EEUU lo expulsaría por torturas y genocidio cometidos en El Salvador entre 1979 y 1989, antes y durante la guerra civil.
Por Víctor Flores García
Fuente: ContraPunto.
El ex ministro de Defensa y general retirado Eugenio
Vides Casanova intentará evitar la expulsión de EEUU el próximo jueves 6 de
febrero, donde es acusado de cometer torturas y asesinatos en El Salvador
durante la década de los años 80s. El militar apelará una orden de deportación
emitida por un Juez de Inmigración en mayo del pasado año 2013, defendida por
el Departamento de Seguridad Interior de EEUU, informaron los abogados de las
víctimas.
Vides Casanova, apodado “El Chato” por su prominente
nariz, no sólo es una figura militar de los siniestros años 80, sino que se
emparentó con la elite política cuando enviudó y se casó en segundas nupcias
con Lourdes Llach, hermana de la ex Primera Dama, Margarita Llach de Cristiani
(esposa del Presidente Alfredo Cristiani, 1989-1994). Ambas son hijas de un
terrateniente cafetalero y ex embajador de El Salvador durante la guerra civil
ante la Santa Sede del Vaticano (1977-1991), Prudencio Llach Schonenberg.
Cristiani es el primero de los cuatro presidentes del derechista partido Arena,
fundado por Roberto D’Aubuisson que gobernaron 20 años desde 1989 hasta 2009.
Entre muchos salvadoreños, la temible Guardia
Nacional se ganó la reputación de ser la peor de las tres fuerzas de seguridad
en violaciones de los derechos humanos, durante las campañas de persecución de
la oposición política, legal o clandestina. Cinco oficiales que estuvieron bajo
el mando del entonces general Vides Casanova han sido acusados por el asesinato
de cuatro monjas norteamericanas de la orden Maryknoll, y otros dos han
resultado involucrados en la muerte a tiros de dos consejeros laborales
estadounidenses en misión en San Salvador, conocida como la masacre del Hotel
Sheraton (hoy Crowne Plaza).
La investigación reveló que en ese hotel, el 3 de
enero de 1981, poco antes de una masiva ofensiva guerrillera, guardias
nacionales asesinaron al entonces presidente del Instituto Salvadoreño de
Transformación Agraria, Rodolfo Viera, y los asesores estadounidenses Mark
Pearlman y Michael Hammer. Los uniformados integraban el cuerpo de seguridad
personal del jefe y el subjefe de inteligencia de la Guardia Nacional, teniente
coronel Mario Denis Morán y el teniente Isidro López Sibrián, junto con el
capitán Roberto Ávila y del empresario Hans Christ.
Los generales fueron acusados además por la masacre
de más de 70 campesinos en Las Hojas, en el occidental Sonsonate, en febrero de
1983 por soldados del ejército. La masacre fue cometida dos meses antes de que
Vides Casanova fuera ascendido a ministro de Defensa y aún era director de la
GN. Un juez estadounidense determinó que fue él quien encubrió y evitó procesar
a los asesinos cuando ya había asumido la cartera de defensa.
En cuanto a las religiosas, Ita Ford, Dorothy Kazel,
Jean Donovan y Maura Clarke, ellas fueron detenidas por guardias nacionales
cuando venían de recoger a monja Ita del aeropuerto hacia San Salvador, el 2 de
diciembre de 1980. Después fueron violadas sexualmente y asesinadas por agentes
de la Guardia Nacional, quienes después admitieron su participación. Los
uniformados afirmaron que obedecieron órdenes superiores. Los investigadores
tiraron de esa punta de la madeja para llegar a los generales.
Aunque el calendario de la política interna en El
Salvador está desvinculado del caso, la Junta de Apelaciones sobre Inmigración
de EEUU escuchará los argumentos del ex alto jefe militar, apenas cuatro días
después de las elecciones presidenciales del domingo 2 de febrero, en las
cuales la izquierda del FMLN busca un segundo mandato y Arena volver al poder Ejecutivo,
entre dudas de una segunda vuelta. La discusión de la apelación del jueves de
la próxima semana durará una hora, a partir de las 11 AM, en la sede del
organismo judicial, en la ciudad Falls Church, Virginia.
Vides Casanova quiere demostrar que durante la
guerra civil “dependió de la asesoría, la asistencia militar y financiera del
gobierno de Estados Unidos, que estaba plenamente al tanto de las acciones de
la Guardia Nacional y de todos los militares salvadoreños”. Una fuerza de 55
oficiales estadounidenses asesoraba a los militares salvadoreños en los
cuarteles militares salvadoreñas durante la era del presidente Ronald Reagan en
la década de los años 80s.
