Para los salvadoreños, de sobra es conocido que a
ARENA nunca le ha preocupado la seguridad y el bienestar de la población
salvadoreña. Este partido siempre ha estado en la frontera de la ilegalidad
debido a su accionar político, cuya práctica recurrente es hacer uso de la
corrupción, la violencia y los pactos oscuros con poderes fácticos de grupos de
poder. Pero como dentro de este partido de derechas se encuentran personajes de
mucho peso político y económico, ARENA se ha dado el lujo de actuar en esa situación
sin que haya sido cuestionada por alguien. De hecho, este partido político ha
desarrollado campañas sucias tanto electorales como de otra índole, echando
mano del terror mediático para lograr su ventaja. Así triunfó en las elecciones
de 1994, de 1999 y las de 2004; y en la actualidad conduce una sistemática y
bien orquestada campaña desleal y sucia en contra del pueblo y gobierno
salvadoreño. De ahí que ARENA como instituto político no refleja una auténtica
preocupación por la seguridad de la población, por el contrario, hace uso
político del dolor y del sufrimiento de la población salvadoreña para obtener
los resultados que quiere en detrimento de la vida de salvadoreños y
salvadoreñas víctimas de la violencia terrorista a la que es sometido este sufrido
país.
La población salvadoreña, especialmente la más
educada, ha sabido que ARENA es una institución que usa sin escrúpulos
cualquier medio para lograr sus objetivos. Ya antes de poseer unas pruebas tan
contundentes como son el audio y video donde altos funcionarios del partido
ARENA están ratificando su accionar terrorista contra el gobierno, sabíamos que
el partido ARENA estaba metido en estructuras terroristas. Esa participación
reprochable y constante ha buscado como objetivo primordial la
desestabilización de los gobiernos del FMLN. Además ha tenido el claro interés
de colocar a ese partido de derechas en el ejecutivo a costa de sangre, terror
y muerte de víctimas inocentes de la sociedad salvadoreña.
En el video y audio en mención que constituye la
prueba suficiente para iniciar un proceso civil y judicial en contra de ARENA
se escuchan varios elementos incriminatorios. Algunos de estos elementos son,
en primer lugar, que el funcionario de ARENA, Ernesto Muyshondt, consulta a los
líderes terroristas sobre qué opinión les merece como candidato Facundo
Guardado como Ministro de Seguridad y Justicia que Norman Quijano, candidato a
la presidencia del partido ARENA, tiene como parte de su gabinete de gobierno
para el momento de ganar el Ejecutivo en el 2014. En segundo lugar, Muyshondt
habla respecto del Centro de Reclusión de Alta Seguridad ubicado en
Zacatecoluca (denominado vulgarmente como Zacatrás), y promete a los líderes
terroristas su clausura, afirmando que eso es una cuestión de tiempo (mediano
plazo) para la administración Quijano. Y en tercer lugar, ante la solicitud de
financiación de la estructura terrorista para echar a andar el plan que están
orquestando en esa fecha y a juzgar por los resultados electorales de 2014,
ARENA financió a la estructura terrorista ya que además existen testimonios de
ciudadanos quienes afirman que terroristas les confiscaron sus Documentos
Únicos de Identidad, para que no ejercieran su derecho al sufragio en marzo de
2014.
Ahora bien, ya se han escuchado comentarios respecto
del mencionado video y audio, de parte de funcionarios del gabinete de gobierno
quienes ingenuamente ven en este grave hecho una oportunidad de sacarse una
espina que han tenido clavada en su costado, por la acusación de parte de la
derecha de pactar con los terroristas en aquella tristemente célebre Tregua
entre pandillas llevada a cabo en el 2012. Ante dichas opiniones los
salvadoreños necesitamos lucidez, y por tanto, demandamos mayor eficiencia y
astucia de parte de los funcionarios del Estado para la defensa del pueblo y
gobierno salvadoreños, ya que para eso se les ha elegido y, para decirlo en
palabras vulgares pero asertivas, para eso se les paga. En este sentido, se
pide mayor énfasis y consistencia de parte del Secretario de Comunicaciones de
la presidencia quien afirmara en un medio de comunicación que los “Vínculos
entre ARENA y las pandillas que evidencia un video en que se ve al diputado
Ernesto Muyshondt y al edil de Ilopango, Salvador Ruano, conversando con
líderes de estructuras pandilleriles, representan una amenaza a los planes
de seguridad del actual Gobierno”. No, no es así la cuestión. Al contrario,
ARENA no está atentando contra los planes de seguridad del gobierno, sino lo
que está haciendo de forma alevosa y malintencionada contra la seguridad y
la vida de los salvadoreños en general que a diario perecen a manos de
estructuras terroristas. Eso compromete a ARENA y le instala al margen de la
ley y del orden jurídico salvadoreño.
