Belarmino Jaime.
Belarmino Jaime:
Quizá lo que cambió en ellos, fue ver que, para nosotros primero está la Constitución en las decisiones que tomamos. En todo el tiempo anterior, y no estoy haciendo un juicio de valor sobre los antecesores nuestros, las cosas se manejaban de manera diferente. Nosotros queremos ser, y hemos sido, transparentes. No como quieren los políticos.
Creo que parte del problema que ha surgido es que es diferente el lenguaje que usamos. Ellos no están viendo ni siquiera los intereses del país, sino los intereses de partido.
Nosotros tenemos una visión completamente diferente. En este último problema, que no es conveniente para nadie, nosotros no lo iniciamos. El problema ha sido iniciado por la misma Asamblea Legislativa.
Sobre ese decreto 743, yo he oído que mayoritariamente la gente está contra ese decreto. Es una forma de maniatar a una Sala que no resuelve bien para el gusto de ellos. Nosotros estamos resolviendo de acuerdo con lo que la Constitución manda.
¿El resto piensa lo mismo?
Yo soy bien crítico de una visión que se ha manejado por años, y por décadas, en el país. Yo no creo que, únicamente, los presidentes de la República deben tener visión de estadista.
Según la Constitución, somos tres órganos fundamentales. También los 84 diputados deben tener una visión de estadista y...¿ por qué no? los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sobre todo los que integramos la Sala de lo Constitucional.
Es decir, la visión de país, de democracia, de Estado de derecho, que postula la Constitución, no es sólo desarrollada a través de las leyes de la Asamblea Legislativa, ni únicamente por la visión de estadista que también debe tener el Presidente de la República.
Los magistrados de la Corte, los jueces, también debemos tener una visión de país.
En el caso nuestro lo reflejamos sentencia a sentencia, cuando vamos interpretando todos estos valores constitucionales y derechos y principios que tienen que ver con lo que he dicho: con democracia, con desarrollo, estado de derecho, con igualdad, libertad, etc.
Pero, quizá, es inevitable que hayan diferentes visiones: entre lo que un órgano entiende sobre lo que el país necesita, y otro órgano tiene una visión distinta del mismo tema. Y eso es lo que abona la necesidad de diálogo. Pero no es excluyente, no es exclusiva, la visión de Estado que va a tener un órgano, respecto de otro. Cada uno tiene la visión de lo que el país necesita y cómo echar a andarlo en nuestras atribuciones y competencias.
Florentín Meléndez:
¿Qué cambió? Esto no es una Sala de lujo. Nosotros somos cinco magistrados que integramos una sala que tiene competencias definidas y diferentes al resto de los tribunales del país.
Eso es lo único que nos diferencia del resto de tribunales: la competencia, por razón de materia, que es la competencia constitucional. Este cambio de percepción, y las reacciones que hemos observado, en los señores diputados, en el mismo Presidente de la República, en el Órgano Ejecutivo, y en otros sectores, tiene íntima relación con el compromiso que llevamos adelante los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional, de sacar la mora judicial de más de diez años que tenía la Sala.
Cuando vinimos, teníamos casos de 1999 en adelante sobre diversas materias: civil, penal, mercantil, laboral, municipal, militar, etc. Dentro de esos casos, y eso tiene que ver mucho con el giro, con la actitud, con las reacciones que hemos visto contra los cuatro magistrados de la Sala, nos encontramos con temas que estaban archivados y que hacían referencia a intereses de determinados sectores importantes del país. Por ejemplo, encontramos varios casos relacionados con partidos políticos, con el Tribunal Supremo Electoral, casos vinculados con intereses económicos, con la libertad de expresión, que tenían que ver con los medios de comunicación y con las personas en general.
Cuando llevamos adelante la tarea de resolver estos casos, conforme a la Constitución, conforme al derecho, han salido las reacciones y ha cambiado la percepción de los que, en un principio, creían que éramos independientes y que éramos una Sala de lujo.