La asesora jurídica Carolyn Patty Blum, del Centro
de Justicia y Responsabilidad (CJA, Center for Justice and Accountability, en
inglés) que representa a las víctimas sobreviviente de torturas, estará
presente en la audiencia para hacer comentarios a la apelación, de acuerdo con
un reporte del organismo.
El general Vides Casanova intentará argumentar
contra las conclusiones del juez de inmigración que ha establecido que el alto
jefe militar "ordenó, incitó, apoyó o incluso participó en la tortura o
ejecuciones extrajudiciales", en El Salvador cuando ocupaba el cargo de
Director de la Guardia Nacional (1979-1983) y después fue designado ministro de
Defensa (1983-89), durante el gobierno de democristiano José Napoleón Duarte.
Un grueso expediente con pruebas
Junto con el general Guillermo García, ex ministro
de Defensa, su antecesor, esos jefes militares dominaron las campañas
contrainsurgentes desde el golpe de Estado contra el gobierno del general
Carlos Humberto Romero, en octubre de 1979, hasta junio de 1989, poco antes de
la masacre de seis jesuitas de la UCA y sus dos empleadas, cometida en noviembre
de ese mismo año crucial. El CJA, con la abogada Almudena Bernabéu al frente,
también lleva el caso de extradición a España del alto mando involucrado en el
asesinato de los sacerdotes encabezados por Ignacio Ellacuría, denegada por la
Corte Suprema de Justicia.
El general Vides Casanova y el general Guillermo
García también fueron acusados en una demanda civil presentada por el CJA en
nombre de tres sobrevivientes de tortura: los ciudadanos Carlos R. Mauricio, el
doctor Juan Romagoza y Neris González. La causa civil de CJA resultó en un
juicio multimillonario contra los generales, por tortura y otros abusos contra
los derechos humanos de otras personas, de acuerdo con el resumen ofrecido por
el CJA este jueves.
La histórica decisión de la Corte de Inmigración, de
expulsar de EEUU a Vides Casanova se fundamenta en los numerosos testimonios y
pruebas documentales contenidas en 157 páginas. El testimonio en su contra
incluía las declaraciones judiciales de los defendidos de CJA: el doctor
Romagoza que testificó sobre su tortura sufrida en el cuartel general de la
Guardia Nacional; y Daniel Alvarado, quien declaró sobre su tortura padecida en
el cuartel de la Policía de Hacienda.
El ex embajador de EEUU en San Salvador, Robert
White y el profesor de derecho en la Universidad de Stanford, Terry Karl,
también testificaron durante el juicio.
El juez James K. Grim concluyó que el general Vides
Casanova debe ser deportado de Estados Unidos por su participación en la
tortura de los defendidos por el CJA, quienes fueron víctimas entre muchos
otros civiles reprimidos y torturados. También está acusado por ayudar o
participar en las ejecuciones extrajudiciales de las cuatro religiosas
estadounidenses en 1980 y los asesinatos de dos estadounidenses y un
funcionario de la reforma agraria salvadoreña, en el Hotel Sheraton (ahora
Crown Plaza), en 1981.
El CJA “celebró que el Gobierno de EEUU ha llevado a cabo este esfuerzo, que ha dado a nuestros defendidos una decisión para hacer justicia”. (http://cja.org/article.php?list=type&type=548)
El CJA “celebró que el Gobierno de EEUU ha llevado a cabo este esfuerzo, que ha dado a nuestros defendidos una decisión para hacer justicia”. (http://cja.org/article.php?list=type&type=548)
Ocho años en el camino a la justicia
En el año 2006, la Corte del Circuito Once de
Apelaciones confirmó un veredicto del jurado en un juicio por 54,6 millones de
dólares contra los generales y ministros de Defensa José Guillermo García
(1979-1983) y Carlos Eugenio Vides Casanova (1983-1989), quienes supervisaron
el peor período de violaciones de derechos humanos en la historia de El
Salvador.
Desde aquel veredicto, el CJA ha desplegado una
campaña que incluye su testimonio ante el Congreso de EEUU para convencer al
gobierno federal de Washington de iniciar un proceso de deportación en contra
de ambos generales salvadoreños. En 2009, como resultado de cartas escritas por
dos senadores estadounidenses (Durbin y Coburn), el CJA continuó sus esfuerzos
tras bambalinas para alentar a la persecución penal. Finalmente, se anunció un
proceso de deportación contra García y Vides Casanova por haber apoyado la
tortura de civiles salvadoreños.
A diferencia de Vides Casanova, el general García,
quien era ministro de Defensa cuando fue asesinado el arzobispo Monseñor Oscar
Arnulfo Romero, ha admitido que el ejército salvadoreño cometió abusos tales
como las torturas que se les imputan, la masacre de El Mozote; pero también
asegura en su propio juicio paralelo que contaba con la asesoría de EEUU.
