La terrible guerra civil que asoló Guatemala entre 1960 y 1996, con un
balance estimado de 200.000 muertos y desaparecidos, alcanzó sus máximas cotas
de violencia en los 17 meses, entre 1982 y 1983, que el general Efraín Ríos
Montt detentó el poder en la nación centroamericana. Aupado a la presidencia de
la República por los oficiales que derrocaron al general Romeo Lucas, el nuevo
dictador, ferviente ministro de una iglesia evangélico-pentecostal, implantó un
gobierno castrense puro y duro que suprimió el anterior régimen reaccionario de
corte cívico-militar y que traía ímpetus de transformación nacional. Así, la
extrema derecha tradicional, ultraconservadora y oligárquica, fue desplazada
por un nuevo radicalismo antirrevolucionario que combinaba las declaraciones de
desarrollo social de indígenas y campesinos, y de guerra de exterminio de las
guerrillas comunistas que buscaban reclutarlos.
Ríos Montt, convencido de su misión político-religiosa, dotó al terrorismo
de Estado, bien presente desde mucho antes del golpe de 1982, de un carácter
sistemático al hacerlo parte integral de un plan global de reorganización del
país que supuso la militarización del campo por el Ejército y las Patrullas de
Autodefensa Civil. Todo ello se tradujo en la matanza generalizada y sin
restricciones legales de aquellos, campesinos mayas fundamentalmente, a los que
supuestamente se venía a liberar. Un mínimo de 10.000 ejecutados
extrajudiciales, decenas de grandes masacres, centenares de aldeas arrasadas y
más de 100.000 refugiados fueron el estremecedor balance de los planes y
operaciones, ejemplo insuperable de las tácticas de tierra quemada,
ejecutados por el fanático gobernante de facto.
El delirio mesiánico de Ríos Montt llegó a su fin en agosto de 1983 con
otro golpe de Estado, el comandado por su ministro de Defensa, el general Óscar
Mejía. Tras su remoción del poder, Ríos Montt buscó con ahínco recuperar el mismo
con el traje de civil y por la vía democrática. Jefe de un partido propio, el
Frente Republicano Guatemalteco (FRG), de derecha populista y enemigo declarado
de la vieja plutocracia,El General fue inhabilitado para presentarse a las
elecciones presidenciales de 1990 y 1995 dada su condición de ex dictador, pero
su formación ganó las legislativas de 1994, lo que le convirtió en presidente
del Congreso hasta 1996.
Cuatro años después, su sustituto en la candidatura, Alfonso Portillo, ganó
las presidenciales, dando comienzo un período de dominio eferregista en el que
el anciano ex militar volvió a liderar el Congreso, mientras su protegido se
hundía en el descrédito por los escándalos de corrupción y, sobre todo, por el jueves
negro de julio de 2003, cuando bandas de riosmontistas armados desataron
el caos en la capital para forzar a los tribunales a registrar la postulación
de su caudillo. Al final, en una maniobra abiertamente inconstitucional, la
magistratura cedió a las pretensiones de Ríos Montt, sólo que el electorado
tomó nota de sus coacciones al orden democrático y lo castigó en las urnas
relegándole al tercer puesto.
Desde 2000, cuando la Audiencia Nacional de España admitió una denuncia de
Rigoberta Menchú y se declaró competente para procesar al político guatemalteco
con carácter extraterritorial por delitos de genocidio y crímenes de lesa
humanidad, Ríos Montt afrontó reiterados intentos, a partir de 2001 también
domésticos, de que rindiera cuentas penales por las masivas violaciones de Derechos
Humanos cometidas bajo su presidencia. Las diligencias judiciales dieron un
salto cualitativo en 2005, tras expirar la década en que había gozado de
inmunidad parlamentaria, con la orden internacional de captura emitida desde
España por su presunta responsabilidad de crímenes universales, pero en 2008 el
escurridizo dirigente, que en 2010 renunció a la secretaría del FRG (sumido en
un declive imparable), volvió a hacerse con el fuero de congresista que le
hacía inmune y de paso impune.
Los supervivientes y los familiares de las víctimas de
las masacres perpetradas en 1982-1983, pacientes y tenaces, tuvieron que
esperar hasta enero de 2012, cuando terminaba el mandato legislativo de Ríos
Montt, para ver actuar de nuevo a la justicia penal guatemalteca. Rápidamente,
se formularon dos pliegos de acusaciones por genocidio y crímenes contra la
humanidad en sendas causas procesales que los abogados del imputado, perito en
las maniobras dilatorias para eludir a fiscales y jueces, buscaron bloquear con
argucias legales y tecnicismos. En marzo de 2013, finalmente, arrancó en Ciudad
de Guatemala el primero de los juicios, calificado de histórico por las
organizaciones humanitarias, contra Ríos Montt, quien cumplirá en junio 87
años.
1 comentario:
La verdad hay que aplaudir de pie lo que ha hecho el hermano país de Guatemala, juzgar a uno de lo mayores genocidas de Centro América. Para poder llegar a la reconciliación de nuestro país tenemos que seguir el ejemplo de Guatemala, perder los miedos, buscar la verdad y la justicia para tantas personas que sufrieron en la guerra civil. Ye es momento de cerrar heridas.
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