Estas percepciones son muy fuertes algunas de ellas, pero las aceptamos. Aceptamos cualquier crítica, porque vivimos en un país democrático y hemos defendido la libertad de expresión a través de nuestras sentencias y, especialmente, el derecho de críticas públicas que se debe de hacer a los poderes del Estado. Lo que desnudan es el trasfondo de la cuestión.
Cuando la Sala Constitucional resuelve, porque es su obligación, casos que hacen referencia a fuertes intereses del país, entonces ya no interesa, y no conviene, que la Sala sea independiente.
Ya no necesitamos tener una Sala de lujo en el país, tal y como se ha calificado. La independencia, entonces, solo sirve para tener el “status quo” que se venía conservando anteriormente: de defender, de no esclarecer casos que no incomodan al poder de este país.
La Sala de lo Constitucional es, ante toda sociedad democrática, la auténtica y única defensora de la Constitución y de los derechos fundamentales de los ciudadanos en este país. En eso nos queremos convertir. Ese es nuestro compromiso, eso es lo que queremos hacer en el día a día: reflejar en nuestras sentencias, le incomode a quién le incomode, la defensa de la Constitución y de los derechos del pueblo salvadoreño.
Por lo tanto, no hemos dejado de ser independientes. Por el contrario, nos hemos fortalecido más en nuestra independencia como jueces y en eso sí estamos unidos los cuatro, aunque no necesariamente estamos unidos en criterio, porque a veces fallamos diferente o los cinco.
Pero quería decir que el cambio, que al menos yo en lo personal, lo miro en las percepciones y observaciones de los señores diputados y de funcionarios del orden Ejecutivo, como el mismo presidente de la República. Y eso ocurre, precisamente, porque estamos tocando temas que antes no se habían tocado en este país. No se había ejercido el control constitucional, que le compete a la Sala, no solo de las leyes del país, sino también de los actos de la administración pública.
Con respecto a la pregunta, ¿qué cambios se han producido? Yo creo que de parte nuestra, Rodolfo sigue siendo el mismo estudioso, académico, preocupado por los derechos constitucionales. Belarmino Jaime sigue siendo el hombre honesto, trabajador. Florentín sigue siendo el profesional, preocupado por el tema de los derechos humanos, por implementar en el país una justicia constitucional, que lleve inserta el tema de derechos humanos.
Y yo sigo siendo el juez, creado mucho en la práctica. El juez que ve los problemas del país. De manera que de nuestra parte no ha cambiado absolutamente nada. Y esta visión, afortunadamente, ha coincidido en la Sala de lo Constitucional. Y la hemos fortalecido, cada uno, con sus propios criterios. Pero yo creo que aquí, como vemos las cosas, falta mucho debate sobre la competencia de los Órganos, para entender con precisión cuáles son las competencias que la Constitución atribuye a cada Órgano del Estado.
Parece mentira, y todos creíamos que estaba definida la Constitución, pero ahora con lo que se presenta, nos damos cuenta, que hace falta mucho más debate. El debate técnico, el debate desapasionado, sobre las competencias de cada órgano.
La gente se pregunta y recuerda que antes había armonía. Pero, era una falsa armonía. Estaba sustentada en las componendas, en los pagos de favores, en el engavetamiento de procesos constitucionales, en las llamadas telefónicas, en las instrucciones externas. ¡Eso no produce armonía! La armonía en que estamos interesados es en la armonía de la Constitución, en el respeto a la competencia de los poderes y en el respeto a la independencia judicial.
Parece mentira, pero la costumbre se había impuesto. La costumbre casi se había impuesto sobre la Constitución. Ahora creo que nuestra disciplina y nuestro trabajo han roto eso.
Nosotros no estamos para confrontar sino para defender la Constitución. Nosotros no estamos con una ideología. Tampoco tenemos posiciones antagónicas con el Ejecutivo o la Asamblea Legislativa.
Lo que creemos es que debemos defender la Constitución a cualquier costo. Y entendemos que los otros órganos tienen la preocupación que ven en estos magistrados una disposición a continuar resolviendo con independencia y transparencia.
También se tenía en esto la costumbre de que, entre magistrados y diputados que los designaban, existía una relación de dependencia. Esa debe ser una percepción equivocada.