Los salvadoreños que desde hace ya buen tiempo
pensamos críticamente sobre la realidad que vivimos y padecemos en este país,
sabemos que de acuerdo con la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo (LECAT)
que define a la maras y pandillas como terroristas y que la Sala de lo
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, declaró que el
mismo calificativo será aplicado para cualquier pandilla u organización
criminal que busque arrogarse el ejercicio de las potestades pertenecientes al
ámbito de la soberanía del Estado, atemorizando, poniendo en grave riesgo o
afectando sistemática e indiscriminadamente los derechos fundamentales de la
población o de parte de ella.
La mencionada ley añade que en consecuencia, sus
jefes, miembros, colaboradores, apologistas y financistas, quedan comprendidos
dentro del concepto de “terroristas” en sus diferentes grupos y formas de
participación e independientemente de que tales grupos armados u organizaciones
delictivas tengan fines políticos, criminales, económicos (extorsiones, lavado
de dinero, narcotráfico, etc.). Por lo anterior, se debe concluir que tanto las
organizaciones terroristas como sus financistas y apologistas, dentro de los
cuales se encuentra el partido ARENA, deben ser consideradas como
organizaciones que atentan sistemáticamente contra la vida, la seguridad e
integridad personal de la población salvadoreña, donde se incluye, por
supuesto, los atentados y asesinatos indiscriminados contra las autoridades
civiles, militares, policiales y penitenciarias; contra la propiedad, mediante
la ejecución de delitos de extorsión a personas naturales o jurídicas;
vulneraciones al derecho de todo ciudadano de residir en cualquier lugar del
territorio, obligándoles a abandonar sus comunidades y lugares de residencias
mediante amenazas. Asimismo, en contra del derecho a la educación, puesto que
se obliga a la deserción de estudiantes, debido al temor de ser víctimas de
aquellas organizaciones; contra el libre tránsito, debido a que hay zonas
específicas donde ciertas personas no pueden circular, bajo riesgos de sufrir atentados
a su vida o integridad. En consecuencia, la LECAT es clara al afirmar que tanto
los miembros de organizaciones terroristas como sus colaboradores,
apologistas y financistas, son terroristas en sus diferentes grupos y formas de
participación.
Siendo esta ley tan clara y ante la prepotencia
supina de los individuos en cuestión, que participaron directamente y
representando a su partido político; es más, que sin dejo de duda expresan en
su opinión “que sin duda volverían a negociar con líderes terroristas”. Cosa
que nos hace recordar aquella actitud de un expresidente salvadoreño del mismo
partido ARENA, que afirmara ante una comisión de legisladores, que había
recibido muchos millones de dólares, más de los que se le estaba adjudicando en
ese momento como desviados de la finalidad que el gobierno de Taiwán
pretendiera para ese momento. Esto induce a concluir lógicamente que el partido
ARENA, en su ansia desenfrenada de poder y ante la realidad fáctica de este
momento de no poder acceder a él, incurre de forma sistemática, compulsiva y
reiterada en el delito de atentar contra el pueblo y Estado salvadoreño; hecho
que constituye a su vez, razón suficiente para iniciar el proceso de
cancelación institucional del partido ARENA.
Esto es lo que se debe deducir de la petición
de principio que se hace a la institucionalidad salvadoreña, cuando se le
exige que El Salvador debe cumplir la ley ante estos hechos tan eclatantes de
los dirigentes de ARENA en contra de la vida de los salvadoreños. Por tanto, se
solicita a las instancias competentes, iniciar el proceso de cancelación del
partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), como signo de sanidad
institucional y para bien del pueblo salvadoreño.
Alisson, le llaman en la ciudad de San Vicente a una joven atleta que fue secuestrada y asesinada el 9 de mayo de 2012. Su cuerpo fue desmembrado y enterrado en un cañal del cantón San Atonio, de la jurisdicción de San Vicente.
