El ejército de El Salvador es similar (en su cadena de mando) y totalmente distinto (en su sistema de tandas) a otros ejércitos latinoamericanos.
Acostumbrados a gobernar durante mucho tiempo y habiendo permitido por primera vez la ascensión de un civil a la presidencia, el ejército salvadoreño debe ser percibido tanto como una institución del Estado y como una organización política.
En 1989, la Fuerza Armada salvadoreña tenía una cadena de mando formal y operativa. La autoridad residía en el Alto Mando, que incluía a: el Presidente que era según la Constitución el Comandante General (Cristiani), el Ministro de Defensa y de Seguridad Pública (General Larios), el Vice Ministro de Defensa (Coronel Zepeda), el Vice Ministro de Seguridad Pública (Coronel Montano) y el Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (Coronel Ponce).
Todos tenían responsabilidades específicas. El Presidente nombraba al Ministro de Defensa, quien a su vez estaba en la cúspide de la estructura organizativa militar y gestionaba las Fuerzas Armadas según la relación militar normal de mando y dependencia. El Presidente también estaba oficialmente a cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia o DNI (Coronel Guzmán Aguilar), la agencia de inteligencia más importante del país.
El Ministro de Defensa, en virtud del artículo 140 de la Ordenanza Militar, era responsable de “la administración del ejército” y por ley era la organización de más nivel, especialmente en periodos de estado de sitio. Entre sus muchas tareas, era especialmente relevante su responsabilidad directa en COPREFA (Mayor Chávez Cáceres), el Comité de Prensa de las Fuerzas Armadas. El Ministro de Defensa (General Larios) tenía la autoridad y la responsabilidad de investigar y castigar los delitos contra civiles, los crímenes contra la humanidad y las violaciones de derechos humanos.
También tenía el poder de degradar a los oficiales y, junto con cualquiera de sus viceministros (los Coroneles Zepeda y Montano), según el servicio exigido, tenía la capacidad de ordenar traslados internos masivos, traslados al extranjero y jubilaciones.
La legislación confería una amplia discreción a los viceministros de defensa, sobre todo si eran líderes sólidos. Podían emitir órdenes, sin solicitar autorización, y todos eran considerados la “mano derecha” del ministro. Su mayor poder residía en la capacidad de recomendar cambios en el personal que normalmente el ministro aceptaba.
Además, el Viceministro de Defensa (Coronel Zepeda) era el que se encargaba directamente de varias entidades involucradas en la masacre de los Jesuitas, incluido (normalmente) la Escuela Militar (Coronel Benavides), CETIPOL, un instituto de formación (Coronel Soto Martínez) y CITFA, que coordinó y montó todas las transmisiones de radio necesarias y que además formaba parte del Estado Mayor.
Con el alzamiento de la insurgencia, el Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Armada se convirtió en el cargo más importante que servía de apoyo al Alto Mando porque tenía capacidad para dirigir todas las misiones operativas militares. Por tradición, el Jefe del Estado Mayor (Coronel Ponce), asistido por un Vice Presidente del Estado Mayor de alto rango (Coronel Rubio) también era comandante del ejército. Este cargo dependía del Personal General Conjunto formado normalmente por seis coroneles jóvenes que coordinaban un aspecto del mando nacional: Personal (C-1), Inteligencia (C-2), Operaciones (C-3), Logística (C-4), Operaciones Psicológicas (C-5) y Comunicaciones (C-6). La misión del Estado Mayor era transformar las órdenes emitidas por el mando general a través del Ministerio de Defensa y convertirlas en órdenes que se enviaban a través de los canales subordinados.
El resto de puestos estaban subordinados al Alto Mando, incluidos los tres directores de las fuerzas de seguridad, la Policía de Hacienda, la Guardia Nacional y la Policía Nacional, los comandos especializados tales como la Fuerza Aérea (General Bustillo), seis brigadas militares, con la Primera Brigada (Coronel Elena Fuentes) vista como el cargo más importante ya que cubría todo San Salvador, seis destacamentos militares y cinco batallones de infantería de elite de "reacción inmediata" (BIRI). Cada uno de estos batallones estaban formados por unos mil hombres que no tenían responsabilidades regionales específicas sino que eran trasladados según las órdenes del Jefe del Estado Mayor. Su superior inmediato era el comandante de la brigada responsable de la zona en la que operaban (Benavides en la época de la masacre de los jesuitas).