También los diputados dicen que tienen capacidad de destituirnos. Claro, nosotros, como funcionarios, podemos ser removidos de los cargos pero con un debido proceso. La remoción no nos causa preocupación. Como estamos confiados que si constitucionalmente está prevista la remoción, lo único que pedimos es el debido proceso.
En nosotros lo que se ha producido es una fusión de ideales entre cuatro magistrados para romper la falsa armonía.
No queremos los pagos de favores, ni los engavetamientos de procesos constitucionales. Nosotros nos apartamos de esas costumbres.
En esa falsa armonía habían dos ausentes: la Constitución y el ciudadano. Nosotros estamos interesados en potenciar al demandante común y corriente. El soberano es el pueblo y no las instituciones. Si hacemos un repaso hacia quiénes van las sentencias constitucionales, veremos que potenciamos la participación política de los ciudadanos. En el tema de la libertad de expresión potenciamos la esa libertad en los ciudadanos.
Rodolfo González:
Si cuando nos eligieron, a mí me hubieran preguntado qué agenda traía, habría dicho que ninguna. Tal vez resolver los casos en mora. Nosotros no sólo hemos pronunciado sentencias en materia electoral. Hemos tocado temas de libertad de expresión, temas comerciales, laborales, etc, etc. No hemos pronunciado sólo sentencias en materia electoral.
En el 2010 emitimos 1,200 sentencias. Lo que ha hecho que pronunciemos sentencias en materia electoral son los casos que estaban en mora. Ahora nosotros ponemos cuando se presenta la demanda, cuando se resuelve, etc.
Anteayer (miércoles) emitimos una sentencia que quedó en trámite para dictar sentencia el 12 de marzo. Eso refleja que hemos reducido la mora. Muchos de los casos electorales que resolvimos fueron presentados en el 2005 y 2006. ¡Ya tenían años en mora!.
Los casos electorales son los que han causado más revuelo pero no porque tengamos una agenda electoral. Nosotros podemos hablar de un denominador común: respeto por las reglas de juego, respeto a las normas.
En una de las sentencias dijimos que es inconstitucional perdonar las multas de tránsito. Eran $28 millones en multas. La Asamblea Legislativa quería perdonarlas diciendo que son deudas con el Estado. Nosotros dijimos que son deudas y que, por eso, no se pueden condonar. Aquí no es que el Estado le prestó $57 a un ciudadano. La Sala dijo, en septiembre, dijo que sí es deuda y, por tanto, no se puede perdonar. Ya no se habla de perdón de multas. Eso es respeto a la legalidad.
Que dos partidos no tuvieron porcentaje para subsistir en el 2004, y diez meses después obtienen un decreto con claros efectos retroactivos prohibidos por la Constitución, no es respetar las reglas. Tenemos que respetar las reglas de juego. Busquen todos los pronunciamientos del 2010 que son como cien mensuales y todos tienen un denominador común: respeto a las reglas de juego. La seguridad, la economía, etc. Atendemos la necesitan de respeto a las reglas de juego y a la legalidad.
Se ha dicho mucho que los cuatro magistrados cumplimos una agenda temática. La agenda de la Sala la tenía con diez años de mora. La agenda se crea con lo que el ciudadano presenta.
Hemos superado esos diez años redoblando esfuerzos y trabajo. Muchos de esos casos tienen que ver con los que estaban engavetados en la sala. En la Sala Constitucional habían 26 demandas contra la Corte presentados por ciudadanos. Y estaban engavetados, así como encontramos casos electorales.
En uno había un medio de comunicación importante interesado. Nuestras obligaciones era darle trámite.
Como estábamos recién llegados, no estábamos implicados en los hechos generadores de las peticiones ciudadanas. De esos 26 casos, ya resolvimos 21. Eso ha generado fricciones innecesarias. Nuestros colegas han adoptado posiciones diferentes pero por falta de conocimiento de criterios constitucionales.
Nosotros seguimos adelante no porque seamos rebeldes. Es que debemos seguir los casos por obligación. Eso mismo ha pasado con los colegas de la Sala Penal.
Hay fricciones porque la Sala de lo Constitucional ejerce control en todas las instituciones del Estado, incluidas las salas de la Corte Suprema de Justicia. Eso es así en todos los países del mundo.
