Por: Héctor Silva Ávalos.
Fuente: Revista Factum.
Esta historia es sobre un potencial conflicto de
intereses. Dice así: la Fiscalía General de la Repúblia es, según la
Constitución, la encargada de defender los intereses del Estado y de perseguir
delitos y a sospechosos de cometer delitos. El jefe de esa oficina es el fiscal
general, Luis Antonio Martínez. En esa oficina hay, abierto, un expediente por
un pleito entre un empresario salvadoreño, Enrique Rais, y un grupo de
canadienses de las empresas Cintec Internacional Inc. y Cindesol Inc. Las
partes se acusan mutuamente de administración fraudulenta y estafa relacionada
al consorcio mixto Manejo Integral de Desechos Sólidos de El Salvador (MIDES).
En juego hay, centavos más centavos menos, 25 millones de dólares. El fiscal
general Martínez, según documentos obtenidos por Factum, suele hacer viajes
oficiales en aviones que pertenecen a una de las partes, al señor Enrique Rais.
Hasta ahora, el discurso oficial de la Fiscalía es que la contraparte de Rais,
los canadienses, no ha presentado pruebas suficientes en contra del empresario
en cuyos aviones viaja el fiscal general.
En el pleito se ha metido incluso el Vicepresidente
de la República, Óscar Ortiz, quien pidió públicamente a la Fiscalía en julio
pasado que abordara el caso Rais-Cintec con “la celeridad y transparencia que
le deben caracterizar, que haga el trabajo que tiene que hacer con la seriedad
y con la prontitud que se requiere”. Un mes antes, Allan Hernández, jefe de la
unidad antiextorsión de la Fiscalía, había dicho que Cintec, simplemente,
“nunca aportó pruebas para legitimar la denuncia” contra Enrique Rais, a quien
acusan de apropiarse indebidamente de acciones de MIDES, la empresa que maneja
los desechos sólidos en San Salvador.
Las acusaciones de unos y otros son públicas. Los
voceros de unos y otros las han ventilado en los medios de comunicación
salvadoreños. Todo consta en el proceso judicial abierto en el Juzgado Tercero
de Paz. Lo que no es público, hasta ahora, son los viajes del fiscal general
Luis Martínez en aviones de Rais.
Desde febrero de 2013, pocos meses después
de que tomó posesión como jefe máximo de la FGR (diciembre de 2012), hasta
agosto pasado, Martínez había realizado 66 vuelos (33 viajes ida y vuelta). En
40 ocasiones viajó en aviones privados, según los registros migratorios del
fiscal Martínez. 46 de esos vuelos (23 viajes redondos) constan en
documentos internos de la Fiscalía que fueron revelados ante una petición del
Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC) de FUNDE basada en la Ley de
Acceso a la Información Pública (LAIP), hecha el pasado 8 de octubre.
En la respuesta a la solicitud, número
147-UAIP-FGR-2014, la oficial de información de la Fiscalía, Deisi Marina
Posada, confirmó a ALAC 11 viajes realizados en 2013 y 12 en 2014. En esa
respuesta no constan matrícula ni propiedad de las aeronaves. Registros
migratorios en poder de Factum, no obstante, confirman que algunos
aviones usados por Martínez son propiedad de Rais.
El 6 de febrero de 2013, Martínez y otros siete
miembros de su delegación viajaron a San José, Costa Rica, para “participar en
un taller regional”, según el documento firmado por Posada. La comitiva voló,
de acuerdo a los registros migratorios, en el avión matrícula N237WR, propiedad de Rais, según consta en el
registro de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos.
El 24 de marzo de 2013, el fiscal viajó del
aeropuerto de Ilopango a México en el avión matrículaN455FD, también propiedad de Rais. Ese viaje, sin embargo,
no aparece como oficial, según la lista proporcionada por la FGR a ALAC.
El 4 de julio de este año, Martínez viajó hacia
Panamá en el avión con matrícula N54HT, también de Enrique Rais. Ese vuelo tampoco fue
oficial, según los registros.
Y el pasado 16 de julio, para regresar de
Washington, tras reunirse con los abogados que representan a El Salvador en el
litigio entre el Estado nacional y la italiana Enel, el fiscal general también
usó una aeronave que le pertenece al empresario salvadoreño, la N237WR. En esa ocasión, un viaje oficial que duró tres
días, el fiscal general fue acompañado por cuatro personas.
Antes de publicar esta nota, Factum contactó
vía correo electrónico al oficial de comunicaciones de la Fiscalía y a uno de
los asesores del despacho del fiscal general para pedir comentarios sobre los
viajes del funcionario en aviones privados de un empresario involucrado en un
caso del que la FGR es parte. Al cierre no había habido respuesta. A
continuación reproducimos parte del cuestionario enviado:
— Registros migratorios indican que desde enero de
2013 usted (fiscal Martínez) ha viajado al menos 40 veces en aviones privados,
¿puede confirmar eso?
— ¿Por qué aviones privados y no vuelos comerciales?
¿Es más barato?
— ¿Quién paga por esos vuelos?
— Si se paga con fondos de la Fiscalía General de la
República, ¿cómo decide la institución a qué compañía contrata para esos
viajes? ¿Hay licitación previa?
— Otros registros indican que varios de esos vuelos
han sido en aviones de los que es dueño el empresario Enrique Rais. ¿Paga el
empresario por estos vuelos?