El primero y quizás el batallón de infantería de reacción inmediata más conocido de los cinco BIRI, establecido por las Fuerzas Especiales estadounidenses en 1981 para llevar a cabo operaciones flexibles en cualquier parte del país era el batallón Atlacatl (conocido por luchar bajo una bandera negra decorada con una calavera y una serpiente). Consistía en pequeñas unidades de comandos armados que se enviaban con regularidad a los puntos calientes para combatir a la guerrilla. Esta unidad era una de las principales beneficiarias de la formación continua impartida por EE. UU., y uno de sus jóvenes comandantes, el teniente Espinoza, encabezaría la misión contra los jesuitas. Se consideraba a su equipo de comando como la “elite de la elite”.
Las órdenes se obedecían habitualmente a cualquier nivel. Se había establecido un procedimiento burocrático, requerido por ley, para informar incluso de cualquier detalle de las operaciones a los comandantes operativos por muy insignificante que fuera. Las órdenes se comunicaban con facilidad en un día, aunque a menudo se daban oralmente para después recurrir al procedimiento formal de las órdenes directas.
Aunque el ejército salvadoreño respetaba la cadena de mando, también operaba mediante un complejo sistema de consenso, tanto en la organización interna de las tandas como en la relación entre ellas, y en las promociones de la Escuela Militar salvadoreño. Este era el caso de la toma de decisiones importantes. Cuando la Tandona asumió el poder de la Fuerza Armada se hizo con todos los puestos de mando excepto la posición del Ministro de Defensa para la que se designó a Larios que no era miembro de la Tandona. Esta posición sería más adelante para el Coronel Ponce y se accedió a que la ocupara Larios temporalmente por lo que se conoció como el “acuerdo de Cristiani”.
Este trato resolvió el conflicto de liderazgo entre el general Bustillo, apoyado por la facción de extrema derecha de ARENA; y el coronel Ponce, el reconocido líder y candidato favorito de la Tandona; también significó que podrían trabajar juntos una vez que la decisión estuviese tomada. Por tanto, en la época en la que los jesuitas fueron asesinatos, el poder de facto estaba delegado a instancias inferiores. Era de conocimiento general que la persona que tomaba las decisiones más importantes en el ejército era el Coronel Ponce.
Como el coronel norteamericano Fred Berger observó, al hablar sobre los oficiales que no pertenecían a la Tandona: “Es así, el coronel López, el sustituto del coronel Rivas, incluso el propio coronel Rivas, no tomaban ninguna decisión de más de unos pocos cientos de dólares si tener autorización de Ponce. Para conseguir colchones, tenían que tener autorización del Estado Mayor. Para trasladar a las tropas, necesitaban autorización. No había manera de que nadie diera esa orden sin que alguien de rango superior lo supiera”.
Aún así el estilo del Jefe del Estado Mayor era el de buscar consensos en lo que respecta a una estrecha colaboración con sus propios compadres, descritos en el estudio del Congreso de EE. UU como “el núcleo de oficiales que tomaban decisiones por consenso antes que a través de la estructura de mando formal”.
Las normas por las que se regía este grupo eran muy claras. La protección de la Tandona era la prioridad más importante, un instinto que se había fortalecido dada la intensificación de los ataques por parte del Congreso de EE. UU., otras tandas y el FMLN.
La decisión, profundamente política, de matar a los sacerdotes jesuitas, fuera o no difícil de tomar, no habría sido complicada de ejecutar porque los compadres y la cadena de mando coincidían en gran parte. Con los coroneles Ponce, Montano, Zepeda, Rubio, Elena Fuentes y Carrillo Schlenker (que había pasado de ser el Director de la Policía de Hacienda a ser temporalmente el Jefe de Plaza del área metropolitana de San Salvador) en los puestos de mando más importantes del país, una decisión política de esta envergadura tendría que haber implicado por necesidad algún tipo de coordinación entre los compadres y el Jefe del Estado Mayor Ponce.
Sin la autorización explícita del Alto Mando respaldado por al menos varios de los compadres, estas ejecuciones nunca habrían tenido lugar ni habrían estado tan fácilmente disponibles los medios para planificar y llevar a cabo los asesinatos.
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