Se ha vendido, equivocadamente, que invadimos esferas de ellos. Eso no es así. Ejercemos el control constitucional de todos los tribunales del país, incluida la Corte Suprema de Justicia.
Es importante que el Presidente de la República, los diputados y todos los ciudadanos conozcan las competencias de la Sala Constitucional. El artículo 183 de la Constitución Política se habla de que tenemos un control, concentrado en la Sala en materia constitucional y vemos cuando artículos de leyes son inconstitucionales y los expulsamos del sistema jurídico.
Pero también ejercemos un poder difuso. Ya no es cuestionar la constitucionalidad sino aplicamos un acto que deviene del artículo 185 de la Constitución como es la potestad de inaplicar una ley en cada caso concreto.
Eso es lo que hicimos con el decreto 743 porque consideramos que tiene vicios de fondo y forma. Si nuestros legisladores no están debidamente asesorados de los efectos de la justicia constitucional, pueden hacer cualquier cuestión al margen de la ley como la desodediencia a una sentencia judicial.
¿Que fue lo que produjo que ustedes rompieran la tradición, que se soltaran de ese concepto en el sentido de que los diputados no fueran sus patrones?
Belarmino Jaime:
Esto es un accidente, algo que no estaba planificado. Da la casualidad que entre nosotros éramos desconocidos. Yo conocía de Florentín y de Sidney. A Rodolfo González no lo conocía. Nunca habíamos cruzado una palabra. Por lo menos nosotros dos (Rodolfo y yo), no estábamos con posibilidad de venir a la Corte Suprema de Justicia. Rodolfo había participado en las elecciones que hace, internamente, el sector profesional pero no estaba dentro de la lista.
Yo no venía en la lista original. De repente, y quizá fue la mano de Dios, sucedió que Michelle Gallardo presenta un recurso de amparo y entrampa toda la elección.
Viene la Sala de ese entonces y le dice a la Asamblea que no puede elegir. Era difícil de entender eso, en ese momento.
Pero, luego surge la idea, en Casa Presidencial, de llevar ahí la búsqueda de la solución. La elección nuestra se da porque todos creían en la importancia de la Constitución. Eso me lo imagino. Yo he dicho, cantidad de veces, que no sé quien me propuso. Gracias a Dios no lo sé y así no tengo compromiso con esa persona. A ninguno de nosotros nos mueve compromisos. Por supuesto que vemos que nuestras decisiones no dañen a la población. Pero, en toda sentencia que hemos pronunciado tratamos de potenciar al ser humano que, como dice la Constitución, es el principio y fin de todo. Hacia atrás se habían tomado en cuenta los intereses de los partidos. Ahora, si vamos a afectar intereses de los partidos, pues mala suerte. Nosotros estamos obedeciendo la Constitución Política.
Por supuesto, que a mucha gente no le pueden gustar nuestras sentencias. Eso es normal. En todo proceso es muy difícil que las partes que intervienen van a quedar contentas. En parte, eso es lo que está sucediendo. En las discusiones de constitucionalidad, es la Asamblea Legislativa la demandada. No son los partidos políticos. El diputado no representa a los partidos políticos. Representa a todos los ciudadanos. Hace algún tiempo, cuando GANA se desprendió, ARENA presentó un Amparo. Dijo que eran sus diputados y que no se podían separar. ¿Qué nos tocó resolver?. Dijimos que los diputados no son representantes de los partidos políticos sino de los ciudadanos. Pero, ellos se sienten representantes de los partidos políticos. Cuando dictamos una sentencia, que no está de acuerdo con los partidos políticos, entonces dicen que estamos en rebeldía. Eso es lo que se está dando.