El 23 de febrero de 2012, el juez de inmigración
dictaminó que Vides Casanova, el ex ministro de Defensa de El Salvador 1983-89,
podría ser deportado bajo la ley de inmigración de EEUU por la tortura de
ciudadanos salvadoreños, y por los asesinatos de cuatro religiosas
estadounidenses en 1980, y el asesinatos de dos estadounidenses y un
funcionario de la Reforma Agraria salvadoreña.
Esta decisión histórica fue la primera vez que los
fiscales federales de inmigración de EEUU han establecido que un comandante
militar extranjero de alto rango puede ser deportado, acusado de violaciones de
los derechos humanos. Esa posibilidad existe en virtud de una ley aprobada a
raíz de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra EEUU,
cometidos por fundamentalistas islámicos suicidas que secuestraron cuatro
aviones y los estrellaron en NY y Washington. La ley antiterrorismo, fue
emitida con la intención de prohibir que violadores de derechos humanos entren
o viven en los Estados Unidos. Ahora ha dado un giro hacia el pasado.
Para aplicar esta ley se considera la
“responsabilidad de mando”: los comandantes sabían que sus subalternos cometían
crímenes de lesa humanidad y no hicieron nada para impedirlos ni para castigar
a los responsables.
En 2007, el doctor Juan Romagoza y la Directora
Ejecutiva del CJA, Pamela Merchant, testificaron ante el Subcomité del Comité
Judicial del Senado de EEUU sobre derechos humanos. La audiencia denominada "Nunca
un paraíso: Rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos en
EEUU", examinaba lo que podría hacerse en las esferas de la política, la
legislación y la aplicación de la justicia, contra violadores de los derechos
humanos que se han asentado en EEUU.
Como resultado de ese testimonio, los senadores
Durbin y Coburn instaron en una carta al Gobierno para que investigara la
posibilidad del procesamiento o deportación de los generales. En 2009, como
resultado de esa carta y los esfuerzos del CJA para alentar a la persecución
penal contras los jefes militares, se anunció un proceso de deportación contra
García y Vides Casanova por ayudar en la tortura de civiles salvadoreños.
Después de muchos retrasos, el juicio contra Vides
Casanova se inició el 11 de abril de 2011 y dos víctimas testificaron. El
juicio duró una semana. El CJA también ofreció al Gobierno de EEUU pruebas
utilizadas durante el caso civil en contra de los generales.
El 23 de febrero de 2012, el juez de inmigración
dictaminó que Vides Casanova, ex ministro de Defensa de El Salvador, podría ser
deportado con base en la ley de inmigración de EEUU, por la tortura de
ciudadanos salvadoreños, los asesinatos de cuatro religiosas estadounidenses en
1980, y los asesinatos de dos estadounidenses y un funcionario de la Reforma
Agraria salvadoreña en 1981.
En mayo de 2012, Vides Casanova solicitó la
suspensión de la orden de expulsión emitida el 23 de febrero de ese año. Esta
solicitud fue denegada el 16 de agosto de 2012. El 17 de septiembre de 2012,
Vides Casanova apeló la decisión de la Junta en pleno.
Petición de The New York Times: revelar todo el
expediente
A finales de 2012, el Departamento de Justicia negó
una solicitud amparada en la Ley de Libertad de Información, hecha por el
diario The New York Times para conocer la decisión del juez. The
New York Times presentó una demanda en la corte federal el 3 de abril de
2013, y el caso se turnó ante el Juez Richard Sullivn, de Nueva York. Después
de que se presentó la demanda, el
Departamento de Justicia revocó su decisión de
denegar la solicitud. Una versión corta de la decisión del juez fue liberada el
4 de abril de 2013 y publicada por el diario.
Pero el 29 de mayo del año pasado, The New York
Times solicitó la revisión judicial federal de su solicitud para divulgar
el expediente completo (transcripciones y documentos) en los procedimientos de
expulsión contra el ex ministro de Defensa Vides Casanova.
Las abogadas del CJA ha hecho un reconocimiento al
periodismo de investigación del diario newyorkino: “El CJA aplaude el
compromiso del New York Times con la transparencia de los procedimientos de
expulsión. Los casos de deportación se han convertido en un medio importante
para poner fin a la impunidad de la cúpula militar salvadoreña durante el
terrorismo de Estado cometido en la década de 1980 y para contribuir a la
exactitud de los registros históricos del conflicto salvadoreño”.
La verdad ha comenzado a emerger sobre la historia
salvadoreña en las cortes de EEUU y la justicia se asoma lentamente… 33 años
después de cometidos los crímenes de Estado.
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