MASACRE DEL MOZOTE Y CASO MONS. ROMERO

BOLETÍN DE PRENSA

TUTELA LEGAL DEL ARZOBISPADO DE SAN SALVADOR

CONCERTACIÓN MONS. ROMERO

DEMANDA DE JUSTICIA Y EL FIN DE LA IMPUNIDAD POR

LA MASACRE DE EL MOZOTE

Y EL MAGNICIDIO DE MONS. ROMERO

Tutela  Legal  del  Arzobispado  de  San  Salvador  y  la  Concertación  Mons.  Romero,  en  el  marco  del  64º Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, denuncia al Estado Salvadoreño por la denegación de justicia y fomentar la impunidad en el país ante las graves violaciones a los derechos humanos que se han perpetrado desde los inicios del conflicto armado. Particularmente evidenciamos y deploramos enérgicamente que los tres órganos del Estado y el Ministerio Público no han cumplido de manera adecuada y total las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en relación el asesinato de Mons. Oscar Arnulfo Romero y a la Masacre El Mozote.

En el primer caso, el 24 de marzo de 1980, agentes del gobierno salvadoreño, actuando como escuadrones de la muerte,  asesinaron  a  Mons.  Oscar  Arnulfo  Romero,  Arzobispo  de  San  Salvador,  mientras  celebraba  la Eucaristía, en el Hospital la Divina Providencia.

En el segundo, los días 11-13 de diciembre de 1981, el batallón Atlacatl de la Fuerza Armada de El Salvador, con la participación de unidades de la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel y del Centro de Instrucción de Comandos de San Francisco Gotera, masacró a más de 1000 campesinos en El Mozote, La Joya, Los Toriles, La Ranchería, Cerro Pando y Jocote Amarillo del departamento de Morazán. Esta "Masacre de El Mozote" ha sido considerada como la más grave violación a los derechos humanos durante la guerra, tanto por su número y condición de las víctimas, así como la atrocidad con que actuaron los autores materiales e intelectuales.

Reconocemos que  en relación  al magnicidio  de  Mons. Romero, el Presidente  de  la  República  aceptó  la competencia de la CIDH y lo vinculante de sus resoluciones, realizó un acto de petición de perdón que adolece de serios defectos de forma y contenido (el 24 de marzo de 2010), ha anunciado el proyecto de construcción de un memorial en honor a Mons. Romero (aunque la obra de reparación establecida es en realidad una Plaza en donde  se  conmemore  el  aniversario  de  su  martirio).  Las  obras  de  reparación  deben  ser  ocho,  para  dar cumplimiento a la obligación de reparación. Las otras dos recomendaciones referentes a investigar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales del crimen, así como a dejar sin efecto la Ley de amnistía general  (20  de  marzo  de  1993)  y  adecuar  la  legislación  interna  a  la  Convención  Americana,  siguen

completamente desatendidas por los órganos de Estado correspondientes. Básicamente, la actitud general del Estado, desde el año 2000 en que fue emitida la resolución en su contra, ha sido la de perpetuar la impunidad.

Referente a la Masacre de el Mozote y lugares aledaños, Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador demandó al Estado como responsable del crimen y la impunidad implementada ante el mismo, el 30 de octubre de 1990. La CIDH aceptó el caso e emitió la resolución respectiva el 3 de noviembre de 2010, la cual condena al Estado salvadoreño por violar los derechos tutelados por la Convención Americana: a la vida, la integridad personal, la libertad personal, la vida privada y familiar, los derechos del niño, la propiedad privada, la libertad de circulación y residencia, las garantías judiciales y la protección judicial.

El 8 de marzo de 2011, la CIDH somete el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte, Tribunal), la cual emite su sentencia condenatoria al Estado el 25 de octubre de 2012, haciéndola pública el 10 de diciembre de 2012.La Corte da por buena la petición de perdón que realizó el Presidente de la República, en el Mozote, el 12 de enero de 2012, con ocasión del 20º aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz. Reconoce asimismo la validez de impulsar algunas medidas de reparación, en diálogo constante con las víctimas y sus representantes, bajo los criterios establecidos por la misma entidad de justicia internacional. Ordena al Estado la realización de 12 medidas de reparación, que se refieren a: registro de víctimas y familiares de víctimas, hacer justicia (identificar, juzgar y sancionar a los responsables y funcionarios promotores de la impunidad), asegurar que la Ley de amnistía no impida la justicia, completar las exhumaciones, posibilitar el regreso de los desplazados, implementar programas de: vivienda, salud permanente (física, psíquica y psicosocial), publicar la sentencia, realizar un audiovisual documental sobre la masacre, curso sobre derechos humanos para la fuerza armada, indemnizar por daños materiales e inmateriales, reintegrar costas y gastos.

Nos alegramos por la determinación de la Corte para exigir al Estado salvadoreño verdad, justicia y reparación por este execrable crimen contra la humanidad. Por su rol de supervisión para verificar el total cumplimiento de la sentencia.

Como personas y organizaciones promotoras de los derechos humanos, comprometidas con la verificación del cumplimiento estatal de las obligaciones por sus responsabilidades en los crímenes señalados:

Demandamos del Estado Salvadoreño:

• Adecuado y pleno cumplimiento de las tres recomendaciones de la CIDH por el asesinato de Mons. Romero, y de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la Masacre de El Mozote y lugares aledaños.

• No revictimizar a los ejecutados, sus familiares y todos los afectados por las graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido en el país, al negar la verdad, justicia y reparación.

• Poner fin a la impunidad que sigue enlutando y haciendo sufrir a los pobres, indefensos y excluidos en nuestra sociedad, comenzando por dejar sin efecto la Ley de Amnistía General de 1993 o adecuarla a la Convención Americana.

• Asumir la tarea específica y común de todos los órganos de Estado y el Ministerio Público para cumplir con las responsabilidades emanadas de las resoluciones de los organismos internacionales de justicia.

• Ser consecuente con el espíritu y letra de los Acuerdos de Paz, a la luz de la vida, sangre y muerte de las víctimas de los atropellos a los derechos humanos, así como del derecho nacional e internacional.

• Diálogo  y  consenso  permanente  con  las  víctimas,  sus  representantes  y  las  organizaciones  de  la sociedad  civil  comprometidas  en  que  el  Estado  cumpla  las  resoluciones  de  los  organismos internacionales de justicia.

• Establecer  conjuntamente,  Estado,  víctimas,  representantes  y  organizaciones,  los  mecanismos  de diálogo, consenso y verificación de los procesos de cumplimiento de verdad, justicia y reparación, según los casos.

• Promover sinceramente el respeto, la dignificación y la memoria histórica de las víctimas de las graves violaciones  a  los  derechos  humanos,  alejados  de  la  mención  y  uso  coyuntural,  oportunista  y demagógico.

• Particularmente urgimos al Fiscal General de la República para que actúe  ex officio para investigar, juzgar y sancionar a los responsables y cómplices por el crimen contra Mons. Romero y la Masacre de El Mozote y lugares circunvecinos.

San Salvador, 11 de diciembre de 2012.