En la única reunión que hemos tenido con la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, hubo diputados que dijeron: “ustedes se están metiendo en ámbitos de la Asamblea”. Preguntamos: “¿En cuál?” Respondieron que nos estábamos metiendo en el sistema electoral. Nosotros respondimos que la Constitución Política da las bases del sistema electoral. Dice que los diputados se distribuirán en el territorio atendiendo a la distribución de la población en los departamentos, que el régimen debe ser proporcional, que el voto debe ser libre, igualitario y secreto y que cualquier persona que crea que se le viola un derecho, puede venir a la Sala de lo Constitucional. ¿Qué puede estar en la base de un posible conflicto entre órganos? Diversas visiones que sobre una materia donde la Asamblea Legislativa cree que es su ámbito exclusivo. Es cierto, el Tribunal Electoral lo aprueba la Asamblea. Pero hay principios y derechos constitucionales que los determinamos nosotros. Lo determinan los tribunales porque así está en la Constitución. Los ciudadanos están legitimados para plantear recursos.
Es posible que en la visión que se refleje en las sentencia no coincida con la visión de los partidos políticos. Pongo un ejemplo: la Asamblea Legislativa formó una comisión especial para investigar a la Inspectoría de la Policía Nacional Civil. La Constitución Política dice que la Asamblea Legislativa está autorizada a formar comisiones especiales de investigación para asuntos de interés nacional.
Yo no tengo duda que la Asamblea Legislativa actuó de buena fe. Cuando viene aquí la demanda de inconstitucionalidad, la Sala hace otra interpretación sobre el interés nacional. En todo el tema de la carrera judicial, de la estructura de la policía, de la ley de carrera policial, de la ley orgánica de la PNC, sí se puede meter la Asamblea Legislativa.
Pero, en el tema de interés nacional, sobre quejas de oficiales insatisfechos, nos pareció, en la sentencia, que no es asunto de interés nacional. Por eso declaramos inconstitucional la comisión. Interpretamos como órgano contralor si es, o no, asunto de interés nacional.
En el caso del decreto del salvataje de partidos políticos, la Constitución Política dice que la ley no debe ser retroactiva salvo en casos de orden público. La Sala dijo que la ley del salvataje no es de orden público y que, por lo tanto, no puede ser retroactiva. ¿Qué nos habilitaba a hacer eso? La Sala es el órgano contralor y la Asamblea Legislativa es el órgano demandado.
En el ámbito civil, si celebro un contrato y digo que no pago porque es fuerza mayor, el caso lo analizará un juez civil. El puede decir que no es fuerza mayor. Entonces, lo que debe prevalecer es lo que dice el juez. En eso no hay irrespeto, no hay conflicto. En el mismo sentido, nosotros no invadimos ni irrespetamos un campo exclusivo de la Asamblea Legislativa. Hacemos lo que nos corresponde hacer.
Florentín Meléndez:
En la Sala somos cinco magistrados. La composición es variada. No estamos, necesariamente, de acuerdo en todo. Eso se refleja en los fallos. En la generalidad de los casos, votamos los cinco.
Siempre estamos los cinco presentes, pero no siempre votamos los cinco en todos los casos. Nosotros tenemos identidades muy profundas, de ideas, de visión de país y de compromiso con la Constitución. Eso nos hace ver, políticamente, el tipo de justicia que queremos para El Salvador.
Sabemos que tenemos diferencias con otros magistrados. Lo que queremos es que la Corte no siga siendo corrupta. Queremos que la justicia no sea retardada, que sea rápida y produzca efectos para los ciudadanos. Que sea accesible. Que no sea excluyente, que sea igual para ricos o pobres.
Queremos erradicar las influencias indebidas en el Órgano Judicial. Esa es la justicia que queremos. Queremos iniciar un proceso de depuración judicial y en eso hemos tenido problemas con otros magistrados en el interior de la Corte. Queremos también erradicar abogados que han violado derechos de sus clientes, notarios denunciados por ciudadanos porque han atropellado sus derechos. Queremos justicia honesta, accesible. En eso estamos completamente de acuerdo.
¿Cómo surge el decreto 743?
Fue una decisión de cuatro partidos políticos de derecha con el propósito de que las resolucines de la Sala de lo Constitucional se produjeran por unanimidad y no por mayoría. Con eso se intentó atar de manos a los cuatro magistrados pues, el voto de uno sólo de ellos, podía frenar cualquier sentencia. El decreto provocó la reacción adversa de muchísimos sectores. |
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