— ¿Considera que puede haber conflicto de interés
para usted al viajar en aviones de este empresario? El señor Rais es parte en
un caso abierto en la Fiscalía General.
— Tenemos entendido que la Fiscalía declaró en
reserva información sobre sus viajes, ante peticiones realizadas por otros
medios de comunicación e instituciones, con al argumento de que fue por razones
de seguridad, ¿puede explicarse?
En su petición, ALAC hace ver a la Fiscalía que la
información sobre los viajes oficiales del fiscal general, así como sus costos,
no está detallada en el Portal de Transparencia de la Fiscalía, pese a que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) señala
que esa información debe ser oficiosa, es decir, de obligatoria divulgación
para las instituciones del Estado.
El artículo 10 de la LAIP establece qué información
se considera como oficiosa. El punto 11 dice textualmente: “Los listados de
viajes internacionales autorizados por los entes obligados que sean financiados
con fondos públicos, incluyendo nombre del funcionario o empleado, destino,
objetivo, valor del pasaje, viáticos asignados y cualquier otro gasto”.
Sin embargo, en su respuesta a ALAC, la oficial de
Información de la Fiscalía sostiene que esa información es reservada. ALAC
apeló la negativa de otorgar la información pública, y el pasado 19 de
noviembre la Fiscalía respondió con una evasiva: le solicitaron a los
demandantes que explicaran en detalle sus preguntas. ALAC ha pedido, por
ejemplo, el proceso de licitación para los viajes, el listado de nombres de las
delegaciones que han acompañado al fiscal Martínez en cada uno de sus viajes
oficiales y el gasto total de los viajes. La Fiscalía aún no ha contestado.
Un hombre de
polémica
El nombre de Enrique Rais aparece en atestados
judiciales desde finales de la década de los 90, cuando al menos cuatro
empresas de las que entonces era representante legal fueron señaladas por la
Corte de Cuentas de la República como copartícipes en una defraudación pública
que incluyó, además, al Banco de Fomento Agropecuario (BFA) y al Ingenio El
Carmen.
En 2002, la Fiscalía General, que entonces presidía
Belisario Artiga, acusó al presidente del BFA, Raúl García Prieto, de aprobar
sin los respaldos necesarios créditos por unos 3.7 millones de dólares a
empresas involucradas en la compraventa de El Carmen. Cuatro de esas empresas
eran propiedad de Enrique Rais: PROCEMI, Piscis, Los Patos y Swiss
Biomechanical.
En 1997, cuando esas empresas pujaban por comprar
los activos de El Carmen, el BFA de García Prieto les adjudicó los créditos a
pesar de que un informe de auditoría de la Contraloría advirtió sobre la
incapacidad de las mismas para pagar. En diciembre de 1999, los consorcios de
Rais ya tenían una deuda con el BFA que superaba los 600,000 dólares. Rais
también fue acusado en este proceso.
En diciembre de 2002, un juez absolvió a Rais porque,
según resolvió, la Fiscalía no fue capaz de presentar suficientes elementos de
prueba. Un argumento similar al de la FGR que preside Martínez, pero al revés:
en el caso contra Cintec, dicen los fiscales, es la contraparte de Rais quien
no puede aportar pruebas.
Enrique Rais tampoco es un hombre ajeno a la
política local e internacional. Entre aquellos a quienes apoyó públicamente
están, por ejemplo, el expresidente Mauricio Funes, cuya campaña Rais apareció
respaldando en público.
El empresario, que también tiene pasaporte suizo,
acompañó en 2009 las gestiones de funcionarios albaneses ante el gobierno
electo, presidido por Funes, para que El Salvador estudiara la posibilidad de
reconocer oficialmente a Kosovo. El 16 de abril de 2009, en pleno periodo de
transición entre las administraciones Saca y Funes, Rais; el ex embajador
estadounidense en El Salvador, William Walker; y el empresario albanés Issa
Pacolli se reunieron con el vicepresidente electo, Salvador Sánchez Cerén, y
con José Luis Merino, alto dirigente del FMLN.
La relación de Rais con Walker y Merino no terminó
en aquella reunión. Hace muy poco, el pasado 14 de noviembre, el exdiplomático
estadounidense viajó desde Washington hasta El Salvador en un avión de Rais
para asistir al XXV aniversario de la masacre de la UCA (Walker era embajador
cuando ocurrió la masacre). En ese avión, según fuentes estadounidenses,
también viajaba el fiscal Martínez. Con Merino, Rais ha mantenido también una
estrecha relación, según confirman fuentes del FMLN.
La estela de este empresario es amplia y no parece
conocer barreras ideológicas. Antes de ser amigo de Merino, Rais y el general
Juan Orlando Zepeda, acusado en España como autor intelectual de la masacre de
la UCA y en 2006 presidente de MIDES, la empresa por la que hoy Rais aún pelea
con Cintec, se enfrascaban en escaramuzas verbales con los diputados
efemelenistas. El 21 de septiembre de ese año, el entonces parlamentario del
FMLN Humberto Centeno tildó a Rais y a Zepeda de “mafiosos”, después de que MIDES
cerró la puerta de su relleno sanitario a alcaldes del Frente.
Militares. Políticos. Presidentes de bancos
estatales. Exembajadores. Y el fiscal general de la República. Las relaciones
de Enrique Rais con el poder no son malas. El fiscal general, incluso, viaja en
sus aviones.
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